AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

DE ESTE A OESTE – INMACULADA NIETO – Portavoz de IU en el Parlamento para asuntos de memoria democrática

La futura Ley de Memoria Democrática va a contemplar un grupo de trabajo para recoger testimonios de víctimas de la represión franquista. Esto será posible gracias al principio de acuerdo entre Podemos, PSOE e IU, por el que se establece la creación de ese organismo adscrito al Consejo de la Memoria Histórica y Democrática. El grupo de trabajo tendría funciones de una comisión de la verdad para poder recopilar información a través de testimonios orales y documentación escrita de los propios familiares de las víctimas. Inmaculada Nieto, portavoz de IU en el Parlamento para asuntos de memoria democrática, asegura que es necesario dar un impulso a esa herramienta porque el tiempo está jugando en contra de las investigaciones. Recuerda que Andalucía es uno de los focos donde más se cebó la represión franquista y, por tanto, donde hubo más víctimas, las que esperan reparación, justicia y verdad. Estiman que la ley de memoria democrática andaluza pueda estar aprobada de forma definitiva en febrero de 2017.


Esta sugerencia ha sido incluida en el capítulo de conclusiones del informe de 4.500 páginas presentado por la comisión y reabre una polémica sobre la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el propio régimen militar, que hasta hoy impide juzgar a los represores y responsables de torturas, desapariciones y otros crímenes de la dictadura, que tuvo lugar entre 1964 y 1985.

El documento fue entregado en un acto público a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien en su juventud pasó casi tres años presa y sufrió la tortura debido a sus vínculos con un grupo que se alzó en armas contra la dictadura.El informe final de la Comisión de la Verdad contiene indicios sobre la supuesta responsabilidad de unos 300 agentes del régimen militar por delitos de lesa humanidad y establece que en los 21 años de dictadura hubo un total de 434 muertos y desaparecidos.

Según el informe, esos delitos fueron cometidos de una forma sistemática, constituyen crímenes contra la humanidad y, por tanto, son imprescriptibles y no pueden ser objeto de una amnistía. El documento dice que además de la responsabilidad que puede o debe recaer individualmente sobre los agentes públicos también es imperativo un reconocimiento institucional de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas.

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