AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

DE ESTE A OESTE – CRISTÓBAL FÁBREGA – Amnistía Internacional

La organización calcula que la ley de seguridad ciudadana podría llevar alrededor de 34.000 sanciones sólo en 2016 por conductas amparadas por el derecho de reunión, expresión e información. Cristóbal Fábrega, portavoz de Amnistía Internacional, alerta de que estas multas tienen un carácter disuasorio y llevan aparejado una práctica contraria a una sociedad democrática: la autocensura. Esto, a su vez, perjudica a la libertad de expresión. Desde Amnistía Internacional señalan que, con esta ley, se criminaliza a quienes denuncian abusos relacionados con las instituciones públicas y a los que constatan esos hechos con material gráfico. Para el portavoz de la ONG, Cristóbal Fábrega, estas actuaciones tienen como objetivo maquillar la realidad y callar a quienes alzan la voz contra la vulneración de derechos fundamentales.


DE ESTE A OESTE – PABLO MARÍA FERNÁNDEZ – Coordinador del área de Marginación de APDHA

La situación actual de la vivienda en Andalucía es similar a la de hace cuatro años, cuando el Movimiento Andaluz de Derecho a la Vivienda pedía la declaración de estado de emergencia habitacional en nuestra tierra. Así lo ha señalado esta mañana en la OLA Pablo María Fernández, coordinador del área de Marginación de APDHAHace unos días, la Comisión Europea enviaba a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar a tiempo las reglas europeas que refuerzan la protección del consumidor al suscribir una hipoteca. Desde APDHA siguen reclamando la declaración de “Estado de Emergencia habitacional en Andalucía”. Con ello reclamaban que las administraciones pudieran responder de forma urgente y coordinada para dar respuesta a una situación que afectaba a una parte muy importante de la población andaluza.


DE ESTE A OESTE – FRANCISCO TERRÓN – Secretario de Acción Sindical de Sindicato de Periodistas de Andalucía

El Sindicato de Periodistas de Andalucía se concentra por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Se celebra hoy, 3 de mayo, motivo por el que el Sindicato ha llamado a los profesionales de la información y la comunicación de Andalucía a la concentración organizada esta mañana en Granada. Para Francisco Terrón, secretario de Acción Sindical de Sindicato de Periodistas de Andalucía, esta jornada es festiva a la vez que reivindicativa, ya que es más necesario que nunca defender el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz. Denuncian que la situación de la libertad de prensa en nuestro país ha empeorado en los últimos años. Señala como principales causas la reforma laboral y sus consecuencias en el empleo periodístico y las presiones a los trabajadores y trabajadores por parte de las empresas mediáticas.


DE ESTE A OESTE – LUPE PASTOR – Asociación de Mujeres Politólogas

Justo dentro de una semana se celebra el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. Las protestas tendrán como epicentro la Puerta del Sol donde un grupo de mujeres prosigue su huelga de hambre para pedir que la violencia machista sea cuestión de estado y se enfrente con políticas eficaces. Lupe Pastor, integrante de la Asociación de Mujeres Politólogas, asegura que, a esa violencia física, hay que sumar otras muchas violencias menos visibles; desde trabajos más precarios y peores sueldos, hasta la objetualización del cuerpo de la mujer, la justificación de la cultura de acoso y la violación. Por todo ello hay una convocatoria global de paro internacional de mujeres. Señala que el 8 de Marzo es una fecha para volver a recordar que vivimos en sociedades que siguen discriminando, invisibilizando y maltratando a las mujeres. Y recuerdan que la violencia física dentro de la pareja ha dejado en este comienzo de año la huella más sangrienta desde que se tienen registro.


DE ESTE A OESTE – ESPECIAL LEY MORDAZA

El pleno del Congreso ha aprobado este martes, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, una moción del grupo socialista en la que reclama al Ejecutivo la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. Raúl Febrer, activista de movimientos sociales, señala que esta norma pretendía desactivar las movilizaciones y protestas en la calle. Desde Andalucía Acoge, su presidenta Sylvia Koniecki denuncia que la norma ha permitido legalizar las devoluciones en caliente, y por lo tanto dar cobertura legal a una vulneración flagrante de los derechos humanos. Los votos a favor de derogar han sumado 167, suficientes ante los 133 noes y las 32 abstenciones para que saliera adelante la iniciativa, que no implica directamente ningún cambio legal, pero reclama al Ejecutivo la marcha atrás en una de las normas más cuestionadas de las que impulsó en la primera legislatura de Mariano Rajoy.


DE ESTE A OESTE – CARMEN FLORES – Asociación Defensor del Paciente

Las camas de los hospitales no se pueden cerrar en verano porque las enfermedades no se van de vacaciones. Es la contundente afirmación de Carmen Flores, presidenta de la Asociación el Defensor del Paciente, que ha remitido un escrito a la Fiscalía de Málaga tras la muerte de un hombre en Estepona a la espera de una ambulancia durante hora y media. Como señala Carmen Flores, desgraciadamente este no es el único caso que llega a la asociación. También denuncian las demoras y las listas de espera y el cierre de áreas en época estival. La presidenta del Defensor del Paciente alerta de que patologías graves como el cáncer no pueden esperar a ser atendidas. Así, la presidenta del Defensor del Paciente señala que la consecuencia más dramática de los recortes sanitarios es la muerte de personas en casos de emergencias. Pero también, señala Carmen Flores que enfermedades leves van empeorando con las demoras en la atención.


DE ESTE A OESTE – CRISTINA SERVÁN – APDHA

La ley mordaza se está aplicando para limitar la libertad de expresión de la ciudadanía y eliminar cualquier opinión disidente. Así lo asevera Cristina Serván, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Destaca que desde su entrada en vigor el 30 de junio de 2015 se han abierto 30 mil expedientes de los que el 15% se han resuelto con sanciones lo que, lamenta, ha supuesto un retroceso de la libertad de la población en nuestro país. En ese sentido apunta que en la mayoría de los casos se trata de expedientes abiertos por los cuerpos y fuerzas de seguridad al considerar que se les ha faltado el respeto como autoridad. Además, alerta de que esta norma de Seguridad Ciudadana tiene consecuencias graves para una sociedad democrática, ya que ataca derechos fundamentales como el de información y expresión. En este sentido, resalta que uno de los objetivos de la represión son los profesionales del periodismo y esto conlleva, a su vez, autocensura a la hora de ejercer la labor. Por ello, desde la plataforma ‘Defender a quien defiende’ se ha creado «Malla», una herramienta web para registrar los casos de represión en toda España y visibilizar sus efectos.


DE ESTE A OESTE – CARLOS ARCE- coordinador de Inmigración de APDHA

APDHA denuncia que las cuestiones sociales que tienen que ver con los colectivos más vulnerables no son atendidas por los partidos políticos que se presentan a las elecciones del próximo 26 de junio. Carlos Arce, coordinador de Inmigración de la APDHA señala que, entre las primeras medidas que deberían llevar a cabo el Gobierno que salga de las urnas el 26 de junio, destaca la ley de seguridad ciudadana, denominada ley mordaza, y la prisión permanente revisable, recogida en la reforma del Código Penal. Critican además las promesas vacías que hacen los partidos y recuerda que el Gobierno central no ha cumplido el compromiso de anular la restricción de acceso a la sanidad pública de las personas en situación irregular.


DE ESTE A OESTE – AGUSTÍN YANEL – Federación Española de Sindicatos de Periodistas

Así lo expone en la Onda Local de Andalucía Agustín Yanel, secretario general de la Federación Española de Sindicatos de Periodistas, quien recuerda que desde julio de 2015, con la entrada en vigor de esta norma y de la reforma del Código Penal, se ha limitado el derecho a la comunicación y la información reconocido para toda la ciudadanía por la Constitución. En este sentido,  apunta que las elevadas multas que se contemplan en la ley mordaza hacen que los propios periodistas pongan límites a sus informaciones. Una situación también provocada, según dice, por la precaria situación laboral que afecta al sector. Precisamente, la precariedad es otro de los problemas que denuncian desde este colectivo. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Federación de Sindicatos de Periodistas ha recordado la desigualdad que sufren las mujeres profesionales de este sector. Denuncia que, a pesar de ser mayoría las licenciadas en periodismo, son casi inexistentes los casos de mujeres en cargos importantes en los medios y, además, sufriendo la discriminación salarial.De todo esto se habla hoy en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, que acoge un congreso Internacional organizado por el Sindicato de Periodistas de Andalucía y la Federación estatal que incluye un Simposio y una mesa de debate bajo el título “El empoderamiento ciudadano como respuesta a los procesos de manipulación mediática”.

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DE ESTE A OESTE – VALENTÍN AGUILAR – Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía

La Junta de Andalucía tiene muchas competencias en la gestión de los derechos sociales y es responsable de que se cumplen o no con ellos en nuestra tierra. Así lo aclara Valentín Aguilar, coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Reconoce que gran parte de los recortes sociales han llegado por decisiones del Gobierno central como la ley mordaza, las mermas en el acceso universal de la sanidad, los desahucios, pero, insiste, eso no excusa la responsabilidad del Gobierno regional. Para APDHA la Junta se tiene que centrar en garantizar servicios básicos para la vida a los ciudadanos y ciudadanas que viven aquí, como vivienda, luz, agua. Materias que deben ser abordadas con planes de emergencias que den respuesta a la situación gravísima que estamos padeciendo. Desde APDHA recuerdan que la crisis ha empeorado una situación de desigualdad que venía de lejos. Recuerda que nuestra comunidad ha mantenido importantes bolsas de pobreza y exclusión también en tiempo de bonanzas, lo que demuestra, dicen, que la lucha contra estas injusticias es un asunto de voluntad política.

La conocida como LGTBIfobia es el miedo y el rechazo hacia personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales, miedo que a día de hoy sigue presente en nuestra sociedad, según denuncian desde el Ayuntamiento del municipio sevillano.

El pleno municipal de la localidad sevillana de El Viso del Alcor está trabajando para condenar tanto a los responsables de estos delitos de odio por cuestiones de orientación sexual o identidad de género, como a los poderes públicos. La campaña que van a poner en marcha incluye medidas para pedir que las instituciones respondan y actúen ante esta discriminación que se hace cada vez sobre más personas.

Por ello, en la búsqueda de avanzar en una sociedad igualitaria, desde el Ayuntamiento pretenden llevar a cabo un ejercicio de concienciación. Ven necesario hacer un esfuerzo educativo para poder acabar con todas estas prácticas. Entre otras acciones, se plantea la posibilidad de incluir la diversidad en educación afectivo-sexual y familiar en los programas de formación que ponga en marcha el Ayuntamiento, tanto para el alumnado de centros escolares como para el personal funcionario o técnico del municipio. El objetivo es evitar la violencia que se genera no solo en las calles, también en aulas o centros de trabajo por el hecho de ser lesbiana, gai, bisexual, transexual o intergénero.

Además, otra de las medidas se dirige a la retirada inmediata de toda subvención o ayuda económica a las entidades públicas o privadas que con sus actuaciones o declaraciones fomenten el odio o la discriminación hacia las personas LGTBI.

Todos los demás grupos parlamentarios consideran que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana limita los derechos fundamentales, por lo que han hecho un frente común para denunciar en la tribuna el contenido de la norma, con expresiones como «represión», «barra libre para la policía», «ataque a las libertades» o «aberración jurídica», entre otras. Y todos han prometido que si en la próxima legislatura hay una mayoría distinta a la absoluta del PP en esta promoverán el cambio o la derogación de la ley de seguridad ciudadana.

Para el socialista Antonio Trevín, la ley es una vuelta al estado policial y es innecesaria. Además, denuncia que con la coartada de la seguridad quieren cercenar derechos de los ciudadanos, imponiendo el derecho administrativo del enemigo y eliminando el control judicial. Las faltas que hasta ahora se incluían en el Código Penal, es decir, eran sancionadas con intervención judicial ahora pasan a ser castigadas con multas administrativas en las que solo hay intervención judicial a posteriori. Las faltas muy graves se sancionarán con entre 300.001 euros a 600.000 euros; las graves con entre 601 euros y 30.000 euros, y las leves con entre 100 y 600 euros.

Se considera falta grave la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal.

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