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La Mesa social del Agua cree que la lucha colectiva contra la Covid-19 es una oportunidad para mejorar los modelos de gestión y saneamiento en Andalucía
Publicado el 15 diciembre 2020, a las 10:58
La Mesa social del Agua cree que la lucha colectiva contra la Covid-19 es una oportunidad para mejorar los modelos de gestión y saneamiento en Andalucía

Luis Babiano (AEOPAS) – Leandro del Moral (Fundación Nueva Cultura del Agua)

La COVID-19 está suponiendo un fuerte impacto a todos los niveles: el sanitario, económico y social.

También genera incertidumbre ante el tambaleo de las cosas tal y como las conocíamos y tal y como funcionaban. Sin duda, un antídoto ante esta desazón han sido los servicios públicos. Hoy hablamos de los de agua y saneamiento, que podríamos considerar como la pre-vacuna. Y es que han proporcionado a lo largo de estos meses a nuestros hogares un agua sana y segura. Recordarán el Escudo Social que activaba el Gobierno central ante los meses agudos de la pandemia, con el confinamiento domiciliario. Este incluía la prohibición de los cortes de suministros básicos, como el agua. No obstante, tras la cuarentena, esto dejaba de tener vigencia, aunque se trate de familias empobrecidas y en riesgo de exclusión que no pueden pagar la factura. Por eso mismo, más de 300 organizaciones de todo el país ya han solicitado que se impida el corte de su suministro.

Esto mismo suscribe la Mesa Social del Agua. Además, recuerda que Andalucía es la única comunidad autónoma que ya ha reconocido por ley el derecho humano al agua para garantizar un “mínimo vital” de suministro a las personas que carecen de recursos económicos para pagarlo. Ese derecho está recogido en una disposición adicional de la Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético. Era aprobada por la Cámara Autonómica hace ya dos años. Sin embargo, pese a que la pandemia ha evidenciado su urgencia, aún no se ha desarrollado.

Volvemos a poner sobre la mesa el agua como derecho humano y el reclamo de una gestión pública para que este bien limitado no se mercantilice. Hablamos con Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento de Agua, y con Leandro del Moral, integrante de la Fundación Nueva Cultura del Agua y catedrático del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla.

Agua

Pero la carencia de agua no solo amenaza en Andalucía a los que no la pueden pagar, sino a los que, aunque quieran pagarla, no tiene acceso a ella. En este caso están los miles de jornaleros inmigrantes que se hacinan sin ningún servicio en las infraviviendas de los territorios de la agricultura intensiva, para la que son imprescindibles.

La mercantilización del agua supone riesgos relevantes para el disfrute de los derechos humanos al agua y saneamiento. Muestra que el carácter monopolístico del sector y las consiguientes limitaciones de los procedimientos de reglamentación pueden amenazar los derechos humanos. Lo mismo ocurre cuando las empresas tratan de maximizar los beneficios en sus actividades.

Además, habrá convalidación o derogación esta semana en la Cámara Autonómica del Decreto-ley 30/2020, de 24 de noviembre, de medidas para agilizar la tramitación de la declaración de situación de sequía en el ámbito de las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía


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