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La junta de gobierno local de Santa Fe solicita al Ministerio de Hacienda la aprobación de un nuevo Plan de Ajuste ante el rechazo del pleno
Publicado el 31 diciembre 2013, a las 10:23
La junta de gobierno local de Santa Fe solicita al Ministerio de Hacienda la aprobación de un nuevo Plan de Ajuste ante el rechazo del pleno

Con esta iniciativa que apuesta por bajar salarios y aumentar tasas e impuestos, el equipo de gobierno persigue evitar despidos, lograr estabilidad y mantener servicios.

La cuarta propuesta de Plan de Ajuste elaborada por el equipo de gobierno de Santa Fe no ha contado con el visto bueno de la oposición. Ante esta disyuntiva, la junta de gobierno local será la encargada de solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la posibilidad de llevar a cabo un plan de ajuste que permita, según el edil de Economía José María Aponte, garantizar la viabilidad del Ayuntamiento y mantener la plantilla sin despidos, la oferta de los servicios públicos mediante una bajada de salarios y la subida de impuestos.

Ha sido un pleno con momentos de tensión con una sala abarrotada por agentes del pueblo apoyados por representantes de la Policía Local de toda Andalucía, unas 70 personas, que han criticado la gestión del alcalde y de los miembros del equipo de gobierno, mostrando pequeños carteles y dando la espalda cuando tomaban el turno de palabra o mediante abucheos. Lo que ha provocado que el regidor Sergio Bueno les invitara a salir de la sala. Esta situación ha generado un torbellino de acusaciones entre los miembros del pleno. Unos y otros se acusaban de no defender a los trabajadores municipales ni a los vecinos.

La propuesta del equipo de gobierno persigue, entre otros aspectos, la subida del IBI de un 3% a partir de 2016, incrementar la tasa de la recogida de basura en un 2%, así como incrementar la tarifa de servicios deportivos y una bajada salarial inicialmente de un 5%, pero que ante los reparos de intervención, que ha manifestado su desacuerdo con el plan de ajuste, puede quedarse en la eliminación de la productividad de acción social, prejubilaciones y una bajada salarial por tramos.

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