AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

DE ESTE A OESTE – MIGUEL ÁNGEL SERRANO – FACUA

Nuestro tiempo semanal sobre consumo tiene como protagonistas hoy a las entidades financieras. El Consejo de Gobierno ha acordado hoy dos nuevas sanciones, en este caso a Banco Sabadell y a Caja Rural de Granada como responsables de infracción administrativa en materia de consumo. La cuantía de las multas asciende a dos millones de euros en total por incumplimiento de la información de servicio y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. Miguel Ángel Serrano, portavoz de Facua Consumidores en Acciónconsidera que estas cuantías no se equiparan al nivel de fraude que cometen las entidades bancarias y el perjuicio ocasionado a la ciudadanía.


DE ESTE A OESTE – JUAN TORRES – Universidad de Sevilla

Las arcas públicas solo han recuperado el 5 por ciento del dinero que el Estado aportó desde 2009 al sistema bancario español; fue el conocido como rescate a la banca. Hay diferentes estimaciones sobre el dinero público que se destinó a este fin a través de diferentes estrategias. Solo el FROB dedicó más de 53.000 millones de euros  de fondos públicos. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla Juan Torres asegura que este dinero solo se podría recuperar si el Gobierno cambia sus políticas y deja de defender los intereses de la banca. El Estado solo ha recuperado 2.686 millones de euros, lo que significa algo más del 5 por ciento. Asegura que esto se ha traducido que hay miles de millones de euros que eran de la ciudadanía no se ha podido destinar a mejoras sociales y ha llevado a un refuerzo de la banca. Insiste en que esta ínfima recuperación demuestra que la estrategia de la banca ha sido un éxito: han conseguido socializar sus pérdidas, ingresos públicos, concentrar su poder y sin ninguna contrapartida.


 

DE ESTE A OESTE – RUBÉN SÁNCHEZ- Portavoz de FACUA

Uno de los principales problemas que más daño ha hecho a este colectivo y más sufrimiento ha provocado son los abusos de las entidades financieras respecto a los créditos hipotecarios. Y de todo esto, su cara más dura, los desahucios. Precisamente, para acabar con esas malas prácticas, desde Andalucía se impulsaba el proyecto de ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria sobre la Vivienda, que ha superado el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento andaluz. Según el consejero de Salud, Aquilino Alonso, esta ley tiene como principales objetivos acabar con los abusos en estas operaciones financieras. Sin embargo, para Rubén Sánchez, portavoz de Facua Consumidores en Acción, la Junta de Andalucía carece de un correcto sistema de inspección que detecte las posibles prácticas abusivas de las entidades financieras. Además, denuncia que falta capacidad sancionadora de la Administración regional a las entidades bancarias. Por ello, pide que se aumente el marco sancionador ante los abusos. Por último, señala que las personas consumidoras tienen el derecho de conocer todo el proceso de contratación hipotecaria de forma transparente y ser conscientes de que las hipotecas de hoy se pueden convertir en el desahucio de mañana.

DE ESTE A OESTE – DOLORES MUÑOZ – Secretaria General de Consumo de la Junta de Andalucía

Dolores Muñoz, secretaria general de Consumo de la Junta de Andalucía, expone en la Onda Local de Andalucía las características del proyecto de ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecario sobre la vivienda. Asegura que el objetivo es garantizar los derechos de las personas consumidoras frente a las prácticas abusivas que puedan cometer las entidades bancarias. En este sentido, apunta que éstas deben aportar toda la información a sus usarios, con transparencia y claridad. También deben aportar unos índices de entrega de la documentación y ejemplos claros de cuánto va a costar la financiación de un crédito. Incide en que en el caso de detectar abusos u ocultación de información, se pondrán en marcha los mecanismos para abrir expediente sancionador si corresponde.

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