AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

El recurso ha sido redactado por Fernando Álvarez-Ossorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

El PSOE presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la conculcación de los derechos de los diputados al ejercer la Diputación Permanente la función parlamentaria de manera única durante los primeros momentos del estado de alarma. Así lo ha anunciado el portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Andalucía, José Fiscal, denunciando el «recorte democrático» durante ese periodo.

Fiscal ha señalado que el recurso será firmado por los diputados socialistas que no forman parte de la Diputación Permanente, cuyos derechos se han visto «limitado sin justificación» al igual que los del resto de parlamentarios que no forman parte de dicho órgano. El recurso se basa en tres argumentos principales: la convocatoria de la Diputación Permanente pese a no ser un periodo inhábil; la competencia de dicho órgano para convalidar decretos-leyes y la vulneración por ello del derecho de participación de la ciudadanía en las decisiones del Gobierno. Además, según José Fiscal, se utilizó un razonamiento «profundamente antidemocrático», pues «si se ordenaba el confinamiento de la población para preservar la salud era razonable y aconsejable que también los parlamentarios se mantuvieran confinados y que la Diputación Permanente fuera una especie de servicios mínimos parlamentarios».

Más frentes judiciales

Este recurso se suma al presentado por 50 senadores socialistas contra el decreto-ley de simplificación administrativa de la Junta.


El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por el Gobierno central en relación a los artículo número 28 y 13, relacionados con el sector audiovisual y la protección del Patrimonio Histórico de Andalucía.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra varios artículos del Decreto 2/20 de la Junta de Andalucía, llamado de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. Dicho decreto modificaba de una tacada 27 leyes y ha generado toda una corriente de protestas en diversos sectores de la sociedad andaluza al considerar que el decreto abre la puerta a provocar importantes daños medioambientales, territoriales, sociales, sanitarios y de patrimonio histórico, y a fomentar, entre otras cosas, la especulación urbanística y la privatización de servicios públicos.

El recurso presentado por el Consejo de Ministros va dirigido contra artículos como el número 28, entendiendo que vulnera la competencia estatal sobre telecomunicaciones y medios de comunicación social, al habilitar emisiones radiofónicas en cadena y suprimir la prohibición de inclusión o difusión de cualquier tipo de comunicación comercial audiovisual en emisiones de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual que carezcan del preceptivo título o que no hayan cumplido el deber de comunicación previo. Además con esta nueva regulación, la Ley Audiovisual de Andalucía (pionera y aprobada por unanimidad en la cámara andaluza) queda bastante afectada.

También queda señalado el artículo 13, que afecta al Patrimonio Histórico de Andalucía en tanto en cuanto exime de autorización previa administrativa y comunicación a la Consejería competente de posibles obras sobre bienes de interés cultural y su entorno. Esta regulación choca de pleno con la competencia estatal en defensa de los bienes culturales contra la exportación y expoliación prevista en el artículo 149.1.28 de la Constitución española.

Las emisoras municipales siguen en peligro de privatización

El Tribunal Constitucional ha suspendido, al menos durante los próximos cinco meses, varios de los preceptos de los artículos recurridos, declarándolos como nulos. No ocurre así con el 28.8 que permite la privatización de las emisoras municipales. Es importante recordar que el resto del Decreto sigue siendo aplicable, pese a afectar a más de veinte leyes y no contar con el consenso necesario para una normativa de estas características; facilitando trámites burocráticos que afecta a distintos ámbitos como el medio ambiente, el urbanismo o el comercio. Consenso que sí tenía la reciente Ley Audiovisual de Andalucía, aprobada en el Parlamento por unanimidad y que queda ahora desdibujada. El Gobierno andaluz ya declaró, por medio de su vicepresidente de y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, que acatará la decisión del órgano de justicia.


La modificación de la norma audiovisual andaluza tendría consecuencias como la privatización de los medios públicos locales, tanto de radio como de televisión, además de permitir que emisora ilegales puedan emitir publicidad o campañas institucionales derivadas por agencias de publicidad, sin que sean sancionadas. Esta norma garantiza impunidad a las emisiones piratas que merman la capacidad de ingresos por publicidad de las emisoras legales, tanto privadas como públicas, desregulando el sector, su transparencia y control fiscal.

La Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía solicita una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para iniciar el diálogo que permita al sector audiovisual posicionarse ante la modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía y alertar sobre las devastadoras consecuencias que tendrá para el empleo, la pluralidad informativa y la diversidad mediática. Además, la Plataforma quiere hacer entrega al presidente andaluz de una batería de propuestas que permita la participación del sector audiovisual en el próximo desarrollo de los reglamentos contemplados en la norma andaluza.

Aquí se puede consultar el texto íntegro de la solicitud:

Estimado Sr. Presidente.

Le escribimos desde la recién creada Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía (PDCPA), integrada por 23 entidades representativas del sector en Andalucía, algunas de ellas con representación en el conjunto del Estado. Plataforma que tiene como objetivo la defensa de la Ley Audiovisual de Andalucía (LAA, 2018), elaborada con el consenso de todo el sector. Desde la PDCPA consideramos en riesgo muchas conquistas básicas de la LAA tras la aprobación del Decreto Ley 2/2020 y su posterior validación por la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía.

Como usted sabe, el dictamen del Consejo de Estado del pasado 14 de abril encontró indicios de inconstitucionalidad en este decreto, tanto en la forma como en parte del contenido. A partir de este dictamen es posible que la aplicación del Decreto Ley 2/2020, quede en suspenso una vez que el Gobierno de la nación ha presentado recurso de inconstitucionalidad.

Por nuestra parte, los informes jurídicos que manejamos desde la PDCPA avalan la imposibilidad de privatizar los medios públicos locales, así como conectarse a medios privados, no tener instalaciones ni personal en el territorio de cobertura o emitir publicidad desde una emisora que no tenga título habilitante.

Ante la nueva situación creada, desde la PDCPA le solicitamos una reunión urgente para abrir un proceso de diálogo sobre el contenido del Decreto 2/2020 en las materias que afectan al sector audiovisual, con el ánimo de recuperar el consenso alcanzado en torno a LAA, que suscitó el apoyo unánime de todos los grupos políticos con representación parlamentaria, así como de medio centenar de entidades profesionales, sindicales, sociales, asociativas y empresariales del sector en Andalucía. Un consenso que, entendemos, no se debe romper en una materia de tanta trascendencia como es el sector audiovisual y la comunicación, esenciales en la vida de los andaluces.

Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía

Entidades integrantes

La Plataforma cuenta con las asociaciones de la prensa y periodistas de Almería, Jaén, Córdoba, Cádiz, Campo de Gibraltar, Jerez de la Frontera, Huelva y Sevilla; la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, el Colegio de Periodistas de Andalucía y la Red de Colegios de Periodistas de España; el Sindicato de Periodistas de Andalucía y la Federación de Sindicatos de Periodistas de España; la Red Estatal de Medios Comunitarios, la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Radio y Televisión de Andalucía, la Asamblea de Mujeres Periodistas de Sevilla, las Facultades de Ciencias de la Comunicación de Málaga y Sevilla, la Agrupación de Periodistas de UGT-A, la Asociación de Usuarios de la Comunicación de España, la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía, el Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía y la Plataforma Teledetod@s.


Así lo ha anunciado Francisco Toscano, alcalde del municipio sevillano de Dos Hermanas y presidente del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.

El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales debatirá si recurrir estos decretos antes el Tribunal Constitucional por considerar que legislan «a espaldas de los ayuntamientos» y no han sido sometidos a la revisión de dicho órgano. Hay que recordar que el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales se creó en Andalucía de forma pionera para que cualquier medida que pudiera afectar a la política municipal se viera previamente sometida a un informe «no vinculante pero preceptivo».

Francisco Toscano ha señalado que al no haber sido consultados, los municipios no han podido enriquecer el texto de estos decretos. El primero de ellos fue promovido el pasado mes de septiembre y su objetivo es regular el régimen jurídico de las edificaciones irregulares; y el segundo de ellos, el nuevo decreto ley 2/20 de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía,  afecta a 21 leyes, seis decretos y muchas competencias municipales.

El Gobierno central también ha abierto la vía para recurrir este decreto 2/20 antes el Constitucional, ya que introduce medidas económicas que afectan a numerosos sectores bajo algunos preceptos que pueden colisionar con otras normas de carácter estatal. De hecho, el Consejo de Ministros ha acordado solicitar el preceptivo informe al Consejo de Estado antes de decidir si recurre o no ante el Constitucional esta norma. Aún así la valoración del Consejo de Estado no es vinculante, aunque sí obligatoria, por lo que el Gobierno puede recurrir el decreto aunque la opinión de dicho órgano no lo aconseje.

Entre las vulneraciones de la competencia estatal que denuncia el Gobierno se encuentra la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación. Sobre este asunto, el decreto 2/20 recoge en su artículo 13 que se exime de autorización previa administrativa y comunicación a la Consejería competente de determinadas obras sobre bienes de interés cultural y su entorno.

El artículo 28 también vulnera la normativa estatal sobre telecomunicaciones al permitir la emisión en cadena y conexión con entidades privadas no autorizadas. En ese sentido el decreto también elimina la prohibición de difundir o contratar comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios de comunicación audiovisual que no dispongan del correspondiente título habilitante. Ambas medidas confrontan con la reciente Ley Audiovisual de Andalucía, que fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos representados en el Parlamento Andaluz.

El Consejo de Ministros también apunta la ausencia del presupuesto habilitante del uso del decreto ley y se plantea su suspensión al entender que los perjuicios que puedan producirse por su aplicación pueden ser de difícil o imposible reparación, y por otro, por su relevancia, al incidir en el ejercicio de derechos de los ciudadanos.

Plan para la Mejora de la Regulación Económica

La Junta de Andalucía por su parte señala que esta reforma legal se enmarca en el Plan para la Mejora de la Regulación Económica cuyo objetivo es atraer inversiones y facilitar el acceso a la actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando y proporcionando seguridad jurídica, agilidad y una regulación más eficiente. El decreto 2/20 fue aprobado con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, incluyendo un centenar de medidas que afectan a 21 leyes y 6 decretos, en ámbitos como el turismo, el comercio, la salud, la industria agroalimentaria, la pesca, el medio ambiente, el urbanismo, la energía, los servicios sociales y los de carácter audiovisual.

Imagen: FAMP


ALEJANDRO PERALES- Asociación Usuarios de la Comunicación 

La Asociación de Usuarios de la Comunicación valora el primer paso para recurrir al Tribunal Constitucional el decreto 2/20 que modifica la Ley Audiovisual de Andalucía.

Ha elaborado un informe sobre sus consecuencias para mostrar su preocupación por el desmantelamiento del servicio público de radio y televisión en Andalucía que supone este decreto. El presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, Alejandro Perales, afirma que el decreto ley 2/20 contraviene la legislación estatal básica en materia audiovisual. Además, lamenta la ausencia de los criterios óptimos de participación y de transparencia en su convalidación en la Diputación Permanente de la Cámara Autonómica. Del mismo modo, critica que contemple la reforma de la Ley Audiovisual de Andalucía. Alejandro Perales matiza que, debido a su reciente aprobación, es referente para los cambios legislativos que se tienen que producir, en esta materia, en el conjunto del Estado.

Del mismo modo, Alejandro Perales explica que el Decreto 2/20 parte de un mal diagnóstico. En lugar de resolver los problemas que pueden presentar los medios locales públicos y comunitarios y mejorar sus condiciones para que puedan realizar su labor con sostenibilidad y profesionalidad, se ha optado por realizar un «efecto llamada» al empresariado privado dándole todo tipo de facilidades en detrimento, precisamente, de estos medios de proximidad.

Primer paso

Ya este martes se anunciaba el paso del Consejo de Ministros para pedir al Consejo de Estado el informe preceptivo con el que recurrir el decreto de la Junta que modifica, entre otras normas, la Ley Audiovisual de Andalucía. El grupo parlamentario de Adelante Andalucía, que también está iniciando acciones para llegar a ese recurso de inconstitucionalidad, valora este paso. Mientras, no dejan de sumarse entidades al manifiesto firmado, entre otras por esta casa EMA-RTV, que pide al Consejo Audiovisual de Andalucía que se pronuncie sobre este decreto. Por ejemplo, la Asociación de Usuarios de la Comunicación, que también ha elaborado un informe sobre sus consecuencias mostrando preocupación por el desmantelamiento del servicio público de radio y televisión en Andalucía que supone este decreto.


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