AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

ÓSCAR MITILLO Y CURRO MACHUCA- APDHA y Sindicato de Inquilinos Málaga

Esto perjudica especialmente a la población más vulnerable y empobrecida.

Así lo afirma en la Onda Local de Andalucía Óscar Mitillo, coordinador del Área de Marginación de APDHA. Hace esta apreciación al conocer los datos del segundo trimestre de 2019 que acaban de ser publicados por el Consejo General del Poder Judicial y que ponen de manifiesto que el 60 por ciento de los desahucios en Andalucía son por impago de alquiler. Para Óscar Mitillo es imprescindible aumentar el parque público de viviendas en alquiler social, con los que hacer frente a la demanda de las familias más necesitadas, así como un modelo fiscal más beligerante contra la vivienda especulativa y sus precios desorbitados. Destaca que es posible y que hay ejemplos de estas medidas en otros países.

Desde la APDHA, la situación de emergencia habitacional existente exige que todos los poderes públicos se pongan ya del lado de las personas que han perdido sus residencias y carecen de vivienda digna. Además, advierten, es necesario que cese la política represiva contra las familias que, ante lo desesperado de su situación, se han visto obligadas a ocupar pisos vacíos, en su gran mayoría propiedad de grandes especuladores. Curro Machuca, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga.


DE ESTE A OESTE – FELIPE LÓPEZ – Consejero de Fomento y Vivienda (Junta de Andalucía)

Andalucía tendrá una norma que permitirá a la Junta tener una posición preferente en la compra de una vivienda que vaya a ser desahuciada para poder ofrecerla a la familia que vivía en ella en régimen de alquiler social. Así lo ha adelantado hoy en la OLA, Felipe López, consejero de Fomento y Vivienda, quien considera insuficiente y excluyente el Plan Estatal de Vivienda aprobado por el Ejecutivo central, ya que está alejado de la realidad y que margina a la mayoría de los jóvenes en las ayudas para la adquisición de una vivienda y se olvida por completo del fomento de la vivienda protegida. Es la posición del Gobierno andaluz ante esta norma. Entre las críticas al Plan Estatal de Vivienda para los años 2018 a 2021 por parte de los diferentes grupos parlamentarios, destacan que la ausencia de una regulación estatal orientada a corregir el problema estructural de la vivienda, que no contempla la instalación de ascensores o la rehabilitación de inmuebles, que no tiene en cuenta de forma suficiente los factores de eficiencia energética o bioclimatización y que el nuevo plan sigue considerando la vivienda como una mercancía y no como un derecho.


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