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La Asociación de la Prensa de Sevilla celebra que el gobierno central recurra al Constitucional el Decreto 2/20 que modifica la Ley Audiovisual de Andalucía
Publicado el 14 abril 2020, a las 12:32
La Asociación de la Prensa de Sevilla celebra que el gobierno central recurra al Constitucional el Decreto 2/20 que modifica la Ley Audiovisual de Andalucía

La Asociación de la Prensa de Sevilla es una de las firmantes de la carta abierta al Presidente de la Junta de Andalucía para pedir la retirada del decreto 2/20 que modifica 21 leyes. También firma la remitida al Consejo Audiovisual de Andalucía para pedir que se pronuncie en relación al decreto de mejora y simplificación administrativa. 

La APS ha compartido este comunicado en su página web: 

La Asociación de la Prensa de Sevilla considera una muy buena noticia que el Gobierno haya dado un primer paso para llevar al Tribunal Constitucional el decreto ley 2/20 aprobado recientemente por el Ejecutivo andaluz, que introduce cambios muy sustanciales en la Ley Audiovisual de Andalucía. Sin entrar a valorar si este decreto ley invade las competencias del Estado, la APS insiste en que las modificaciones efectuadas suponen un grave perjuicio para los medios de comunicación locales, tanto públicos como privados, así como para el periodismo y sus profesionales. La Asociación destaca que en el decreto ley del Gobierno andaluz hay, esencialmente, tres aspectos que suponen un duro golpe para la tan necesaria información y comunicación pública local, y que abren todas las puertas a privatizaciones y al blanqueo de situaciones ilegales.

La nueva normativa permite que las empresas puedan anunciarse en emisoras ilegales, las conocidas como radios piratas, e, incluso, emitir campañas institucionales a través de agencias de publicidad, sin ningún tipo de sanción. Así mismo, posibilita que los ayuntamientos puedan alquilar la gestión y el funcionamiento de sus emisoras a cualquier persona o empresa, por lo que las radios municipales perderían por completo su carácter público y su condición esencial de servicio público. La tercera cuestión grave es que el decreto no obliga a los beneficiarios de licencias a disponer de estudios y trabajadores, permitiendo que sean simples postes reemisores de una señal.

Falta de diálogo

Desde la APS no se entiende la urgencia en aprobar este decreto, y que no se haya negociado con todos los sectores de la comunicación en Andalucía. Hay que recordar que el Parlamento andaluz aprobó la Ley Audiovisual hace solo un año y medio y por unanimidad, algo realmente extraño en estos tiempos. Al margen del recurso que el Consejo de Ministros pueda interponer ante el Tribunal Constitucional, la APS confía en que el Gobierno andaluz reconsidere su postura, dé marcha atrás y abra una negociación con todos los sectores de la comunicación en Andalucía.


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