AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

MARVIN AMADOR- Red Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa

Así lo indica en la Onda Local de Andalucía Marvin Amador Guzmán, docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y miembro de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.

Volvemos a Costa Rica, hace unos días quisimos desmantelar los firmes cimientos de una imagen idílica que cala en el imaginario colectivo y que dista en gran medida de la realidad. Atendemos a la opresión a los pueblos originarios, la usurpación ilegal de sus territorios, la cual puede alardear de escapar impune. También el asesinato de sus líderes indígenas que defienden los derechos de la población de sus territorios y que son saqueadas sin medida para alimentar el beneficio económico. Hablamos de la industria agroalimentaria y otros grandes negocios y que, por cierto, también campan a sus anchas vertiendo a aguas y suelos agroquímicos  y sustancias nocivas en detrimento de los entornos naturales y de la salud de las poblaciones que en estos viven.

Hace unos días conocíamos que el territorio indígena China Kichá estaba rodeado por el fuego provocado  por personas usurpadoras. Además, los terratenientes se personaron en la zona con otras personas, a las que llaman matones, para amedrentar, seguir quemando fincas e, incluso, algunas casas. También ocurría así en Térraba. Precisamente, cerca de esta zona fue asesinado el líder indígena Jhery Rivera, el pasado 24 de febrero.

Contexto

Continúa la opresión a los pueblos originarios, que ven cómo sus territorios son usurpados y explotados. La Onda Local de Andalucía ha podido acceder a testimonios de última hora sobre la situación tensa y preocupante que viven estos pueblos ante la permisividad de la policía.

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El Territorio indígena China Kichá ha advertido que, desde este sábado, está totalmente rodeado por personas usurpadoras de sus territorios. Las personas indígenas que se encuentran en las fincas recuperadas denuncian que están bajo un cerco total y rodeadas por incendios. Por su parte, la Defensoría ha pedido la intervención  contundente de las autoridades policiales y judiciales. Mientras, la población indígena resiste pacíficamente y confía en que los costarricenses reaccionen, exigiendo a las autoridades acciones más contundentes para desarticular las redes de criminalidad y la formación de un posible escuadrón. Los líderes originarios denuncian al Gobierno que hasta este momento ninguna persona usurpadora de sus territorios ha sido detenida. Además, aseguran que siguen actuando con total impunidad.

Las tierras de los pueblos originarios son propiedades que la legislación costarricense reconoce, por derecho histórico, como parte de los territorios indígenas, pero que los gobiernos no aplican. Las asociaciones ecologistas denuncian que, de esta manera, se protejan los intereses de grupos racistas que han agredido a las personas indígenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno de Costa Rica en 2015, y nuevamente en 2016, que tome medidas especiales para proteger de la violencia y amenazas de los ocupantes ilegales de su territorio.


El Estado sigue sin proteger los derechos de las tierras ancestrales.

Continúa la opresión a los pueblos originarios, que ven cómo sus territorios son usurpados y explotados. La Onda Local de Andalucía ha podido acceder a testimonios de última hora sobre la situación tensa y preocupante que viven estos pueblos ante la permisividad de la policía.

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Última hora

El Territorio indígena China Kichá ha advertido que desde este sábado está totalmente rodeado por personas usurpadoras de sus territorios. Las personas indígenas que se encuentran en las fincas recuperadas denuncian que están bajo un cerco total y rodeadas por incendios. Por su parte, la Defensoría ha pedido la intervención  contundente de las autoridades policiales y judiciales. Mientras, la población indígena resiste pacíficamente y confía en que los costarricenses reaccionen, exigiendo a las autoridades acciones más contundentes para desarticular las redes de criminalidad y la formación de un posible escuadrón. Los líderes originarios denuncian al Gobierno que hasta este momento ninguna persona usurpadora de sus territorios ha sido detenida. Además, aseguran que siguen actuando con total impunidad.

Las tierras de los pueblos originarios son propiedades que la legislación costarricense reconoce, por derecho histórico, como parte de los territorios indígenas, pero que los gobiernos no aplican. Las asociaciones ecologistas denuncian que, de esta manera, se protejan los intereses de grupos racistas que han agredido a las personas indígenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno de Costa Rica en 2015, y nuevamente en 2016, que tome medidas especiales para proteger de la violencia y amenazas de los ocupantes ilegales de su territorio.


MARVIN AMADOR GUZMÁN- Universidad de Costa Rica

Así lo señala en la Onda Local de Andalucía Marvin Amador Guzmán, docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, coordinador de un proyecto de Acción Social y otro de investigación con comunidades indígenas y miembro de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.

Las comunidades indígenas del país sufren una situación de acoso, violencia, asedia y racismo institucional. El asesinato que conocíamos este lunes de uno de sus líderes evidencia la situación que sufren las personas que han decidido recuperar las tierras usurpadas. También se ven sometidas a una lucha constante por la supervivencia de su cultura y su identidad.

Este mismo lunes, ha sido asesinado Jhery Rivera, en San Antonio de Térraba. Las asociaciones ecologistas señalan que este crimen contra el defensor de los derechos indígenas acentúa la hipocresía del Estado costarricense que por un lado dice ser abanderado de los Derechos Humanos, pero que su política pública deja en el abandono y el olvido a todas las poblaciones indígenas de Costa Rica.

Vulneración de derechos

Las tierras de los pueblos originarios son propiedades que la legislación costarricense reconoce, por mérito histórico, como parte de los territorios indígenas, pero que los gobiernos no aplican. Las asociaciones ecologistas denuncian que, de esta manera, se protejan los intereses de grupos racistas que han agredido a las personas indígenas.


Abril de 2018 ha sido el año del estallido en Nicaragua en una crisis social sin precedentes. El 19 de abril, la ciudadanía salió a las calles para manifestarse contra la subida de impuestos y los recortes en las pensiones anunciadas por el gobierno de Daniel Ortega, presidente del país y líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, una situación que se suma a la desafección política y al hartazgo por otras medidas en las zonas rurales y campesinas, como es la intención de la construcción del Canal Interoceánico para competir con Panamá. Tanta fue la reivindicación y lucha en las calles, que el ejecutivo tuvo que renunciar a estas medidas, para muchos nicaragüenses ya era demasiado tarde. El grito de las masivas protestas pacíficas fue acallado con la violencia paramilitar y policial. Desde entonces, detrás de los números hay nombres y apellidos que suman más de 60.000 mil nicaragüenses exiliados por el miedo, la persecución y la inseguridad en el país. La mayoría, aproximadamente 40.000, lo han hecho a la vecina Costa Rica, donde sus plazas se han llenado de personas que buscan protección internacional y para las que el gobierno no ha estado capacitado para dar respuesta a todas las demandas, donde muchas personas han visto vulnerados sus derechos como el de la sanidad.

La represión ha llegado al cierre de medios de información y persecución de periodistas. Reporteros sin Fronteras ha condenado la intensificación de los ataques a medios independientes de Nicaragua y llamó al Gobierno Nicaragüense a cesar la violencia contra los periodistas. Uno de los casos más destacados es el semanario Confidencial, en el que confiscaron los equipos y las instalaciones, según indicó el periodista Carlos Fernando Chamorro y director de este medio. Por otro lado, la Asamblea Nacional también ha cancelado la personalidad jurídica a varias oenegés, entre las que se encuentra el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO).

A través de este reportaje, las personas de Nicaragua exiliadas cuentan el por qué del antes y el después de un 19 de abril que ya forma parte de la historia. Entre las voces que forman parte de este análisis que va desde las zonas rurales, la universidad, hasta defensores de derechos humanos y periodistas, está Francisca Ramírez, lideresa campesina que asegura que “solo el pueblo salva al pueblo y solo juntos podrán regresar a Nicaragua”.

Entre banderas azul y blancas de Nicaragua, los manifestantes han pedido entre otras cosa que se adelanten las elecciones en el país. Sin embargo, la fecha no será hasta 2020. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 300 personas han muerto desde entonces a causa de la represión de las peores protestas que ha sufrido Ortega en sus quince años de Gobierno.


 

 

Familiares de la conocida periodista Jennifer Ortiz sufrieron el pasado miércoles un atentado en Managua, Nicaragua, cuando paramilitares lanzaron bombas molotov en el interior de una vivienda, causando daños a uno de los vehículos, según ha confirmado la comunicadora desde su exilio en Costa Rica.

De acuerdo con el relato de la periodista, fundadora de la página Nicaragua Investiga, la persecución en contra de ella empezó desde la revolución cívica de abril pasado por ejercer un periodismo crítico desde las redes sociales.

Desde Nicaragua Investiga, Jennifer Ortiz denunció los atropellos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los manifestantes, así como los abusos de poder en general cometidos por el orteguismo. Nos amplía esta información la propia Jennifer Ortiz.


DE ESTE A OESTE – LUCÍA MUÑOZ – EMA-RTV / Onda Local de Andalucía

Tras cinco meses de protestas, Nicaragua sigue en las calles. La compañera de la Onda Local de Andalucía, Lucía Muñoz, ha viajado hasta Costa Rica para conocer de primera mano la situación y cuenta que son muchas las personas que se han visto obligadas a huir de su país y buscar refugio en la vecina Costa Rica. Hasta allí han llegado cerca de 23 mil personas desde que estallaron la manifestaciones. Mientras, el gobierno costarricense tiene que hacer frente una huelga de más de 20 días en su país.

“Al menos estamos vivos”, es la frase que más se escucha entre la población nicaragüense que ha huido hasta Costa Rica. Según la agencia de las Naciones Unidas para las personas refugiadas, acnur, son ya más de 23.000 desde que estallaron las protestas el 19 de abril en la ciudad de Managua. Más de 6 mil ya han solicitado protección internacional, y cerca de 20 mil aún están esperando para hacerlo con una cita en la mano que se alarga hasta diciembre. La mayoría afirman que huyen de la represión del presidente Daniel Ortega y que según colectivos como la Asociación Nicaragüense por los Derechos Humanos son más de 300 personas las que han muerto durante las protestas o están desaparecidas. La decisión del líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional de reformar la Ley de Seguridad Social, donde reduce las pensiones un 5% y aumenta las cotizaciones a trabajadores y empresas, ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Atravesar la frontera hasta Costa Rica no ha sido fácil. Y la vida en el nuevo país tampoco. El parque de la Merced de San José se ha convertido en el punto de encuentro de muchos nicas que duermen en la calle y piden ayuda humanitaria. Además, los casos de xenofobia han aumentado en la ciudad y la inseguridad entre los propios refugiados es una preocupación más. La llegada de nicaraguenses es un gran reto para el gobierno del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada. Un país que también tiene que lidiar con una crisis económica y jornadas de huelga con manifestaciones en las calles por intentar también bajar las pensiones y subir los impuestos.


DE ESTE A OESTE – JAVIER ESCALERA – Coord. I Seminario Internacional de Estudios sobre el Agua

Durante la primera semana de febrero se celebra el Primer Seminario Internacional de Estudios sobre el Agua, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.  El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Alejandro Torto-lero, impartía la conferencia inaugural bajo el título “Estudios sobre el agua en México y nuevas perspectivas”. Javier Escalera, coordinador del seminario, considera que la intervención humana crea procesos irreversibles como los procesos de explotación salvaje de recursos naturales, como el caso de la construcción de empresas hidroeléctricas en Panamá y Costa Rica que llegan a dificultar e impedir a la ciudadanía el acceso al agua. Señala además que el problema del agua requiere una solución y un cambio profundo en el modelo de desarrollo, en el que no es posible conseguir un uso racional y una gestión sostenible del agua si se mantienen lógicas basadas en la obtención del máximo beneficio.

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