AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

DE ESTE A OESTE – ANTONIO MAILLO- IU Andalucía

Una red de municipios contra los desahucios y en defensa de los consumidores frente a los productos hipotecarios. Esta es la propuesta de IU y entre las primeras actuaciones, asegura, está exigir al Gobierno central la retirada del recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) de la ley de la función social de la vivienda, la conocida ley antidesahucios, así como la entrada en vigor de dicha Ley. Asegura el coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, que aunque los consistorios no tienen competencias directas, la práctica de los ayuntamientos gobernados por IU han demostrado que hay margen de actuación desde lo local. Antonio Maíllo, va a proponer en el próximo Consejo Andaluz, máximo órgano entre asambleas del partido, la constitución de esta red a la que cree que se sumarán otros municipios. Andalucía lidera las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el primer trimestre de este año, con más de cinco mil, casi un 17 y medio por ciento más. Así se desprende de la nueva estadística hecha pública hoy por el Instituto Nacional de Estadística, el INE.

DE ESTE A OESTE – JOSÉ ANTONIO GARCÍA CEBRIÁN – Exviceconsejero de Fomento y Vivienda

Así lo cree José Antonio García Cebrián, quien era viceconsejero de Fomento y Vivienda de la Junta cuando el decreto se aprobó. El Tribunal Constitucional cree que el decreto andaluz antidesahucios invade competencias y obstaculiza las medidas estatales. Estima así parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra el decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda. La sentencia se basa en dos consideraciones. Una técnica, que la norma regula aspectos que están vedados al decreto ley. El TC considera que la expropiación de dichas viviendas invade la competencia exclusiva del Estado en materia de coordinación de la planificación general de la actividad económica. Explica que el Estado ha puesto en marcha unas medidas en esta materia y que es la institución que debe establecer el marco de actuación. Sin embargo el exviceconsejero de Fomento y Vivienda de la Junta asegura que la norma estatal no garantiza los derechos de la ciudadanía. La sentencia, que cuenta con tres votos particulares, entre ellos el de la vicepresidenta del Tribunal que señala que la norma no vulnera la Constitución y que las medidas que contiene podrían resultar aplicables cuando finalizara el periodo de suspensión.

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