AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

Hoy se ha celebrado Consejo Gobierno. Entre sus puntos más relevantes, la aprobación del plan estratégico para mejorar la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía hasta el año 2022. Un proyecto de decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2020 de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. Y la aprobación del anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía.

Estos y más asuntos se han puesto sobre la mesa en la reunión semanal del Ejecutivo autonómico. En el capítulo de informes, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha presentado uno sobre la Oficina de los Fondos Next Generation. Esta recibe los proyectos presentados por empresas privadas, ayuntamientos, diputaciones provinciales y entidades sociales que siguen las líneas marcadas por la Unión Europa para acceder a estos recursos. Y que se van a enmarcar en el plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central. El también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, ha anunciado que el banco de estas iniciativas, del que él mismo es responsable, ya ha recibido 180 proyectos. De estos, ya se han validado 40, por importe de 7.000 millones de euros.

 JUAN MARÍN – Vicepresidente de la Junta

Será el Consejo de Gobierno del 29 de diciembre el que va a aprobar los proyectos que a partir de enero comenzará a evaluar el Ejecutivo central, será el que decida cuánto dinero le va a corresponder a cada comunidad autónoma para que puedan ejecutar los proyectos. En este punto se ha detenido Juan Marín, quien ha instado al Gobierno de España a que cumpla a rajatabla con los parámetros de reparto marcados por la Unión Europea. Estos son datos de paro, renta per cápita y el criterio poblacional. En referencia a estos, a Andalucía le corresponde, según la Junta, 23 mil millones de euros.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, también ha hablado del anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que ha recibido luz verde del Consejo de Gobierno. Fomenta la participación de este colectivo y vela por la protección de sus derechos y deberes. Estas son algunas de las novedades.

 JUAN MARÍN – Vicepresidente de la Junta

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha calificado de récord la oferta de empleo público en el Servicio Andaluz de Salud aprobada por el Consejo de Gobierno. Esta es de 4 mil 374 plazas para los centros sanitarios.

ELÍAS BENDODO – Portavoz Gobierno autonómico

Y seguimos hablado en clave sanitaria. El también portavoz del Gobierno autonómico ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía mantenga la cautela y prudencia de cara al puente de la Constitución. Ha recordado que el Comité de Expertos se reúne el 10 de diciembre para decidir si se flexibilizan o no las restricciones en Navidad. Elías Bendodo ha hecho hincapié en que estos diez días son decisivos.

ELÍAS BENDODO – Portavoz Gobierno autonómico

Ha aportado algunos datos positivos, pero, tal y como ha recalcado, no pueden llevarnos a la euforia. Ha destacado como muy optimista el descenso en cerca de mil trescientas personas ingresadas en hospitales por COVID 19 en las últimas tres semanas. Cambiando de asunto, el Consejo de Gobierno también ha aprobado el plan estratégico para mejorar la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero agroalimentario. Este moviliza mil 700 millones de euros.

ELÍAS BENDODO- Portavoz del Gobierno autonómico

Este documento, que ha sido presentado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, pone los cimientos para profundizar en la modernización e innovación del sector agroalimentario, a través de retos colectivos alineados con la Revolución Verde de Andalucía, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia Europa 2020.


SARA COLLANTES-Unicef Comité Español

ONGs de infancia instan a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo a investigar delitos de odio contra menores migrantes solos.

Unicef, Save The Children, Fundación Raíces, la Plataforma de Infancia y el Consejo General de la Abogacía Española se han dirigido a la Fiscal General del Estado y al Defensor del Pueblo para mostrarles su profunda preocupación acerca del fenómeno de estigmatización creciente en torno a los niños migrantes que llegan solos a España (MENAS). Según refieren estas organizaciones, durante los últimos meses se han dado numerosos casos en los que se ha criminalizado a estos niños, y adolescentes a nivel social y político, a través de discursos que les tratan, de manera colectiva, como una amenaza social y un problema de orden público.

Sara Collantes, experta en migraciones de Unicef Comité Español, asegura que, a pesar del movimiento solidario generado entre la ciudadanía, se vive un momento delicado por la difusión de mensajes políticos cargados de odio que vulneran la presunción de inocencia y atentan contra los derechos de los menores de edad. Las organizaciones de infancia han constatado que la proliferación de estos mensajes de criminalización y de odio está calando en la sociedad. Manifestaciones o actos de naturaleza política, como las que se han llevado a cabo en El Masnou en Cataluña, en el barrio de la Macarena en Sevilla y delante de los Centros de Menores de Hortaleza en Madrid, vulneran los derechos fundamentales de estos niños y niñas, y provocan que algunos sectores de la sociedad les perciban como una amenaza a la seguridad ciudadana. Por ello, solicitan varias medidas urgentes para proteger la integridad y la vida de estos niños que, ahora más que nunca, se encuentran en grave peligro.

Peticiones

Estas entidades especializadas en infancia insisten en que en ningún caso se debe dar a entender a través de declaraciones o acciones que “niño migrante no acompañado” es sinónimo de delincuente o de problema de orden público. Recuerdan que una afirmación general sobre su criminalidad vulnera el principio de no discriminación y la presunción de inocencia, incluidos en el artículo 40 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por España.


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