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Más de 80 colectivos acuden al Defensor del Pueblo Español para que interponga un recurso contra el decreto de la Junta de Andalucía que modifica 27 leyes sin discusión parlamentaria
Publicado el 16 abril 2020, a las 13:05
Más de 80 colectivos acuden al Defensor del Pueblo Español para que interponga un recurso contra el decreto de la Junta de Andalucía que modifica 27 leyes sin discusión parlamentaria

FRANCISCO FERNANDEZ CAPARROS- portavoz de APDHA

Francisco Fernández Caparrós, portavoz de APDHA explica que este recurso será el segundo que se presente contra el decreto 2/2020 al sumarse al del Gobierno central, según se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado martes.

La APDHA se une a la demanda social en Andalucía contra el decreto 2/2020 por el que modifica 27 leyes sin contar con la mayoría de los colectivos sociales andaluces contrarios al cambio. La asociación pide que se estime la petición, ya que es la única vía de la que disponía la ciudadanía para impugnar un decreto que supone un retroceso de derechos prácticamente en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico de Andalucía.

Al escrito, presentado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) al Defensor del Pueblo Español, se han adherido organizaciones como Ecologistas en Acción, FACUA, Greenpeace, CGT, el Sindicato de Periodistas de Andalucía, Fridays for Future, la Coordinadora Andaluza de ONGD o el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social. Además, la petición también ha sido respaldada por más de 90 personas a título individual, como el profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías, la abogada Pastora Filigrana o el escritor y profesor de Derecho Civil Antonio Manuel Rodríguez Ramos.

Argumentan que “el Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprovechado el estado de alarma para justificar una batería de medidas en la que, como el mismo decreto reconoce, lleva trabajando desde hace más de un año y que nada tiene que ver con la crisis sanitaria que vivimos”. Además, señalan que muchas de las medidas adoptadas en el sector audiovisual, medioambiental o patrimonial “no tienen nada que ver con prevenir los efectos de una inmediata crisis económica, ecológica y social, sino que van producir el efecto contrario”. A juicio de las organizaciones, el decreto abre la puerta a provocar importantes daños medioambientales, territoriales, sociales, sanitarios y de patrimonio histórico, y a fomentar, entre otras cosas, la especulación urbanística y la privatización de servicios públicos.

Reformas no identificables con la urgencia de un decreto ley

Alegan que dado “el número y la importancia de las normas modificadas, se debería haber tramitado a través de proyecto de ley y no mediante decreto-ley, utilizado, según denuncian, para “evitar una fase de información pública para organizaciones interesadas e implicadas, así como de los controles y supervisión de órganos como el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social, entre otros”. Algo que, por otro lado, organizaciones como FACUA, CCOO, UGT, la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión o el Sindicato de Periodistas de Andalucía, entre otras, solicitaron en un escrito al Presidente de la Junta de Andalucía. De hecho, el propio decreto, advierten, reconoce en su exposición de motivos que las reformas estructurales planteadas pueden ser “difícilmente identificables con la necesaria y urgente necesidad de ser articuladas mediante un decreto-ley”.


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