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FRANCISCO FERNANDEZ – Área de cárceles de APDHA

APDHA vuelve a denunciar el pésimo estado de la sanidad penitenciaria y pide que el Estado transfiera esta competencia a las comunidades.

Francisco Fernández, integrante del Área de Cárceles de APDHA, denuncia en la Onda Local de Andalucía que la atención sanitaria en las cárceles es deficiente por varios motivos. En primer lugar, destaca el hecho de que las personas presas no tienen acceso a la atención primaria convencional como el resto de la ciudadanía, sino que es un equipo médico propio, insuficiente, y que depende del Ministerio del Interior y no del Sistema Nacional de Salud.

Toda esta situación lleva a que en casos concretos, como las personas con enfermedad mental, sufran de una atención inadecuada y en un entorno poco propicio para tratar esas patologías. Francisco Fernández, integrante del Área de Cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, incide en que las cárceles no son lugares adaptados a esta realidad, lo que provoca, en muchas ocasiones, un empeoramiento o la aparición de nuevas enfermedades.

Soluciones propuestas

Como solución, desde APDHA proponen que el Estado transfiera estas competencias a las comunidades autónomas para que se gestione de manera directa y eficaz.


El Defensor del Pueblo Andaluz ha emplazado a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía «a dar cumplimiento, como corresponde por ley», a los derechos de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordoceguera que se encuentran en prisión.

La resolución es fruto de la queja formulada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) el pasado 30 de diciembre de 2017. En este informe reflejan que desde las cárceles andaluzas, con competencias del Ejecutivo y central y la consejería de igualdad de la Junta de Andalucía el protocolo marcado no se lleva a cabo. Ana Castaño, responsable de de cárceles de APDHA, lo explica en la Onda Local de Andalucía.

DE ESTE A OESTE – ANA CASTAÑO – APDHA

Ana Castaño señala que esto ocurre porque las personas sordas no tienen derecho a llamar a las entidades sino que tiene que ser el centro penitenciario que decida si esto es necesario o no. De esta forma, también denuncia la falta de libertad de las personas con diversidad funcional. Por ello, consideran como una falta de vulneración de derechos.

DE ESTE A OESTE – ANA CASTAÑO – APDHA

Promover la lengua de signos en recintos penitenciarios

El Defensor del pueblo en Andalucía, Jesús Maeztu, establece que se deberá promover el empleo de la lengua de signos (LSE) en los recintos penitenciarios, a través del personal propio de prisiones y la existencia de los servicios de mediación o traducción para garantizar la plena inclusión. Según los últimos datos facilitados por el Gobierno, el número de personas sordas en prisión es de 110 (99 varones y 11 mujeres), el 2% de la población penitenciaria.


DE ESTE A OESTE – FRANCISCO FERNÁNDEZ – APDHA

La Asociación Pro Derecho de Andalucía denuncia que miles de citas médicas para presos se pierden porque  estas personas no pueden ser custodiadas hasta el hospital. Francisco Fernández, integrantes del Área de Cárceles de la Delegación de Granada de APDHA. Las consultas extra-penitenciarias concertadas pero perdidas llegan al 12 por ciento en el centro penitenciario de Jaén, un 10 por ciento en la cárcel de Algeciras o casi un 10 por ciento en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. Desde APDHA denuncian que esta situación vulnera el derecho a la atención sanitaria de las personas presas. APDHA pide también que el sistema sanitario dentro de las cárceles dependa del Ministerio de Sanidad y no del Ministerio del Interior, como sucede ahora.


DE ESTE A OESTE – VALENTÍN AGUILAR – APDHA

Es el mensaje que destacan desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en este Día de los Derechos Humanos. Aseguran en su informe de 2015 sobre vulneraciones de estas garantías de todos los ciudadanos y ciudadanas, que el 42 por ciento de la población está padeciendo una situación de exclusión social mientras los representantes políticos muestran optimismo sobre la economía y la salida de la crisis. Uno de los apartados que señalan en el informe es el relativo a la sanidad. Valentín Aguilar, coordinador general de APDHA, sostiene que, a pesar de ser un derecho reconocido como fundamental y supuestamente universal, hay colectivos que ven dificultado su acceso a la atención sanitaria o que no reciben una asistencia adecuada a sus circunstancias. Es el caso de las personas inmigrantes en algunas comunidades autónomas, o las personas sin hogar. Mención especial tiene el ámbito de las cárceles. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía señalan que las personas presas sufren en mayor medida patologías infecciosas o mentales y que se requiere un abordaje específico. Además, el caso de los Centros de Internamiento de Extranjeros es otro de los apartados más denunciados por esta y otras asociaciones en incumplimientos de derechos humanos, al privar de libertar a personas que no han cometido ningún delito.

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Personas migrantes LGBTI en Andalucía

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