AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

La Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía está constituida por EMA-RTV y otras 22 organizaciones representativas del sector audiovisual entre colectivos profesionales, organizaciones sociales, facultades de comunicación, sindicatos, oenegés y medios de comunicación de Andalucía. Su objetivo es abrir cauces de diálogo con la Junta de Andalucía y el conjunto de Grupos parlamentarios tras la aprobación del Decreto-ley 2/2020, de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía que modifica numerosos artículos de la Ley Audiovisual de Andalucía.

La Plataforma, que cuenta con el apoyo varias organizaciones de la sociedad civil, vuelve a pedir al Consejo Audiovisual de Andalucía que se pronuncie acerca de la modificación de la Ley Audiovisual andaluza. Esta reiteración se debe al silencio que tuvo por respuesta la anterior petición por parte del CAA, pese a que se trata de un tema relacionado directamente con su ámbito de actuación. Este es el texto íntegro de la solicitud:

A/a del Presidente del CAA para el Consejo Audiovisual de Andalucía.

Estimado presidente.

El pasado 3 de abril, 20 organizaciones profesionales representativas del sector de los medios de información y cuatro del ámbito de la sociedad civil y la defensa de los derechos de las personas usuarias de los medios, presentaron por registro al Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) nueve preguntas básicas en relación con las repercusiones de la modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía de 2018 a través de las medidas aprobadas en el Decreto Ley 2/2020, así como de competencias propias relacionadas con el uso del espectro que no han sido afectadas por la medida del gobierno. Aunque no hemos tenido respuesta transcurrido más de un mes de la presentación de nuestras quejas, hemos sabido por los medios de información que el CAA, en el pleno celebrado el pasado día 24 de abril, decidió inhibirse y declararse no competente para entrar en una cuestión que, entiende, afecta exclusivamente al legislativo y al gobierno andaluz.

Las entidades representadas entienden que las nueve preguntas formuladas están dentro de las competencias del Consejo de informar y pronunciarse sobre asuntos que afectan al sector y a la ciudadanía. Existen precedentes de informes del CAA sobre marcos normativos estatales y autonómicos.

Por todo ello, las organizaciones firmantes reiteramos al Consejo la petición para que se pronuncie sobre las cuestiones solicitadas ante la manifiesta inseguridad jurídica que entendemos genera el Decreto Ley 2/2020.

MOTIVACIONES DE LA CONSULTA

La aprobación del Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva y ya publicado en BOJA de 6 de abril, ha provocado un fuerte malestar en el sector profesional del ámbito de los medios de información, así como en relevantes organizaciones de la sociedad civil y el Tercer Sector.

La Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía (LAA) supuso un hito relevante en las políticas públicas de la Comunidad Autónoma. Los trabajos de la Ley se iniciaron en 2014 con la puesta en marcha de dos instancias de participación, la Mesa de Impulso del Sector Audiovisual (MOISA) y el Plan de Impulso del Sector Audiovisual (POISA). En los procesos de consulta participaron 54 entidades relacionadas con el sector audiovisual, la práctica totalidad de organizaciones vinculadas a las políticas audiovisuales y los derechos de la ciudadanía, entre ellas el Consejo Audiovisual de Andalucía. Todas las entidades firmaron los documentos de consenso alcanzados en el MOISA y el POISA. Un consenso que terminó en la elaboración de la primera ley marco para el sector audiovisual en Andalucía, hasta entonces sujeto a decretos de modificación permanente. La LAA suponía la transposición de la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual (LGCA), en cumplimiento de la Directiva 2007/65/CE, de Servicios de Comunicación Audiovisual, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007.

El consenso de la LAA se ha visto quebrado con la aprobación del Decreto Ley 2/2020, por el gobierno de la Comunidad Autónoma en ausencia de debate o apertura del período consultivo pertinente para una norma del calado de la LAA. La aprobación por unanimidad de la LAA constituye un caso único en la historia de la Cámara Andaluza.

La decisión del Tribunal Constitucional de paralizar su aplicación en espera de la resolución de la demanda planteada por el Gobierno de la nación, mantiene vigente la Ley Audiovisual de Andalucía, pero al mismo tiempo permite analizar con algo más de sosiego las medidas que plantea el Decreto Ley que consideramos pueden resultar muy lesivas para el sector audiovisual andaluz. De ahí la importancia del pronunciamiento del CAA.

La modificación de la Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía, sin un trabajo de consensos y consultas obligadas, puede suponer un hito desregulador en materia audiovisual dirigido al fomento de iniciativas que solo benefician a quienes hasta ahora se han negado a someterse a la Ley. Esta es la razón por la que una clara mayoría del sector audiovisual y de sectores representativos de la sociedad civil se ha manifestado en contra.

La Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), dotó a la Comunidad Autónoma de una figura ampliamente respaldada por la normativa europea y la propia LGCA y contó con el debate y la consulta a la sociedad civil. El mismo CAA se ha visto mermado en sus funciones por el Decreto 2/2020.

CONSULTAS DERIVADAS DE LAS MODIFICACIONES QUE PLANTEA EL DECRETO LEY 2/2020 A LA LEY AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA.

– ¿Por qué el CAA no ha intervenido sobre las emisiones externalizadas de 29 emisoras públicas locales, algunas de ellas conectadas a emisoras comerciales y sobre las que ha sido informado y cuya información es pública? ¿No corresponde la actuación de oficio del CAA como instancia reguladora al servicio de la ciudadanía?

– ¿Cómo piensa el CAA que puede afectar la permisión de emitir publicidad comercial e institucional por emisoras que no cuenten con el preceptivo título habilitante?

– ¿Cómo cree el CAA que puede afectar la privatización de medios públicos al cumplimiento de la LAA en lo expresado en su artículo 19 que establece en su apartado “j” tender al equilibrio de reparto entre los prestadores privados, públicos y comunitarios; y en el apartado “k” e “i” del mismo artículo al fomento de la participación ciudadana en las emisiones y en la gestión asesora de los medios?

– ¿Cómo afecta la ausencia de contenidos locales en muchos municipios que ahora solo podrían recibir contenidos de emisión en cadena que no inciden en el conocimiento de la realidad local y en la participación social?

– ¿Cómo afecta la privatización a la defensa del patrimonio audiovisual andaluz respaldado en el artículo 20 de la LAA?

– La transposición de la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviembre de 2018 obliga a los estados de la Unión a adaptar sus marcos audiovisuales a la nueva situación de competencia generada por la necesidad de regular las plataformas, pero al mismo tiempo aprovecha para recomendar a los países miembros nuevos límites y reglas frente a la concentración, así como la potenciación de las autoridades reguladoras (CAA) y su mayor independencia en la toma de decisiones. ¿Cómo valora el CAA la directiva europea frente a la pérdida de competencias previstas en el Decreto Ley 2/2020?

– ¿Cómo afecta el hecho de que los emisores no sean obligados a tener instalaciones para la producción de contenidos en el territorio de cobertura al que deben ir destinadas las emisiones? ¿Cree que esta medida, en este sentido, puede contribuir a la creación de empleo en una comunidad con una alta tasa de personas desempleadas y en la que el sector de los medios locales públicos emplea actualmente a unos 600 profesionales? ¿No parece un contrasentido promover su privatización?

– ¿Tiene previsto el CAA la constitución del Consejo de Participación Ciudadana de Andalucía tal como prevé el artículo 12 de la LAA, órgano asesor adscrito al Consejo representativo del sector y la sociedad civil que podría haberse pronunciado ante el decreto?

– ¿Qué opinión le merece al CAA la modificación de la LAA en artículos esenciales sin que se haya producido el desarrollo de los reglamentos correspondientes?

En espera de su atención y la consideración de las personas que componen el Consejo que usted preside.

ENTIDADES Y ORGANIZACIONES FIRMANTES

Colegio de Profesional de Periodistas de Andalucía
Asociación de la Prensa de Huelva
Asociación de la Prensa de Sevilla
Asociación de la Prensa de Cádiz
Asociación de Periodistas y de la Prensa de Almería
Asociación de la Prensa de Córdoba
Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar
Asociación de la Prensa de Jerez
Asociación de la Prensa de Jaén
Federación de Asociaciones de Periodistas de España
Asamblea de Mujeres Periodistas de Sevilla
Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga
Facultad de Ciencias de la Comunicación de Sevilla
Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Radio y Televisión de Andalucía
Red de Estatal de Medios Comunitarios
Sindicato de Periodistas de Andalucía
Federación de Sindicatos de Periodistas de España
Federación de Asociaciones de Periodistas España
Red de Colegios de Periodistas de España
Unión General de Trabajadores de Andalucía
Plataforma estatal de defensa de medios públicos TELEDETODOS
Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía 


El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por el Gobierno central en relación a los artículo número 28 y 13, relacionados con el sector audiovisual y la protección del Patrimonio Histórico de Andalucía.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra varios artículos del Decreto 2/20 de la Junta de Andalucía, llamado de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. Dicho decreto modificaba de una tacada 27 leyes y ha generado toda una corriente de protestas en diversos sectores de la sociedad andaluza al considerar que el decreto abre la puerta a provocar importantes daños medioambientales, territoriales, sociales, sanitarios y de patrimonio histórico, y a fomentar, entre otras cosas, la especulación urbanística y la privatización de servicios públicos.

El recurso presentado por el Consejo de Ministros va dirigido contra artículos como el número 28, entendiendo que vulnera la competencia estatal sobre telecomunicaciones y medios de comunicación social, al habilitar emisiones radiofónicas en cadena y suprimir la prohibición de inclusión o difusión de cualquier tipo de comunicación comercial audiovisual en emisiones de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual que carezcan del preceptivo título o que no hayan cumplido el deber de comunicación previo. Además con esta nueva regulación, la Ley Audiovisual de Andalucía (pionera y aprobada por unanimidad en la cámara andaluza) queda bastante afectada.

También queda señalado el artículo 13, que afecta al Patrimonio Histórico de Andalucía en tanto en cuanto exime de autorización previa administrativa y comunicación a la Consejería competente de posibles obras sobre bienes de interés cultural y su entorno. Esta regulación choca de pleno con la competencia estatal en defensa de los bienes culturales contra la exportación y expoliación prevista en el artículo 149.1.28 de la Constitución española.

Las emisoras municipales siguen en peligro de privatización

El Tribunal Constitucional ha suspendido, al menos durante los próximos cinco meses, varios de los preceptos de los artículos recurridos, declarándolos como nulos. No ocurre así con el 28.8 que permite la privatización de las emisoras municipales. Es importante recordar que el resto del Decreto sigue siendo aplicable, pese a afectar a más de veinte leyes y no contar con el consenso necesario para una normativa de estas características; facilitando trámites burocráticos que afecta a distintos ámbitos como el medio ambiente, el urbanismo o el comercio. Consenso que sí tenía la reciente Ley Audiovisual de Andalucía, aprobada en el Parlamento por unanimidad y que queda ahora desdibujada. El Gobierno andaluz ya declaró, por medio de su vicepresidente de y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, que acatará la decisión del órgano de justicia.


La modificación de la norma audiovisual andaluza tendría consecuencias como la privatización de los medios públicos locales, tanto de radio como de televisión, además de permitir que emisora ilegales puedan emitir publicidad o campañas institucionales derivadas por agencias de publicidad, sin que sean sancionadas. Esta norma garantiza impunidad a las emisiones piratas que merman la capacidad de ingresos por publicidad de las emisoras legales, tanto privadas como públicas, desregulando el sector, su transparencia y control fiscal.

La Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía solicita una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para iniciar el diálogo que permita al sector audiovisual posicionarse ante la modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía y alertar sobre las devastadoras consecuencias que tendrá para el empleo, la pluralidad informativa y la diversidad mediática. Además, la Plataforma quiere hacer entrega al presidente andaluz de una batería de propuestas que permita la participación del sector audiovisual en el próximo desarrollo de los reglamentos contemplados en la norma andaluza.

Aquí se puede consultar el texto íntegro de la solicitud:

Estimado Sr. Presidente.

Le escribimos desde la recién creada Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía (PDCPA), integrada por 23 entidades representativas del sector en Andalucía, algunas de ellas con representación en el conjunto del Estado. Plataforma que tiene como objetivo la defensa de la Ley Audiovisual de Andalucía (LAA, 2018), elaborada con el consenso de todo el sector. Desde la PDCPA consideramos en riesgo muchas conquistas básicas de la LAA tras la aprobación del Decreto Ley 2/2020 y su posterior validación por la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía.

Como usted sabe, el dictamen del Consejo de Estado del pasado 14 de abril encontró indicios de inconstitucionalidad en este decreto, tanto en la forma como en parte del contenido. A partir de este dictamen es posible que la aplicación del Decreto Ley 2/2020, quede en suspenso una vez que el Gobierno de la nación ha presentado recurso de inconstitucionalidad.

Por nuestra parte, los informes jurídicos que manejamos desde la PDCPA avalan la imposibilidad de privatizar los medios públicos locales, así como conectarse a medios privados, no tener instalaciones ni personal en el territorio de cobertura o emitir publicidad desde una emisora que no tenga título habilitante.

Ante la nueva situación creada, desde la PDCPA le solicitamos una reunión urgente para abrir un proceso de diálogo sobre el contenido del Decreto 2/2020 en las materias que afectan al sector audiovisual, con el ánimo de recuperar el consenso alcanzado en torno a LAA, que suscitó el apoyo unánime de todos los grupos políticos con representación parlamentaria, así como de medio centenar de entidades profesionales, sindicales, sociales, asociativas y empresariales del sector en Andalucía. Un consenso que, entendemos, no se debe romper en una materia de tanta trascendencia como es el sector audiovisual y la comunicación, esenciales en la vida de los andaluces.

Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía

Entidades integrantes

La Plataforma cuenta con las asociaciones de la prensa y periodistas de Almería, Jaén, Córdoba, Cádiz, Campo de Gibraltar, Jerez de la Frontera, Huelva y Sevilla; la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, el Colegio de Periodistas de Andalucía y la Red de Colegios de Periodistas de España; el Sindicato de Periodistas de Andalucía y la Federación de Sindicatos de Periodistas de España; la Red Estatal de Medios Comunitarios, la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Radio y Televisión de Andalucía, la Asamblea de Mujeres Periodistas de Sevilla, las Facultades de Ciencias de la Comunicación de Málaga y Sevilla, la Agrupación de Periodistas de UGT-A, la Asociación de Usuarios de la Comunicación de España, la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía, el Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía y la Plataforma Teledetod@s.


Consulta la nota de prensa completa

Las organizaciones firmantes piden un encuentro de trabajo con el Presidente de la Junta de Andalucía para la apertura de una mesa de diálogo que aborde en profundidad y desde el consenso las modificaciones de la Ley Audiovisual Andaluza por el impacto negativo que tendrá sobre el empleo y la pluralidad informativa.

Más de 20 organizaciones representativas del sector audiovisual entre colectivos profesionales, organizaciones sociales, facultades de comunicación, sindicatos, oenegés y medios de comunicación de Andalucía han constituido este jueves la Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía. El objetivo es abrir cauces de diálogo con la Junta de Andalucía y el conjunto de Grupos parlamentarios tras la aprobación el pasado jueves 2 de abril del Decreto-ley 2/2020, de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía que modifica numerosos artículos de la Ley Audiovisual de Andalucía.

En este sentido, la Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía va a enviar una carta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, solicitando una reunión para iniciar este diálogo que permita al sector audiovisual posicionarse ante la modificación de la LAA y alertar sobre las devastadoras consecuencias que tendrá para el empleo, la pluralidad informativa y la diversidad mediática. Además, la Plataforma quiere hacer entrega al presidente andaluz de una batería de propuestas que permita la participación del sector audiovisual en el próximo desarrollo de los reglamentos contemplados en la norma andaluza.

Los integrantes de la Plataforma entienden que esta norma supone, de facto, una ruptura de los consensos políticos y sociales que llevaron a la aprobación de la Ley Audiovisual de Andalucía (2018) y que convirtió a la Comunidad andaluza en un referente en políticas audiovisuales a nivel estatal. En esta línea, piden al Gobierno andaluz que vuelva a la Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual en Andalucía (MOISA) para alcanzar los consensos necesarios que mantengan la esencia de la norma andaluza que tanto tiempo y esfuerzos costó construir.

La Plataforma denuncia las principales consecuencias de este Decreto, que ataca el cuerpo central de la norma andaluza como la privatización de los medios públicos locales, tanto de radio como de televisión. Además, contraviene uno de los objetivos de la comunicación local, que es la construcción de identidad territorial, al permitir que desembarquen empresas de comunicación desde fuera de Andalucía sin arraigo en el territorio, ocupando frecuencias que ahora son públicas.

Esta particularidad permitirá que cualquier empresa pueda utilizar la frecuencia de la radio o televisión municipal sin fines de servicio público y para repetir una señal producida en Madrid, Barcelona o incluso, en el extranjero, algo que va claramente en detrimento del empleo andaluz, los contenidos locales y la articulación territorial. El Decreto Ley que reforma la Ley Audiovisual también elimina la obligación de disponer de estudio de producción operativo en el ámbito territorial de cobertura (seas municipal, comercial o comunitario).

Por otra parte, lejos de proteger el espacio radioeléctrico, este Decreto Ley permitirá a las empresas anunciarse en emisoras ilegales e incluso emitir campañas institucionales derivadas por agencias de publicidad sin que sean sancionadas. Esta norma garantiza impunidad a las emisiones piratas que merman la capacidad de ingresos por publicidad de las emisoras legales, tanto privadas como públicas, desregulando el sector, su transparencia y control fiscal.

En este sentido, el Gobierno central ya cuenta con el dictamen positivo del Consejo de Estado para recurrir el decreto andaluz ante el Tribunal Constitucional al entender que vulnera la competencia estatal sobre telecomunicaciones y medios de comunicación social, al habilitar emisiones radiofónicas en cadena y suprimir la prohibición de inclusión o difusión de cualquier tipo de comunicación comercial audiovisual en emisiones de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual que carezcan del preceptivo título o que no hayan cumplido el deber de comunicación previo.

El decreto también degrada el papel del Consejo Audiovisual Andaluz, prescindiendo de sus informes para determinados asuntos entre ellos los cambios de adjudicatarios en los negocios jurídicos con las licencias obtenidas en concurso público. Con esta decisión, el gobierno andaluz minusvalora al sector audiovisual y pone en riesgo industria y empleos. En este sentido, las entidades de la Plataforma solicitaron el pronunciamiento del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre el decreto del Gobierno andaluz al entender que le quita competencias y normaliza la publicidad privada e institucional en televisiones y radios pirata. Sin embargo, el Pleno de la institución ha dejado sin respuesta esta reclamación y ha optado por trasladarla a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet. Cuatro miembros del Pleno del CAA se han opuesto a esta decisión y han anunciado un voto particular.

Las entidades firmantes también denuncian las formas con las que ha actuado el gobierno de la Junta de Andalucía, llevando a la Diputación Permanente y en pleno Estado de Alarma por el COVID-19 importantes cambios sin debate alguno y menos de dos años después de dar el visto bueno a la actual Ley por parte de todos los grupos políticos del Parlamento.

ORGANIZACIONES INTEGRANTES PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA COMUNICACIÓN Y EL PERIODISMO DE ANDALUCÍA

Asociación de la Prensa de Almería

Asociación de la Prensa de Cádiz

Asociación de la Prensa de Campo de Gibraltar

Asociación de la Prensa de Córdoba

Asociación de la Prensa de Jaén

Asociación de la Prensa de Jerez de la Frontera

Asociación de la Prensa de Huelva

Asociación de la Prensa de Sevilla

Federación de Asociaciones de Periodistas de España

Colegio de Periodistas de Andalucía

Red de Colegios de Periodistas de España

Sindicato de Periodistas de Andalucía

Federación de Sindicatos de Periodistas de España

Red Estatal de Medios Comunitarios

Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Radio y Televisión de Andalucía

Asamblea de Mujeres Periodistas de Sevilla

Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga

Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla

Agrupación de Periodistas de UGT-A

Asociación de Usuarios de la Comunicación de España

Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía

Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía

Plataforma Teledetod@s.


El Consejo de Estado ha emitido un Dictamen en el que señala fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante el Tribunal Constitucional los artículos y los contenidos del Decreto-ley 2/2020 que modificada de una tacada 27 leyes y que ha levantado toda una corriente de protestas en diversos sectores de la sociedad andaluza. 

El acuerdo del Consejo de Ministros va dirigido contra artículos como el número 28 que vulneraría la competencia estatal sobre telecomunicaciones y medios de comunicación social, al habilitar emisiones radiofónicas en cadena y suprimir la prohibición de inclusión o difusión de cualquier tipo de comunicación comercial audiovisual en emisiones de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual que carezcan del preceptivo título o que no hayan cumplido el deber de comunicación previo. Además con esta nueva regulación, la Ley Audiovisual de Andalucía (pionera y aprobada por unanimidad en la cámara andaluza) queda bastante afectada.

También queda señalado el artículo 13, que afecta al Patrimonio Histórico de Andalucía en tanto en cuanto exime de autorización previa administrativa y comunicación a la Consejería competente de posibles obras sobre bienes de interés cultural y su entorno. Esta regulación choca de pleno con la competencia estatal en defensa de los bienes culturales contra la exportación y expoliación prevista en el artículo 149.1.28 de la Constitución española.

El Gobierno no encuentra motivos que justifiquen la extraordinaria y urgente necesidad de estas medidas, ya que entiende que los perjuicios que pueden producirse serían de difícil o imposible reparación, al mismo tiempo que inciden en el ejercicio de derechos de los ciudadanos.

Voluntad de negociación

No obstante, el Gobierno de España manifiesta su voluntad de negociar con la Junta de Andalucía a fin de resolver la controversia suscitada y que se adecué el Decreto-ley al ámbito competencial previsto en la Constitución española.


El texto, que les reproducimos a continuación, se suma a la carta abierta dirigida al Presidente de la Junta de Andalucía y a los diferentes comunicados oficiales emitidos por los colectivos afectados por el Decreto 2/20:

Sevilla, 8 de abril de 2020

Sr. Presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía

La aprobación del Decreto Ley 2/2020 de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva y ya publicado en BOPA de 6 de abril, ha venido a causar un fuerte malestar en el sector profesional del ámbito de los medios de información, así como en relevantes organizaciones de la sociedad civil y el Tercer Sector.

La Ley 10/2018 de 9 de octubre Audiovisual de Andalucía (LAA) supuso un hito relevante en las políticas públicas de la Comunidad Autónoma. Los trabajos de la Ley se iniciaron en 2014 con la puesta en marcha de dos instancias de participación, la Mesa de Impulso del Sector Audiovisual (MOISA) y el Plan de Impulso del Sector Audiovisual (POISA). En los procesos de consulta participaron 54 entidades relacionadas con el sector audiovisual, la práctica totalidad de organizaciones vinculadas a las políticas audiovisuales y los derechos de la ciudadanía, entre ellas el Consejo Audiovisual de Andalucía. Todas las entidades firmaron los documentos de consenso alcanzados en el MOISA y el POISA. Un consenso que terminó en la elaboración de la primera ley marco para el sector audiovisual en Andalucía, hasta entonces sujeto a decretos de modificación permanente. La LAA suponía la transposición de la Ley 10/2010 General de Comunicación Audiovisual (LGCA), en cumplimiento de la Directiva 2007/65/CE, de Servicios de Comunicación Audiovisual, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007.

El consenso de la LAA se ha visto quebrado con la aprobación del Decreto Ley 2/2020, aprobado unilateralmente por el gobierno de la Comunidad Autónoma en ausencia de cualquier tipo de debate o del período consultivo pertinente para una norma del calado de la LAA. El Decreto fue, además, ratificado por la Diputación Permanente del Parlamento habilitada para medidas de urgencia con motivo de la crisis sobrevenida del COVID-19, con el voto contrario de PSOE y Adelante Andalucía; es decir, no gozó de la unanimidad con la que fue aprobada la LAA hace sólo un año y medio con los votos de todos los grupos parlamentarios presentes en la anterior legislatura: PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. La aprobación de la LAA constituye un caso único en la historia de la Cámara Andaluza, como ahora lo es por otro motivo la modificación improvisada y poco garantista de la misma.

Estas actuaciones se han llevado a cabo a través de un procedimiento inhabitual y sorpresivo sobre el que los letrados de la Cámara todavía no han llegado a pronunciarse acerca de su validez.

La modificación de la Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía supone un hito desregulador en materia audiovisual dirigido al fomento de fines espurios que solo benefician a quienes hasta ahora se han negado a someterse a la Ley. Esta es la razón por la que una clara mayoría del sector audiovisual y representativa de la sociedad civil se ha manifestado en contra, aportando argumentos de peso que hasta el momento no han sido tenidos en cuenta, ni respondidos.

La Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), dotó a la Comunidad Autónoma de una figura ampliamente respaldada por la normativa europea y la propia LGCA y contó con el debate y la consulta a la sociedad civil. El mismo CAA se ha visto mermado en sus funciones por el Decreto 2/2020 y en ningún momento el órgano creado para la vigilancia y regulación del audiovisual ha emitido un informe que dé a conocer su opinión acerca de la grave situación generada.

Ante esta situación de indefensión e inseguridad jurídica y aunque se pueda llegar a argumentar por el CAA falta de competencia, ésta no debe eximir de la emisión de recomendaciones e informes no necesariamente vinculantes. Es lo mínimo que debe exigir el sector audiovisual y la sociedad a una instancia pagada con los impuestos de la ciudadanía andaluza y encargada de vigilar el cumplimiento legal en materia audiovisual.

Sorprende sin embargo que en tan sólo una ocasión el CAA se haya pronunciado contra una emisora pública externalizada: Resolución 10/2012 del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre emisiones de Intereconomía en la Radio Municipal de Tomares, para la que se declaraba competente amparándose “en el apartado 1 del artículo 131 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, según el cual el Consejo Audiovisual es la autoridad independiente encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales, tanto públicos como privados, en Andalucía, así como por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad.” El informe del CAA motivó el cese de la actividad ilícita.

Por todo lo expuesto las organizaciones firmantes solicitamos respuesta urgente a las muchas inquietudes y perjuicios que se derivan de la modificación de la LAA:

– ¿Por qué el CAA no ha intervenido sobre las emisiones externalizadas de 29 emisoras públicas locales, algunas de ellas conectadas a emisoras comerciales y sobre las que ha sido informado y cuya información es pública? ¿No corresponde la actuación de oficio del CAA como instancia reguladora al servicio de la ciudadanía?

– ¿Cómo piensa el CAA que afecta la permisión de emitir publicidad comercial e institucional por emisoras que no cuentan con el preceptivo título habilitante?

– ¿Cómo cree el CAA que afecta la privatización de medios públicos al cumplimiento de la LAA en lo expresado en su artículo 19 que establece en su apartado “j” tender al equilibrio de reparto entre los prestadores privados, públicos y comunitarios? Y en el apartado “k” e “i” del mismo artículo ¿cómo afecta al fomento de la participación ciudadana en las emisiones y en la gestión asesora de los medios?

– ¿Cómo afecta la ausencia de contenidos locales en muchos municipios que ahora solo podrían recibir contenidos de emisión en cadena que no inciden en el conocimiento y en la participación social?

– ¿Cómo afecta la privatización a la defensa del patrimonio audiovisual andaluz respaldado en el artículo 20 de la LAA?

– La transposición de la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviembre de 2018 obliga a los estados de la Unión a adaptar sus marcos audiovisuales a la nueva situación de competencia generada por la necesidad de regular las plataformas, pero al mismo tiempo aprovecha para recomendar a los países miembros nuevos límites y reglas frente a la concentración, así como la potenciación de las autoridades reguladoras (CAA) y su mayor independencia en la toma de decisiones. ¿Cómo valora el CAA la directiva europea frente a la pérdida de competencias previstas en el Decreto Ley 2/2020?

– ¿Cómo afecta el hecho de que los emisores no estén obligados a tener instalaciones para la producción de contenidos en el territorio de cobertura al que deben ir destinadas las emisiones? En este mismo sentido, ¿cree que esta medida puede contribuir a la creación de empleo en una comunidad con una alta tasa de personas desempleadas y en la que el sector de los medios locales públicos emplea actualmente a unos 600 profesionales? ¿No es contrasentido promover su privatización?

– ¿Tiene previsto el CAA la constitución del Consejo de Participación Ciudadana de Andalucía tal como prevé el artículo 12 de la LAA, órgano asesor adscrito al Consejo representativo del sector y la sociedad civil que podría haberse pronunciado ante el decreto?

– ¿Qué opinión le merece al CAA la modificación de la LAA en artículos esenciales sin que haya producido el desarrollo de los reglamentos correspondientes?

En espera de su atención y la consideración de las personas que componen el Consejo que usted preside.

ENTIDADES Y ORGANIZACIONES FIRMANTES

Colegio de Profesional de Periodistas de Andalucía

Asociación de la Prensa de Huelva

Asociación de la Prensa de Sevilla

Asociación de la Prensa de Cádiz

Asociación de la Prensa de Almería

Asociación de la Prensa de Córdoba

Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar

Asociación de la Prensa de Jerez

Asociación de la Prensa de Jaén

Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga

Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Radio y Televisión de Andalucía

Red de Estatal de Medios Comunitarios

Sindicato de Periodistas de Andalucía

Federación de Sindicatos de Periodistas de España

Unión General de Trabajadores de Andalucía

Comisiones Obreras de Andalucía

Coordinadora Andaluza de ONGD

Plataforma estatal de defensa de medios públicos TELEDETODOS

Plataforma Andalucía Viva

Colectivos de AMPAS Escuelas de Calor

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores

Federación de Asociaciones de Periodistas de España – FAPE

Facua – Consumidores en Acción

Asamblea de Mujeres Periodistas de Sevilla


SERGIO MINUÉ- profesor de la EASP

A partir del 27 de abril, el Gobierno de España permitirá un desconfinamiento limitado de menores de 12 años para que puedan salir a la calle, dentro de ciertas condiciones para evitar contagios. Además, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha informado que la Junta trabaja en un protocolo de desescalamiento progresivo en los municipios y comarcas menos afectados, para el que ya está trabajando con un comité técnico.

Ante estos escenarios, Sergio Minué Lorenzo, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, especializado en Atención Primaria y relaciones con la Organización Mundial de la Salud, indica que las razones fundamentales por las que España dispuso las medidas de confinamiento tan restrictivo, era evitar la propagación del SARS-CoV-2 y evitar el colapso del sistema sanitario. Si se establecen medidas de desescalamiento, deberían permitir precisamente que no se produzca el colapso y proteger a los grupos de población de riesgo; en especial, las personas mayores que puedan contagiarse de sus familiares o en las residencias.

En este sentido, el profesor de la EASP destaca las medidas llevadas a cabo en países como Alemania o Corea del Sur, en cuanto a una detección rápida de casos de contagio y el aislamiento  de personas concretas. Considera que si no se puede garantizar este extremo, el desescalamiento puede suponer un riesgo. Aunque matiza que, en cuanto de niños y niñas, hay que tener en cuenta las alternativas que se puedan establecer, porque consideran imprescindible para este grupo de edad el poder salir a la calle pero estableciendo precauciones, como evitar las aglomeraciones.

La relevancia de la Atención Primaria ante el nuevo escenario

Sergio Minué afirma que el papel de la Atención Primaria, desde el inicio de la crisis sanitaria, ha sido el de la detección precoz de casos y su seguimiento. Recuerda que los profesionales sanitarios necesitan más sistemas de protección para los profesionales sanitarios, por el alto índice de contagios entre este colectivo. En cuanto a la capacidad del propio sistema, la plantilla de Atención Primaria debería contar con un refuerzo de profesionales y una modificación de la estructura de este área del sistema sanitario para poder llevar a cabo una respuesta efectiva ante el desescalamiento.


GONZALO REVILLA- REAS Andalucía

Gonzalo Revilla, integrante de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Andalucía (REAS), indica que las estructuras cooperativas, en una situación crítica, resisten mejor a la destrucción de empleo porque priorizan sus necesidades y la atención de sus trabajadores y trabajadoras, ya que la lógica es la de situar a las personas por encima del capital.

Desde REAS llevan planteando modelos alternativos al capitalismo productivista desde hace tiempo y advirtiendo que dicho modelo está llevando al planeta a un punto sin retorno. Dentro de ese marco también incluyen que estas demandas se incluyan también en el marco de los gobiernos e instituciones.

En este sentido, destaca Gonzalo Revilla, destaca que no se trata solo de un planteamiento de situar a las personas por delante del capital como concepto ético, sino también económico porque, insiste, estos modelos son más resistentes a los vaivenes de los ciclos económicos. Por ello, considera que en un contexto postcrisis se debe recoger de forma más relevante a estos modelos de funcionamiento a la hora de orientar sus políticas económicas.


PABLO SÁNCHEZ- Fridays for Future 

Recordamos que modifica, entre otras, la Ley Audiovisual de Andalucía y otros 26 textos legislativos.

Afecta a ámbitos esenciales como el medio ambiente, el urbanismo o el agua. Por eso, Fridays for Future, al igual que entidades como Ecologistas en Acción, WWF o Amigos de la Tierra, entre otras, denuncia que estas medidas adoptadas por el Gobierno autonómico son un espaldarazo intolerable a las iniciativas medioambientales que ya contaban con cierto calado en la política española antes de la crisis de coronavirus.

Pablo Sánchez, integrante de Fridays for Future, lamenta que el decreto de mejora y simplificación administrativa trate de ser justificado por parte del Gobierno autonómico como un intento de suavizar el impacto económico de la crisis del coronavirus. En este sentido, recuerdan, es conocido que este decreto lleva preparándose desde octubre.

Reivindicación

Fridays for Futuro lamentan que que este decreto ley deje más campo a la contaminación del suelo, vía libre a vertidos a la red hidráulica y se limiten los plazos para autorizar edificaciones, con la consecuente merma la garantía de cumplir las regulaciones medioambientales. Critica que  estas medidas se suman al ya reciente historial de decisiones que no respetan el medio ambiente, como la supresión de una concejalía centrada en el cambio climático y la sostenibilidad.


RAFAEL RODRÍGUEZ- presidente de la APS

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) rechaza el ataque de VOX a los medios y «anima a los periodistas a luchar sin descanso contra las estrategias de desinformación que tratan de aprovechar la crisis para fomentar el miedo, la crispación y el odio, en una escalada que atenta contra valores fundamentales del sistema democrático».

El cuestionamiento al trabajo de los periodistas no se puede achacar exclusivamente a una opción o ideología política y que en muchas ocasiones hay personas o colectivos que solo ponen en cuestión este trabajo o cuando se critica desde los medios a una formación o línea ideológica y no a otra. Es necesario introducir el componente de autocrítica desde la propia profesión, acerca del respeto a la ética periodística y el código deontológico.

Una advertencia que lanza el International Press Institute (IPI) indica que bajo las medidas de respuesta ante la crisis del Covid-19, varios Estados en el mundo están implementando medidas restrictivas contra la prensa. Y además, sitúa a Europa como la región a nivel mundial en la que más de estos casos han contabilizado. Dentro de la Unión Europea, hace especial hincapié en lo que está sucediendo en este sentido en Hungría y Rumanía.

Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, aclara que los ataques a los periodistas no son nuevos y que en muchos casos tienen como objetivo difundir el miedo entre la profesión y que la mentira interesada no encuentre como respuesta la información veraz y contrastada. Tampoco es nueva la proliferación de mentiras y bulos, más patente en época de crisis, ante la que los periodistas han de situarse en una posición vigilante para no difundirlos. Rafael Rodríguez destaca que detrás de muchos de ellos se encuentran intereses partidistas, políticos o económicos; en este sentido ha destacado que la Policía ha detectado más un millón y medio de cuentas falsas en las redes virtuales.

El presidente de la APS también advierte de estar vigilantes ante posibles regulaciones gubernamentales amparadas en situaciones excepcionales que puedan limitar o restingir la libertad de información o expresión.

Informe jurídico del Consejo Audiovisual de Andalucía respecto al decreto 2/2020 de la Junta de Andalucía

En el transcurso de la entrevista hemos conocido el informe jurídico del CAA respecto al Decreto 2/2020 de la Junta en lo que respecta la posibilidad de que empresas privadas puedan gestionar medios públicos. El informe señala que las reformas adoptadas se fundamentan en la grave situación económica que justifica la necesidad urgente de impulsar actuaciones para fomentar la actividad productiva en el sector de la comunicación audiovisual en la Comunidad Autónoma de Andalucía. También, en cuanto a las modificaciones del régimen de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local, queda anulada la restricción de la participación de las entidades privadas puesto que, según se expone, dificulta la actividad económica del sector privado de comunicación audiovisual en Andalucía y permite, a las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un servicio público para el que se les ha otorgado concesión.

El presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla no comparte las conclusiones de este informe, en cuanto al componente económico que indica este informe jurídico: cuestiona que se pueda meter publicidad en emisoras ilegales, que los Ayuntamientos puedan alquilar sus licencias a terceros y que para poder obtener una licencia de radio no sea preceptivo ni siquiera tener un estudio o trabajadores. Rafael Rodríguez espera que el pleno del Comunicación Audiovisual de Andalucía que se celebra dentro de dos semanas se pronuncie de forma clara ante este decreto y recuerda que tiene competencias en este marco.


Así lo ha anunciado Francisco Toscano, alcalde del municipio sevillano de Dos Hermanas y presidente del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.

El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales debatirá si recurrir estos decretos antes el Tribunal Constitucional por considerar que legislan «a espaldas de los ayuntamientos» y no han sido sometidos a la revisión de dicho órgano. Hay que recordar que el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales se creó en Andalucía de forma pionera para que cualquier medida que pudiera afectar a la política municipal se viera previamente sometida a un informe «no vinculante pero preceptivo».

Francisco Toscano ha señalado que al no haber sido consultados, los municipios no han podido enriquecer el texto de estos decretos. El primero de ellos fue promovido el pasado mes de septiembre y su objetivo es regular el régimen jurídico de las edificaciones irregulares; y el segundo de ellos, el nuevo decreto ley 2/20 de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía,  afecta a 21 leyes, seis decretos y muchas competencias municipales.

El Gobierno central también ha abierto la vía para recurrir este decreto 2/20 antes el Constitucional, ya que introduce medidas económicas que afectan a numerosos sectores bajo algunos preceptos que pueden colisionar con otras normas de carácter estatal. De hecho, el Consejo de Ministros ha acordado solicitar el preceptivo informe al Consejo de Estado antes de decidir si recurre o no ante el Constitucional esta norma. Aún así la valoración del Consejo de Estado no es vinculante, aunque sí obligatoria, por lo que el Gobierno puede recurrir el decreto aunque la opinión de dicho órgano no lo aconseje.

Entre las vulneraciones de la competencia estatal que denuncia el Gobierno se encuentra la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación. Sobre este asunto, el decreto 2/20 recoge en su artículo 13 que se exime de autorización previa administrativa y comunicación a la Consejería competente de determinadas obras sobre bienes de interés cultural y su entorno.

El artículo 28 también vulnera la normativa estatal sobre telecomunicaciones al permitir la emisión en cadena y conexión con entidades privadas no autorizadas. En ese sentido el decreto también elimina la prohibición de difundir o contratar comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios de comunicación audiovisual que no dispongan del correspondiente título habilitante. Ambas medidas confrontan con la reciente Ley Audiovisual de Andalucía, que fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos representados en el Parlamento Andaluz.

El Consejo de Ministros también apunta la ausencia del presupuesto habilitante del uso del decreto ley y se plantea su suspensión al entender que los perjuicios que puedan producirse por su aplicación pueden ser de difícil o imposible reparación, y por otro, por su relevancia, al incidir en el ejercicio de derechos de los ciudadanos.

Plan para la Mejora de la Regulación Económica

La Junta de Andalucía por su parte señala que esta reforma legal se enmarca en el Plan para la Mejora de la Regulación Económica cuyo objetivo es atraer inversiones y facilitar el acceso a la actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando y proporcionando seguridad jurídica, agilidad y una regulación más eficiente. El decreto 2/20 fue aprobado con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, incluyendo un centenar de medidas que afectan a 21 leyes y 6 decretos, en ámbitos como el turismo, el comercio, la salud, la industria agroalimentaria, la pesca, el medio ambiente, el urbanismo, la energía, los servicios sociales y los de carácter audiovisual.

Imagen: FAMP


JUAN CARLOS HIDALGO- secretario de Salud Laboral de UGT-A

El sindicato ha reclamado la convocatoria de una mesa de diálogo social sobre prevención de riesgos laborales, con el objetivo de aprobar una nueva ‘Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo’.

Hasta febrero de este año, se han registrado 120 accidentes laborales mortales en España. Son 27 más que en el mismo periodo de 2019. UGT lamenta este ascenso del 29%, además de los 194.580 accidentes laborales producidos en los dos primeros meses de este año. La formación sindical destaca que la primera causa de accidente laboral es el sobreesfuerzo físico sobre el sistema músculo esquelético, con 27.868 accidentes. La industria manufacturera es la sección de actividad que acumula mayor número de accidentes de trabajo, con 16.447 casos. Le sigue el comercio con, 12.000 registrados. En tercer lugar está la construcción, con 11.712 accidentes laborales.

Retorno a la actividad laboral presencial

Juan Carlos Hidalgo, secretario de de Política Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Andalucía destaca que las grandes problemas no han tenido problemas para abastecerse de los EPIs necesarios, aunque también ha destacado que el distanciamiento físico es relevante igualmente. Sin embargo, reconoce que para las pymes, el acopio de esos medios es más complicado y advierte que están preparando denuncias ante la Inspección de Trabajo hacia empresas, sobre todo de la construcción, no solo por la ausencia de EPIs, sino también por no respetar las medidas de distanciamiento o higiene.


ALEJANDRO PERALES- Asociación Usuarios de la Comunicación 

La Asociación de Usuarios de la Comunicación valora el primer paso para recurrir al Tribunal Constitucional el decreto 2/20 que modifica la Ley Audiovisual de Andalucía.

Ha elaborado un informe sobre sus consecuencias para mostrar su preocupación por el desmantelamiento del servicio público de radio y televisión en Andalucía que supone este decreto. El presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, Alejandro Perales, afirma que el decreto ley 2/20 contraviene la legislación estatal básica en materia audiovisual. Además, lamenta la ausencia de los criterios óptimos de participación y de transparencia en su convalidación en la Diputación Permanente de la Cámara Autonómica. Del mismo modo, critica que contemple la reforma de la Ley Audiovisual de Andalucía. Alejandro Perales matiza que, debido a su reciente aprobación, es referente para los cambios legislativos que se tienen que producir, en esta materia, en el conjunto del Estado.

Del mismo modo, Alejandro Perales explica que el Decreto 2/20 parte de un mal diagnóstico. En lugar de resolver los problemas que pueden presentar los medios locales públicos y comunitarios y mejorar sus condiciones para que puedan realizar su labor con sostenibilidad y profesionalidad, se ha optado por realizar un «efecto llamada» al empresariado privado dándole todo tipo de facilidades en detrimento, precisamente, de estos medios de proximidad.

Primer paso

Ya este martes se anunciaba el paso del Consejo de Ministros para pedir al Consejo de Estado el informe preceptivo con el que recurrir el decreto de la Junta que modifica, entre otras normas, la Ley Audiovisual de Andalucía. El grupo parlamentario de Adelante Andalucía, que también está iniciando acciones para llegar a ese recurso de inconstitucionalidad, valora este paso. Mientras, no dejan de sumarse entidades al manifiesto firmado, entre otras por esta casa EMA-RTV, que pide al Consejo Audiovisual de Andalucía que se pronuncie sobre este decreto. Por ejemplo, la Asociación de Usuarios de la Comunicación, que también ha elaborado un informe sobre sus consecuencias mostrando preocupación por el desmantelamiento del servicio público de radio y televisión en Andalucía que supone este decreto.


ANTONIO GARCÍA LIZANA- catedrático de Política Económica de la Universidad de Málaga

Antonio García Lizana, catedrático de Política Económica de la Universidad de Málaga, considera fundamental el papel que está jugando la sociedad civil organizada y el tercer sector en cuanto a las iniciativas que están llevando a cabo para amortiguar el impacto de la crisis

200.000 millones de euros que ha movilizado el Gobierno de España, después de un primer paquete de más de 18 mil millones de euros. Supone más del 20 por ciento del PIB español; hay que decir que la mayor parte corresponden a recursos íntegramente públicos, pero dentro de las partidas a las que atiende este desembolso, hay algunas que se complementan con recursos privados, como los 83.000 millones de euros de los créditos que se esperan que concedan las entidades financieras y a los que respondería el Gobierno de España con la mitad de esos 200.000 millones de euros en avales para que finalmente los concedan.

Antonio García Lizana nos ayuda a intentar leer la letra pequeña de estos fondos económicos, en cuanto a qué colectivos o personas atiende -y a cuáles puede estar dejando atrás- y para intentar vislumbrar la capacidad del Estado y las administraciones para responder a este gasto extraordinario y no previsto.

Ante un contexto postcrisis, el catedrático de Política Económica destaca que los ámbitos geográficos con un mayor peso de sectores económicos basados en la estacionalidad o en la extracción de recursos, como la agricultura, son los que presentan mayores índices de exclusión social y sufren, por tanto, un mayor impacto de las crisis. En este sentido, apuesta por la concertación política para establecer un contexto productivo con mayor peso del sector industrial.


La Asociación de la Prensa de Sevilla es una de las firmantes de la carta abierta al Presidente de la Junta de Andalucía para pedir la retirada del decreto 2/20 que modifica 21 leyes. También firma la remitida al Consejo Audiovisual de Andalucía para pedir que se pronuncie en relación al decreto de mejora y simplificación administrativa. 

La APS ha compartido este comunicado en su página web: 

La Asociación de la Prensa de Sevilla considera una muy buena noticia que el Gobierno haya dado un primer paso para llevar al Tribunal Constitucional el decreto ley 2/20 aprobado recientemente por el Ejecutivo andaluz, que introduce cambios muy sustanciales en la Ley Audiovisual de Andalucía. Sin entrar a valorar si este decreto ley invade las competencias del Estado, la APS insiste en que las modificaciones efectuadas suponen un grave perjuicio para los medios de comunicación locales, tanto públicos como privados, así como para el periodismo y sus profesionales. La Asociación destaca que en el decreto ley del Gobierno andaluz hay, esencialmente, tres aspectos que suponen un duro golpe para la tan necesaria información y comunicación pública local, y que abren todas las puertas a privatizaciones y al blanqueo de situaciones ilegales.

La nueva normativa permite que las empresas puedan anunciarse en emisoras ilegales, las conocidas como radios piratas, e, incluso, emitir campañas institucionales a través de agencias de publicidad, sin ningún tipo de sanción. Así mismo, posibilita que los ayuntamientos puedan alquilar la gestión y el funcionamiento de sus emisoras a cualquier persona o empresa, por lo que las radios municipales perderían por completo su carácter público y su condición esencial de servicio público. La tercera cuestión grave es que el decreto no obliga a los beneficiarios de licencias a disponer de estudios y trabajadores, permitiendo que sean simples postes reemisores de una señal.

Falta de diálogo

Desde la APS no se entiende la urgencia en aprobar este decreto, y que no se haya negociado con todos los sectores de la comunicación en Andalucía. Hay que recordar que el Parlamento andaluz aprobó la Ley Audiovisual hace solo un año y medio y por unanimidad, algo realmente extraño en estos tiempos. Al margen del recurso que el Consejo de Ministros pueda interponer ante el Tribunal Constitucional, la APS confía en que el Gobierno andaluz reconsidere su postura, dé marcha atrás y abra una negociación con todos los sectores de la comunicación en Andalucía.


RAFAEL MORALES – Presidente GECA

Ha remitido un escrito conjunto a las distintas administraciones públicas, en especial, a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta

En él se proponen 5 medidas básicas. Entre otras, exigen el pago inmediato de ayudas y facturas pendientes a creadores y gestores culturales. Recuerdan que la demora en estos abonos se ha convertido en una carga todavía mayor en estos momentos de crisis. En el caso de algunas instituciones, como la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, es estructural, acumulando meses e incluso años de retraso. Del mismo modo, proponen un Plan Excepcional de Actividades Culturales en toda Andalucía para los meses siguientes a la finalización del confinamiento. Las entidades firmantes también proponen la creación de la Mesa de Rescate Cultural como una herramienta de participación sectorial para la definición de un plan estratégico de urgencia, con la participación de agentes públicos, asociaciones profesionales y empresariales, instituciones y colectivos.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, Rafael Morales, recuerda el valor de la cultura como servicio esencial, instrumento de cohesión social y motor económico.

Reconocimiento

Por otro lado, Rafael Morales remarca el significado de la cultura como válvula de escape en estos días difíciles. El sector cultural es el que más nos ha acompañado durante el confinamiento, haciendo más llevadera la situación y favoreciendo otros tantos aspectos positivos, que tienen sobre nuestra salud física y mental, expresiones artísticas como la música, la literatura o el baile.


JAVIER GIL- Portavoz AGADEN

Mucho hemos hablado de las consecuencias negativas del decreto 2/20 de simplificación y mejora de trámites para el fomento de la actividad productiva en Andalucía, tanto en el sector audiovisual como en otros en los que se modifican leyes y normas ambientales.

Ahora, se empiezan a ver ya los ejemplos de sus repercusiones en la práctica y los colectivos ecologistas no han tardado en dar la voz de alarma.

Según la plataforma Salvemos Valdevaqueros, con el nuevo decreto para agilizar trámites administrativos, reducir el impacto socioeconómico del Brexit y de la pandemia del coronavirus, la Junta de Andalucía prepara el visto bueno del Sector SL-1 Valdevaqueros del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Tarifa. La promotora VALDEVAQUEROS PUEBLO SLU, como propietario mayoritario de ese sector, ya ha presentado documentación en la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la localidad gaditana para sacar adelante su iniciativa urbanística.

Recordarán que esta zona está siendo objeto en los últimos años de intentos de proyectos hoteleros y de ocio que degradarían una zona natural del litoral gaditano, Javier Gil, portavoz de AGADEN-Ecologistas en Acción.

Repercusión

Según la plataforma, estamos ante un decreto que emite una norma que pudiera considerarse contraderecho y de ahí que se estén planteando, además, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El decreto pone en peligro espacios como Valdevaqueros, Los Lances, Bolonia,porque se abriría la veda para construir campos de golf sin protección ambiental.


Se mantiene la prioridad del trabajo a distancia o teletrabajo cuando se pueda desarrollar de esa forma, además de las medidas de protección e higiene.

Tras la conclusión del permiso retribuido recuperable y las vacaciones de Semana Santa,  a partir de hoy lunes se vuelve a una situación de restricciones en la actividad productiva similar a la del inicio del del estado de alarma, ya que se reincorporan miles de trabajadores y trabajadoras de actividades no esenciales.

Entre los sectores que vuelven a la actividad se encuentran los sectores de la industria o la construcción. Sigue prohibida la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los relacionados con productos de primera necesidad, alimenticios, sanitarios, limpieza e higiene o estancos.

Tanto representes de la patronal como sindicatos han destacado la dificultad para reiniciar esta actividad con las medidas de protección necesarias para garantizar la salud y seguridad laborales por la escasez de recursos como EPIs.

Miguel Montenegro- secretario general de CGT Andalucía

Melesio Peña- presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía

Huelga en Airbus

CGT ha realizado una convocatoria de huelga en la empresa aeronáutica para dar cobertura legal a los empleados que quieran respaldarla y así no tengan que acudir a su puesto de trabajo si consideran que no está garantizada su protección frente a posibles contagios.


ENRIQUE BUSTAMANTE- Universidad Complutense de Madrid

El catedrático malagueño de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid, Enrique Bustamante, estima que es hora de que el Consejo Audiovisual de Andalucía se pronuncie en relación a este decreto-ley que contempla la privatización de los medios públicos.

Enrique Bustamente indice en que está teniendo una fuerte repercusión a nivel nacional, ya que atenta contra la Ley Audiovisual de Andalucía, el derecho a la libertad de expresión y de información. Del mismo modo, explica que es ilegal a ojos de la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Esta última, matiza Enrique Bustamante, estipula que el servicio público tiene que ser gestionado por las entidades públicas, los municipios o entidades sin afán de lucro, y no por empresas privadas a las que el gobierno les concede directamente la licencia.

Por otro lado, el catedrático de la Universidad de Sevilla, fundador de la Facultad de Comunicación y primer presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía hasta 2008, Manuel Ángel Vázquez Medel, trasladó en la Onda Local de Andalucía su reflexión: la convalidación del decreto de simplificación para el fomento de la actividad productiva en lo más grave ocurrido en Andalucía desde el inicio de la transición, un atentado contra las libertades y a favor de la manipulación informativa.

MANUEL ÁNGEL VÁZQUEZ-Catedrático de la Universidad de Sevilla

Manuel Ángel Vázquez Medel explica que los Consejos Audiovisuales son instituciones de culturas democráticas avanzadas para proteger los derechos y libertades de la ciudadanía. Remarca que han de estar al servicio de la ciudadanía, y no al de los intereses políticos.

Rechazo

Más de 20 organizaciones del sector audiovisual, sociales y sindicales piden al Consejo Audiovisual de Andalucía que se pronuncie sobre el Decreto 2/20. Enrique Bustamente es integrante de Teledetodos, una de las entidades firmantes de la petición conjunta. A ella también se ha sumado esta casa, EMA-RTV. El texto, se suma a la carta abierta dirigida al Presidente de la Junta de Andalucía y a los diferentes comunicados oficiales emitidos por los colectivos afectados por el Decreto 2/20. Puedes leerlo clickeando aquí.


Desde la Onda Local de Andalucía y EMA-RTV lamentamos la pérdida de nuestro compañero José Antonio Pérez Parra, operador de cámara de RTV Marchena. Ha fallecido por coronavirus tras la lucha contra la enfermedad desde el pasado 18 de marzo. Nuestro más sentido pésame a su familia, compañeros y vecinos de Marchena. 

Las radios municipales y ciudadanas van a solicitar a sus vecinos y vecinas que el aplauso de las 20:00 horas del martes 14 de abril sea dedicado a José Antonio Pérez Parra. 

La Diputación Permanente aprueba la convalidación del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía y rechaza la demanda de la oposición que se llevase a cabo como proyecto de ley de urgencia.

Los votos se han distribuido en 10 votos a favor, los de PP, Cs y Vox y los 8 en contra de PSOE y Adelante Andalucía. Es decir, que los partidos del gobierno andaluz y Vox dan vía libre para este decreto que viene a modificar 21 leyes y normativas existentes en Andalucía en ámbitos como el urbanístico, medioambiental, comercial o audiovisual.

Amplio rechazo y carta abierta al Presidente de la Junta

EMA-RTV, los colectivos profesionales de la comunicación, organizaciones sociales, facultades de comunicación, sindicatos, oenegés y medios de comunicación de Andalucía han firmado un comunicado y una carta abierta al Presidente de la Junta en los que alertan de las devastadoras consecuencias para el empleo, la pluralidad informativa y la diversidad mediática del Decreto Ley. Señalan que esta norma supone, de facto, una ruptura de los consensos políticos y sociales que llevaron a la aprobación de la Ley Audiovisual de Andalucía (2018) y que convirtió a la Comunidad andaluza en un referente en políticas audiovisuales a nivel estatal.

Las organizaciones denuncian las principales consecuencias de este Decreto, que ataca el cuerpo central de la norma andaluza como la privatización de los medios públicos locales, tanto de radio como de televisión. Además, contraviene uno de los objetivos de la comunicación local, que es la construcción de identidad territorial, al permitir que desembarquen empresas de comunicación desde fuera de Andalucía sin arraigo en el territorio, ocupando frecuencias que ahora son públicas. Esta particularidad permitirá que cualquier empresa pueda utilizar la frecuencia de la radio o televisión municipal sin fines de servicio público y para repetir una señal producida en Madrid, Barcelona o incluso, en el extranjero, algo que va claramente en detrimento del empleo andaluz, los contenidos locales y la articulación territorial.

Por otra parte, lejos de proteger el espacio radioeléctrico, afirman que este Decreto Ley permitirá a las empresas anunciarse en emisoras ilegales e incluso emitir campañas institucionales derivadas por agencias de publicidad sin que sean sancionadas. Esta norma garantiza impunidad a las emisiones piratas que merman la capacidad de ingresos por publicidad de las emisoras legales, tanto privadas como públicas, desregulando el sector, su transparencia y control fiscal.

El sector privado, también en contra

La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC),  principal asociación de las radios privadas que agrupa a las emisoras de PRISA, ATRESMEDIA y COPE, también se muestra contraria al decreto. En un  comunicado oficial señalan que «con el pretexto de agilizar trámites administrativos, se cambia el régimen jurídico de gestión de las emisoras municipales, facultando a los Ayuntamientos para que puedan ceder su gestión indirecta a terceros, incluidas las emisoras comerciales. Ello supone la utilización de un mecanismo legislativo propio de situaciones de urgente necesidad para conseguir, sin consulta al sector, sin debate parlamentario y sin trámite de alegaciones, la derogación del marco jurídico autonómico anterior por el que se regían las emisoras municipales, que tenían prohibida la gestión indirecta. Los términos de este Decreto Ley son contrarios a la legislación estatal básica que sirve de límite a la acción legislativa
autonómica, y que establece – atendiendo a la protección del pluralismo, y la promoción de la cultura, la educación y el entretenimiento fijados en la Ley General de Comunicación
Audiovisual- , que las Comunidades Autónomas no tienen competencia para acordar la gestión indirecta de las emisoras municipales».


ÓSCAR REINA- Sindicato Andaluz de Trabajadores

Así lo señala el portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Óscar Reina, en su análisis de las condiciones laborales de las personas migrantes que sustentan la actividad productiva en el campo.

Afirma que, con esta crisis, se ha puesto de manifiesto la importancia de la alimentación. Por tanto, mantiene que esta consideración debe extenderse a quienes trabajan su base, el campo, y desempeñan las tareas de recolección. Óscar Reina explica que la necesidad del propio sistema no se corresponde con las condiciones particulares del empleo agrario, que se caracterizan por la precariedad. Precisamente, esto ha abierto una línea de debate tras conocerse que las personas inmigrantes pueden trabajar de forma regularizada en el campo para atender la falta de mano de obra.

El portavoz nacional del SAT incide en el abuso generalizado de las personas migrantes que trabajan las campañas agrícolas. En este sentido, Óscar Reina indica que la Inspección de Trabajo de Huelva ya ha recibido cerca de 100 denuncias desde el 14 de marzo.

Vigilancia

La posibilidad de que las personas en paro y las personas inmigrantes puedan trabajar de forma regularizada en el campo para atender la falta de mano de obra agrícola ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre las leyes de extranjería y también sobre las condiciones particulares del empleo agrario. Bien es sabido que las zonas rurales y el campo necesitan personas que trabajen en él para combatir ese fenómeno de la despoblación y no solo ahora para cubrir una situación de crisis o posible desabastecimiento de alimentos. Por eso, nos preguntamos si ahora que hay esa necesidad y que se agilizan medidas para promover las contrataciones, ese esfuerzo se dirige también en vigilar las condiciones en las que se producen.


FRANCISCO SOLANS- Asociación de Abogados Extranjeristas

Así lo traslada en la Onda Local de Andalucía Francisco Solans, portavoz y vicepresidente de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Piden al Gobierno central que abra un mecanismo de ejecutividad inmediata que conceda autorización para residir y trabajar, por razones extraordinarias, a toda persona migrante en situación irregular. Desde la Asociación de Abogados Extranjeristas reclaman desde hace tiempo que la política de inmigración se flexibilice y se adecue a las realidades sociológicas y económicas de nuestro país. Así lo traslada el portavoz y vicepresidente de la Asociación de Abogados Extranjeristas, Francisco Solans. A esto añade que las personas migrantes son imprescindibles para el sustento del campo, ya que juegan un papel determinante en la producción y recolección de sus cosechas.

Francisco Solans explica que con el decreto de apoyo al campo, publicado en el BOE este miércoles, se reafirma la política de inmigración enfocada desde la óptica policial, del control y del cierre de fronteras. Añade que este enfoque se impone, incluso, sobre las situaciones de necesidad de toda la población

Contexto

Este martes, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto-ley para la contratación de personas migrantes y desempleadas en el sector agrario. El decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla que parados, trabajadores que estén cobrando el subsidio agrario, inmigrantes con permiso de trabajo e inmigrantes jóvenes sin él puedan incorporarse a las tareas de recogida del campo durante la crisis del coronavirus. Algunos sectores agrícolas tienen carencia de mano de obra desde unas semanas debido a las restricciones de movilidad. El Gobierno calcula que hacen falta entre 75.000 y 80.000 empleados y empleadas.


MANUEL DELGADO- Catedrático Economía Aplicada US

La plataforma rechaza ampliamente esta medida, tanto por su fondo como por su forma. 

El decreto de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucíaya llegó por la vía de urgencia a la Diputación Permanente de la cámara autonómica en pleno estado de alarma. La Plataforma Andalucía Viva señala en su posicionamiento escrito que este este abre el camino a la desprotección de las actividades locales. También que elimina las barreras para facilitar que los grandes inversores sigan encontrando en Andalucía una fuente de apropiación de riqueza sin reparar en daños. Esto también conlleva el desembarco en lo local de otros grandes grupos empresariales de la comunicación muy distantes de Andalucía.

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y firmante del manifiesto de la Plataforma Andalucía Viva, Manuel Delgado, indica que esta norma refrenda que el sistema económico y político es un sistema oligárquico, aunque, en apariencia, tenga una fachada democrática.

Ausencia

En lo que se refiere a la privatización de los medios de comunicación públicos, Manuel Delgado pone de relieve la ausencia y el silencio del Consejo Audiovisual al respecto. Recordamos que el decreto de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía ha sido convalidado por la Diputación Permanente con el rechazo de grupos parlamentarios como Adelante Andalucía y PSOE. También de una amplia representación de colectivos profesionales y asociaciones como esta casa, EMA-RTV.


CRISTINA GARCÍA- Igualdad UGT

Es la reflexión que realiza la secretaria de Igualdad de UGT Andalucía, Cristina García.

En este contexto de confinamiento, la conciliación durante el teletrabajo es una pregunta recurrente que se llevan haciendo mucho tiempo las mujeres. Son, en su mayoría, las que cargan con las tareas del hogar y de los cuidados. El concepto que más pesa es el de la carga mental. Esto implica que aunque la ejecución de las labores se repartan, no significa que la preocupación, gestión y anticipación a las necesidades del cuidado de hijos e hijas, por ejemplo, se haga de forma equitativa. En este sentido, Cristina García, traslada las propuestas que realizan desde UGT Andalucía para afianzar la igualdad en el reparto de tareas, la conciliación y la corresponsabilidad.

Del mismo modo, la secretaria de Igualdad de UGT Andalucía pide que se valoren más los trabajados de cuidados y cuyo valor social y no se refleja ni en las condiciones de trabajo ni en los salarios.

Trabajos esenciales feminizados

Por otro lado los trabajos esenciales feminizados, como la sanidad, los centros de mayores, los cuidados a personas dependientes, los servicios sociales, el comercio de productos alimentarios, las farmacias, los servicios de atención a víctimas de violencia de género, la ayuda a domicilio, cuidado de dependientes, limpieza…, ocupados mayoritariamente por mujeres, siguen funcionando, en algunos casos a destajo, y estas trabajadoras también tienen que cubrir sus necesidades de conciliación, con los/as menores en casa. Esto se une a que algunos de ellos se caracterizan por los escasos salarios y la precariedad y, por tanto, la opción de reducir su jornada y salario para conciliar, sin ningún tipo de aporte económico, puede suponer para muchas mujeres la exclusión social. Además, esta reducción de jornada está supeditada al acuerdo con la empresa, cuestión nada fácil que ya hemos visto en las reducciones de jornada por cuidado de menor de 12 años, con una alta conflictividad.


PACO CASERO- Fundación Savia

Es la petición que traslada en la Onda Local de Andalucía el presidente de la Fundación Savia, Paco Casero.

Lo hace con motivo de la necesidad de mano de obra para dar respuesta a las campañas agrícolas de la temporada. Son millones de peonadas las que en estos meses se realizan en el campo andaluz. En los últimos años, muchísimas de ellas las ha cubierto el contingente de mano de obra extranjera que llega a nuestra tierra gracias a los convenios de colaboración. Sin embargo, debido al cierre de fronteras, esto ha resultado imposible. Por esta razón, Paco Casero propone la incorporación al campo de las personas migrantes que viven en condiciones infrahumanas en los asentamientos. Así tendrían la posibilidad de vivir en condiciones de vida más dignas.

Del mismo modo, el presidente de la Fundación Savia habla de la necesaria regularización de las personas en situación administrativa irregular en nuestro país. Pide coherencia en la resolución de la carencia de mano de obra en el campo. Esta, incide, pasa por eliminar un foco inhumano en Andalucía, como son los asentamientos de infraviviendas diseminados por la comunidad autónoma.

Enfoque

Parece que ha tenido que llegar una emergencia sanitaria para que se empiece a ver el campo y sus trabajadores como esenciales e indispensables. Y para ver también las injusticias que sufren a pesar de ser quienes nos abastecen y mantienen vivos nuestros territorios. Un sector que está reclamando ser reconocidos con más apoyo y ayudas. De hecho, en estos momentos hay en marcha varias campañas que necesitan mano de obra, como la de los frutos rojos, el ajo, la cebolla o la fruta de hueso.


MANUEL CHAPARRO – Director EMA-RTV

Así lo advierte el catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga y director de EMA-RTV, Manuel Chaparro.

La Diputación Permanente de la Cámara Autonómica ha aprobado este jueves la convalidación del Decreto ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía con 10 votos a favor, los de Partido Popular, Ciudadanos y Voz, y los 8 en contra de PSOE y Adelante Andalucía. También se ha rechazado la demanda de la oposición de que se llevase a cabo como proyecto de ley de urgencia.

Mientras, EMA-RTV y otros colectivos de periodistas, sindicales, ecologistas, educativos, consumidores y de autónomos, han escrito una carta dirigida al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, solicitando la retirada del decreto. Precisamente, desde el grupo parlamentario socialista han criticado la privatización de los medios públicos que conlleva el decreto ley de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía. Así se pronunciaba este jueves en la Diputación Permanente Manuel Jiménez Barrios. 

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS – Grupo parlamentario socialista

Al respecto, el director de EMA- RTV, Manuel Chaparro, considera que no existe una conciencia sólida sobre la importancia del relato de los medios de comunicación de proximidad como vertebración del territorio, construcción de comunidades y relaciones entre la ciudadanía. Por ello, critica que los propios medios de comunicación no se hayan hecho eco de este asunto, por lo que tampoco hacen una labor pedagógica a la ciudadanía para que cale un mensaje que reconozca con rigor el significado de la modificación de 21 leyes, entre ellas la Ley Audiovisual de Andalucía, de manera unilateral y con miras hacia el beneficio económico en detrimento de las normativas básicas de regulación en distintos ámbitos.

Ausencia

Por otro lado, Manuel Chaparro lamenta que el Consejo Audiovisual de Andalucía no se haya pronunciado hasta la fecha al respecto. Recuerda que es un órgano institucional independiente que se paga con los presupuestos de todos los andaluces y andaluzas y en el que están representados todos los partidos políticos.


Las organizaciones firman un comunicado en el que piden a la Junta de Andalucía y el Parlamento andaluz la paralización del decreto que modifica la Ley Audiovisual de Andalucía ante la falta de consenso y el impacto negativo que tendrá sobre el empleo y la pluralidad informativa.

EMA-RTV, los colectivos profesionales, organizaciones sociales, facultades de comunicación, sindicatos, oenegés y medios de comunicación de Andalucía han firmado un comunicado en el que alertan de las devastadoras consecuencias para el empleo, la pluralidad informativa y la diversidad mediática del Decreto Ley 2/20, de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, aprobado por el Gobierno Andaluz y remitido para su validación al Parlamento regional. Esta norma supone, de facto, una ruptura de los consensos políticos y sociales que llevaron a la aprobación de la Ley Audiovisual de Andalucía (2018) y que convirtió a la Comunidad andaluza en un referente en políticas audiovisuales a nivel estatal.

Las entidades firmantes denuncian las formas con las que ha actuado el gobierno de la Junta de Andalucía, llevando a la Diputación Permanente y en pleno Estado de Alarma por el COVID-19 importantes cambios sin debate alguno y menos de dos años después de dar el visto bueno a la actual Ley por parte de todos los grupos políticos del Parlamento. En esta línea, piden al Gobierno andaluz que abandone la unilateralidad y vuelva a la Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual en Andalucía (MOISA) para alcanzar los consensos necesarios que mantengan la esencia de la norma andaluza que tanto tiempo y esfuerzos costó construir.

Las organizaciones denuncian las principales consecuencias de este Decreto, que ataca el cuerpo central de la norma andaluza como la privatización de los medios públicos locales, tanto de radio como de televisión. Además, contraviene uno de los objetivos de la comunicación local, que es la construcción de identidad territorial, al permitir que desembarquen empresas de comunicación desde fuera de Andalucía sin arraigo en el territorio, ocupando frecuencias que ahora son públicas.

Esta particularidad permitirá que cualquier empresa pueda utilizar la frecuencia de la radio o televisión municipal sin fines de servicio público y para repetir una señal producida en Madrid, Barcelona o incluso, en el extranjero, algo que va claramente en detrimento del empleo andaluz, los contenidos locales y la articulación territorial.

El artículo 5 del Decreto Ley que reforma la Ley Audiovisual establece la supresión del articulo 38.1.c, eliminando la obligación de disponer de estudio de producción operativo en el ámbito territorial de cobertura (seas municipal, comercial o comunitario). Esta medida es contraria a la Ley General Audiovisual y a los principios inspiradores de la Ley andaluza.

Por otra parte, lejos de proteger el espacio radioeléctrico, este Decreto Ley permitirá a las empresas anunciarse en emisoras ilegales e incluso emitir campañas institucionales derivadas por agencias de publicidad sin que sean sancionadas. Esta norma garantiza impunidad a las emisiones piratas que merman la capacidad de ingresos por publicidad de las emisoras legales, tanto privadas como públicas, desregulando el sector, su transparencia y control fiscal.

El decreto degrada el papel del Consejo Audiovisual Andaluz, prescindiendo de sus informes para determinados asuntos entre ellos los cambios de adjudicatarios en los negocios jurídicos con las licencias obtenidas en concurso público. Con esta decisión, el gobierno andaluz minusvalora al sector audiovisual y pone en riesgo industria y empleos.

El decreto del Gobierno deja al sector audiovisual andaluz, que esperaba con urgencia la puesta en marcha de las medidas anunciadas en la Ley Audiovisual aprobada por unanimidad hace menos de dos años, tocado de muerte. Al auge de la piratería, el mercadeo de licencias y la dificultad en la articulación territorial en una región de más de 8 millones y medio de habitantes y 87.000 km cuadrados se suma este despropósito del gobierno regional que pretende convertir Andalucía en un mero satélite transmisor, un latifundio mediático sin información local, destruyendo empleo y comprometiendo el futuro del audiovisual andaluz. La ciudadanía andaluza no ha pedido tamaña desregulación.

Las organizaciones firmantes defienden que no es una exigencia ni una necesidad del sector audiovisual este Decreto, más bien al contrario, entienden que es necesario poner en marcha con urgencia las medidas de control e impulso del audiovisual contempladas en la Ley. Es por ello que piden a la Junta de Andalucía paralizar la aprobación de este decreto y convocar una mesa de diálogo con urgencia y sin excusas.

Organizaciones firmantes

Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA-FeSP) Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión (EMA RTV) Red Estatal de Medios Comunitarios (ReMC), Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD), Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla Asociación de la Prensa de Cádiz, Asociación de la Prensa de Almería Asociación de la Prensa de Sevilla Asociación de la Prensa de Huelva Asociación de la Prensa de Málaga Asociación de la Prensa de Córdoba Facua – Consumidores en acción, Colectivo Escuelas de Calor.

Puedes descargarte el comunicado oficial clikeando AQUÍ.


Al Presidente de la Junta de Andalucía
D. Juan Manuel Moreno Bonilla
Sevilla, a 31 de marzo de 2020

Sr. Presidente,
Nos dirigimos al Presidente de la Junta de Andalucía con el interés de que su Gobierno considere que, como de representantes del tejido social y productivo de nuestra Comunidad, sería muy necesario que las empresas y entidades representantes de colectivos como el de que suscriben esta carta, así como resto entidades de los distintos sectores de actividad, y su representación en los órganos de participación de Andalucía, podamos ser participes y contribuir a la mejora del contenido del Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía.

El trámite utilizado ha obviado elementos de participación ciudadana que entendemos esenciales para una modificación de tal calado en la regulación andaluza, Para ello, necesitamos que se nos de la oportunidad de realizar las aportaciones que consideramos necesarias para la correcta y óptima aplicación de la referida reforma normativa. A sabiendas de que ya ha entrado en vigor, pero al no haber sido aún convalidado por el Parlamento de Andalucía, estamos a tiempo de su retirada.

Por todo ello, teniendo en cuenta que el referido Decreto-Ley, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 9 de marzo, engloba una reforma legal de gran calado que incluye a prácticamente todas las áreas del Gobierno con el fin de mejorar la actividad productiva y simplificar la tramitación.

En la norma a ratificar, se plantean aspectos sustanciales que han venido formando parte de las garantías exigibles para conseguir un equilibrio adecuado entre el crecimiento de la actividad económica y distintos ámbitos que pudieran verse afectados. Sin embargo, se plantea una profunda modificación en elementos estructurales de este equilibrio como puede ser en el ámbito medio ambiental, de comercio interior o de turismo entre otros.

Con esta pretensión recoge la modificación de 27 Leyes autonómicas y 6 Decretos. El Consejo de Gobierno de 9 de marzo justifica el Decreto Ley como: “…Batería de reformas normativas para mejorar los fundamentos de la economía andaluza y que le permitan en definitiva contrarrestar la desaceleración económica que ya se experimenta…”. De la misma manera dice textualmente que: ¨…La modificación de la Ley de Comercio Interior de Andalucía 2012 y el Decreto de 2014 que regula la declaración de Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) prevé incrementar la demanda un 0,9% y la creación de 3.000 empleos…”.

Con el fin de evidenciar toda la batería normativa que el Consejo de Gobierno ha modificado sin la concurrencia pública de muy diversos sectores sociales, consumidores, empresariales, económicos y sindicales andaluces se relacionan a continuación todas las modificaciones normativas aprobadas por el Decreto Ley 2/2020, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía:

1. Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio
2. Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía
3. Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas
4. Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina
5. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
6. Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía
7. Ley 1/2005, de 4 de marzo, por la que se regula el régimen de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
8. Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía; Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía
9. Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
10. Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y Calidad de los Vinos de Andalucía
11. Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía
12. Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía
13. Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía
14. Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía
15. Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía
16. Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía
17. Texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo
18. Decreto 2/2014, de 14 de enero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para la declaración de zonas de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales
19. Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía
20. Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, aprobado por Decreto 18/2015, de 27 de enero
21. Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, aprobado por Decreto 109/2015, de 17 de marzo
22. Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía
23. Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía
24. Decreto Ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables en Andalucía
25. Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía
26. Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía
27. Decreto Ley 4/2019, de 10 de diciembre, para el fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativas en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía, para la creación de una unidad aceleradora de proyectos de interés estratégico y por el que se modifica la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Esta profusión de normas modificadas, justifican que el Gobierno debiera haber tramitado en el Parlamento un Proyecto de Ley que, previamente y en fase de Anteproyecto, pasara por la fase de información pública a un sinfín de organizaciones interesadas e implicadas en la elaboración y regulación de un Proyecto de ley, así como de los controles y supervisión de órganos como el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social, el Consejo Audiovisual de Andalucía, el Consejo Andaluz de Comercio, el Consejo Andaluz de Turismo, el Consejo de las Pernonas Consumidoras y Usuarias de Andalucía y el Consejo Andaluz de Concertación Local.

Consideramos que esta amplia modificación normativa debería seguir el trámite establecido para un Proyecto de Ley en el que se nos diera participación a los distintos agentes sociales en fase previa a su aprobación por el Consejo de Gobierno y durante la tramitación parlamentaria.

Todo ello ha provocado, no sólo que no se hayan tenido en cuenta opiniones que hubieran sido enriquecedoras por parte de todos los colectivos a los que afectan estas normas sino que, incluso, se haya incurrido en ocasiones en redacciones de dudosa legalidad que pueden producir un daño irreparable a los sectores económicos a los que va dirigido este Decreto-Ley.

Por todo ello, las organizaciones andaluzas abajo relacionadas, con la pretensión de participar de manera transparente, y poder realizar ante el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía las aportaciones necesarias y oportunas en la modificación normativa que se pretende llevar a cabo, solicitamos que el Consejo de Gobierno RETIRE el Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía.

Esta solicitud consta con la conformidad y consenso de las siguientes entidades:

CCOO Andalucía, UGT Andalucía, FACUA Andalucía, El Colegio de Periodistas de Andalucía, Sindicato de Periodistas, UPTA, Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, EMA-RTV, Red de medios comunitarios, CAONG , Asociación de la Prensa de Cádiz, Asociación de la Prensa de Huelva , Asociación de la Prensa de Cordoba, Asociación de la Prensa de Sevilla, Asociación de la Prensa de Málaga, Asociación de la Prensa de Almería, Sindicato de Periodistas de Andalucía, Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, Red de Medios Comunitarios , CAONG y Colectivo Escuelas de Calor.


La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC),  principal asociación de las radios privadas que agrupa a las emisoras de PRISA, ATRESMEDIA y COPE, se muestra contraria al decreto de la Junta que permite la privatización de los medios municipales. Puedes consultar el comunicado oficial clickeando AQUÍ.


La aprobación de la Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía (LAA) supuso un hito en la historia de las políticas públicas de comunicación de Andalucía (PPC). Por primera vez un texto reunía toda la normativa dispersa en decretos en un solo texto siguiendo el marco legal establecido por la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual (LGCA, 2010).

La LAA viene a reforzar las garantías jurídicas de funcionamiento de los medios públicos y comunitarios de la Comunidad Autónoma. Una norma aprobada por unanimidad y consensuada entre todos los grupos parlamentarios, un caso inédito en la historia del Parlamento Andaluz.

Refuerza, así mismo, la consideración de servicio público de gestión directa de las emisoras municipales, siguiendo el criterio establecido en el primer texto legal aprobado en las Cortes en 1991, la Ley de Ordenación y Control de la Emisoras Municipales (LOCEM) y mantenido hasta la fecha en toda la normativa promulgada por el Estado y las autonomías.

A fin de evitar la posible colisión de intereses entre el sector radiofónico comercial y las emisoras municipales de radio se aprobó, a petición de las primeras, un estricto protocolo técnico que quedó recogido previamente en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT, 31/87) posteriormente en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora de 1989. Las emisoras no podían emitir con más 500W en aquellos municipios con población superior a los 50.000 habitantes, con 150W en los menores de 50.000 y de 50W por debajo de los 10.000, quedando reservada la banda desde los 107,00 a los 107,9 MHz para este servicio público. Estas exigentes condiciones limitativas fueron establecidas para evitar cualquier competencia comercial en cobertura y audiencia con la radio privada y en atención a lo solicitado en su día por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) y se mantienen vigentes en el artículo 13 del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora de 2006 (Real Decreto 964/2006).

En esta coyuntura es imposible que la radio pueda ser rentable económicamente no solo por impedimentos técnicos, sino además porque su obligación de prestar un servicio público marca diferencias claras con la comercial, a quien la LGCA exime de un principio básico como es la prestación del servicio público, ello le da ventaja para competir en el mercado de la publicidad y por supuesto también en el de las audiencias gracias a su mayor cobertura técnica al disponer de potencias de emisión entre cinco y diez veces más elevadas. Los mismos argumentos de servicio público son aplicables a la televisión municipal y los medios comunitarios.

Bajo estas premisas más de un centenar de emisoras municipales y comunitarias de radio y más de una veintena de televisiones, han venido emitiendo regularmente en una geografía donde los medios comerciales no pueden ofrecer contenidos de proximidad por la escasa rentabilidad económica que generan. Su lógica está sujeta a las emisiones en cadena con momentáneas desconexiones locales. La misma LAA, establece que estas desconexiones locales deberán ser al menos de (sólo) 15 horas de información a la semana, un mínimo insuficiente que además no suele ocupar las franjas estimadas de máxima audiencia en las programaciones.

La realidad es que las emisoras municipales de radio y televisión están cubriendo un vacío informativo y de conocimiento fundamental del territorio. Cumplen junto a las radios comunitarias un papel esencial en Andalucía mediante la producción de contenidos de proximidad útiles para la ciudadanía y garantizando el derecho de comunicación y de acceso. Más de 2.000 personas voluntarias colaboran cada día en estas emisoras y no menos de 600 organizaciones sociales encuentran un espacio único a través del cual pueden hacerse oír e incidir con contenidos de sensibilización. Este sector público ocupa a cerca de 600 personas en toda Andalucía que garantizan cada día la dinamización social y la información de proximidad. Estos valores no pueden ser desconsiderados en un territorio de ocho provincias con carencias y déficit de información endémicos e históricos que lastran la formación de la opinión pública y generan desconocimiento de la realidad.

A todo ello se le añade el esfuerzo de un trabajo en red que permite el intercambio de información y de contenidos entre un centenar de emisoras públicas y comunitarias que son parte de EMA-RTV. No hay ningún interés de lucro sino de contribución a la rentabilidad social de la comunicación y la información para satisfacer una demanda del territorio. El modelo de red EMA-RTV y sus estrategias de comunicación han sido replicados por la cooperación española en países como El Salvador, Guatemala, Bolivia, Argentina y Perú, para contribuir al fortalecimiento democrático mediante la construcción de ciudadanía y la generación de liderazgos. La red también trabaja con socios europeos y fondos de la Unión Europea en producciones audiovisuales que tienen el objetivo de sensibilizar sobre iniciativas y políticas transversales.

Nuestro sistema de medios es eminentemente privado y bajo el paraguas de grupos ajenos a la Comunidad, no siempre con domicilio social en Andalucía y en muchas ocasiones con instalaciones que no van más allá de un poste repetidor para replicar la señal transferida desde un centro emisor en Madrid. Sería recomendable analizar el uso de las frecuencias de radio comercial para entender que Andalucía no necesita ampliar el número de frecuencias en manos de los tres grupos privados dominantes, tampoco de nuevos actores, al menos a través de las frecuencias municipales. Hasta la fecha de las 216 frecuencias comerciales de FM que son competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, 89 emiten programación generalista en cadena (41%) dedicando escaso tiempo a contenidos locales y autonómicos (solo una cadena se ciñe a las 15 horas reseñadas, las otras dos marcas de referencia están muy por debajo de este rango). Un total de 122 antenas emiten exclusivamente programación musical en cadena y solo en contados casos hacen desconexiones para ofrecer información. Sólo cuatro concesiones permanecen al margen de los intereses de los grupos dominantes y son independientes. Todo intento por favorecer un mapa más plural y potenciar actores nuevos en el territorio ha fracasado por la flexibilización de las normativas que impedían la concentración, facilitar la privatización de los medios públicos reincide en los mismos errores ante la permisividad del negocio jurídico con las licencias.

Teniendo en cuenta que todas las frecuencias concedidas por el gobierno autónomo en concurso público lo fueron con el compromiso de emitir una programación eminentemente local, queda de manifiesto que el sector privado ha sido incapaz de hacer rentable sus antenas para los territorios en los que emiten. Una emisora local se define por cobertura de emisión, pero fundamentalmente por sus contenidos de proximidad. El recurso de emitir en cadena muestra el fracaso de las políticas públicas emprendidas, que han derivado en la continua flexibilización de las normas en favor de los grupos y evidencian el poco interés por poner en valor una información local imprescindible para la ciudadanía.

En esta realidad de intereses de la radio privada se mueven una treintena de ayuntamientos denunciados por haber privatizado el servicio de radio. Medios municipales que han abandonado la premisa de satisfacer un servicio público para tratar de hacerse rentables económicamente o reducir “gastos”, sin tener en cuenta que la actividad social y cultural que promueven es esencial y no puede ser considerada gasto sino inversión. En este conjunto de emisoras hay que diferenciar tres casuísticas, quienes han cedido la gestión a organizaciones sin ánimo de lucro, quienes lo han hecho a personas físicas o jurídicas que buscan el lucro, o aquellas que se dedican a repetir la señal de una cadena privada. Curiosamente en los dos primeros casos se siguen destinando fondos municipales justificados como pago al “servicio prestado”, argumento que contradice el criterio de que la privatización es parte de una política de ahorro e incluso de dinamización económica.

Las radios y televisiones municipales, como las radios comunitarias, no son rentables económicamente no por incompetencia, sino por falta de voluntades políticas para poner en valor el importante servicio que vienen prestando a la sociedad. El trabajo de información, las campañas de sensibilización e información emitidas y realizadas por las emisoras no son valorizadas económicamente pese a su utilidad y necesidad. Las agencias de publicidad basan sus planes de medios en el estudio de audiencias de EGM o Kantar, que están diseñados exclusivamente para medios con cobertura estatal, realizando ampliaciones de muestra para algunas comunidades autónomas siempre insuficientes en su muestra por motivos de costes y a demanda. Estos estudios son incapaces de recoger las audiencias locales, ni la suma de estas cuando emiten en red, lo que impide una financiación extra. Incluso penalizan a los medios autonómicos, insuficientemente representados en la muestra. Aun así, las emisoras comerciales acusan a los medios públicos locales de competencia desleal sugiriendo una doble financiación. Las campañas que emiten las radios y televisiones municipales son eminentemente locales y suelen estar fuera de las tarifas e interés de las cadenas, vienen a ser más un servicio público que una búsqueda de beneficio. Los aportes económicos de publicidad no son relevantes,pero tampoco debe ser el fin de las emisoras municipales la captación de publicidad para su financiación, sino cumplir con la exigencia legal de dar un servicio público a la ciudadanía al que radio comercial por criterios de rentabilidad económica defendidos en la LGCA no está obligada, quedando al arbitrio de decisiones empresariales.

La profesionalidad de quienes cada día hacen posible la radio pública local está llena de dificultades y sin embargo cumplen el objetivo de servir a su territorio. Siempre hay margen para la mejora como se advierte de la aplicación del indicador IRSCOM diseñado por la Universidad de Málaga, pero como también se recoge en este estudio son necesarias políticas de apoyo a la importante labor y el vacío que cubren. Medir los intangibles es un cometido de interés público como reconoce la LAA cuando se compromete a trabajar con indicadores de rentabilidad social. ¿Cómo medir la importancia de la labor informativa y de sensibilización realizada en esta crisis causada por el Covid-19? En estos días están emitiendo campañas de sensibilización propias, dando ánimo a sus vecinos, compartiendo información en red, asegurando que la voz de los actores locales, autoridades y sociedad civil, desde el contexto local, llegue a todas las personas. Esta labor es diaria durante todo el año.

Andalucía ha sabido desde el municipalismo construir un modelo único y ejemplar de red, a través de EMA-RTV y su servicio de distribución contenidos Onda Local Andalucía. Permitir la privatización de las emisoras públicas locales contribuye a destruir un tejido único, un ecosistema complementario a la actividad privada y pública del medio autonómico. Esta medida no enriquecerá las agendas informativas, ni redundará en la información de cercanía y la participación ciudadana.

La modificación de la LAA, pervierte el mapa de la radio y la televisión local en Andalucía al incentivar a los ayuntamientos a desprenderse de la prestación de un servicio público básico. La lógica, en las recomendaciones de las directivas de la UE, van en sentido opuesto, vienen a argumentar contra la concentración mediática y defienden la importancia de las ayudas públicas en ámbitos desfavorecidos por la inexistencia de agendas propias que atiendan el territorio, es una responsabilidad del gobierno no del mercado.

Las modificaciones contempladas en el decreto ley entran en colisión con los principios inspiradores establecidos en el artículo 2, apartado 1, de la actual LAA que proclama la defensa y potenciación del servicio público de comunicación audiovisual, la libre elección, como derecho de la ciudadanía a escoger los servicios de comunicación audiovisual sin que los intereses privados, ni las Administraciones públicas puedan condicionar sus decisiones y a la obtención, en función de la disponibilidad del espectro radioeléctrico, del equilibrio entre los prestadores del sector público, los comunitarios sin ánimo de lucro y los privados de carácter comercial. También contradice el apartado 2 de la LAA, que potencia el fomento y la defensa de la cultura andaluza, de los intereses locales y la promoción de la convivencia, impulsando la participación de los grupos sociales del ámbito territorial de cobertura.

El decreto tampoco considera el Plan Estratégico Audiovisual de Andalucía en cumplimiento de la LAA a elaborar cada cuatro años. El artículo 18 de la LAA que compromete esta planificación, define como objetivos fundamentales la defensa y potenciación de los servicios de comunicación audiovisual de titularidad pública autonómicos y locales, así como de los servicios audiovisuales de proximidad.

No obstante, el Plan Estratégico de subvenciones de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior 20/22, define como objetivo estratégico, la ordenación e impulso del sector audiovisual andaluz, el apoyo al servicio público de radiodifusión de ámbito local para que los municipios puedan mantener la prestación del servicio público de comunicación audiovisual radiofónico de ámbito local en las mejores condiciones, cumpliendo la previsión estatutaria (artículo 211), para que los medios de comunicación de gestión directa puedan “orientar su actividad a la promoción de los valores educativos y culturales andaluces, respetando, en todo caso, los principios de independencia, pluralidad, objetividad, neutralidad informativa y veracidad». Parece contradictorio con la propuesta contemplada en el decreto de permitir la privatización de los medios públicos locales.

Las medidas contempladas también entran en confrontación con principios vertebradores culturales y sociales contemplados en el Estatuto de Autonomía. Reconocer la legitimidad del gobierno para tomar las medidas que considere oportunas no implica que éstas sean las únicas amparadas en el buen criterio, el trabajo de consenso y unanimidad con el que se aprobó la LAA debe ser tenido en cuenta.

En consecuencia, por las razones expuestas quienes llevamos más de 35 años en la comunicación local y ciudadana en Andalucía sabemos de la importancia del quehacer de las emisoras públicas locales y comunitarias en la construcción de consensos y el importante papel de dinamización social que cumplen y expresamos nuestro sentir contrario a la reforma. En este sentido y tras un largo y enriquecedor debate proponemos:

Apertura de una mesa de diálogo para debatir los problemas del sector y el desarrollo de la LAA.

-Mantener el criterio de la gestión directa del servicio municipal de radio y televisión, única garantía para la prestación del servicio público establecido en la LGCA desde nuestros municipios y del cumplimiento de los derechos de acceso de la ciudadanía.

-Mantener la prohibición de las emisoras municipales de conectarse a cadenas privadas comerciales, cuyos fines están claramente diferenciados en la LGCA con los medios públicos. Las concesiones de frecuencia a municipios no pueden ser postes repetidores sin vinculación con el territorio y solo para beneficio a efectos de ingresos publicitarios de terceros.

-Mantener la obligación de los operadores comerciales, públicos y comunitarios de tener entre sus instalaciones estudios de continuidad y producción operativos en el territorio de cobertura, cumpliendo con las inversiones técnicas y de contratación comprometidas en las concesiones y facilitando en los casos previstos en la LAA el derecho de acceso a la ciudadanía.

-Que las ayudas destinadas a las emisoras públicas locales por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior se incrementen e incluyan a las prestadoras de servicios comunitarios bajo la garantía de estar obligadas a mejorar el servicio esencial que se presta atendiendo para ello a indicadores de rentabilidad social.

-Que se apoye el proceso de reversión de las emisoras municipales privatizadas y se busquen soluciones consensuadas urgentes que satisfagan los intereses municipales y de la ciudadanía. En este sentido debe habilitarse un plan de incentivos.

-Que la externalización solo puede afectar a la gestión publicitaria y a determinados programas patrocinados y nunca a espacios informativos o que pongan en riesgo el derecho de acceso.

-Declarar formalmente caducadas las licencias que no se hayan puesto en marcha en los plazos establecidos legalmente y que los ayuntamientos solicitantes de la reactivación de la misma estén obligados a renovar en la solicitud sus compromisos de inversión y proyecto técnico.

-Que se constituya el Consejo Participación Audiovisual de Andalucía previsto en la LAA: “órgano colegiado de naturaleza participativa, de carácter consultivo y asesor de la Administración de la Junta de Andalucía, adscrito al Consejo Audiovisual de Andalucía, con la finalidad de garantizar los derechos de la ciudadanía en relación con los servicios de comunicación audiovisual prestados en el ámbito de aplicación de la presente ley” (Art.12).


ANTONIO HIDALGO-CAPITÁN – Profesor de Economía UHU

Así lo traslada en la Onda Local de Andalucía el profesor de Economía de la Universidad de Huelva, Antonio Hidalgo-Capitán.

En situaciones de dificultad sobrevenida, de desconcierto y de saturación, acechan los bulos, fake news, pero también las teorías conspiranoicas. Acerca del origen del coronavirus hay varias. Lo que sí es cierto es la repercusión que está teniendo la amplia incidencia del virus en el ámbito sanitario, económico y social. Pero también ha promovido el pararse, detenerse, tener tiempo para pensar y replantearse la forma de vida que llevamos. De hecho, una de esas teorías se refiere al posible ultimátum que ha dado la tierra ante la forma devoradora de explotación de recursos, maltrato ambiental y subyugación de los más débiles, víctimas del sistema.

Es en este punto donde las cifras macroeconómicas sobran y donde ningún desarrollo es posible si no hay bienestar real e igualdad de oportunidades. Así, cabe ahora replantearse otros términos, como el ‘buen vivir’, un sentir comunitario despreciado por la cultura del individualismo. En este sentido, el profesor de Economía de la Universidad de Huelva, Antonio Hidalgo-Capitán, recalca la necesidad y urgencia del replanteamiento de las formas de generación de riqueza y de vida. Por otro lado, el profesor de Economía de la Universidad de Huelva, alude a las consecuencias negativas de la economía global, que se sustenta sobre los pilares del consumo excesivo y en la esquilmación de recursos. Esto se ha hecho aun más evidente con la crisis del coronavirus.

Inestabilidad

Antonio Hidalgo-Capitán mantiene que el actual sistema socioeconómico genera inestabilidad. Menciona el cambio climático como ejemplo pero también la desigualdad socioeconómica. Esto conlleva alteraciones en nuestra propia forma de vivir y las crisis sociales y humanitarias


PACO TERRÓN – Sindicato de Periodistas de Andalucía

Así lo traslada en la Onda Local de Andalucía el secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, Pacto Terrón.

La economía no esencial está paralizada desde este lunes para reducir contagios por coronavirus. Es una de las medidas tomadas este fin de semana por el Gobierno central, que endurece el confinamiento desde hoy. Las actividades consideradas no esenciales permanecerán paralizadas hasta el 9 de abril con el fin de reducir aún más la movilidad y el riesgo de infecciones y tratar de evitar el colapso en las UCI cuando llegue el pico de contagios.

El Gobierno permitirá ir este lunes 30 de marzo a trabajar a empleados que, aunque estén incluidos en los supuestos del permiso retribuido recuperable, tengan que realizar tareas necesarias para la interrupción adecuada de la actividad, lo que puede afectar sobre todo algunas industrias y la construcción. Se exceptúan de este decreto las actividades consideradas esenciales, como sanitarios, fuerzas de seguridad, el sector agroalimentario o el transporte de mercancías y también los medios de comunicación. Precisamente, es en ese sector donde ponemos el foco ahora. Según el Sindicato de Periodistas de Andalucía, una veintena de empresas de comunicación han presentado estos días expedientes de regulación temporal de empleo.

Importancia

El secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, Paco Terrón, explica que proponen desde la formación sindical el impulso de un plan específico de ayudas a las empresas de comunicación para garantizar la permanencia de los y las periodistas en un momento en el que la información es más necesaria que nunca. Asegura que, aunque es evidente que la primera línea de lucha contra el Covid-19 es el personal sanitario, la información también salva vidas. El secretario general del sindicato matiza que la ciudadanía toma decisiones en función de la información. Por ello, mantiene que la salud no solo depende de la atención médica sino también del acceso de la información que necesitamos en cada momento. Esto cobra mayor importancia en unos momentos en los que debemos conocer las amenazas y los medios que requerimos para protegernos de la pandemia. Paco Terrón indica que así lo han trasladado desde Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE.


JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ- Consejo Andaluz de graduados sociales

Alerta de la grave situación de parálisis de la economía como consecuencia de las últimas medidas laborales acordada por el Gobierno. 

Su presidente, José Blas Fernández, alerta en la Onda Local de Andalucía de la grave situación de parálisis de la economía y recuerda que el 90% de las empresas del tejido productivo andaluz lo conforman las pymes y las trabajadoras y trabajadores autónomos. Estima que están abocados al cierre con la anulación de la causa de fuerza mayor como motivo para llevar a cabo despidos objetivos y la paralización de las regulaciones temporales, los ERTEs. El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales también alude al desbordamiento de los más de nueve mil graduados sociales que ejercen su profesión en Andalucía ante la demanda de gestiones por parte de sus clientes, empresas y trabajadores y trabajadoras autónomas. También apunta a las medidas en constante cambio que, a su juicio, son contrarias al mantenimiento del empleo en el corto y medio plazo.

José Blas Fernández cree que se debería adoptar medidas realmente extraordinarias y ágiles de implementar. Como el aplazamiento de obligaciones fiscales durante el período que dure la crisis sanitaria y la capacidad para aplicar, de manera inmediata, los ERTEs, que son la única vía para garantizar el mantenimiento de los empleos.

Proposición

Desde el Consejo Andaluz de Graduados Sociales defienden que se anule el trimestre de abril, a efectos de liquidaciones de impuestos, y se haga un semestre excepcional en la fecha del segundo trimestre con aplazamientos de hasta 6 meses.


IGNACIO CARABALLO- Presidente de la Diputación de Huelva

Así lo ha trasladado en la Onda Local de Andalucía el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo.

El objetivo de este cónclave con los ayuntamientos onubenses es decidir el destino de los recursos económicos de la Diputación de Huelva, poder dedicarlos a las prioridades que se decidan y reforzar las medidas extraordinarias que tomarán tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía.

Por otro lado, la institución provincial y Cruz Roja han movilizado medios y recursos para poner en marcha una campaña de ayuda de emergencia en los asentamientos de infraviviendas de la provincia. Se ha destinado 60 mil euros para cubrir las necesidades básicas de estas personas cuya situación de vulnerabilidad se agrava por el confinamiento.

Iniciativa

Ignacio Caraballo puntualiza que los ayuntamientos y la Diputación de Huelva, están ofreciendo toda la ayuda a su alcance para garantizar la atención a las personas más vulnerables. Del mismo modo, asegura que se están perfilando a contrarreloj las medidas económicas para complementar el Real Decreto del Gobierno con especial enfoque sobre las medidas sociales. Ignacio Caraballo también destaca que la Diputación onubense utilizará el superávit del presupuesto de 2019 y todos los recursos del presupuesto de 2020 que no se desembolsarán por la suspensión de planes y actividades.


JUAN CARLOS-GIL- Fundación Renovables

Está programado para esta tarde, a partir de las 18:00 horas, y se enmarca en la serie #ConEnergíaDesdeCasa.

Juan Castro-Gil, patrono y vicepresidente de la Fundación Renovables cuenta en la Onda Local de Andalucía que podrá seguirse a través del canal de youtube de dicha fundación. Por este pasarán, en directo, expertos del sector a nivel nacional:

Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente.
María Neira, Directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Julio Díaz Jiménez, Científico Titular en la Escuela Nacional de Sanidad en el Instituto de Salud Carlos III.
Domingo Jiménez Beltrán, Exdirector de la Agencia Europea de Medio Ambiente y Patrono de la Fundación Renovables.

Objetivo

Este encuentro virtual también tiene el objetivo de atender a la problemática que se desata, entre otros factores, por la polución del aire provocada por ingentes emisiones de CO2. Precisamente, en estos días de parón de la actividad, los niveles han bajado. Por situarnos en el país, ha habido un descenso del 56% en Madrid y un 40% en Barcelona. Este asunto también va a tener un papel principal en el encuentro virtual de este viernes en el canal de youtube de la Fundación Renovables.


JUAN MIRALLES- Andalucía Acoge

La Federación Andalucía Acoge, junto al sindicato CCOO Andalucía, demanda una respuesta contundente por parte de las administraciones.

El motivo, el agravamiento de una ya de por sí situación de vulnerabilidad en los asentamientos de chabolas. Ante la crisis sanitaria, Andalucía Acoge recuerda que las personas que viven en estas no disponen de los mínimos recursos higiénicos o no pueden cumplir con el confinamiento por las condiciones de las propias infraviviendas. Así lo señala en la Onda Local de Andalucía Juan Miralles, uno de los portavoces de la federación y presidente de Almería Acoge.

Desde Andalucía Acoge consideran que es obligación de las administraciones dar solución a esta problemática, que ya era insostenible antes de la pandemia. Han llamado además al Gobierno central a actuar ante esta situación y que se coordinen los distintos municipios para que aporten sus infraestructuras y pueda emprenderse un realojo óptimo de estas personas. Además, Juan Miralles recuerda que las personas que viven en los asentamientos de infraviviendas son el motor económico de provincias como Huelva o Almería, ya que trabajan en importantes campañas agrícolas como la de los frutos rojos.

Propuestas

Las soluciones que proponen desde Andalucía Acoge y CCOO Andalucía pasan por alojar a estas personas en pabellones deportivos, centros municipales o autonómicos de las zonas, tal como se está haciendo en algunas ciudades con personas vulnerables que viven en la calle. O bien, según explican, ubicarlas en viviendas sociales o vacías de los municipios, instalar campamentos de viviendas prefabricadas que cumplan las condiciones suficientes de seguridad e higiene u otras estructuras que se utilizan para dar alojamiento a las personas en situaciones de catástrofes naturales.


EMA-RTV, y todas las voces que la integran, se suman a la labor divulgativa y de concienciación sobre el Covid19. Descárgatelas e incorpóralas a tu programación. 

AIRES CELTAS

BASS CLUB RADIO

ONDA COLOR- Málaga

ONDA COLOR- Málaga

RADIO PIZARRA- Málaga

ONDA PUNTA RADIO- Huelva

RADIO SINTONÍA- Puente Genil

ONDA LOCAL DE ANDALUCÍA

ONDA LOCAL DE ANDALUCÍA

MENSAJE MOTIVADOR 1- Pablo Martín

MENSAJE MOTIVADOR 2- Pablo Martín

MENSAJE MOTIVADOR 3- Pablo Martín

MENSAJE MOTIVADOR 4- Pablo Martín

CONSEJOS COVID-19 – Pablo Martín

CONSEJOS COVID-19- Pablo Martín

YO ME QUEDO EN CASA- Pablo Martín

FRENA LA CURVA- Pablo Martín

CAMPAÑA INSTITUCIONAL JUNTA DE ANDALUCÍA

CAMPAÑA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE SANIDAD


MANUEL CHAPARRO- Director EMA-RTV

Así lo señala en la Onda Local de Andalucía Manuel Chaparro, catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga y director de EMA-RTV. 

EMA-RTV lanza un comunicado de protesta sobre la incidencia y las posibles repercusiones de la modificación de la Ley Audiovisual. Lo hace tras la aprobación del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía. Este plantea una reforma de la Ley Audiovisual de Andalucía, aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios en 2018, y que permite la participación de entidades privadas en la gestión de los servicios públicos de comunicación local. También modifica la obligatoriedad de determinados informes del Consejo Audiovisual de Andalucía para agilizar procedimientos.

Al respecto, el Consejo de Administración de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, EMA-RTV, también ha trazado una batería de propuestas en relación a la modificación de la Ley Audiovisual. Una de ellas es la constitución de un Consejo de Participación Audiovisual, previsto en esta ley. El catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga y director de EMA-RTV, Manuel Chaparro, explica que corresponde al papel de representación de la ciudadanía para que se exprese, se establezcan debates, se mida con sensibilidad lo que ocurre en el sector audiovisual y se corrija desde el diálogo sus déficits.

Entidad

Recordamos que EMA-RTV, como entidad que aglutina a un centenar de ayuntamientos y emisoras andaluzas, participó de forma activa en la Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual, aportando ideas y medidas para la elaboración del anteproyecto de Ley Audiovisual en defensa de los medios públicos y ciudadanos, compareciendo ante la Comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, presentando enmiendas o estableciendo reuniones de trabajo con todos los grupos parlamentarios andaluces. Para acceder al posicionamiento de EMA-RTV  a las modificaciones planteadas en la Ley Audiovisual de Andalucía por el decreto ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, haga click aquí.


LOLA CONTRERAS – Asociación Andaluza de Barrios Ignorados

Así lo traslada en la Onda Local de Andalucía la presidenta de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, Lola Contreras.

En este sentido, la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados recuerda que la situación de confinamiento, provocada por el estado de alarma, y la suspensión de muchas actividades comerciales están ahondando en las dificultades que ya existían en estas zonas. Su presidenta, Lola Contreras, lamenta que todas las medidas para paliar los efectos del cese de la actividad económica y laboral dejen de lado a estas familias, cuya fuente de ingresos es principalmente la venta ambulante o el cuidado de personas enfermas.

A ello, la presidenta de la Asociación Andaluza de Barrios Marginados indica que aún no se sabe qué acciones se están emprendiendo desde los Ayuntamientos y desde la Junta para mitigar esta situación. Además, recuerda que aunque los servicios sociales continúen funcionando vía telemática, las familias de estas zonas tienen dificultad severa de acceder a estos por la falta de recursos.

Filosofía

La Asociación Andaluza de Barrios Ignorados es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2011. Su objetivo es mejorar el nivel de vida y autonomía de las personas que viven en los barrios ignorados y marginados de nuestra comunidad autónoma.


MANUEL DELGADO – Economía Aplicada Universidad de Sevilla

Es una de las reflexiones que traslada en la Onda Local de Andalucía el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Manuel Delgado.

Lo hace en un análisis de la globalización que tiene como unidad de operaciones todo el planeta. Manuel Delgado explica que el actual modelo económico se ciñe a las necesidades del capital y no al de las personas. Esto implica que se haya inflado una burbuja financiera. Es lo que ha ido pasando desde los años 80 del siglo pasado hasta nuestros días. Esta estalló, por lo que se desató la crisis financiera del 2008 pero, mantiene Manuel Delgado, sus efectos se cerraron en falso.

La explicación es que el capitalismo ha continuado funcionando con la misma lógica financiera, provocando cada vez mayor presión sobre los recursos en un escenario globalizado y en el que la demanda de materiales y energías es cada vez mayor. Por ello, Manuel Delgado dice que el modelo económico actual se ciñe a las necesidades del capital y no a las de las personas. Esto conlleva que se acentúe la crisis ecológica y social.

Estado de Alarma

Casi cumplimos una semana ya desde que se declarara el Estado de alarma por parte del Gobierno central. Días que pasan y que dan para reflexionar sobre el papel que desempeñamos cada uno en este mundo globalizado. De momento, ha quedado patente que el descenso del frenetismo ha hecho que nos detengamos a observar, ver la fauna urbana que convive con nosotros y que a menudo se siente cohibida en el espacio que hemos invadido; ha hecho también que ese ritmo pausado haya devuelto la limpieza al aire, al agua de ciudades masificadas de turistas como Venecia. Y así muchos detalles más.


ALBERTO MONTERO – Profesor Economía Aplicada en la Universidad de Málaga

Es una de las conclusiones del profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, Alberto Montero.

La traslada en la Onda Local de Andalucía en su análisis motivado por un escenario de de pérdidas económicas por el parón de la actividad en nuestro país. En este sentido, recordamos que el Gobierno central ha aprobado un paquete de medidas con un presupuesto histórico: 200.000 millones de euros. Se van a destinar a reducir el impacto del desempleo y el freno de la productividad, además de paliar los efectos sociales de esta crisis sanitaria.

Al hilo, Alberto Montero, recalca que la recesión económica hace mella en la dinámica del modelo económico pero existe una unanimidad sobre cómo actuar ante esta crisis derivada del coronavirus. A diferencia de la crisis económica del 2008, en la que existía mayor discrepancia sobre cómo actuar, Alberto Montero afirma que hay una conciencia colectiva sobre el camino que hay que tomar, en este caso, pasa por proteger y garantizar en la medida de lo posible las mejores condiciones para las personas con recursos limitados o que tienen incertidumbre en lo que se refiere a su puesto de trabajo.

De alguna manera, dice Alberto Montero, se trata de evitar que se destruya empleo y que desaparezcan, como consecuencia de esta crisis, las empresas que estaban siendo solventes antes de esta situación. Todo ello, como remarca el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, mientras se intenta la protección social de las personas que se están viendo perjudicadas.

Unión

Alberto Montero considera que, a nivel de los Estados y del Banco Central Europeo, también se ha entendido que no se puede salir de esta crisis con una sociedad más dividida como ocurrió con la anterior crisis económica del 2008.


MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ- Secretario general LANDALUZ 

Así lo señala el secretario general de la Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, LANDALUZ, Miguel Ángel Jiménez.

Como representante del 70% del sector agroalimentario andaluz y eslabón institucional clave para dicho sector, quiere transmitir un mensaje de tranquilidad y calma tanto al propio sector como a las personas consumidoras finales.

Miguel Ángel Jiménez también recuerda que no es necesario hacer acaparamiento de recursos en casa, ya que el abastecimiento está asegurado y se puede comprar con normalidad. De igual modo, señala la importancia de cumplir con las medidas de seguridad, también en beneficio de los y las trabajadoras que  se exponen a esta situación de riesgo. Estas son no acudir en avalancha a abastecerse, hacerlo tan solo una persona y con calma.  Ante el alarmismo y los bulos generados sobre un posible desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad en la distribución andaluza como consecuencia de los efectos del coronavirus, LANDALUZ quiere transmitir a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad y calma, asegurando que “las empresas andaluzas aseguran el abastecimiento gracias a la estructura de la producción alimentaria en Andalucía, que trabaja con eficiencia y dedicación”.

Responsabilidad, calma y buen hacer

No es la primera vez que productores y cadenas de distribución, así como todo el sector agroalimentario, se enfrenta a situaciones de este calado, habiendo superado de forma positiva los pasados acontecimientos, siempre desde la responsabilidad, la calma y el buen hacer de nuestras empresas, colaboradores y entidades públicas.


EVA NAVARRETE- Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía 

Así lo traslada en la Onda Local de Andalucía la decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, Eva Navarrete. 

La reforma de la Ley Audiovisual de Andalucía de forma unilateral por parte de la Junta de Andalucía a través de decreto ha puesto la voz de alarma en colectivos de periodistas y asociaciones de emisoras municipales como esta casa, EMA-RTV. Así, tras haber tenido acceso al borrador del decreto-ley de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía, en el que se plantea la reforma de esta ley, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía exige al Gobierno andaluz diálogo para abordar esta modificación.

Un decreto en el que, junto a otras normas, se incorporan, sin consulta alguna, modificaciones de gran calado tanto en la vigente Ley Audiovisual aprobada por unanimidad en 2018, como en la Ley de 2004 creación del Consejo Audiovisual de Andalucía. Este miércoles en la Onda Local de Andalucía, el Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid, Enrique Bustamante, señalaba que esta reforma degrada el servicio público de radio y televisión municipal y abre las puertas a un modelo de cadena comercial, ya que se permitirá la gestión directa de las emisoras por parte de terceros. Es decir, que los ayuntamientos podrán ceder su gestión a empresas.

Emisoras externalizadas

Esto llega tras conocerse que se ha declarado ilegal la cesión de «gestión íntegra» de una emisora municipal de Tarragona a empresas privadas, aunque sea «sometida a cierto control». La Ley Audiovisual de Andalucía recogía que la gestión de las emisoras y televisiones municipales era competencia únicamente de los ayuntamientos. Hasta el momento, cerca de una treintena de consistorios andaluces han externalizado sus emisoras públicas locales de manera ilegal.


MANUEL DELGADO – Economía Aplicada US

La inserción de Andalucía en los mercados globales hace que oriente sus recursos, trabajo y naturaleza a satisfacer las necesidades que están fuera de nuestra tierra.

En este sentido, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Manuel Delgado, explica que si la agricultura se orientase a cubrir las necesidades de los andaluces y andaluzas podría ser un gran motor económico que beneficiaría especialmente al medio rural. Así lo indica en relación a la dependencia de la economía andaluza al sector servicios, con el turismo y la hostelería como bandera económica de la comunidad. Precisamente, esta dimensión ya está sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria por la que estamos atravesando. Por ello, Manuel Delgado habla de la necesidad de un cambio en la dimensión de nuestra agricultura.

El motivo es que la agricultura andaluza es una gran plataforma agro-exportadora, con un solo monocultivo dominante, que es el olivar. Mantiene que la diversificación de la agricultura sería clave para que Andalucía deje de sustentarse en una economía cuya base son aspectos tan vulnerables como la demanda turística.

Crisis del campo

No olvidamos que la agricultura también atraviesa su propia crisis, provocada por los bajos precios, especulación, desequilibrios y dependencia climática.


JAVIERA OLIVARES- Periodista y docente universitaria

Así lo traslada en la Onda Local de Andalucía Javiera Olivares, periodista, expresidenta del Colegio de Periodistas y docente universitaria. 

La ONU denuncia que el Estado sigue violando los derechos humanos en las protestas y no hay avances significativos por parte del gobierno de Sebastián Piñera en la implementación de las 21 recomendaciones que el organismo le hizo hace tres meses. Algunas de ellas son desarrollar nuevos protocolos policiales para garantizar el uso adecuado de la fuerza, proteger el rol de los defensores y defensoras de derechos humanos o crear un mecanismo de seguimiento integrado por la sociedad civil y expertos independientes.

También se instó al Estado a realizar investigaciones “prontas y completas” para establecer la participación responsabilidad de agentes y sus líneas jerárquicas en esas violaciones. Mientras, familiares, amigos y compañeros de los jóvenes chilenos detenidos durante las protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera se han concentrado este jueves en las puertas del Tribunal de Garantía de Valparaíso para exigir su liberación.

Contexto

El país está inmerso en una oleada de movilizaciones que comenzaron, precisamente, hace justamente cuatro meses. Las protestas comenzaron el 18 de octubre en rechazo al alza del precio del Metro de Santiago, pero rápidamente se extendieron para exigir reivindicaciones sociales de hace más de 30 años, como salud y educación gratuitas y un sistema de pensiones justo. El 26 de abril habrá un plebiscito en Chile en el que se definirá si se realiza o no una nueva Constitución. También se definirá si tendrá una conformación mixta que incluya actuales congresistas o sólo constituyentes elegidos.


En la zona occidental de Sierra Morena, se encuentra La Sierra de Aracena.

Un área natural de amplias dehesas de encinas y alcornoques, olivares ecológicos, huertas y castaños. Unos verdes valles que dan cobijo a blancos pueblos con calles empedradas y forman en su conjunto la Sierra de Aracena. Una Sierra con grandes rutas de senderismo, en las que se puede aprovechar para ver formas geológicas singulares, como las piedras de la Gruta de las Maravillas en Aracena, los sedimentos rocosos de travertinos de Alájar y Zufre, los batolitos de origen magmático de las Peñas de Aroche o las Minas de Cala. Marilo Plaza Márquez, representante de la Asociación Cabildo Viejo, hace un apunte sobre los senderos de la Sierra de Aracena.

MARILÓ PLAZA – Asociación Cabildo Viejo

La Gruta de las Maravillas es una de las visitas obligatorias de esta Sierra, forjada por el tiempo con agua y piedra. Un excepcional conjunto de galerías, salones, lagos y cursos subterráneos a los pies del Cerro del Castillo de Aracena. Con 1.200 metros visitables la convierten en la cueva turística más extensa de toda España, una de las primeras en este tipo de turismo. Luisa María Márquez, coordinadora de la Gruta de las Maravillas, traslada la amplia riqueza subterránea de esta cavidad.

LUISA MARÍA MÁRQUEZ – Gruta de las Maravillas

Aprovechando esta visita, el Museo del Jamón de Aracena es una manera didáctica de conocer toda una cultura milenaria con el Cerdo Ibérico como protagonista. Todo ello de forma amena y explicativa a través de medios audiovisuales que, con las indicaciones del guía, se da soporte y aclaración a las consultas que puedan formularse. Manuel Jesús Martín, portavoz del Museo del Jamón, cuenta que en este lugar, además de aprender conceptos y la cultura del jamón, los y las visitantes pueden adquirir sus productos.

MANUEL JESÚS MARTÍN – Museo del Jamón

También se celebra cada año la Feria del Jamón, que en 2013 pasó a ser La Semana del Jamón Ibérico. Todo un acontecimiento gastronómico que, como no podía ser de otra forma, alaba su producto local más destacado, el cerdo ibérico. Sandra Feria de la Oficina de Turismo de Aracena, explica que a finales de octubre, la ciudadanía tiene una cita en esta feria donde podrán aprender el arte de cortar jamón y degustar este producto seña de identidad de la comarca.

SANDRA FERIA – Oficina de Turismo

La Casa Estrada en Cortegana, La Laguna de Cañaveral de León, El Mirador de la Dehesa de la Sierra de Aracena o La Mezquita de Almonaster La Real son también algunos de los monumentos que se pueden ver en la Sierra. Están construidos en diferentes épocas y de distintas estructuras, pero tienen un gran valor turístico. Otro enfoque cultural y arquitectónico que hacen de la Sierra de Aracena una zona llena de ofertas turísticas, gastronómicas y culturales.

Recordatorio

Ante la crisis sanitaria de estos momentos, se recomienda contactar previamente con los distintos centros turísticos.


AZUCENA GONZÁLEZ- Secretaria general UPA Cádiz

Así lo señala en la Onda Local de Andalucía la secretaria general UPA Cádiz.

Las reivindicaciones iban bajo el lema ‘Competencia desleal, ¡No!’ y según los organizadores, miles de agricultores y ganaderos andaluces habían confirmado su participación. Además estaba previsto que no se dejase entrar productos agroalimentarios importados ni salir mercancía del puerto gaditano. La manifestación estaba convocada por  Asaja, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias y COAG, que denuncian los constantes incumplimientos de los acuerdos comerciales agroalimentarios que la Unión Europea tiene establecidos con países terceros. La situación de las importaciones a España, dicen, se hace insostenible.

Una vez remita la situación de crisis sanitaria, los agricultores y agricultoras andaluzas volverán a concentrarse bajo el lema ‘Competencia desleal, ¡NO!’, tanto en el Puerto de Algeciras como en otras acciones reivindicativas. Lo harán hasta que no se tomen las medidas necesarias y urgentes que palien los graves perjuicios que sufre el sector.

Entrada

El puerto de Algeciras es una de las puerta de entrada más importantes, no solo a nivel autonómico y nacional , sino de toda Europa.


TERESA MENDOZA- Concejala de Turismo

La fiesta de La Botijuela, en la localidad cordobesa de Adamuz, mezcla la tradición de la zona con los mejores manjares. 

Con esta celebración, los adamuceños y adamuceñas festejaban el final de la recogida de la aceituna. Cada año, organizan una jornada donde la música, los bailes y los juegos populares son los protagonistas. Pero, además, la localidad cuenta con otra protagonista: su gastronomía, y en concreto, su aceite con Denominación de Origen que es nexo de unión entre los vecinos y vecinas tal y señala en la Onda Local de Andalucía Teresa Mendoza, concejala de Turismo de Adamuz

El aceite de Adamuz tiene desde hace unos años la Denominación de Origen Protegida Montoro Adamuz y ha sido premiado con varios reconocimientos debido a la peculiaridad del olivo de sierra.

Incertidumbre

Como en muchos otros puntos de la geografía andaluza, la celebración de este evento es una incógnita debido a la situación de alerta sanitaria por coronavirus, aunque el Ayuntamiento de Adamuz aún no ha tomado una decisión al respecto.


Con los datos actualizados, Andalucía suma 102 casos positivos de coronavirus, lo que supone un 4,5% del total de los 2.100 casos positivos en España, pese a que se trata de la comunidad autónoma más poblada.

Así lo ha anunciado hace unos minutos el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, en la comparecencia urgente convocada con motivo del aumento de los contagios.  Señala que el objetivo es garantizar la atención a las personas afectadas. También ha hecho un llamado al sentido común para usar de forma responsable los recursos sanitarios y los de atención telefónica de emergencias. Por ello, asegura que se pone en marcha una línea telefónica específica de información.

JUAN MARÍN – Vicepresidente de la Junta

Hay otras medidas de contención anunciadas por el Gobierno autonómico. Así, el también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local señala que se suspenden los actos, congresos y demás eventos multitudinarios en los que fueses a participar personas mayores, al igual que los viajes previstos con este colectivo. Juan Marín señala, también, que se tendrá especial incidencia en la zona de la Costa del Sol de Málaga, donde se concentran buena parte de las personas afectadas.

JUAN MARÍN- Consejero de Turismo

Además, asegura que las convocatorias de oposiciones que había programadas no se harán, al menos, hasta dentro de dos meses. Sin embargo, a diferencia de otras comunidades con más contagios, Andalucía no cierra de momento centros educativos, que permanecerán abiertos y ejerciendo su labor académica habitual. Eso sí, Juan Marín destaca que todas las instalaciones públicas de Andalucía se aprovisionarán de soluciones hidro alcohólicas para la desinfección de manos de la ciudadanía y fomentar así la prevención del contagio.


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