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Amplio rechazo al Decreto-Ley 2/20 de la Junta de Andalucía que afecta a 21 leyes y contempla la privatización de las emisoras municipales
Publicado el 11 abril 2020, a las 09:51
Amplio rechazo al Decreto-Ley 2/20 de la Junta de Andalucía que afecta a 21 leyes y contempla la privatización de las emisoras municipales

La Diputación Permanente aprueba la convalidación del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía y rechaza la demanda de la oposición que se llevase a cabo como proyecto de ley de urgencia.

Los votos se han distribuido en 10 votos a favor, los de PP, Cs y Vox y los 8 en contra de PSOE y Adelante Andalucía. Es decir, que los partidos del gobierno andaluz y Vox dan vía libre para este decreto que viene a modificar 21 leyes y normativas existentes en Andalucía en ámbitos como el urbanístico, medioambiental, comercial o audiovisual.

Amplio rechazo y carta abierta al Presidente de la Junta

EMA-RTV, los colectivos profesionales de la comunicación, organizaciones sociales, facultades de comunicación, sindicatos, oenegés y medios de comunicación de Andalucía han firmado un comunicado y una carta abierta al Presidente de la Junta en los que alertan de las devastadoras consecuencias para el empleo, la pluralidad informativa y la diversidad mediática del Decreto Ley. Señalan que esta norma supone, de facto, una ruptura de los consensos políticos y sociales que llevaron a la aprobación de la Ley Audiovisual de Andalucía (2018) y que convirtió a la Comunidad andaluza en un referente en políticas audiovisuales a nivel estatal.

Las organizaciones denuncian las principales consecuencias de este Decreto, que ataca el cuerpo central de la norma andaluza como la privatización de los medios públicos locales, tanto de radio como de televisión. Además, contraviene uno de los objetivos de la comunicación local, que es la construcción de identidad territorial, al permitir que desembarquen empresas de comunicación desde fuera de Andalucía sin arraigo en el territorio, ocupando frecuencias que ahora son públicas. Esta particularidad permitirá que cualquier empresa pueda utilizar la frecuencia de la radio o televisión municipal sin fines de servicio público y para repetir una señal producida en Madrid, Barcelona o incluso, en el extranjero, algo que va claramente en detrimento del empleo andaluz, los contenidos locales y la articulación territorial.

Por otra parte, lejos de proteger el espacio radioeléctrico, afirman que este Decreto Ley permitirá a las empresas anunciarse en emisoras ilegales e incluso emitir campañas institucionales derivadas por agencias de publicidad sin que sean sancionadas. Esta norma garantiza impunidad a las emisiones piratas que merman la capacidad de ingresos por publicidad de las emisoras legales, tanto privadas como públicas, desregulando el sector, su transparencia y control fiscal.

El sector privado, también en contra

La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC),  principal asociación de las radios privadas que agrupa a las emisoras de PRISA, ATRESMEDIA y COPE, también se muestra contraria al decreto. En un  comunicado oficial señalan que «con el pretexto de agilizar trámites administrativos, se cambia el régimen jurídico de gestión de las emisoras municipales, facultando a los Ayuntamientos para que puedan ceder su gestión indirecta a terceros, incluidas las emisoras comerciales. Ello supone la utilización de un mecanismo legislativo propio de situaciones de urgente necesidad para conseguir, sin consulta al sector, sin debate parlamentario y sin trámite de alegaciones, la derogación del marco jurídico autonómico anterior por el que se regían las emisoras municipales, que tenían prohibida la gestión indirecta. Los términos de este Decreto Ley son contrarios a la legislación estatal básica que sirve de límite a la acción legislativa
autonómica, y que establece – atendiendo a la protección del pluralismo, y la promoción de la cultura, la educación y el entretenimiento fijados en la Ley General de Comunicación
Audiovisual- , que las Comunidades Autónomas no tienen competencia para acordar la gestión indirecta de las emisoras municipales».


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