AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

DE ESTE A OESTE – ROCÍO DE LA VILLA – Federación Al-Andalus

El sábado 21 de enero entraba en vigor el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Desde la Federación andaluza de Consumidores y Amas de Casa AL-ANDALUS creen que esta medida es ineficaz porque, tal y como aclara su portavoz Rocío de la Villa, este nuevo texto normativo ofrece una salida ventajosa a las entidades bancarias en vez de sancionarlas por sus prácticas abusivas. Entre otras carencias, explica que no obliga a los bancos a nada y no contempla ningún tipo de sanción para las entidades que no se adhieran ni para las que lo acepten, pero se nieguen a devolver todo el dinero a los usuarios. Además, afirma que el texto mantiene una ambigüedad calculada y deja cuestiones clave en el aire, como la comunicación a las personas afectadas a la libre interpretación de la banca.


DE ESTE A OESTE – JUAN MORENO – Presidente UCE-UCA

Andalucía tiene ya una sentencia pionera para la recuperación de lo pagado indebidamente por las cláusulas suelo. La Unión de Consumidores de Andalucía, UCA-UCE, destaca la reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Sevilla, que no sólo anula una cláusula suelo, sino que reconoce al usuario la devolución de todo lo indebidamente cobrado desde el inicio del crédito hipotecario y no sólo a partir de mayo de 2013, fecha de la famosa sentencia del Tribunal Supremo que declaraba nulas por abusivas las cláusulas suelo de los créditos hipotecarios que las entidades financieras venían aplicando en nuestro país. Juan Moreno, presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, llama a todas las personas afectadas por esta situación a movilizarse y a articular su mejor defensa jurídica, utilizando en este caso los servicios y el asesoramiento de las asociaciones en defensa de las personas consumidoras. En la sentencia dada a conocer por UCA-UCE se obliga a la entidad bancaria a reintegrar las cantidades percibidas como consecuencia de la aplicación de dicha cláusula desde su constitución, más los intereses legales desde la fecha del emplazamiento. Además, el juzgado impone las costas del procedimiento a la parte demandada, en este caso Caixabank.


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