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El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales estudia la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional los decretos andaluces de regularización de viviendas y simplificación
Publicado el 15 abril 2020, a las 20:42
El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales estudia la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional los decretos andaluces de regularización de viviendas y simplificación

Así lo ha anunciado Francisco Toscano, alcalde del municipio sevillano de Dos Hermanas y presidente del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.

El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales debatirá si recurrir estos decretos antes el Tribunal Constitucional por considerar que legislan «a espaldas de los ayuntamientos» y no han sido sometidos a la revisión de dicho órgano. Hay que recordar que el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales se creó en Andalucía de forma pionera para que cualquier medida que pudiera afectar a la política municipal se viera previamente sometida a un informe «no vinculante pero preceptivo».

Francisco Toscano ha señalado que al no haber sido consultados, los municipios no han podido enriquecer el texto de estos decretos. El primero de ellos fue promovido el pasado mes de septiembre y su objetivo es regular el régimen jurídico de las edificaciones irregulares; y el segundo de ellos, el nuevo decreto ley 2/20 de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía,  afecta a 21 leyes, seis decretos y muchas competencias municipales.

El Gobierno central también ha abierto la vía para recurrir este decreto 2/20 antes el Constitucional, ya que introduce medidas económicas que afectan a numerosos sectores bajo algunos preceptos que pueden colisionar con otras normas de carácter estatal. De hecho, el Consejo de Ministros ha acordado solicitar el preceptivo informe al Consejo de Estado antes de decidir si recurre o no ante el Constitucional esta norma. Aún así la valoración del Consejo de Estado no es vinculante, aunque sí obligatoria, por lo que el Gobierno puede recurrir el decreto aunque la opinión de dicho órgano no lo aconseje.

Entre las vulneraciones de la competencia estatal que denuncia el Gobierno se encuentra la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación. Sobre este asunto, el decreto 2/20 recoge en su artículo 13 que se exime de autorización previa administrativa y comunicación a la Consejería competente de determinadas obras sobre bienes de interés cultural y su entorno.

El artículo 28 también vulnera la normativa estatal sobre telecomunicaciones al permitir la emisión en cadena y conexión con entidades privadas no autorizadas. En ese sentido el decreto también elimina la prohibición de difundir o contratar comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios de comunicación audiovisual que no dispongan del correspondiente título habilitante. Ambas medidas confrontan con la reciente Ley Audiovisual de Andalucía, que fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos representados en el Parlamento Andaluz.

El Consejo de Ministros también apunta la ausencia del presupuesto habilitante del uso del decreto ley y se plantea su suspensión al entender que los perjuicios que puedan producirse por su aplicación pueden ser de difícil o imposible reparación, y por otro, por su relevancia, al incidir en el ejercicio de derechos de los ciudadanos.

Plan para la Mejora de la Regulación Económica

La Junta de Andalucía por su parte señala que esta reforma legal se enmarca en el Plan para la Mejora de la Regulación Económica cuyo objetivo es atraer inversiones y facilitar el acceso a la actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando y proporcionando seguridad jurídica, agilidad y una regulación más eficiente. El decreto 2/20 fue aprobado con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, incluyendo un centenar de medidas que afectan a 21 leyes y 6 decretos, en ámbitos como el turismo, el comercio, la salud, la industria agroalimentaria, la pesca, el medio ambiente, el urbanismo, la energía, los servicios sociales y los de carácter audiovisual.

Imagen: FAMP


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