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La Fiscalía investiga al Ayuntamiento de Torremolinos, en Málaga, por privatizar la gestión de la televisión municipal

Publicado por el Junio 28, 2017, a las 13 : 26 PM Imprimir

La Fiscalía investiga al Ayuntamiento de Torremolinos, en Málaga, por privatizar la gestión de la televisión municipal

La empresa ‘Módula Eventos’, del Grupo Mundo, dirigió la emisora durante un año, algo prohibido por la ley

Aprovechando esta noticia, desde EMA-RTV recordamos la privatización de medios públicos tanto de radio como de televisión es una práctica ilegal tal y como aclara el laboratorio de Comunicación y Cultura de la Universidad de Málaga, COM Andalucía, en su último informe elaborado para esta casa.

En él recuerdan que la “Ley 11/1991, de 8 de abril, de Organización y Control de las Emisoras Municipales de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada” (LOCEM) establece al amparo de la Ley Reguladora de las bases del Régimen Local en su artículo 85.3 tres posibles modelos de gestión: la gestión directa a través de la propia Entidad Local, a través de un organismo autónomo o mediante la creación de un organismo autónomo de capital íntegramente municipal. Bajo estas premisas se han venido produciendo las concesiones realizadas por la Junta de Andalucía a los ayuntamientos solicitantes del servicio de radio.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual modificada parcialmente en 2010 flexibiliza los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos pero no modifica el marco de los medios de comunicación audiovisuales radiofónicos estipulados en la LOCEM, entre los que se encuentra la radio municipal que, aclaran desde COM Andalucía, debe seguir siendo un servicio de prestación bajo responsabilidad de la gestión directa del ayuntamiento solicitante. Este criterio es extensible al servicio de la televisión local municipal.

Recordamos desde EMA-RTV que las investigaciones de este grupo de investigación de la Universidad de Málaga han detectado que cerca de una treintena de ayuntamientos están incumpliendo las condiciones bajo las que fueron otorgadas las licencias públicas de emisión, lo cual supone una clara vulneración del principio de legalidad y una grave privatización del servicio público de comunicación audiovisual. Como siempre, insistimos en que la Junta de Andalucía debe instar a los ayuntamientos andaluces que han privatizado los servicios públicos de comunicación audiovisual el cese de sus emisiones o la inmediata adecuación a la legalidad vigente.


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