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La Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono rechaza el decreto 2/20 por suponer un ataque directo al medio natural y degradar la calidad de los ecosistemas
Publicado el 14 abril 2020, a las 09:54
La Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono rechaza el decreto 2/20 por suponer un ataque directo al medio natural y degradar la calidad de los ecosistemas

ANA RAFI SERRANO- Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono

La Guardia Civil ha sorprendido a una empresa de abonos y fertilizantes, ubicada en el término municipal de Coria del Río (Sevilla), vertiendo residuos desde una balsa de aguas contaminadas.

Han aprovechado la circulación de agua de lluvia por las arquetas pluviales, cauces y canales de regadío para mezclar con ellas sus residuos y pasar desapercibidos. No es la primera vez que se dan episodios como este. El pasado mes de diciembre, la Plataforma Cívica Salvemos el Guadaíra denunciaba ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil los vertidos de salmuera registrados en el cauce del río Guadaíra aprovechando las lluvias de entonces.

Una situación que preocupa y que se puede agravar también precisamente por ese decreto que está en el punto de mira de los colectivos ecologistas. Ana Rafi Serrano, integrante de la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA) en Montoro, Córdoba, considera que supone un inaceptable retroceso en las normas de Protección Ambiental de Andalucía al reducir la participación pública, desregularizar numerosas actividades económicas y eliminar garantías ambientales. Por ejemplo, en lo relativo a las aguas, el decreto modifica el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo – Terrestre, con el fin de eliminar trabas de alcantarillado y depuración de aguas residuales de urbanizaciones ilegales.

Contaminación

A la larga esta medida supondrá la contaminación de las aguas sin poder pedir responsabilidades lo que supone un peligro para la salud pública. La citada empresa, de la que no ha trascendido el nombre, será expedientada administrativamente. En el caso de demostrar la existencia de un riesgo grave a los recursos naturales, el expediente sería tramitado a la Fiscalía de Medio Ambiente Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla.


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