AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

Todos los demás grupos parlamentarios consideran que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana limita los derechos fundamentales, por lo que han hecho un frente común para denunciar en la tribuna el contenido de la norma, con expresiones como «represión», «barra libre para la policía», «ataque a las libertades» o «aberración jurídica», entre otras. Y todos han prometido que si en la próxima legislatura hay una mayoría distinta a la absoluta del PP en esta promoverán el cambio o la derogación de la ley de seguridad ciudadana.

Para el socialista Antonio Trevín, la ley es una vuelta al estado policial y es innecesaria. Además, denuncia que con la coartada de la seguridad quieren cercenar derechos de los ciudadanos, imponiendo el derecho administrativo del enemigo y eliminando el control judicial. Las faltas que hasta ahora se incluían en el Código Penal, es decir, eran sancionadas con intervención judicial ahora pasan a ser castigadas con multas administrativas en las que solo hay intervención judicial a posteriori. Las faltas muy graves se sancionarán con entre 300.001 euros a 600.000 euros; las graves con entre 601 euros y 30.000 euros, y las leves con entre 100 y 600 euros.

Se considera falta grave la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal.

DE ESTE A OESTE – ANA GÓMEZ -Coor. Programas Cooperación Desarrollo UMA

Son las palabras de Ana Gómez, economista y coordinadora de Programas de Cooperación al Desarrollo de la UMA. Las universidades han entendido que la cooperación es una herramienta de colaboración y difusión de conocimiento esencial en su labor. En Andalucía desde principios del siglo XXI lo han convertido en una estrategia de transformación y divulgación en países más desfavorecidos. Desde el área de cooperación de la UMA rechazan el debate sobre ¿a quién atender primero en tiempo de crisis? Aseguran que no se puede establecer categorías entre la cooperación de dentro y de fuera porque vivimos en una economía interconectada a nivel mundial donde la justicia social repercute más allá de las fronteras concretas de un país. La Red Andaluza de Cooperación Universitaria para el Desarrollo cerraba hace unos días convenios de colaboración con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo que se pondrán en marcha en los próximos meses mediante acciones de sensibilización, formación y fortalecimiento de universidades latinoamericanas.

 
DE ESTE A OESTE – ROSA MARÍA MARTÍNEZ – CEPES-Andalucía

Y, además, fijan la población al territorio porque sus beneficios repercuten en la propia comunidad donde se asientan. Estas y otras ventajas de la economía social son las que destaca Rosa María Martínez Santaella, vicepresidenta de la Confederación de Entidades para la Economía Social, CEPES Andalucía, que deben tenerse en cuenta para cambiar el modelo productivo. Asegura que el trabajo que generan las cooperativas y otras sociedades de economía social es sostenible y más duradero. Rosa María Martínez alaba las medidas y la disposición del Gobierno andaluz para alcanzar ese cambio que considera necesario ante las altas tasas de paro y pobreza.

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