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Esta sugerencia ha sido incluida en el capítulo de conclusiones del informe de 4.500 páginas presentado por la comisión y reabre una polémica sobre la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el propio régimen militar, que hasta hoy impide juzgar a los represores y responsables de torturas, desapariciones y otros crímenes de la dictadura, que tuvo lugar entre 1964 y 1985.

El documento fue entregado en un acto público a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien en su juventud pasó casi tres años presa y sufrió la tortura debido a sus vínculos con un grupo que se alzó en armas contra la dictadura.El informe final de la Comisión de la Verdad contiene indicios sobre la supuesta responsabilidad de unos 300 agentes del régimen militar por delitos de lesa humanidad y establece que en los 21 años de dictadura hubo un total de 434 muertos y desaparecidos.

Según el informe, esos delitos fueron cometidos de una forma sistemática, constituyen crímenes contra la humanidad y, por tanto, son imprescriptibles y no pueden ser objeto de una amnistía. El documento dice que además de la responsabilidad que puede o debe recaer individualmente sobre los agentes públicos también es imperativo un reconocimiento institucional de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas.

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