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La Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía y otras organizaciones de la sociedad civil reiteran su petición de pronunciamiento al Consejo Audiovisual de Andalucía ante la modificación de la Ley Audiovisual andaluza
Publicado el 12 mayo 2020, a las 09:56
La Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía y otras organizaciones de la sociedad civil reiteran su petición de pronunciamiento al Consejo Audiovisual de Andalucía ante la modificación de la Ley Audiovisual andaluza

La Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía está constituida por EMA-RTV y otras 22 organizaciones representativas del sector audiovisual entre colectivos profesionales, organizaciones sociales, facultades de comunicación, sindicatos, oenegés y medios de comunicación de Andalucía. Su objetivo es abrir cauces de diálogo con la Junta de Andalucía y el conjunto de Grupos parlamentarios tras la aprobación del Decreto-ley 2/2020, de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía que modifica numerosos artículos de la Ley Audiovisual de Andalucía.

La Plataforma, que cuenta con el apoyo varias organizaciones de la sociedad civil, vuelve a pedir al Consejo Audiovisual de Andalucía que se pronuncie acerca de la modificación de la Ley Audiovisual andaluza. Esta reiteración se debe al silencio que tuvo por respuesta la anterior petición por parte del CAA, pese a que se trata de un tema relacionado directamente con su ámbito de actuación. Este es el texto íntegro de la solicitud:

A/a del Presidente del CAA para el Consejo Audiovisual de Andalucía.

Estimado presidente.

El pasado 3 de abril, 20 organizaciones profesionales representativas del sector de los medios de información y cuatro del ámbito de la sociedad civil y la defensa de los derechos de las personas usuarias de los medios, presentaron por registro al Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) nueve preguntas básicas en relación con las repercusiones de la modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía de 2018 a través de las medidas aprobadas en el Decreto Ley 2/2020, así como de competencias propias relacionadas con el uso del espectro que no han sido afectadas por la medida del gobierno. Aunque no hemos tenido respuesta transcurrido más de un mes de la presentación de nuestras quejas, hemos sabido por los medios de información que el CAA, en el pleno celebrado el pasado día 24 de abril, decidió inhibirse y declararse no competente para entrar en una cuestión que, entiende, afecta exclusivamente al legislativo y al gobierno andaluz.

Las entidades representadas entienden que las nueve preguntas formuladas están dentro de las competencias del Consejo de informar y pronunciarse sobre asuntos que afectan al sector y a la ciudadanía. Existen precedentes de informes del CAA sobre marcos normativos estatales y autonómicos.

Por todo ello, las organizaciones firmantes reiteramos al Consejo la petición para que se pronuncie sobre las cuestiones solicitadas ante la manifiesta inseguridad jurídica que entendemos genera el Decreto Ley 2/2020.

MOTIVACIONES DE LA CONSULTA

La aprobación del Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva y ya publicado en BOJA de 6 de abril, ha provocado un fuerte malestar en el sector profesional del ámbito de los medios de información, así como en relevantes organizaciones de la sociedad civil y el Tercer Sector.

La Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía (LAA) supuso un hito relevante en las políticas públicas de la Comunidad Autónoma. Los trabajos de la Ley se iniciaron en 2014 con la puesta en marcha de dos instancias de participación, la Mesa de Impulso del Sector Audiovisual (MOISA) y el Plan de Impulso del Sector Audiovisual (POISA). En los procesos de consulta participaron 54 entidades relacionadas con el sector audiovisual, la práctica totalidad de organizaciones vinculadas a las políticas audiovisuales y los derechos de la ciudadanía, entre ellas el Consejo Audiovisual de Andalucía. Todas las entidades firmaron los documentos de consenso alcanzados en el MOISA y el POISA. Un consenso que terminó en la elaboración de la primera ley marco para el sector audiovisual en Andalucía, hasta entonces sujeto a decretos de modificación permanente. La LAA suponía la transposición de la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual (LGCA), en cumplimiento de la Directiva 2007/65/CE, de Servicios de Comunicación Audiovisual, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007.

El consenso de la LAA se ha visto quebrado con la aprobación del Decreto Ley 2/2020, por el gobierno de la Comunidad Autónoma en ausencia de debate o apertura del período consultivo pertinente para una norma del calado de la LAA. La aprobación por unanimidad de la LAA constituye un caso único en la historia de la Cámara Andaluza.

La decisión del Tribunal Constitucional de paralizar su aplicación en espera de la resolución de la demanda planteada por el Gobierno de la nación, mantiene vigente la Ley Audiovisual de Andalucía, pero al mismo tiempo permite analizar con algo más de sosiego las medidas que plantea el Decreto Ley que consideramos pueden resultar muy lesivas para el sector audiovisual andaluz. De ahí la importancia del pronunciamiento del CAA.

La modificación de la Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía, sin un trabajo de consensos y consultas obligadas, puede suponer un hito desregulador en materia audiovisual dirigido al fomento de iniciativas que solo benefician a quienes hasta ahora se han negado a someterse a la Ley. Esta es la razón por la que una clara mayoría del sector audiovisual y de sectores representativos de la sociedad civil se ha manifestado en contra.

La Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), dotó a la Comunidad Autónoma de una figura ampliamente respaldada por la normativa europea y la propia LGCA y contó con el debate y la consulta a la sociedad civil. El mismo CAA se ha visto mermado en sus funciones por el Decreto 2/2020.

CONSULTAS DERIVADAS DE LAS MODIFICACIONES QUE PLANTEA EL DECRETO LEY 2/2020 A LA LEY AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA.

– ¿Por qué el CAA no ha intervenido sobre las emisiones externalizadas de 29 emisoras públicas locales, algunas de ellas conectadas a emisoras comerciales y sobre las que ha sido informado y cuya información es pública? ¿No corresponde la actuación de oficio del CAA como instancia reguladora al servicio de la ciudadanía?

– ¿Cómo piensa el CAA que puede afectar la permisión de emitir publicidad comercial e institucional por emisoras que no cuenten con el preceptivo título habilitante?

– ¿Cómo cree el CAA que puede afectar la privatización de medios públicos al cumplimiento de la LAA en lo expresado en su artículo 19 que establece en su apartado “j” tender al equilibrio de reparto entre los prestadores privados, públicos y comunitarios; y en el apartado “k” e “i” del mismo artículo al fomento de la participación ciudadana en las emisiones y en la gestión asesora de los medios?

– ¿Cómo afecta la ausencia de contenidos locales en muchos municipios que ahora solo podrían recibir contenidos de emisión en cadena que no inciden en el conocimiento de la realidad local y en la participación social?

– ¿Cómo afecta la privatización a la defensa del patrimonio audiovisual andaluz respaldado en el artículo 20 de la LAA?

– La transposición de la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviembre de 2018 obliga a los estados de la Unión a adaptar sus marcos audiovisuales a la nueva situación de competencia generada por la necesidad de regular las plataformas, pero al mismo tiempo aprovecha para recomendar a los países miembros nuevos límites y reglas frente a la concentración, así como la potenciación de las autoridades reguladoras (CAA) y su mayor independencia en la toma de decisiones. ¿Cómo valora el CAA la directiva europea frente a la pérdida de competencias previstas en el Decreto Ley 2/2020?

– ¿Cómo afecta el hecho de que los emisores no sean obligados a tener instalaciones para la producción de contenidos en el territorio de cobertura al que deben ir destinadas las emisiones? ¿Cree que esta medida, en este sentido, puede contribuir a la creación de empleo en una comunidad con una alta tasa de personas desempleadas y en la que el sector de los medios locales públicos emplea actualmente a unos 600 profesionales? ¿No parece un contrasentido promover su privatización?

– ¿Tiene previsto el CAA la constitución del Consejo de Participación Ciudadana de Andalucía tal como prevé el artículo 12 de la LAA, órgano asesor adscrito al Consejo representativo del sector y la sociedad civil que podría haberse pronunciado ante el decreto?

– ¿Qué opinión le merece al CAA la modificación de la LAA en artículos esenciales sin que se haya producido el desarrollo de los reglamentos correspondientes?

En espera de su atención y la consideración de las personas que componen el Consejo que usted preside.

ENTIDADES Y ORGANIZACIONES FIRMANTES

Colegio de Profesional de Periodistas de Andalucía
Asociación de la Prensa de Huelva
Asociación de la Prensa de Sevilla
Asociación de la Prensa de Cádiz
Asociación de Periodistas y de la Prensa de Almería
Asociación de la Prensa de Córdoba
Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar
Asociación de la Prensa de Jerez
Asociación de la Prensa de Jaén
Federación de Asociaciones de Periodistas de España
Asamblea de Mujeres Periodistas de Sevilla
Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga
Facultad de Ciencias de la Comunicación de Sevilla
Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Radio y Televisión de Andalucía
Red de Estatal de Medios Comunitarios
Sindicato de Periodistas de Andalucía
Federación de Sindicatos de Periodistas de España
Federación de Asociaciones de Periodistas España
Red de Colegios de Periodistas de España
Unión General de Trabajadores de Andalucía
Plataforma estatal de defensa de medios públicos TELEDETODOS
Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía 


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