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Colectivos en defensa de la educación pública se desmarcan de los mensajes ideológicos contra la Ley Celaá y defienden los avances que contempla
Publicado el 23 noviembre 2020, a las 08:55
Colectivos en defensa de la educación pública se desmarcan de los mensajes ideológicos contra la Ley Celaá y defienden los avances que contempla

Olga Leralta (CODAPA) – José Ábalos (USTEA)

El Congreso aprobaba el pasado jueves la conocida Ley Celaá, por la ministra de Educación.

Es la octava ley educativa de la democracia. Lo ha hecho con el apoyo de los partidos del Gobierno, así como ERC, PNV, Más País, Compromís y Nueva Canarias. El rechazo llegó de PP, Cs, Vox, Coalición Canaria, PRC y Foro Asturias. El articulado se resume en una treintena de puntos. Entre ellos, que la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo, que el castellano deja de figurar como lengua vehicular de la enseñanza o que la religión tendrá que ofertarse como asignatura obligatoria pero la nota no contará para procesos de acceso universitario o a becas.

Al igual que sus predecesoras, nace envuelta en polémica. La propia ministra Isabel Celaá se ha mostrado feliz pero ha reconocido que le hubiera gustado contar con un mayor consenso. Tras conseguir la mayoría absoluta necesaria en la Cámara baja, la iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario. El objetivo del Gobierno es que esté aprobada a finales de este año o principios del que viene. Hablamos con Olga Leralta, vicepresidenta de CODAPA, y con José Ábalos, secretario de Acción Sindical de USTEA.


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