AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

DE ESTE A OESTE – RAMÓN COSÍO – portavoz del Sindicato Unificado de Policía

Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, se refiere así a los Centros de Internamiento de Extranjeros, en los cuales se retienen a personas inmigrantes en situación administrativa irregular para proceder a su expulsión del país. De este modo, alerta de que estas personas se quedan encerradas hasta 60 días (antes de ser deportadas a sus países de origen) en unos edificios obsoletos, en donde el número de integrantes de la Policía es muy insuficiente. Subraya, por ejemplo, que hay casos en los que sólo hay disponibles cuatro integrantes de la Policía para 60 personas inmigrantes internas, lo cual puede ser muy peligroso en caso de un posible amotinamiento. La situación es tan precaria para policías e internos, insiste, que muchas personas inmigrantes prefieren, por contar con mejores condiciones, un centro penitenciario a un Centro de Internamiento de Extranjeros.

 


DE ESTE A OESTE – JOSE MIGUEL MORALES – Secretario general Andalucía Acoge

Andalucía Acoge tacha de desfachatez que el Gobierno central reconozca que incumple el reglamento de los Centros de Internamientos de Extranjero y lo achaque a problemas de presupuestos. Asegura que es una cuestión básica de derechos humanos que la administración no puede ignorar. José Miguel Morales, secretario general de Andalucía Acoge,  exige que se cumpla la normativa actual, aunque entienden que no es lo suficientemente garante de derechos, y que en el horizonte se ponga el cierre de todos los CIEs en España. En España hay ocho centros de internamiento de extranjeros, ideados para alojar a ciudadanos de terceros países en trámites de expulsión. Desde Andalucía Acoge denuncian que esto no se cumple y que muchos de los recluidos en los centros finalmente salen sin que sean expulsados. Además recuerdan que los CIEs deben ser la última opción. El Ministerio del Interior reconocía esta semana que incumple el reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjero por “las necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige”. Por todo ello el Ministerio ha requerido un dictamen a la Abogacía del Estado, lo hace en respuesta a un auto emitido por la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas y juez de control del CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria.

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