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Las personas usuarias del sistema sanitario andaluz pueden negarse a que las deriven a recursos privados concertados
Publicado el 16 junio 2020, a las 13:46
Las personas usuarias del sistema sanitario andaluz pueden negarse a que las deriven a recursos privados concertados

Jesús Yesa – secretario FACUA Cádiz

Andalucía es una comunidad extensa, poblada y requiere unos servicios públicos bien financiados.

Es la máxima del personal sanitario y de la propia administración andaluza que, sin embargo, año tras año, da lugar a tensiones como consecuencia de las fórmulas con las que se garantiza el acceso a la Sanidad en Andalucía pública y de calidad. La última crisis económica se saldó con un acuerdo suscrito entre PSOE y PP a nivel estatal que modificaba el artículo 135 de la Constitución para primar el pago de la deuda sobre la financiación de los servicios públicos.

El deterioro de la atención primaria en los municipios y barrios de la Comunidad ha ido colapsando las urgencias hospitalarias y, al mismo tiempo, la atención derivada a diagnóstico y especialistas se ha ido demorando por la falta de personal y recursos, haciendo que las listas de espera sean todavía hoy una de las prioridades que trata de resolver el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. La Junta está intentando salvar la situación recurriendo al concierto sanitario con diferentes compañías privadas.

Diferentes agentes sociales y políticos, sindicatos, colegios profesionales y personal sanitario observan que estos conciertos no han llegado ahora con el Gobierno Andaluz, y cumplen en algunos casos décadas de aplicación por parte de los gobiernos socialistas. Entienden que la administración no se ha preocupado de dotar de suficiente equipamiento sanitario público a diferentes zonas de la comunidad y se ha abusado del desvío de recursos hacia el concierto sanitario.

Situación

Según la ley, el concierto es un servicio complementario al que se debe acudir de manera puntual cuando no se tiene otra alternativa. En provincias como Cádiz, algunas zonas disponen de un solo hospital con urgencias y es concertado. En Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María, dos ciudades de más de 50.000 habitantes, no tienen alternativa pública.

La ahora ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, puso sobre la mesa como Consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía en 2013 una Ley de Sostenibilidad de la Sanidad Pública para blindar el servicio ante los recortes que quedó finalmente pendiente de aprobar.


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