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ESPECIAL VIVIENDA OLA «La Constitución Española debería tener los derechos sociales, como el de la vivienda, más reforzados de lo que están en la actualidad»
Publicado el 19 diciembre 2012, a las 13:16
ESPECIAL VIVIENDA OLA «La Constitución Española debería tener los derechos sociales, como el de la vivienda, más reforzados de lo que están en la actualidad»

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Joaquín Bosh, portavoz de Jueces para la Democracia, afirma que la Constitución regula el derecho a la vivienda y es aplicable, pero en la práctica, la legislación no cumple con este precepto. Asegura que, además de no proteger a la ciudadanía, regula un procedimiento ventajoso para los bancos mientras que la población no tiene la posibilidad legal de plantear causas de oposición.

José Ignacio Aguilar, abogado e integrante del 15M de Vivienda, se refiere también al sector social de jóvenes y menos jóvenes, de entre 20 y 40 años, que se ven incapacitados para poner en práctica este derecho de forma independiente. Considera que el problema de la vivienda no se reduce a las hipotecas o los desahucios, sino que sus múltiples ramas se extienden por otros sectores, afectando también a los inquilinos en viviendas de alquiler que pueden ser desalojados.

Rafael Mayoral, asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, propone un inmediato cambio en el enjuiciamiento civil. Reclama la puesta en marcha de tres medidas de emergencia, la dación en pago, la paralización de los desahucios y el realojo en régimen de alquiler social para personas que han perdido su casa. Se trata de medidas para atender a la situación de emergencia habitacional, pero afirma que no son soluciones definitivas.

Isabel Moya, integrante del Gabinete Jurídico de FACUA- Consumidores en Acción, apunta hacia la idea de que en España no se ha vivido por encima de las posibilidades. A su juicio, el problema reside en el hecho de que las entidades bancarias no han tenido en cuenta la solvencia de los clientes.

El artículo 47 de la Constitución española señala: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

La Constitución se rubricaba como base de la convivencia en 1978 pero apenas unos años después comenzaban a aprobarse leyes y decretos que mermaban este derecho. En 1985, llego el primer hachazo, el llamado Decreto Boyer recogía la liberalización del alquiler, dejando a las personas inquilinas más desprotegidas. Según los expertos, esta modificación explica porqué en España se opta por la compra y no por el alquiler en mayor proporción que en el resto de Europa.

Pero la gran estocada al derecho a la vivienda llegaría después, en 2008, cuando el gobierno central, bajo el mandato de José María Aznar, deroga la ley del suelo que recogía en esencia su liberalización. Tan solo cuatro años después el panorama es éste: en nuestra comunidad hay 600.000 viviendas vacías, y en todo el estado el 20 por ciento de las viviendas se encuentran en la misma situación. Todo esto cuando, según los últimos datos de Cáritas, en todo el estado hay tres millones de personas en la calle y los desahucios se multiplican.  Y entra aquí uno de los elementos más importantes para entender qué está pasando con la vivienda: las hipotecas.

Según los datos del Consejo del Poder Judicial, se produjeron 7.551 desahucios en Andalucía durante el primer semestre de 2012. Una cifra que supone que cada día se efectúen, en nuestra comunidad, más de 40 lanzamientos – que es como se llama al último momento de la ejecución hipotecaria que implica la expulsión de la casa de sus propietarios-.

Solo con respecto al año anterior se han producido un aumento en estos lanzamientos de casi el 42 por ciento. Así Andalucía es la tercera comunidad en número de procesos de desahucios solo superada por Catalunya y Madrid.


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