AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

DE ESTE A OESTE – CURRO MACHUCA – Sindicato de Inquilinos de Málaga

Los desahucios por impago de alquiler afectan cada vez más a personas que tienen trabajos precarios.

Es la afirmación que traslada en la Onda Local de Andalucía Curro Machuca, integrante del Sindicato de Inquilinos de Málaga. Asegura que las dificultades económicas que sufren miles de familias se traducen en la imposibilidad de pagar el alquiler para poder sufragar otros gastos imprescindibles, como el de alimentación o suministros. Una realidad que está llegando a personas que, aun teniendo empleo, no pueden vivir dignamente por la precariedad laboral.

Esta realidad se suma a que, en poco más de un mes de vida, el decreto de vivienda que la semana pasada rechazó el Congreso provocó el alza de los alquileres de vivienda libre. En ese tiempo en el que el decreto estuvo en vigor, organizaciones defensoras del alquiler digno pusieron el acento en las subidas de las rentas por contratos más largos y en resquicios por los que los propietarios se negaron a pagar los gastos como les correspondía. Para Curro Machuca, este decreto no ha servido para establecer una regulación de los precios.

Nuevo desahucio

En este contexto, un nuevo desahucio por impago de alquiler amenaza a una familia malagueña, con dos menores y una mujer embarazada. Tienen 20 días para encontrar una casa; si no, se verán en la calle. El 19 de febrero deberán abandonar la casa en la que llevan viviendo cuatro años, por no poder afrontar la subida del alquiler. Este es uno de los muchos casos que se viven en nuestra tierra y en todo el país derivados de las políticas de vivienda que, según denuncian colectivos sociales, no han servido para dar una solución habitacional a las familias vulnerables


DE ESTE A OESTE – RUTH DE FRUTOS – Sindicato de Inquilinos de Málaga

Las organizaciones por el derecho a la vivienda y los sindicatos de inquilinos aplauden que el problema del alquiler sea abordado por el Gobierno central pero advierten de que los anuncios hechos hasta ahora son insuficientes. Señalan que ampliar el tiempo mínimo de contrato de tres a cinco años es un ejemplo, ya que solo retrasa la expulsión de los vecinos y vecinas. Ruth de Frutos, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Málaga, afirma que hace falta regular los precios y establecer sanciones. Desde los sindicatos de inquilinos señalan que la regulación de precios mediante ayudas fiscales, como propone el Gobierno de Pedro Sánchez, no es la mejor opción. También recuerdan que quienes más están padeciendo las consecuencias de la especulación y la burbuja del alquiler son mujeres mayores.

Vivienda pública

Otra de las medidas estrellas que ha dibujado Sánchez ha sido el anuncio de 20.000 viviendas pública en los próximos años para aumentar el parque público de alquiler. Este aumento en la oferta de viviendas públicas podrá enfriar la subida de precios, según indican desde el PSOE. Algunas organizaciones señalan que estas cifras son insignificantes si se comparan con las necesidades habitacionales actuales o con la capacidad que debería tener el Gobierno.

FOTO: Reuters

DE ESTE A OESTE – CURRO MACHUCA – Sindicato de Inquilinos de Málaga

Los inquilinos dedican ya más del 40 por cierto de sus ingresos al pago del alquiler.  Así se desprende el Séptimo Perfil del Inquilino en España. En concreto, casi el 35% de los encuestados afirma dedicar este porcentaje al pago de la renta del alquiler, mientras que un 29% dedica casi la mitad de su sueldo a pagar el alquiler. Según Curro Machuca, integrante del Sindicato de Inquilinos de Málaga, piden que se pongan en marcha medidas concretas que generan alternativas habitacionales. Unos datos que se enlazan del Poder Judicial que señalan que durante 2017 se produjeron en España 100 desahucios al día por impago de alquiler. Todo esto cuando la Comisión de Justicia del Congreso aprobaba este martes para su remisión al Senado la proposición de ley que acelera los llamados desalojos exprés con el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos, el PDeCAT y el PNV.


DE ESTE A OESTE – EDUARDO LASSO – Víctima de desahucio

Durante 2017 se produjeron en España 100 desahucios al día por impago de alquiler. Son datos del Poder Judicial que analizamos hace unos días con la PAH. Eduardo Lasso lleva desde principios de este mes en huelga de hambre frente a una sede de Caixabank, entidad que está detrás del desahucio al que se enfrenta. Denuncia que en su caso no se están aplicando los abusos que en otros casos sí se están teniendo en cuenta para renegociar con la entidad bancaria. Eduardo Lasso, asegura que su caso se parece al de otras personas que acuden a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y denuncian los abusos de las entidades en esta materia. Los datos oficiales señalan que la mayoría de los desahucios se producen sobre viviendas en alquiler, en concreto el 60 por ciento, el 40 por ciento restante son desahucios por hipoteca.


DE ESTE A OESTE – JAVIER PÉREZ – Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Málaga

Aseguran que ni la Junta ni el Gobierno central han adoptado las medidas que la PAH propone para evitar los desahucios, reconocen que se está invirtiendo partidas pero creen que están mal enfocadas. Javier Pérez Fontalba, integrante de la PAH Málaga, cree que es fundamental que se de uso a las viviendas que dependen de las administraciones. Asegura que los niveles de desahucios siguen siendo muy altos y que, para poder negociar con las entidades financieras, las familias cuentan con la auto-organización como la mejor herramienta de lucha. Son peticiones después de que el consejero de Fomento y Vivienda haya anunciado en la Onda Local de Andalucía que nuestra tierra tendrá una norma que permitirá a la Junta tener una posición preferente en la compra de una vivienda que vaya a ser desahuciada para poder ofrecerla a la familia que vivía en ella en régimen de alquiler social.


DE ESTE A OESTE – RUBÉN SÁNCHEZ – Plataforma Vivienda Digna

La situación para las personas inquilinas de vivienda se ha vuelto más precaria debido a la ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas  que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2013. Así lo ha señalado esta mañana en la OLA, Rubén Sánchez, presidente de la Plataforma por una Vivienda Digna. Al igual que la PAH, esta plataforma recalca que esta situación se debe a la precariedad en el empleo y la subida de precios. Denuncia que las normas tras las burbuja inmobiliaria solo ha servido para que las entidades financieras y las sociedades económica puedan seguir especulando. El Consejo General del Poder Judicial ha hecho público el Informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que recoge un ascenso del número de desahucios y lanzamientos practicados en todo el Estado. Ha habido un crecimiento respecto al primer trimestre de 2016, concretamente de un 2 por ciento.  Y los ejecutados en virtud de la Ley de Arrendamientos Urbanos casi un 6 por ciento, hasta los casi 10.000


 

DE ESTE A OESTE – RAFAEL BLÁZQUEZ – Ganemos Córdoba

Las familias que ocupan una vivienda propiedad de una entidad bancaria son familias con necesidades reales, que no generan problemas en el vecindario y que quieren pagar un alquiler acorde a sus ingresos. Es el perfil medio según se desprende de un estudio que ha realizado la Universidad de Córdoba. La formación municipal Ganemos Córdoba pidió este estudio para conocer la realidad de estas personas sobre las que pesa un gran estereotipo según señala Rafael Blázquez, portavoz del grupo municipal Ganemos Córdoba. Además asegura que la solución pasa por crear alquileres sociales. En cuanto al suministro de luz y agua, desde Ganemos Córdoba recuerdan que el agua, que es gestión municipal, está garantizada, una situación que no se da en cuanto al suministro eléctrico.


DE ESTE A OESTE – FERNANDO CARNERERO – Plataforma de Afectados por la Hipoteca

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca acoge con satisfacción las nuevas ayudas al alquiler para personas con bajos ingresos, pero no cejan en sus reivindicaciones. Fernando Carnerero, uno de los integrantes de la PAH, recuerda en la Onda Local de Andalucía que nuestra comunidad es de las que menos nivel de renta tiene de todo el país, por lo que es una medida necesaria. También por el número de desahucios que se producen y las tasas de exclusión social que azotan a la región. Por ello, cree que hacen falta acciones más ambiciosas y reclama a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que dé un paso al frente para presionar a los bancos en cuanto a las viviendas en manos de la SAREB. Con el objetivo de paliar la emergencia habitacional y social que se vive en Andalucía, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca inciden en las cinco medidas que ya propusieron en su día al Gobierno central. Entre ellas, recuerda la dación en pago retroactiva y el acceso al parque público de viviendas en alquiler social.


DE ESTE A OESTE – JOSÉ CAZORLA – PAH Almería

Siguen las denuncias de abusos hipotecarios a pesar de las leyes aprobadas tanto por la Junta, planteada por el anterior ejecutivo andaluz y paralizada en parte por un recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional, y la del Gobierno central. Las organizaciones que trabajan con las familias amenazadas con desahucios denuncian que el Código de buenas prácticas bancarias se incumple. José Carzorla, uno de los portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Almería, señala que ha habido un aumento en Andalucía de los desahucios y que se puede deber a al reparo de las familias a acudir a las plataformas a pedir ayuda ante este problema. El código se incluye en el Decreto Ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos que aprobó el Gobierno central tras paralizar la ILP que había impulsado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y tras las advertencias de la UE ante una ley de vivienda en España que calificaba de injusta y desproporcionada.


DE ESTE A OESTE – RUBÉN SÁNCHEZ – FACUA

FACUA-Consumidores en Acción considera escandaloso que el Banco de España defienda a la banca y abogue por no devolver el dinero cobrado de más a través del abuso de las cláusulas suelo. Recordamos que el Tribunal Supremo declaró nulas aquellas en las que no se ofreció suficiente información, algo que ocurrió de manera generalizada hasta ese momento. Esta sentencia permitía la devolución de los importes cobrados hasta el 9 de mayo de 2013. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha manifestado que esa decisión es contraria a la normativa europea y que hay que devolver todas las cantidades cobradas sin poner límite a la devolución. El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, sostiene que si se hubieran declarado ilegales en su día, muchas personas hubieran evitado el desahucio porque eso supondría cientos de euros de ahorro al mes. Recuerda que en la web de FACUA hay un simulador para saber cuánto se ha pagado de más en la hipoteca y poder reclamar cantidades. Rubén Sánchez insta también a no firmar ningún tipo de acuerdo con la entidad financiera que suponga la anulación de la cláusula suelo sin devolver cantidades o la contratación de servicios financieros a cambio.


DE ESTE A OESTE – FERNANDO CARNERERO – Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Desde esta semana se activa un protocolo que va a permitir a los jueces y a los servicios sociales de los ayuntamientos comunicarse y advertirse que entre los posibles desahuciados hay familias de especial vulnerabilidad. La comunicación tiene un doble objetivo: los servicios sociales autonómicos y municipales tendrán acceso rápido a la información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios y pueden buscar una solución; al mismo tiempo, cuando el juez detecte situaciones de riesgo, lo comunicará a los servicios sociales, pudiendo incluso suspender el lanzamiento, de conformidad con las leyes procesales. Para Fernando Carnerero, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se trata de una buena noticia pero llega tarde. Recuerda que sus cinco reclamaciones aún no se han visto cumplidas y que hay medidas que se podrían aplicar de forma inmediata en todos los niveles de la administración. Denuncia que los abusos de la banca siguen dándose diariamente y aseguran que lo que se ha producido es una leve mejoría a través de algunas medidas y, sobre todo, un lavado de cara.

DE ESTE A OESTE – CARLOS MACÍAS – Portavoz de la PAH

Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca afirma que el Gobierno andaluz no está actuando en defensa de la ciudadanía frente a los abusos de la banca. Reconoce los esfuerzos del Ejecutivo autonómico en la legislatura anterior cuando se aprobaron dos normas que el Gobierno central recurrió al Tribunal Constitucional, pero creen que fueron insuficientes. Antes de las elecciones, la PAH hizo una propuesta de 5 medidas concretas para solucionar el problema de la vivienda en España. Señalan que si el nuevo Gobierno no se compromete a aplicarlas comenzaran una campaña por todo el Estado. Según datos del Banco de España, entre 2012 y junio de 2014 se produjeron casi 98.000 ejecuciones hipotecarias. Es decir, que cerca de 100.000 familias perdieron su lugar de residencia habitual. Tras la ley estatal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, la PAH denuncia que el panorama es muy parecido. Entre abril y junio de 2015 se produjeron casi 18.800. En concreto diez menos que en el mismo periodo de 2014, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial.

DE ESTE A OESTE – ISABEL FERNÁNDEZ – Plataforma de Afectados por la Hipoteca

En Andalucía varios ayuntamientos están protegiendo el derecho a la vivienda gracias a las propuestas y reivindicaciones de las organizaciones sociales. Así lo creen desde la PAH que han acogido con satisfacción las medidas acordadas en el Ayuntamiento de Sevilla. Isabel Fernández, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sevilla-Este/Amate, señala que este es un nuevo ejemplo de que la acción social ha conseguido visibilizar y dar notoriedad a este problema y sumar la adhesión social y comprometer a las administraciones. Las mociones aprobadas en el Ayuntamiento de Sevilla, presentadas de forma conjunta entre PSOE, Participa Sevilla e IU, apuestan por reactivar el Plan Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación, revitalizar la empresa pública Emvisesa, la defensa del derecho a la vivienda digna, medidas fiscales, la puesta en marcha del Consejo Municipal de la Vivienda y acciones en materia de relaciones con las entidades financieras.

DE ESTE A OESTE – JOSÉ ARANDA – Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Málaga

La PAH asegura que las oficinas de la Junta están ayudando a frenar desahucios pero que no es suficiente y que los bancos siguen dejando en la calle a muchas familias. José Aranda, portavoz de la PAH en Málaga advierte de que uno de los problemas es que esta práctica se ha normalizado. Denuncian desde la PAH que las leyes aprobadas no han cambiado lo esencial y que han sido un simple lavado de cara para evitar las sanciones y acusaciones de la UE. Desde la PAH reclaman medidas concretas. La Consejería de Fomento y Vivienda señala que las oficinas de prevención, intermediación y protección contra los desahucios acogidas al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda han evitado un total de 7.877 desalojos en tres años.

 

La concentración tendrá lugar en la puerta de la sede de Caja Rural en El Cuervo, esta mañana a las 11 horas.

A lo largo de la mañana de hoy tendrá lugar una manifestación pacífica en la localidad sevillana de El Cuervo para protestar contra la situación de desatención que denuncian sufrir dos familias del municipio por parte de la entidad bancaria. Las familias piden una reestructuración de su deuda hipotecaria o la dación en pago con derecho a un alquiler social, aunque de momento no ha recibido ninguna solución.

Han confirmado su participación en la manifestación el alcalde y los concejales del Ayuntamiento de El Cuervo, miembros de la Plataforma Stop Desahucios de El Cuervo y Las Cabezas de San Juan, el parlamentario andaluz de Podemos por Cádiz, Jesús Rodríguez González, y el concejal de Sanlúcar de Barrameda de Sanlúcar Sí Se Puede, David Alhambra.

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DE ESTE A OESTE – RUBÉN SÁNCHEZ- Portavoz de FACUA

Uno de los principales problemas que más daño ha hecho a este colectivo y más sufrimiento ha provocado son los abusos de las entidades financieras respecto a los créditos hipotecarios. Y de todo esto, su cara más dura, los desahucios. Precisamente, para acabar con esas malas prácticas, desde Andalucía se impulsaba el proyecto de ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria sobre la Vivienda, que ha superado el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento andaluz. Según el consejero de Salud, Aquilino Alonso, esta ley tiene como principales objetivos acabar con los abusos en estas operaciones financieras. Sin embargo, para Rubén Sánchez, portavoz de Facua Consumidores en Acción, la Junta de Andalucía carece de un correcto sistema de inspección que detecte las posibles prácticas abusivas de las entidades financieras. Además, denuncia que falta capacidad sancionadora de la Administración regional a las entidades bancarias. Por ello, pide que se aumente el marco sancionador ante los abusos. Por último, señala que las personas consumidoras tienen el derecho de conocer todo el proceso de contratación hipotecaria de forma transparente y ser conscientes de que las hipotecas de hoy se pueden convertir en el desahucio de mañana.

El Pleno aprobó también la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda que regule el número de viviendas vacías.

El municipio granadino de Atarfe ha sido declarado en pleno como ‘Municipio Libre de Desahucios’, con el voto a favor de Por Atarfe Sí, Ganemos, Ciudadanos y PP y el voto en contra del PSOE. Según el consistorio en Atarfe hay 2.587 viviendas vacías del total de 9.132 viviendas habitables, lo que supone un 28% del total.

Dentro de las actuaciones que supone esta declaración se encuentra la creación de un Plan Municipal de Vivienda, el diálogo con las entidades financieras para que den parte de sus viviendas vacías con alquileres sociales o condone deudas ilegítimas, crear una Agencia Municipal de Vivienda y la actuación coordinada con los servicios municipales para dar alternativas a las familias afectadas.

Esta declaración supone también la elaboración de un protocolo de actuación de los servicios sociales en caso de desahucio, la colaboración de la policía municipal para que no haya desahucios sin realojo habitacional, el diálogo con las entidades financieras para la paralización de desahucios y condonación de deudas ilegítimas, y el asesoramiento de los servicios jurídicos del Ayuntamiento a las y los habitantes que los requieran.

DE ESTE A OESTE – ANTONIO MAILLO- IU Andalucía

Una red de municipios contra los desahucios y en defensa de los consumidores frente a los productos hipotecarios. Esta es la propuesta de IU y entre las primeras actuaciones, asegura, está exigir al Gobierno central la retirada del recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) de la ley de la función social de la vivienda, la conocida ley antidesahucios, así como la entrada en vigor de dicha Ley. Asegura el coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, que aunque los consistorios no tienen competencias directas, la práctica de los ayuntamientos gobernados por IU han demostrado que hay margen de actuación desde lo local. Antonio Maíllo, va a proponer en el próximo Consejo Andaluz, máximo órgano entre asambleas del partido, la constitución de esta red a la que cree que se sumarán otros municipios. Andalucía lidera las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el primer trimestre de este año, con más de cinco mil, casi un 17 y medio por ciento más. Así se desprende de la nueva estadística hecha pública hoy por el Instituto Nacional de Estadística, el INE.

DE ESTE A OESTE – JOSÉ ANTONIO GARCÍA CEBRIÁN – Exviceconsejero de Fomento y Vivienda

Así lo cree José Antonio García Cebrián, quien era viceconsejero de Fomento y Vivienda de la Junta cuando el decreto se aprobó. El Tribunal Constitucional cree que el decreto andaluz antidesahucios invade competencias y obstaculiza las medidas estatales. Estima así parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra el decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda. La sentencia se basa en dos consideraciones. Una técnica, que la norma regula aspectos que están vedados al decreto ley. El TC considera que la expropiación de dichas viviendas invade la competencia exclusiva del Estado en materia de coordinación de la planificación general de la actividad económica. Explica que el Estado ha puesto en marcha unas medidas en esta materia y que es la institución que debe establecer el marco de actuación. Sin embargo el exviceconsejero de Fomento y Vivienda de la Junta asegura que la norma estatal no garantiza los derechos de la ciudadanía. La sentencia, que cuenta con tres votos particulares, entre ellos el de la vicepresidenta del Tribunal que señala que la norma no vulnera la Constitución y que las medidas que contiene podrían resultar aplicables cuando finalizara el periodo de suspensión.

DE ESTE A OESTE – ELENA CONTRERAS – Corrala Utopía

Esta semana se cumple un año del desalojo de la Corrala Utopía, que se convirtió en todo un símbolo de resistencia ante las políticas de vivienda y desahucio. 36 familias se realojaron durante dos años en un inmueble de la ciudad de Sevilla, abandonado y propiedad de Ibercaja. Las vecinas de aquel inmueble creen que después de todo este tiempo la ciudadanía es más consciente de la situación pero el marco legal ha cambiado poco. Elena Contreras era vecina de la Corrala Utopía. Recuerda en la Onda Local de Andalucía que tras el desalojo, las familias fueron reubicadas por la Consejería de Vivienda de la Junta, una decisión que supuso la primera ruptura en el pacto de Gobierno entre PSOE e IU y la suspensión temporal de las competencias de esa Consejería. Ahora están a la espera de un realojo definitivo. Hoy, muchas de estas 16 familias han agotado todo tipo de prestaciones y viven gracias a sus familias o a la ayuda de organizaciones sociales.

DE ESTE A OESTE – LUIS RAJMIL – Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria alerta de que el grado de pobreza infantil alcanzado en España dejará efectos indelebles en la salud de los niños a lo largo de su vida. Existe evidencia de una peor salud general y peor salud mental en los menores de familias vulnerables que requieren ayuda para mantener su vivienda o que han sido desahuciados. Luis Rajmil, técnico Superior en la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña y colaborador en el Instituto de Investigación Hospital del Mar explica en la Onda Local de Andalucía, que la exposición temprana a la malnutrición genera dificultad de aprendizaje en la adolescencia, problemas de salud mental en la juventud y enfermedades cardiovasculares en la edad adulta. Por ello proponen la escolarización temprana porque, afirma, la desigualdad infantil multiplica las posibilidades de sufrirla en la edad adulta.

DE ESTE A OESTE – JUAN MORENO – Presidente de la UCA/UCE

La crisis económica y la especulación han hecho que las políticas de Consumo hayan estado en la primera línea del debate político de esta legislatura. Así lo cree Juan Moreno, presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía quien destaca que eso ha sido un logro de las asociaciones en defensa de las personas consumidoras porque, sostiene, han defendido que las políticas de Consumo eran las mejores políticas sociales que podían hacerse para proteger a las personas de los desahucios, de las cláusulas hipotecarias abusivas, de la especulación o del corte de suministros como la luz o el agua por imposibilidad de pagarlos. Para evitar que vuelvan a repetirse situaciones como la actual, Juan Moreno insiste en que el nuevo Gobierno regional debe implantar un nuevo modelo productivo andaluz que sea mucho más respetuoso con los derechos de las personas consumidoras y que evite la especulación que, recuerda, tanto daño a la ciudadanía y a los productores de Andalucía.

Stop Desahucios de Roquetas de Mar, Huércal, Nijar, Turre y Vera, en Almería, van a llevar a cabo este viernes, 6 de febrero, una marcha en el centro de la capital a partir de las 11 de la mañana.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca-Stop Desahucios de estos municipios almerienses va a llevar a cabo hoy una movilización en la ciudad de Almería para exigir a los bancos que a la hora de reclamar préstamos hipotecarios “practique negociaciones en vez de ejecuciones”.

La cita es las 11,00 horas y el punto de encuentro, la sucursal del Banco Mare Nostrum (Caja Granada), de la Rambla, 25, frente a la Avda. de la Estación, junto al Instituto Celia Viñas. Después, hasta las 14,00 horas, la marcha hará paradas en otras sucursales bancarias situadas en la segunda mitad del Paseo de Almería, hacia la Plaza Circular.

Los convocantes, que invitan a la ciudadanía a que participe activamente en la protesta, hacen un llamamiento a los colectivos, candidaturas o partidos políticos que compartan la defensa de la vivienda como un derecho fundamental.

DE ESTE A OESTE – ISABEL JIMÉNEZ – Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Málaga

Es una de las denuncias de Isabel Jiménez, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Málaga. Asegura en la Onda Local de Andalucía que sigue habiendo miles de casas vacías en manos de los bancos mientras muchas personas siguen perdiendo sus hogares por dificultades para pagar las hipotecas o los alquileres. Añade que las pocas casas que ofrecen las entidades bancarias no disponen de unos mínimos de confort y servicios. Además, la portavoz de la PAH de Málaga, critica que aún siga habiendo especulación en torno al tema de la vivienda. Apunta que los poderosos pueden comprar ahora inmuebles a bajos precios para obtener ganancias vendiéndolos cuando remonte el mercado. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Málaga sostienen que lo urgente es cambiar la legislación estatal para garantizar un techo a las personas que lo necesiten y acotar el poder de los bancos sobre la ciudadanía. Isabel Jiménez pide a la Junta de Andalucía que presiones al Gobierno central para ello y para que retiren los recursos contra las normas andaluzas en materia de vivienda.

Este fin de semana el colectivo se manifestaba en la Plaza de la Constitución de San Juan en un acto de protesta.

El pasado sábado 25 de mayo, el PIVE 15M de San Juan de Aznalfarache “tomo” la Plaza de la Constitución a través de un acto reivindicativo y lúdico, que contó con actividades infantiles (talleres de diábolo, máscaras, dibujo), un mercadillo solidario, música, y asamblea, en la que se informó a tod@s los vecin@s de la moción sobre desahucios, exclusión social y emergencia habitacional presentada por el PIVE.

La moción se tratará en el Pleno Municipal del próximo martes 28 de mayo, con la presencia de miembros de este colectivo. El PIVE 15M de San Juan de Aznalfarache propone una serie de medidas, entre ellas, la creación de una “Oficina de Seguimiento Hipotecaria” y de “un registro de personas afectadas por situaciones hipotecarias y que vivan bajo el umbral de la pobreza a fin de realizar el seguimiento fehaciente de sus carencias y procesos de disfrute se vivienda”.

En dicha moción se demanda, además, la puesta en marcha de un “registro de viviendas deshabitadas con participación y acceso ciudadano”, así como la creación urgente de un “parque de viviendas público para realojar a las personas desahuciadas, en régimen de alquiler adecuado a sus ingresos”.

En el escrito también se solicita el apoyo a las corralas, formadas por familias desahuciadas que se han realojado en inmuebles, según el PIVE 15M,  “a todos los efectos ‘viviendas deshabitadas’, según lo establecido en la nueva norma”. Otras demandas son “Decretar la inmediata puesta en uso de la vivienda pública y de VPO vacante, el inmediato cese de desalojos de viviendas públicas, la aplicación taxativa de la normativa de VPO que obliga al uso como residencia habitual de la vivienda de tal carácter y a la intervención decidida de los servicios de protección del consumidor frente a los abusos bancarios”. También se reclama que las instituciones públicas garanticen el acceso a suministros esenciales como el agua y energía eléctrica a las familias privadas del mismo por dificultades económicas.

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