AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

DE ESTE A OESTE – MARICARMEN JIMÉNEZ – Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén)

APDHA organiza unas jornadas para analizar los recortes en libertades y derechos que se están produciendo en los últimos tiempos. José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz hasta 2013, señala que es especialmente preocupante la criminalización de la solidaridad y de los defensores de DDHH. Isidoro Moreno, catedrático de Antropología Social y Cultural, afirma que normas como la conocida como ley mordaza pretenden desactivar la movilización y las protestas en las calles. El debate de hoy se enmarca en la celebración Día de la Libertad de Prensa, amparado por la libertad de expresión, un derecho humano consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.


DE ESTE A OESTE – RAÚL SOLÍS – Periodista

Las protestas tuvieron lugar hace un año y el periodista Raúl Solís recibió días después una carta con la notificación. Asegura en la Onda Local de Andalucía que esta Ley de Seguridad Ciudadana ha generado un clima de temor y autocensura muy fuerte dentro de la profesión periodística. Los datos dicen que desde que se aprobó esta Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, se han producido 14 millones de euros en sanciones.


DE ESTE A OESTE – RUBÉN SÁNCHEZ – Facua

FACUA-Consumidores en Acción muestra su absoluta oposición a la pretensión del Gobierno de prohibir el anonimato en las redes sociales. Asegura que la medida representaría una mordaza para la libertad de expresión y la libertad ideológica y generaría miedo en la ciudadanía a poder expresarse. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, afirma que estos casos continuarán existiendo y que habrá que perseguirlos con las herramientas judiciales que existen. Desde Facua aseguran que acabar con el anonimato en las redes no acabaría con estos abusos. Justo este martes un juzgado sentenciaba a cuatro meses de cárcel a una mujer por un delito contra la integridad moral al haber deseado a Inés Arrimadas en un comentario de Facebook que sufriera una violación en grupo, lo hizo desde su perfil donde aparecían nombre y apellidos.


 

DE ESTE A OESTE – AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO – Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada

Este miércoles, 6 de diciembre, la Constitución Española ha cumplido 39 años. Un cumpleaños que llega en un momento político convulso, donde se está hablando casi más que nunca de ella. Diversos movimientos políticos y sociales de la izquierda republicana abogan por un proceso constituyente que culmine con una nueva constitución. Y es que el texto solo ha tenido dos reformas en estas casi cuatro décadas de vigencia. Agustín Ruiz Robledo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, considera que la norma suprema del ordenamiento jurídico español sí está dando sus frutos en cuanto a garantizar la democracia. Sin embargo, apunta que no puede entenderse la Constitución como una garantía para acabar con dos de las principales preocupaciones de la ciudadanía: la corrupción y el paro. Algunas voces señalan que la Constitución vigente está agotada, ya que no representa la realidad de la sociedad actual. Por eso, proponen que el proceso para su reformulación y reforma se haga desde abajo, es decir, de manera participativa con todos los sectores de la sociedad. En este sentido, el profesor Agustín Ruiz Robledo cuenta la experiencia de otros países que tienen en cuenta a sectores representativos de la ciudadanía. La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada por el rey Juan Carlos primero el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año. Tuvo dos modificaciones, la primera fue en 1992 y sirvió para adecuar la legislación al Tratado de Maastrich, permitiendo a los extranjeros residentes en España ser electores y elegibles en las elecciones municipales. La segunda modificación tuvo lugar en 2011, con la sonada reforma exprés del artículo 135 para priorizar estabilidad presupuestaria ante el gasto social.


DE ESTE A OESTE – JOSÉ LUIS PASCUAL – Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias

Las críticas al internamiento de estas personas inmigrantes en la cárcel de Archidona no llegan solo desde entidades pro derechos humanos. El propio sindicato de funcionarios de prisiones, ACAIP, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, ha llevado ante los tribunales de justicia la utilización de la prisión como CIE. José Luis Pascual, presidente de ACAIPseñala la falta de respeto a los principios universales de los derechos humanos, al internar a los inmigrantes en el Centro Penitenciario de Archidona sin mandato judicial de prisión. Añade, por tanto, que es totalmente ilegal y así se recoge en la Constitución. Además, denuncia que esta prisión carece de los servicios mínimos necesarios para alojar allí a las personas. Por ello, cree que es una violación sin precedentes de los derechos fundamentales más básicos. Añade que en ese centro se carece de personal especializado para la atención de estas personas, que en estos momentos están custodiadas por Policía Nacional.


DE ESTE A OESTE – MIGUEL MONTENEGRO – CGT Andalucía

Por lo público, por lo común. Es el título de la campaña de CGT a nivel estatal en defensa de los servicios públicos y con la que denuncian que los distintos gobiernos, siguiendo las instrucciones de la UE, han recortado las partidas sociales que afectan a derechos básicos de la ciudadanía. Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía, asegura que hay que defender lo que por derecho corresponde a la ciudadanía. El sindicato denuncia que algo tan fundamental para la ciudadanía como son los servicios sociales están concedidos a empresas comisionistas que solo buscan el lucro económico. Afirma, por tanto, que el objetivo final de esta campaña es hacer ver esta realidad a la población. CGT recuerda que los Servicios Públicos son derechos fundamentales de la ciudadanía, conquistados socialmente, y no deben estar sometidos a los intereses económicos del gobierno de turno.


DE ESTE A OESTE – AGUSTÍN RUIZ – Universidad de Granada

Esta es la visión de Agustín Ruiz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada cuando se ha cumplido el 37 aniversario de la Carta Magna y cuando está sobre la mesa el debate sobre su reforma por parte de algunos partidos políticos. El profesor asegura que nuestra Constitución tendría algunos asuntos susceptibles de modificar, como la inclusión de una declaración sobre la pertenencia de España a la Unión Europea o la definición de las iniciativas ciudadanas en el Parlamento. Asegura que el debate sobre si reformar la Constitución o no es algo subjetivo que depende de la voluntad de cada Gobierno en función del modelo de Estado que se quiera para España. Así, si se apuesta por un modelo federal, habría que modificarla, al igual que si se quisiera pasar a una república en vez de al régimen monárquico-parlamentario actual. Por otro lado, sobre la necesidad de modificar artículos relativos a los derechos sociales para hacerlos derechos fundamentales, como piden muchas plataformas ciudadanas, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, sostiene que, de ser así, eso no garantizaría que todas las personas tuvieran, por ejemplo, una vivienda.

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DE ESTE A OESTE – BEATRIZ PERALES – Amnistía Internacional España

Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón exigen una reforma constitucional que proteja los derechos humanos. Estas tres organizaciones denuncian que la Constitución española, y en particular su artículo 53, establece un tratamiento y protección desigual e insuficiente de los derechos humanos.

De acuerdo con estas organizaciones, España es el segundo país más desigual de Europa, con 760 mil personas sin ingresos. Además, señalan que detrás de la supuesta protección del derecho a la vivienda recogido en el artículo 47, desde 2008 se han iniciado 600 mil procesos de ejecución hipotecaria. También se ha retirado la tarjeta sanitaria a casi 750 mil personas.

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