AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

FRANCISCO FERNÁNDEZ – Área de Cárceles de APDHA

Desde este jueves vuelven a poder disfrutar de los permisos de salida y las comunicaciones en locutorio, entre otros.

Así lo recoge una orden firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, publicada este miércoles en el BOE: los internos clasificados en tercer grado o que tengan aplicado el régimen de flexibilidad y se hallen destinados en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios, podrán seguir saliendo para la realización de las actividades.

Además, la orden establece que se recuperan las actividades educativas, formativas, terapéuticas, deportivas, culturales y religiosas en el interior de los centros penitenciarios, en función de su situación.

Francisco Fernández Caparrós, coordinador del área de Cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), considera que esta orden de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es muy amplia y que se deberían materializar en medidas más concretas orientadas a garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. En este sentido, APDHA junto a otras organizaciones habían suscrito previamente un plan de desescalada en prisión que garantice el cumplimiento de los derechos humanos.


DE ESTE A OESTE – ANTONIO MORENO – APDHA

La APDHA denuncia que el Ingreso Mínimo de Inserción es solo propaganda y no servirá para luchar de forma eficaz contra la pobreza, algo que defiende en esta entrevista uno de sus integrantes del Área de Marginación, Antonio Moreno. El nuevo modelo sustituirá al ingreso mínimo de solidaridad, conocido como salario social y que está vigente desde 1999. Por su parte, la Junta de Andalucía duplicará en 2018 la partida destinada a su cobertura, pasando de los más de 90 millones de euros presupuestados para 2017 a los 198 para el próximo año. Sin embargo no se ha confirmado que estas partidas vayan a llegar a más familias de las 42.500 a las que ha llegado en el presente ejercicio.


DE ESTE A OESTE – ANTONIO MORENO – APDHA

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía cree que la renta mínima de inserción social anunciada por el Gobierno andaluz no va atajar el grave problema de exclusión social y pobreza que existe en Andalucía. Recalcan que el hecho de ser incompatible con otros ingresos hará que muchas personas se acojan antes a esta ayuda que a un trabajo dado la generalización de la precariedad laboral y los bajos salarios. Para Antonio Moreno, integrante del Área de Marginación de APDHAla solución pasa por garantizar una renta básica universal, que sea para toda la ciudadanía e incondicionada. Aunque puntualizan que para que sea justa tiene que ir acompañada de una profunda reforma fiscal como han demostrado diversos estudios internacionales. 415 euros es el ingreso mensual máximo de una familia en Andalucía para poder acceder a la anunciada renta mínima de inserción social como prestación garantizada del sistema público de Servicios Sociales de Andalucía. Así lo expuso la presidenta de la Junta en los últimos días.


DE ESTE A OESTE – CARLOS ARCE – APDHA

Los Centros de Internamiento para Extranjeros en Andalucía están en unas condiciones paupérrimas. Así señala Carlos Arce, coordinador del Área de Migraciones de APDHA. El CIE de Algeciras, junto a su extensión de Tarifa, alberga al 30 por ciento de las personas que están internadas en estos espacios en el conjunto del país. Desde APDHA señalan que las administraciones están dando la espalda a esta realidad, convirtiendo estos centros en puntos opacos de los derechos humanos en nuestro país. Por todo ello, reclaman a la ciudadanía un compromiso para acabar con estos centros. Tras las protestas y huelgas de hambre en varios Centros de Internamiento de Extranjeros, colectivos sociales y formaciones políticas han multiplicado sus peticiones de cierre de estos centros por suponer, argumentan, lugares donde se vulneran los derechos fundamentales.

DE ESTE A OESTE – RAFAEL LARA – APDHA

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía asegura que el informe denominado “Balance de la Lucha contra la Inmigración Irregular 2015” del Ministerio del Interior no recoge a las 64 personas fallecidas ni a las 131 desaparecidas el año pasado. Además, critican que en el documento tampoco se recojan las llamadas devoluciones en caliente. Rafael Lara, integrante de la APDHA, califica este balance de «bodrio» y critica que el Ministerio del Interior se haya demorado nueve meses en realizarlo, cuando la propia asociación de la que forma parte ya ofreció estos datos en marzo. Además, considera que uno de los mayores desafíos consiste en lidiar con estos grandes flujos migratorios desde el respeto a los derechos humanos.

Si bien Rafael Lara destaca la ausencia de estos derechos en la gestión de las fronteras o en el asilo de las personas refugiadas, entiende que los movimientos racistas y xenófobos en España carecen del éxito que cosechan en el resto de Europa debido a que, según apunta, el Partido Popular aglutina a todos los movimientos de ultraderecha. Además, supone que la sociedad española rechaza las políticas de extrema derecha después de haber sufrido casi cuarenta años de franquismo. Por otro lado, en lo que respecta a otros países europeos, lamenta el auge de la xenofobia en la sociedad y también en la política.


DE ESTE A OESTE – MILA GARAIALDE – APDHA

Los movimientos de voluntariado que prestan ayuda en los campamentos de personas inmigrantes advierten que las condiciones de vida en esas zonas es pésima debido a las olas de calor, sobre todo en las provincias de Almería y Huelva. Mila Garaialde, delegada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, califica de «infernal» este modo de vida, no sólo durante el verano sino también cuando llegan la lluvia y el frío. Frente a quienes creen que no ejercen ningún trabajo, defiende que estas personas inmigrantes vienen llamadas por las campañas de temporeros en unos campamentos que ya forman parte del paisaje de la zona. También critica que las administraciones no hagan nada para solventar esta situación más allá de proveer con comida, agua o mantas a estas personas. Pone como ejemplo los casos de incendios en estos campamentos agrícolas, en los cuales los ayuntamientos tienen que avisar también a las ONG porque carecen de recursos para combatir los fuegos. Así, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía proponen la construcción de albergues en donde estas personas, de escasos recursos económicos, puedan vivir durante la temporada que trabajen en estos campamentos agrícolas. Subrayan además que el objetivo de que emigren es poder mandar dinero a sus familias, por lo que, según apuntan, es importante saber ubicarlas en condiciones de vida dignas.


DE ESTE A OESTE – RAFAEL LARA – coordinador Área de Solidaridad APDHA

Rafael Lara, coordinador del área de Solidaridad Internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), sostiene que el Gobierno español también se muestra incapaz de mantener su compromiso con las personas refugiadas. En este sentido, se refiere al dato de que España solamente ha acogido a 470 personas refugiadas, apenas el 2% de las 16 mil a las que se comprometió el Ejecutivo español en un acuerdo de la Unión Europea en septiembre de 2015. También entiende que en nuestro país existen ciertos sectores de la población que manifiestan su rechazo a las personas refugiadas que huyen de la guerra, y temen que algunas sean en realidad terroristas. Sin embargo, entiende que el racismo y la xenofobia en España no han calado tanto como en otros países de la Unión Europea, en donde los partidos políticos de ultraderecha han logrado beneficiarse de este discurso del odio. Rafael Lara encuentra también en la población civil movimientos de solidaridad a través de plataformas de apoyo a las personas refugiadas, pero lamenta que la Administración no dé su brazo a torcer para facilitar su llegada a territorio español.


DE ESTE A OESTE – RAFAEL LARA – Solidaridad Internacional

Rafael Lara, coordinador del área de Solidaridad Internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, señala que la actuación de la sociedad civil europea ha sido ejemplar y ha ido por delante de las instituciones. Refugiados e Inmigrantes a las puertas de Europa es el título de unas jornadas organizadas por la asociación en el XXI aniversario Diamantino García este fin de semana. En estas jornadas se hablará de la crisis de los refugiados, su origen y causas, políticas de asilo de la Unión Europea, y de las migraciones en la historia moderna

DE ESTE A OESTE – MARIA JOSÉ SERRANO – APDHA

Este miércoles se celebraba el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y Trata de Personas. Una realidad que se confunde en algunos casos con la prostitución. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía recuerdan que son dos conceptos diferentes que hay que diferenciar para poder atenderlos de manera efectiva. La coordinadora del Área de Prostitución de APDHA, María José Serrano, denuncia que la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, persigue y criminaliza a las trabajadoras del sexo, además, de que las multas dependen  del criterio y de la apreciación del policía que determinará si había ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución.

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“Meter la actividad de la prostitución en el PIB supondría apenas modificaciones en la recaudación ya que la mayoría ya está registrada con otras fórmulas como la de sauna o bares”, Lina Gálvez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas – UPO

“Las trabajadoras del sexo pedimos un lugar donde poder cumplir con la normativa y trabajar en condiciones de seguridad e higiene”, Tatiana García, presidenta de la Asociación AMTTSA en Málaga

“La regulación que proponen los inspectores de Hacienda para el trabajo sexual es una legalización que solo tiene en cuenta la vertiente economicista y no los derechos de las trabajadoras y trabajadores”, Mamen Briz, integrante del Colectivo Hetaira

DE ESTE A OESTE – DIEGO BOZA – Delegado de APDHA en Cádiz

APDHA denuncia que la ley mordaza supone un recorte de derechos básicos justificado en el falso enfrentamiento entre libertad y seguridad. Asegura Diego Boza, delegado de APDHA en Cádiz, que con esta norma se rebaja la calidad democrática de nuestra sociedad y se pone en riesgo el sistema de bienestar. La norma ha contado que el apoyo de la mayoría absoluta del PP y con los votos contrarios de toda la oposición. El PSOE ya ha dicho que presentará un recuso ante el Tribunal Constitucional. Desde APDHA también confían en que haya pronunciamiento de tribunales exteriores como el europeo. Según los sondeos, más del 80 por ciento de los españoles pide cambiar o retirar la ley. Para este fin de semana hay convocadas protestas en distintos puntos del estado para mostrar la oposición a la llamada ley mordaza.

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