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La escasez de agua y las condiciones laborales, principales retos en los invernaderos de Andalucía

Publicado por el noviembre 2, 2017, a las 10 : 07 AM Imprimir

La escasez de agua y las condiciones laborales, principales retos en los invernaderos de Andalucía

DE ESTE A OESTE – ESPECIAL CULTIVOS DE INVERNADERO

Los cultivos en invernaderos siguen creciendo en Andalucía oriental a pesar de las crisis de precios de los últimos años. Según un estudio cartográfico de la Consejería de Agricultura, la superficie de explotaciones de este tipo ascendía en 2016 a más de 33.500 hectáreas. La inmensa mayoría se encuentra en la provincia de Almería con algo más de 30.000. La costa de Granada cuenta con 2.848 hectáreas y la comarca de Vélez Málaga 741. Fernando Sancho, profesor de Ecología de la Universidad de Sevilla, señala que, aunque se ha avanzado en eficiencia, el consumo de agua que exigen estas explotaciones es insostenible.

En la provincia de Almería, la agricultura invernada supone de forma directa el 13% del PIB. Y al menos el 62% de la comercialización de frutas y hortalizas, es realizada mediante empresas de economía social (Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación). Una riqueza que, según denuncia el SAT, no se traduce en condiciones dignas para los jornaleros, que, sobre todo, son personas inmigrantes. José García, portavoz del SAT de Almería.

Nos fijamos ahora en una caso concreto porque en los últimos meses se ha recrudecido la polémica sobre los invernaderos de la localidad granadina de Albuñol. El 6 de noviembre los propietarios de 116 invernaderos de Albuñol, en Granada, tendrán que desalojar 25 hectáreas situadas en el litoral, una decisión que llega tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esta decisión se remonta a los años 60, cuando se inició un proceso de deslinde en las zonas marítimo-terrestres de la zona. Antonio Castillo, portavoz de la Plataforma de Afectados por los Deslindes de la Costa de AlbuñolLos propietarios de estos invernaderos aseguran que no desalojarán hasta que se produzca una orden judicial para lo que tiene que haber una orden ministerial de deslinde, cosa que, aseguran, no existe.

 

 


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