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La Asociación de Abogados Extranjeristas considera insuficiente el decreto de apoyo al campo y exige la regularización de las personas migrantes
Publicado el 9 abril 2020, a las 10:47
La Asociación de Abogados Extranjeristas considera insuficiente el decreto de apoyo al campo y exige la regularización de las personas migrantes

FRANCISCO SOLANS- Asociación de Abogados Extranjeristas

Así lo traslada en la Onda Local de Andalucía Francisco Solans, portavoz y vicepresidente de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Piden al Gobierno central que abra un mecanismo de ejecutividad inmediata que conceda autorización para residir y trabajar, por razones extraordinarias, a toda persona migrante en situación irregular. Desde la Asociación de Abogados Extranjeristas reclaman desde hace tiempo que la política de inmigración se flexibilice y se adecue a las realidades sociológicas y económicas de nuestro país. Así lo traslada el portavoz y vicepresidente de la Asociación de Abogados Extranjeristas, Francisco Solans. A esto añade que las personas migrantes son imprescindibles para el sustento del campo, ya que juegan un papel determinante en la producción y recolección de sus cosechas.

Francisco Solans explica que con el decreto de apoyo al campo, publicado en el BOE este miércoles, se reafirma la política de inmigración enfocada desde la óptica policial, del control y del cierre de fronteras. Añade que este enfoque se impone, incluso, sobre las situaciones de necesidad de toda la población

Contexto

Este martes, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto-ley para la contratación de personas migrantes y desempleadas en el sector agrario. El decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla que parados, trabajadores que estén cobrando el subsidio agrario, inmigrantes con permiso de trabajo e inmigrantes jóvenes sin él puedan incorporarse a las tareas de recogida del campo durante la crisis del coronavirus. Algunos sectores agrícolas tienen carencia de mano de obra desde unas semanas debido a las restricciones de movilidad. El Gobierno calcula que hacen falta entre 75.000 y 80.000 empleados y empleadas.


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