AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

Caso Barillas

La transnacional española con intereses en Barillas, ‘Hidro Santa Cruz’, quiere hacer desaparecer 300 comunidades indígenas y miles de hectáreas de bosque natural. La población comunitaria está siendo presionada para vender sus territorios, aun cuando su manera de entender el mundo está basada en el respeto a la naturaleza y a la madre tierra.

Sin embargo, la resistencia pacífica que opone la comunidad maya ha hecho que las autoridades y el ejército actúen de manera violenta contra ellos. El asesinato de uno de los  líderes comunitarios, Andrés Pedro Miguel, el pasado 1 de mayo, hizo que el ex militar y actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, decretase el estado de sitio en el municipio de Barillas. Desde entonces, decenas de líderes campesinos son perseguidos y han tenido que huir y refugiarse para que sus vidas no corran peligro.

El grupo de organizaciones mayas ‘Waqib’ Kej’ exige al gobierno guatemalteco el esclarecimiento de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos, a raíz de las acciones ejercidas en contra de la población local.

A continuación ofrecemos el cronológico de acontecimientos, gracias a nuestra corresponsal en Guatemala, Amalia Jiménez:

  • 02  de Octubre.

La sala de prensa del centro de medios independientes en Yalambojoch se llenò de la sabiduría de mujeres valientes durante la celebración del Festival por el Cuerpo, la Vida y el Territorio, Todas Somos Barillas:

Lideresas mayas de Barillas como Josefa Pascual o Hermelinda Simòn; de Nentón, como Marìa Guadalupe García; de territorio ixil, como Ana Laynez Herrera; asì como lideresas de la Nación Kuna como Sonia Henrìquez y de la Nación Ngobe, como Margarita Guerra se reunieron alrededor de los micròfonos de la Red de Mujeres de AMARC Guatemala, la Red Nosotras en el Mundo, Emisoras Municipales de Andalucía-Radio y Televisión, Petateras y Escribana, para explicar por qué para ellas, para sus pueblos y para la humanidad es importante proteger la Madre Naturaleza, igual que proteger el cuerpo, la vida de las mujeres.

Al otro lado de los micrófonos, mujeres españolas como Pamela Palenciano, Magdalena Ferrìn Pozuelo, Elena Arnaiz y Amalia Jiménez Galán y mujeres latinoamericanas como Amalia Lòpez, Ruby Escobar, Marìa Suárez y Yarman Jiménez.

En el conversatorio, pasamos revista a la conflictividad social generada por el mal proceder de la empresa española Hidralia-Econener, la desidia de las autoridades para garantizar el cumplimiento de las garantìas para el ejercicio de los derechos de las mujeres y los pueblos indìgenas, las consecuencias de los megaproyectos en la vida y espiritualidad de las mujeres y los pueblos indìgenas. En torno a estos temas, reflexionamos sobre las realidades, las causas, los desafìos, las alternativas…

La sala de prensa se convirtió en un espacio de contención, un universo de densa riqueza, una esfera de luz, que compartimos contigo ahora..

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  • 26  de Septiembre.

Mujeres mayas, mestizas, latinoamericanas y europeas celebran el cuerpo, la vida y el territorio en lugar sagrado

Amalia Jiménez Galán. Yalambojoch.

En un día Waxaq’ib Aj, según el calendario sagrado maya o Cholq’ij, centenares de mujeres mayas, mestizas, latinoamericanas y europeas se reunieron en oración y meditación alrededor del fuego para agradecer por el cuerpo, la vida y el territorio en un lugar sagrado cercano a la comunidad de Yalambojoch.

Mientras, este mismo día, las calles de Madrid fueron ocupadas por personas inconformes con la pobreza y el desequilibrio producidos por la alianza entre los poderes privados capitalizados y las autoridades de los poderes públicos. Mientras ahí, en las calles de todos, la policía emprendía una batalla campal contra quienes ejercían su derecho a la manifestación, en Yalambojoch, las mujeres que defienden su territorio de la explotación minera y la imposición de megaproyectos entregaron al fuego sagrado el dolor de haber sufrido persecuciones, amenazas y atentados por haberse atrevido a defender el territorio para ponerlo a salvo del modelo económico que fagocita la vida.

Las sabias mujeres mayas que orientaron la ceremonia guiaron a las demás para abrir sus corazones a la vida, al cuidado de la Madre Naturaleza, de la nación piedra, de las plantas, de los animales y de los elementos tierra, agua, aire y fuego. “Nuestros cerros, nuestras montañas, nos los han dejado nuestras ancestras y ancestros. Nos dijeron: esto es suyo, cuídenlo. Cuídenlo para ustedes y para las generaciones futuras”. En estas reflexiones han coincidido distintas lideresas mayas tanto en el día de ayer como en el día de hoy, para hacer conciencia de que la tierra no le pertenece a nadie. Nosotras somos de la tierra.

Por eso, cuando una empresa como la española Hidro Santa Cruz, también conocida como Ecoener, Hidralia, ingresa en territorio maya q’anjobal y comienza a comprar la tierra ancestral sin explicar qué uso se va a hacer de ella. Aprovechándose de las necesidades de las personas, según testimonios de líderes comunitarios… Cuando esta empresa no tiene en cuenta las distintas consultas comunitarias de buena fe en las que las comunidades mayas q’anjobales se han manifestado en contra de empresas mineras y de otras que puedan poner en riesgo su territorio… Cuando esta empresa obtiene las licencias legales para construir una hidroeléctrica en una catarata donde se encuentra un lugar sagrado maya q’anjobal, a pesar de que el estado no haya cumplido con su obligación de garantizar el cumplimiento del principio de consulta comunitaria establecido en el Convenio 169 de la OIT… Cuando esta empresa se dedica a levantar una valla que, de un día para el otro, impide el paso a sus guías espirituales y a las personas de la comunidad para que puedan llegar al lugar sagrado a realizar sus ofrendas, a desarrollar su espiritualidad en comunión con las formas de vida de los mundos sutiles… Cuando la conflictividad social que genera la imposición de esta hidroeléctrica termina saldándose con 1 muerto, 1 herido grave, la declaración de un estado de sitio en mayo de 2012, la detención irregular de personas durante meses (de hecho, tras ser demostrada la irregularidad de muchas de estas detenciones, algunas personas están recuperando su libertad poco a poco)… Cuando a día de hoy todavía se mantienen diez personas presas en la cárcel… Cuando las alianzas entre el capital y las autoridades del estado facilitan que se llegue a este nivel de descomposición y daño de tejido social sin que nadie piense en el dolor de las mujeres cuyos esposos tienen todavía órdenes de búsqueda y captura y están viviendo en lo oculto… Cuando nadie piensa en que hay personas que, como Ermelinda, tuvo que vivir tres meses separada de sus hijas por temor a ser encarcelada… Cuando todas estas cosas suceden en el nombre del desarrollo y el progreso… Cuando los tomadores de decisiones no dedican tiempo a escuchar a las personas en cuyos territorios van a intervenir… Cuando las empresas españolas e internacionales ven América Latina como pedazos de fincas que pueden comprar para realizar ahí los proyectos que les vengan bien a sus ganas y a sus bolsillos… Cuando hay una ciudadanía capaz de votar por mayoría absoluta a las autoridades que, aquí y allá, desatienden la vida para decidir en función de los números del dinero…. Suceden estas cosas: se desencadena algún tipo de muerte o de destrucción. Se desencadena el dolor.

Barillas, con el caso de la empresa Hidro Santa Cruz. El pueblo maya ixil, con el caso de la empresa Enel. San Miguel Ixtahuacán, con el caso de la minera Marlin. San Juan Sacatepequez con la empresa Cementos Progreso… son sólo algunas de las situaciones más conflictivas que se están viviendo en el Mayab’ (el territorio donde habitan los pueblos mayas), respecto a las decenas de concesiones y licencias de extracción de los llamados recursos naturales. No son ni una ni dos situaciones difíciles. Son decenas.

Muchas de las mujeres congregadas en este Festival por el Cuerpo, la Vida y el Territorio temen sentir en estas acciones un nuevo desembarque de colonialismo impositivo. Escuchándolas, yo me pregunto cómo explicarlas que algunas personas piensan que no es así, sino que creen que la colonización y el imperialismo ya terminaron hace cientos de  años, como un embajador español dijo una vez.

Y como les he escuchado a tantas personas lúcidas que son líderes y lideresas comunitarias, no es que ellas y ellos no quieran luz o agua potable. No es que no quieran. Lo que denuncian son los procedimientos. El hecho de que ni empresas ni autoridades del estado tengan en cuenta a las autoridades ancestrales de los pueblos originarios. Es el hecho de que todo se imponga malamente, manipulando y forzando. Es el hecho de que se imponga innecesariamente, sin ser conscientes de que la destrucción de un lugar sagrado supone la destrucción de vínculos de identidad y desarrollo espiritual. Con un diálogo abierto, en confianza, abierto al entendimiento mutuo… otras realidades estaríamos retratando ahora.

Compartiendo esta mañana alrededor de fuego sagrado con mis hermanas y escuchando cómo alguien de apellido Castillo pudo comprar el territorio del lugar sagrado al que ahora llaman San Francisco y que estaba lleno de cacas de vaca porque se usa como potrero…. Me preguntaba qué haríamos en las iglesias católicas si una empresa maya viniera a vallar toda la catedral diciendo que ha comprado con papeles legales ese territorio. Y después de vallarlo, impidiera el paso para realizar la oración. Y después de eso, pelara el lugar y lo convirtiera en un potrero para que las vacas hicieran su caca.

También me pregunto cómo volver a comprar un anillo de oro o un pendiente de plata, sabiendo que detrás de cada oro o de cada plata hay veneno, destrucción de agua, destrucción de vida… Ni embajadores, ni presidentes ni dueños de nada parece que estén por repensarse…. muchas, muchas, muchas realidades todavía para interiorizar, para llevar a la conciencia, para depositarlas en el motor de la transformación interna.  Porque Otro Mundo Es Posible, como lo fue posible esta mañana en Yalambojoch o en las calles de Madrid.

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  • 25  de Septiembre.  

Mujeres latinoamericanas y europeas se dan cita en Guatemala para defender el cuerpo, la vida y el territorio del impacto de una empresa española

Amalia Jiménez Galán. Emisoras Municipales de Andalucía-Radio y Televisión

Con una marcha y una concentración en la plaza central de Huehuetenango, Guatemala, dio comienzo el Festival Cuerpo, Vida y Territorio, en solidaridad con las comunidades del municipio de Barillas que denuncian a una empresa española por no respetar sus derechos colectivos.

La empresa española Hidro Santa Cruz, también conocida como Hidralia-Ecoener, está imponiendo la construcción de una hidroeléctrica sin considerar que eso ocasionaría la destrucción de un lugar sagrado maya q’anjobal y sin tener en cuenta que no se ha respetado el principio de consulta comunitaria establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En las distintas intervenciones de las lideresas, quedó claro que lo más grave es el irrespeto que se traduce en la criminalización de las y los defensores de derechos colectivos. En los actos públicos de  Huehuetenango y Nentón, las mujeres denunciaron las irregularidades de varios procesos penales en contra de líderes y lideresas que defienden su territorio de la empresa Hidro Santa Cruz. A día de hoy, continúan encarceladas diez personas por oponerse al proyecto hidroeléctrico de la empresa española Hidro Santa Cruz, también conocida como Hidralia-Ecoener.

Los centenares de mujeres que se han dado cita para marchar entre Huehuetenango, Nenton y Yalambojoch están denunciando situaciones similares de irrespeto en otros proyectos de exploración o explotación minera, así como las consecuencias de la extensión de los monocultivos en distintas áreas de Guatemala, como San Rafael Las Flores, San José del Golfo, San Juan Sacatepequez, Polochic… Uno de los principales lemas aclamados por las mujeres es: “La Madre Tierra no se compra ni se vende, se defiende”.

Por eso, las mujeres mayas, guatemaltecas, latinoamericanas y europeas se han dado cita para apoyarse mutuamente en la defensa del territorio, pues es prioritario el cuidado de la salud, el agua  y la Madre Naturaleza frente a las políticas neoliberales y patriarcales centradas en el mercado y que no aportan soluciones responsables con la vida a largo plazo.

El Festival por el Cuerpo, la Vida y el Territorio se realizará durante toda esta semana. Además de los actos públicos de reivindicación y sensibilización social, se tiene previsto la realización de talleres y encuentros de sanación de las situaciones de violencia, amenazas y atentados a los que se han visto sometidas las mujeres. Habrá espacios para la reflexión colectiva, la definición de estrategias y articulación para la defensa del cuerpo, la vida y el territorio.

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  • 19 de Septiembre.  

Carta abierta al sistema de justicia

Por la liberación inmediata de los 11 líderes indígenas capturados ILEGALMENTE en el marco del estado de sitio en Barillas

Por la liberación de los presos políticos de Barillas

Las personas abajo firmantes, originarias de Guatemala y otros países, dedicadas a la investigación social, la academia, el arte, las luchas feministas, la defensa de los derechos humanos, de la tierra, territorio y de la naturaleza, comprometidas con las luchas de los pueblos indígenas y con la construcción de una sociedad justa y pacífica, manifestamos que estaremos vigilando que la audiencia que se llevará a cabo el día 19 de septiembre en Santa Eulalia, para determinar el futuro de 9 de las personas detenidas ilegalmente el 2 de mayo del 2012 en Barillas, se realice de forma justa, es decir apegada a la ley.

La detención ilegal e irregular de estas personas no se puede negar ni encubrir. Ha sido documentada a través del informe de observación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el informe de Verificación de la situación de  Derechos Humanos realizado por la comisión de la Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej y la Unidad de Protección a Defensoras, Defensores de Derechos Humanos – Guatemala, como en el amparo interpuesto por la defensa de los detenidos en contra del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, en la Sala tercera de apelaciones del Ramo Penal presentada el 2 de junio del 2012.

Desde la instalación del estado de sitio en Barillas, un gran número de irregularidades, ilegalidades, y violaciones al debido proceso, se evidencian en los procesos de investigación y en la solicitud de las órdenes de captura.

Se han emitido 33 órdenes de captura en contra de líderes y lideresas por “plagio y secuestro, amenazas e instigación a delinquir, y terrorismo”, sin fundamento alguno. Se está usando la figura delictiva de actividades de narcotráfico de manera totalmente tergiversada. La están aplicando a un grupo de población, a una asociación u organización de carácter comunitario que se opone al proyecto de la Hidro-Santa Cruz.

Todas las personas contra las que se han emitido órdenes de captura o a quiénes se ha encarcelado son lideresas y lideres de su comunidad, que se han organizado para manifestar su desacuerdo y oposición de manera pacífica a las actividades de la Hidro Santa Cruz (Ecoener – Hidralia) en su territorio. Ninguno es criminal.

Con estas órdenes de captura, el estado guatemalteco está tratando como delincuentes y terroristas que hay que encarcelar a personas que se organizan y que ejercen sus derechos ciudadanos. Se está usando la ley y el proceso penal con fines políticos, como un instrumento punitivo para criminalizar y desarticular a las ciudadanas y ciudadanos de Barillas que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica.

Este ambiente de impunidad ha favorecido el accionar de la empresa, que actualmente busca imponerse por la manipulación, la mentira y las amenazas de seguir deteniendo personas o liberar a los presos políticos.  Así lo pretenden con la imposición de un “convenio de colaboración” ofreciendo un millón de quetzales anuales para proyectos controlados por la misma empresa, administrados y ejecutados por la municipalidad a cambio de que la misma se comprometa a garantizar la no oposición de la población a las operaciones de la empresa. El monto muestra el absoluto desprecio por la vida y la dignidad de la gente.

Exigimos que la empresa Ecoener Hidralia Energía deje de manipular y amedrentar a la población de Barillas y que deje de usar a los presos como mecanismo de chantaje para sus objetivos, como sus personeros lo están haciendo al visitar las comunidades en compañía de COPREDEH y CODISRA.

Destaca en este uso indebido de la ley, la obra de la fiscal Gilda Aguilar, que estaba a cargo del caso en Santa Eulalia. Sus declaraciones a la prensa evidencian sus vínculos a personajes oscuros de la inteligencia militar del pasado Ricardo Mendez Ruiz y Mario David García.

El proceso disciplinario iniciado contra la fiscal Gilda Aguilar, así como la sentencia del 10 de septiembre que anuló 10 de las órdenes de capturas solicitadas, por proceso defectuoso, ponen de manifiesto dos cosas importantes:

–      Las violaciones al debido proceso, y a derechos humanos, en las que incurrió la fiscal del caso desde el inicio.

–      La voluntad de la Fiscal General Claudia Paz y Paz de velar por que el proceso sea justo y apegado a la ley.

Como personas y organizaciones ligadas al movimiento social y ciudadano, interesados en hacer valer el estado de derecho en Guatemala, exigimos la misma contundencia en la aplicación de la ley y del debido proceso en el caso de la audiencia del 19 de septiembre, que definirá el futuro de 9 de los 11 presos políticos capturados ilegalmente el 2 de mayo:

Diego Juan Sebastián, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velásquez López, Pedro Vicente Núñez Bautista, Saúl Aurelio Méndez Muñoz, Amado Pedro Miguel, Marcos Mateo Miguel, Pascual de Pascual Pedro y Esteban Bernabé Gaspar.

Como se detalla en la declaración que acompaña esta carta, su captura y encarcelamiento fueron ILEGALES, por lo que deben ser liberados inmediatamente con una sentencia del juez que declare su inocencia. Esta sentencia debe también dictar medidas de reparación a sus familiares y sus comunidades, por los daños causados por este injusto encarcelamiento.

Finalmente, pedimos la aplicación de una exhaustiva investigación en contra de los personeros de la empresa Hidro Santa Cruz y funcionarios públicos del Estado de Guatemala, y su procesamiento ante la justicia por las constantes violaciones de derechos humanos, amenazas, e intimidaciones en contra de la población de Barillas, por el asesinato del campesino Andrés Francisco Miguel, y el atentado armado en contra de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé; lideres y lideresas indígenas que están defendiendo el derecho a decidir sobre su tierra, el derecho a tener agua para su comunidad y las futuras generaciones, y decidir la orientación del desarrollo que desean.

Guatemala, 19 de septiembre 2012

Actoras de Cambio – Alejandro Mejía – Alianza Política Sector de Mujeres – Amandine Fulchiron, feminista, Francia – Luz Calanchina, Daisi Donne, Amnesty International della Svizzera italiana – Ana Silvia Monzón – Andrés Cabanas, Periodista – Amicus Foundation, Toronto – Asociacion de Desarrollo Juvenil Barillense – Asociacion de Mujeres Aq’ab’al – Asociación feminista LaCuerda – Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Guatemala – Carolina Cabarrús Molina – CEDFOG – Claudia Acevedo – Claudia Areli Rosales – Colectiva Lésbica Todas Somos – Colectivo de Estudios Rurales Ixim – Comité Campesino del Altiplano – CCDA – Consejo de Mujeres Cristianas – CMC – Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´Kej – Coordinadora Juvenil de Comalapa CJC – Centro de Medios Independientes CMI Guatemala – Deimy Ventura, Antropóloga – Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez – Edda Gaviola Artigas – Emisoras Municipales de Andalucía de Radio y Televisión – Erick García Quiñonez, Iximulew – Elena Modolo, activista italiana – Grupo de Mujeres Ixchel – Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción (GLEFAS), República Dominicana, Argentina, Colombia, España, Honduras – Gabriel Garcia – Guatemala Community Network, Toronto – Instituto Chi Pixab, QUETZALTENANGO – Jose Cornelio Socop – Juan Humberto Botzoc Che, LaCuerda – Laura Montes, feminista, España  – La Voz de la Resistencia – La Red de Mujeres Ixiles – Laura Montes, feminista Guatemala – Lexi Lenton, Estados Unidos ,  Lisette Ramirez – Lola Cubells Aguilar, investigadora y activista, Estado Español – María Dolores Marroquín , Marina Lix – Martha Godínez – Maya Alvarado – Montserrat Bosch Heras, España – Movimiento de Mujeres Mayas «Tejiendo el Buen Vivir» – Movimiento feminista de Nicaragua – Nina Escobedo – Ochi Curiel, feminista Republica Dominicana ,  Colombia – Pamela Calito Guerrero – Pascual Perez – Patricia Castillo – Paula Irene del Cid – Petateras Costa Rica – Pilar del Barrio Alonso, feminista española – Frankie Flores, Proyecto Alto a La Impunidad, Los Angeles, California, USA – Rosario Escobedo – Roxana Arroyo Vargas, Costa Rica – Sonia Henríquez, Panamá – Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas , UNAMG – Unión Nacional de Trabajadores de Guatemala UNSITRAGUA,  HISTORICA – University of Nerthern British Columbia (UNBC) Guatemala Research Group – Venancio de Oliveira, Brasil – Voces de Mujeres – Waterloo Region Mayan Group, Ontario – Ximena Morales – Yuderkys Espinosa, feminista Republica Dominicana, Argentina.

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  • 3 de Julio.  

Campaña de actuación promovida por el Observatorio de la Deuda en la Globalización:

Detengamos la construcción de la central hidroeléctrica de la empresa española Hidralia en Santa Cruz de Barillas (Guatemala) y exijamos esclarecer el asesinato del líder comunitario Andrés Francisco Miguel.

Pídele al Gobierno de Guatemala, a Mariano Rajoy y a Alberto Núñez Feijoo que pongan fin a la construcción de una represa por parte de Hidralia SA en Santa Cruz Barillas y que se esclarezcan las causas tanto materiales como intelectuales del asesinato del líder comunitario Andrés Francisco Miguel.

El pasado 1º de mayo fueron atacados con armas de fuego tres líderes comunitarios del Municipio guatemalteco de Santa Cruz Barillas, Departamento de Huehuetenango. Como consecuencia, Andrés Francisco Miguel murió y Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé quedaron gravemente heridos. Dos miembros de la empresa de seguridad privada de Hidro Santa Cruz han sido detenidos como supuestos autores materiales del crimen. Andrés, Miguel y Pablo habían participado en las protestas contra la construcción de una represa en el río Canbalam.

Hidro Santa Cruz es filial de la transnacional española Hidralia Energía SA, propiedad de David Castro Valdivia y cuyo representante legal es su hermano Luis Castro Valdivia. Luis Castro se hizo famoso en el Estado español por un proceso judicial contra su cuñado Ramón Ordás, Director General de Industria, Energía y Minas del Gobierno Fraga, en el que se le acusaba de haber favorecido a Luis Castro con la concesión de permisos para construir centrales hidroeléctricas.

El proyecto Canbalam I de Hidralia, que consistirá en una central hidroeléctrica de 4,96 MW fue aprobado por el Gobierno de Guatemala pese a las protestas de las comunidades residentes en Barillas, muchas de ellas indígenas de la comunidad Maya q’anjob’al. Veamos la secuencia del proceso:

–   En el año 2009, Hidro Santa Cruz aparece en la zona con el propósito de construir una central sobre el río Canbalam. Las y los pobladores de Barillas vuelven a rechazar el proyecto. Los motivos son que se instalaría en una zona de uso ceremonial y recreo para las comunidades indígenas afectando al uso doméstico y agrícola del agua y provocando la desaparición de las cascadas que conforman el entorno.

–    Pese a ello, la empresa comienza a comprar los terrenos de la orilla del río. Muchos de ellos al Sr. Ranfery Molina quien, según los habitantes del lugar, se apropia de tierras comunitarias por vías extralegales. Sin embargo, una gran mayoría de lugareños se niegan a vender comenzando así una serie de persecuciones cuyo resultado será la detención de diez líderes comunitarios a finales de 2009.

–    En el año 2010, Hidro Santa Cruz recibe un crédito para la construcción de la represa de 10,7 millones de dólares. Dicho crédito proviene de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructuras (CIFI), entre cuyos accionistas se sitúan Bankia (20.37%) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (9.26%) entre otros.

–    Ya en 2011, Hidro Santa Cruz comienza a vallar la orilla del río, contrata seguridad privada e incluso coloca explosivos en el área vallada, impidiendo de este modo el disfrute de la zona a los habitantes del lugar.

–    El 1º de mayo, Andrés Francisco Miguel, líder comunitario maya fue asesinado. La reacción de los habitantes de Barillas fue perseguir a los asesinos que, creían, se encontraban escondidos en el cuartelillo militar de la zona.

–  La respuesta del Gobierno ante los sucesos del 1º de mayo fue declarar el estado de sitio y reprimir a las comunidades locales mediante allanamientos de morada sin causa justificada, etc.

–    Tras el levantamiento del estado de sitio, dos empleados de la empresa Hidro Santa Cruz han sido detenidos como posibles autores materiales del asesinato y la agresión a Andrés Francisco Miguel, Esteban Bernabé y Pablo Antonio Pablo.

Por todo ello y en vista de todo lo sucedido desde el año 2009, las organizaciones sociales exigimos al Gobierno de Guatemala, del Estado español y de la Comunidad Autónoma gallega:

– La puesta en libertad de los y las pobladoras detenidos en Santa Cruz de Barillas y el respeto de las garantías constitucionales de todos sus habitantes

– Que se investiguen y se aclaren las circunstancias y la autoría tanto material como intelectual del asesinato de Andrés Francisco Miguel así como las lesiones graves producidas sobre sus dos compañeros Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé.

– Que se respete la legítima voluntad de los habitantes de Barillas, expresada mediante consulta popular, paralizando el proyecto de construcción de la represa Canbalam I y retirando la licencia de construcción Hidro Santa Cruz.

– Que se obligue a la empresa Hidralia S.A. con sede en A Coruña a detener el proyecto de construcción de la represa ya que vulnera el derecho de los pueblos indígenas a una vida digna y al disfrute de un bien común y vital como el agua.

– Se sancione a Hidralia S.A. y sease la obligue a remediar los impactos ambientales en la zona y a resarcir a las poblaciones afectadas.

Por último, solicitamos a las instituciones financieras internacionales, entre ellas el ya citado Banco Centroamericano de Integración Económica además del Banco Interamericano de Desarrollo, y a Bankia, ahora banco público dependiente del Gobierno español, que exijan a la CIFI que ponga fin a la financiación del proyecto Canbalam I; y exhortamos también a la empresa Hidralia Energía SA a que se retire del país y asuma las responsabilidades que le correspondan en los crímenes cometidos.

Enlaces relacionados:

Blog de Andrés Cabanas sobre Hidralia S.A. y su actividad en Guatemala y otros países Latinoamericanos.
Documento del COCODES donde rechaza el proyecto de construcción de la hidroeléctrica.
Información sobre el rechazo de los habitantes de Santa Cruz Barillas al proyecto.
Noticias destacadas sobre los hermanos Castro Valdivia.

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  • 29 de Junio.

Las y los familiares de los detenidos políticos de Santa Cruz de Barillas lanzan un comunicado para visibilizar su situación. Para ver el comunicado haz click AQUÍ

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  • 8 de junio.

En prisión preventiva los dos trabajadores de la empresa de seguridad contratada por Hidro Santa Cruz acusados de asesinato de un líder comunitario

Amalia Jiménez Galán, Goretti Roblero y Carlos Chicol. Emisoras Municipales de Andalucía-Radio y televisión (EMA-RTV) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Guatemala (AMARC Guatemala).

Ricardo Arturo García López y Óscar Armando Ortiz Solares quedaron en prisión preventiva el día martes 5 de junio por los delitos de asesinato del líder comunitario Andrés Pedro Miguel y también Antonio Pablo y homicidio en grado de tentativa de Esteban Bernabé Mateo Pablo Antonio Pablo, quienes fue  baleados y heridos gravemente.

Los dos detenidos eran trabajadores de la empresa de seguridad de la compañía Hidro Santa Cruz, una empresa del grupo español Ecoener-Hidralia, que está imponiendo la construcción de una represa hidroeléctrica a comunidades maya q’anjob’ales del municipio de Barillas, Huehuetenango.

De este proceso judicial, ya se han desarrollado dos audiencias anteriores, que fueron suspendidas ante la inasistencia de los abogados defensores de las personas acusadas. En la tercera audiencia celebrada en la torre de tribunales de la capital se siguió contando con la presencia de diferentes organizaciones, interesadas en los resultados de este proceso judicial.

El caso es seguido con preocupación por las organizaciones debido al vínculo que existe entre los trabajadores y la empresa española, que ya ha sido acusada de utilizar la coacción contra las comunidades que se oponen a la construcción de una hidroeléctrica en lugar sagrado.

De hecho, según el estudio publicado por la Convergencia de Derechos Humanos, que está integrada por las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas en Guatemala, los antecedentes de conflictos generados por el proceder de la empresa de seguridad de Hidro San Cruz se remontan al año pasado: “En Mayo del 2011, el Ministerio de Energía y Minas conceden a dicha empresa, una autorización para la construcción de la Hidroeléctrica, a partir de esa fecha la empresa construye un cerco con malla y postes de concreto, con lo cual:

◦ Obstaculizan el derecho de paso comunitario utilizado desde hacía muchos años

◦ Así como también se impide el paso y la visita a un lugar sagrado ubicado en dichos terrenos.

◦ Se inicia la construcción de una bodega de la empresa.

◦ Ante el paso de vecinos, los guardias de seguridad de dicha empresa, les intimidan accionando las armas de fuego, (carga y descarga de las mismas).

◦ A partir de esa fecha, los guardias de seguridad de la empresa, realizan disparos todas las noches, lo cual atemoriza a los comunitarios vecinos”.

Entre estos hechos y la muerte del líder comunitario sucedida el 1 de mayo de 2012, se ha producido una sucesión de hechos que han agraviado los derechos colectivos de los pueblos maya q’anjob’ales del municipio de Barillas. La prohibición del paso a un lugar sagrado para celebrar la ceremonia maya es uno de los agravios más importantes. El problema fundamental es la imposición de la construcción de la represa en contra de la voluntad de las comunidades, expresada durante la realización de las consultas. El hecho de que la empresa haya denunciado a decenas de líderes comunitarios, el que se haya interpuesto una demanda contra la municipalidad por negarse a darles la licencia de construcción y la declaración de estado de sitio durante el mes de mayo son acontecimientos que han enquistado la animadversión que sienten las comunidades contra la empresa.

Respecto al hecho violento del 1 de mayo, los acusados manifestaron inicialmente en esta tercera audiencia que son inocentes y negaron los hechos. Después, en el transcurso del interrogatorio, que duró 4 horas, uno de ellos expresó que dispararon en defensa propia. Asimismo  el juez que lleva el caso dio un plazo de dos meses y medio para que el Ministerio Publico realice las investigaciones de los hechos ocurridos en Santa Cruz Barillas. La próxima audiencia se realizará el día 9 de octubre a las 9 de la mañana en el municipio de Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango.

Tras el juicio, María Francisca Marcos, esposa del líder comunitario asesinado Andrés Francisco, expresó que le duele y lamenta la muerte de su esposo, pero aun así asiste a las audiencias por acompañar a su comunidad y espera se haga justicia por la muerte de su esposo. Los sobrevivientes y ahora testigos, indicaron que están esperando que se realice justicia y se enfocan en que sus comunidades no quieren a la empresa española Ecoener-Hidralia, que actúa en Guatemala a través de la empresa Hidro Santa Cruz, “ya que desde que esta empresa llegó a  la comunidad, ya no gozan de paz”.

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  • 5 de junio.

Reportaje sobre la investigación de Andrés Cabanas sobre la forma de actuar de Hidro Santa Cruz:

Andrés Cabanas es un científico social español que lleva investigando desde hace dos años la forma de proceder de la empresa Hidro Santa Cruz, todas las irregularidades de su gestión y sus  consecuencias.

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  • 4 de junio.

Se ha dado a conocer el informe de verificación de violaciones de derechos humanos elaborado por la Convergencia de Derechos Humanos, un consorcio de las mejores asociaciones de derechos humanos de Guatemala, acerca del estado de sitio decretado en Santa Cruz de Barillas.

Haz click aquí para acceder al informe.

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  • 30 de mayo.

Declaraciones de Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina sobre el decreto del estado de sitio en Santa Cruz de Barillas:

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  • 28 de mayo.

Comunicado de la Coordinadora y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej tras la detención de Ricardo García López y Óscar Armando Solares, trabajadores de Hidro Santa Cruz, por el asesinato de Andrés Pedro Miguel el 1 de mayo de 2012:

Iximulew, Hoo Aj. 28 de Mayo 2012.

La Justicia debe prevalecer sobre la impunidad de las empresas transnacionales

Como Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej vemos como un hecho importante la captura de Ricardo García López y Oscar Armando Ortiz Solares, ambos trabajadores de la empresa Hidro Santa Cruz responsables del asesinato de Andrés Pedro Miguel  y de haber herido gravemente a Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé  ocurrido el 1 de Mayo del 2012 en Santa Cruz Barillas. Este viernes 25 de Mayo en conferencia de prensa el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla junto al fiscal del MP, Alberto Molina Canales dieron a conocer la captura de estas dos personas, acusados de ser los autores materiales del asesinato del líder comunitario.

Estas capturas son fundamentales para el esclarecimiento de estos crímenes en contra del pueblo de Santa Cruz Barillas, con esto vemos una  posibilidad de hacer justicia en favor de los pueblos indigenas en este pais, justicia que se ha postergado durante decadas de impunidad. Esperamos que las investigaciones realizadas actualmente por el MP, Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil –PNC- deben desembocar en un corto plazo con la responsabilidad de la empresa Hidro Santa Cruz y con las capturas de los responsables intelectuales de este asesinato, estos hechos criminales se suman al listado de acciones ilícitas de la empresa Hidro Santa Cruz ha cometido en contra del pueblo Q’ajbob’al en este municipio.

Manifestamos nuestra preocupación por los procedimientos realizados por el MP, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, y el ejército de Guatemala, durante el Estado de Sitio en Barillas y principalmente  por los procesos penales que están enfrentando más de 17 líderes comunitarios, que se oponen a la Hidroeléctrica  detenidos de forma ilegal  a partir de los hechos ocurridos el 1 de Mayo.

Todos estos hechos nos permite reafirmar una vez más que la imposición  del estado de sitio por parte del presidente de la republica sigue siendo una acción totalmente innecesaria e incoherente bajo los argumentos con los que él mismo ha intentado justificarlo, revelando ante el pueblo de Guatemala y la comunidad internacional las verdaderas razones de esta medida,  la criminalización y persecución de la lucha comunitaria. Cuando el procedimiento debió de haber sido este tipo de investigaciones por parte del MP como  el camino que el estado de Guatemala debía de haber respetado para encontrar mecanismo de solucionen de las exigencias del pueblo de Santa Cruz Barillas.

 Ante la captura de los dos trabajadores de Hidro Santa Cruz demandamos:

1.- A la Fiscal General del Ministerio Publico Claudia Paz y Paz el esclarecimiento  y   justicia por el  asesinato de Andrés Pedro Miguel, así como la reparación integral, económica y psicosocial de su familia y  comunidad quienes siguen afrontando momentos difíciles tras el asesinato e imposición del estado de sitio en Santa Cruz Barillas.

2.- Que el MP, aplique todas las responsabilidades legales y penales a  los personeros de la empresa Hidro Santa Cruz por su vinculación con los dos  detenidos y  por el atentado en donde resulto asesinado  Andrés Pedro Miguel  y gravemente heridos los comunitarios Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé ocurridos el 1 de Mayo en Santa Cruz Barillas.

3.- Al gobierno de la republica y sus instituciones la inmediata cancelación de la licencia Cambalam y el cierre de la empresa Hidro Santa Cruz responsable principal de la conflictividad en todo el municipio y actuando sin la autorización de la Municipalidad y comunidades de Barillas totalmente al margen de la ley, como se puede comprobar con las capturas realizadas de dos de sus trabajadores.

4.- Al  MP  exigimos garantice la pronta liberación de los comunitarios detenidos, y desista de las ordenes de captura  en contra de otros líderes comunitarios, quienes durante años han actuado  como verdaderas autoridades comunitarias, amparados en la Constitución Política de la Republica,  normativas internacionales como el Convenio 169 de la OIT y  sus derechos colectivos como pueblos indígenas en defensa de las comunidades, y los bienes naturales.

5.- Al gobierno de Guatemala exigimos realizar una profunda investigación y esclarecimiento de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos hecha a hombres y mujeres de Santa Cruz Barillas,  y la participación de la empresa Hidro Santa Cruz quienes promovieron y participaron en distintas acciones en contra de la población en Santa Cruz Barillas.

Declaraciones de Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina:

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  • 22 de mayo.

El pasado viernes 19 de mayo, se levantaba el estado de sitio que estaba declarado en Santa Cruz Barillas. Una declaración que hizo el presidente después de que las organizaciones sociales de ese país y a nivel internacional mostraran su rechazo al estado de sitio por entender que violaba los DDHH. El final del estado de sitio se produce a los 16 días de ser declarado, a pesar de que el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, había declarado 30 días.

En esas más de dos semanas se han producido operaciones conjuntas de militares y policías en busca de los responsables de los disturbios generados a primeros de mes y que, según el presidente, están vinculados con el crimen organizado. Las organizaciones sociales y el Consejo de Pueblos Mayas de Occidente han cuestionado la legitimidad de las detenciones practicadas durante el estado de excepción.

Entrevista con uno de los líderes comunitarios de Santa Cruz de Barillas:

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Declaraciones de Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina:

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