AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

LUCAS GONZÁLEZ OJEDA – portavoz de la Comisión Europea en España

Estas recomendaciones del diagnóstico previo que realiza cada año el organismo comunitario y que en 2020 está marcado por el impacto de la pandemia de Covid-19.

Respecto a la sanidad pública en España, el informe indica que revela problemas de «inversión, recursos y condiciones laborales» y que «ha estado ofreciendo buenos resultados a pesar del nivel relativamente bajo de inversiones».

Lucas González Ojeda, portavoz de la Comisión Europea en España, apunta para el Estado español unas recomendaciones que, en su mayoría, podrían aplicarse a cualquier país europeo en el momento actual: políticas fiscales expansivas, preservación del empleo y refuerzo del sistema de protección a personas desempleadas, aumentar la capacidad para inyectar liquidez a las empresas y mejora de la coordinación entre las diferentes administraciones.

Respuesta del Gobierno de España

Desde el Ejecutivo central indican que «La respuesta económica y social sigue estas recomendaciones con estas recomendaciones, entre las que destacan las medidas para intentar evitar la destrucción de empleo y medidas de apoyo a la liquidez del tejido productivo de pymes y autónomos. De forma más específica, el Gobierno incide en el impulso de la inversión orientada a los objetivos de transición ecológica y digital.


DE ESTE A OESTE – JOAQUÍN NIETO – Organización Internacional del Trabajo en España

Desde la semana pasada está en vigor en el Estado español el Protocolo de Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo, convirtiéndose en el país número 19 que ratifica el Protocolo a nivel mundial y el número 13 a nivel europeo. Mediante la ratificación de este instrumento, España muestra compromiso en la lucha contra el trabajo forzoso, en todas sus formas. El director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo en España, Joaquín Nieto, asegura que esta realidad implica amenazas y coacciones, por lo que va más allá de la explotación laboral. Joaquín Nieto remarca que los trabajos forzosos también se dan en nuestro país, aunque, a nivel mundial, las cifras son mucho mayores. El director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo en España recuerda que gran parte de las personas afectadas son víctimas de la explotación sexual y la trata. El Protocolo exige a los estados que adopten medidas efectivas para combatir el trabajo forzoso, incluido el trabajo por servidumbre de deudas, el doméstico forzoso, y la trata de personas. Además, solicita que ofrezcan a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación, tales como una indemnización.


DE ESTE A OESTE – ESPECIAL PROCÉS

Agustín Ruiz Robledo, profesor de Derecho Constitucional de la UGR, asegura que en este tiempo de diálogo, lo primero es definir qué se quiere negociar, si es una reforma constitucional o el proceso de independencia. Rafael Naranjo, profesor de Derecho Constitucional de la UMA, recuerda que el marco legítimo donde se puede negociar la situación de Catalunya es la Constitución pero hay que tener en cuenta también otros aspectos. La profesora en Derecho Constitucional Concepción Pérez Villalobos insiste en que el proceso de modificación constitucional sería a largo plazo porque debería hacerse a través del procedimiento que requiere más tiempo. Mariano Rajoy ha respondido esta mañana a la declaración de independencia de Cataluña a plazos que este martes promulgó el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Tras el Consejo de Ministros extraordinario, Rajoy ha comparecido para anunciar el envío de un «requerimiento» a la Generalitat para que aclare si ha declarado o no la independencia y evitar así «la confusión generada».


DE ESTE A OESTE – SONIA DÍAZ – Oxfam Intermón

España es uno de los países con mayor incumplimiento de la cuota de refugiados asignada por la Unión Europea. Nuestro país sólo ha acogido al 13,7% del total al que se había comprometido el Gobierno central en 2015. Es decir, del total de 17.337 personas, sólo se han acogido a 1.279. Es lo que critica Sonia Díaz, delegada de Oxfam Intermón en Andalucía, a pocos días de que se cumpla la fecha límite para acogerlas a todas, que cumple el próximo 27 de septiembre.


DE ESTE A OESTE – Joaquin Nieto – Oficina Organización Internacional del Trabajo para España

El informe de Comisión Europea señala que el mercado de trabajo español presenta una de las tasas de temporalidad más altas de los Veintiocho y arroja datos llamativos: el 13% de los trabajadores españoles están en riesgo de pobreza. Siguiendo esta afirmación, Joaquín Nieto, director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo en nuestro país, asegura que tener un empleo en la actualidad no es sinónimo de estabilidad económica ni calidad de vida. Sí reconoce que nuestro país está experimentando un crecimiento y una recuperación económica. Algo que, sin embargo, no se traslada al ámbito social. Denuncia que el Gobierno está dejando al margen las medidas necesarias para que ese impulso de la economía se refleje en la vida cotidiana de la ciudadanía. En el extenso estudio, la Comisión revisa otros puntos débiles de España. Recuerdan que la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre es una de las más elevadas de la Unión y sigue al alza.


DE ESTE A OESTE – MIGUEL AGUDO – Universidad de Córdoba

Miguel Agudo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, sostiene en la Onda Local de Andalucía que el balance de esta década es positivo. Sin embargo, sí reconoce que las dificultades actuales que se llevan arrastrando varios años, están impidiendo cumplir todos los preceptos de la norma institucional. A pesar de ello, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba incide en que el Estatuto de Autonomía de Andalucía es un ejemplo a seguir y puede servir para dar solución a problemas que afectan a todo el país, como el debate territorial. En este 2017 se acumulan diversos hitos; transcurren 37 años de la celebración del referéndum de acceso a la autonomía, una década de la aprobación del Estatuto de Autonomía de 2007 y 40 años de la movilización ciudadana del 4 de diciembre de 1977 en demanda de la autonomía.


 

DE ESTE A OESTE – ANDY JARMAN – Británico residente en España

Los ciudadanos y ciudadanas británicas en España muestran su incertidumbre acerca de la salida de Reino Unido de la Unión Europea y sus consecuencias. Uno de esos ciudadanos es Andy Jarman, un autónomo que lleva 25 años viviendo y trabajando en nuestro país. Asegura en la Onda Local de Andalucía que todavía no conoce el alcance del brexit respecto a su situación laboral y social pero sí cree difícil que se pueda expulsar a miles de personas extranjeras asentadas en Reino Unido. El pasado viernes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, señalaba que desea que el Brexit se haga con rapidez, de forma constructiva y en positivo. Así se lo decía a su homóloga británica, Theresa May, antes del inicio de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se celebra en Malta. Ambos mandatarios esperan que no se perjudique a los más de 250.000 británicos que viven en España ni los 200.000 españoles que viven en Reino Unido. En este sentido, Andy Jarman afirma que se utilizan estos discursos como amenaza del poder de Inglaterra frente a la Unión Europea. Aunque Andy Jarman indica que el clima que impera entre los británicos de su entorno residentes en nuestro país es de calma, sí reconoce que el ambiente que se respira en Reino Unido es muy diferente para los ciudadanos extranjeros, que se están sintiendo amenazados por una posible expulsión u otro tipo de medidas restrictivas.


DE ESTE A OESTE – DANIEL LÓPEZ – Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción denuncia el incremento de residuos por la ineficacia de los sistemas de selección de basura y envases. Daniel López, responsable del Área de residuos de la asociación, incide en que nuestro país muestra un escaso aumento del reciclaje, al contrario que en la mayoría de estados europeos. Asegura que la presencia de los desechos sólidos y urbanos, los llamados residuos domiciliarios, están generando una importante contaminación. Frente a esto, Daniel López recuerda que hay soluciones viables y asumibles por parte del Gobierno. Por ejemplo, el retorno de envases. Una iniciativa que se está poniendo en marcha en valencia con buenos resultados.

Cabe recordar que la Agencia Europea de Medio Ambiente ha publicado los datos comparativos de la gestión de los residuos domiciliarios generados en distintos países europeos y su evolución en los últimos 10 años. Esas cifras demuestran el escaso aumento del reciclaje en el Estado español, al contrario que en la mayoría de países europeos. Por ejemplo, de 2004 a 2014, la tasa de reciclaje aumentó del 31% al 33% de los residuos domiciliarios y asimilables. El vertedero fue el destino final de la mayoría de esos residuos (55%). Para Ecologistas en Acción estos datos hacen difícil imaginar que España pueda cumplir con los objetivos de la Directiva Marco de Residuos para 2020, incumpliendo las condicionalidades que impone la Comisión Europea para otorgar ayudas a la construcción de nuevas instalaciones para el tratamiento de residuos.

DE ESTE A OESTE – JOSÉ MÁRQUEZ – Pobreza Cero

Hoy se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La Plataforma Estatal Pobreza Cero pone en marcha durante toda esta semana la campaña “No dejemos a nadie atrás. Exigimos soluciones basadas en derechos”. Desde esta plataforma denuncian que la causa de la pobreza y la exclusión es la desigualdad creciente que se vive en España y en el mundo.  José Márquez, portavoz de la Plataforma Estatal Pobreza Cero en Granada. Hoy conocíamos datos de ONU que señalan que España es, junto a EEUU, el país donde más ha crecido la desigualdad desde el comienzo de la llamada crisis. José Márquez señala que los acuerdos internacionales que se firman cada cierto tiempo quedan en nada por falta de voluntad política. El número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en España ha descendido por primera vez desde el comienzo de la crisis, aunque sigue habiendo más de 13 millones 300.000 personas en una situación que incluye a aquellos que tienen un trabajo o cobran una pensión. Así se recoge en el último informe presentado por la red europea de lucha contra la pobreza (EAPN) titulado ‘El estado de la pobreza en España’, con cifras de 2015, el porcentaje total es 0,6 puntos porcentuales inferior a 2014.


DE ESTE A OESTE – JUAN MARCHENA – Universidad Pablo de Olavide

Juan Marchena, catedrático de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), asegura en la Onda Local de Andalucía que aquí en España el día de la raza, con tintes franquistas, ya pasó a la historia. Sin embargo, es una celebración muy diferente en España y en América Latina. Incluso entre los países de aquélla región, ya que hay lugares que siguen considerando a Cristóbal Colón como un personaje histórico respetado; y otros donde se celebra el Día de la Resistencia Indígena.


DE ESTE A OESTE – RAFAEL LARA – coordinador Área de Solidaridad APDHA

Rafael Lara, coordinador del área de Solidaridad Internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), sostiene que el Gobierno español también se muestra incapaz de mantener su compromiso con las personas refugiadas. En este sentido, se refiere al dato de que España solamente ha acogido a 470 personas refugiadas, apenas el 2% de las 16 mil a las que se comprometió el Ejecutivo español en un acuerdo de la Unión Europea en septiembre de 2015. También entiende que en nuestro país existen ciertos sectores de la población que manifiestan su rechazo a las personas refugiadas que huyen de la guerra, y temen que algunas sean en realidad terroristas. Sin embargo, entiende que el racismo y la xenofobia en España no han calado tanto como en otros países de la Unión Europea, en donde los partidos políticos de ultraderecha han logrado beneficiarse de este discurso del odio. Rafael Lara encuentra también en la población civil movimientos de solidaridad a través de plataformas de apoyo a las personas refugiadas, pero lamenta que la Administración no dé su brazo a torcer para facilitar su llegada a territorio español.


DE ESTE A OESTE – DIMITRI BARUA – Comisión Europea en España

Hoy, 9 de mayo, es el Día de Europa. En Andalucía se celebran varias actividades conmemorativas como el izado de banderas de la Unión Europea en varios municipios, talleres informativos, juegos e incluso cuentacuentos sobre la Unión. Se celebra el 9 de mayo en recuerdo de la Declaración Schuman, que se plasmó en el Tratado de París en 1951 y que permitió la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA, el embrión de la posterior Unión Europea. Dimitri Barua, uno de los responsables de prensa de la Comisión Europea en España, asegura que en estos años se ha avanzado en una política común que ha permitido unificar medidas en materias como la agricultura y la pesca o el consumo. Ahora, Europa afronta importantes retos: como la crisis de los refugiados, un acuerdo de libre comercio con EEUU, entre otras cuestiones. Pese a la polémica, Dimitri Barua cree que el tratado va a beneficiar a Europa y a su ciudadanía. Dos de los retos que Dimitri Barua destaca para la UE es la transformación digital y las políticas medioambientales. Este año, además, se cumplen el 30 aniversario de la adhesión de España a la UE.


DE ESTE A OESTE – JAIME PONS – Servicio Jesuita a Migrantes

Jaime Pons, integrante del Servicio Jesuita de Migrantes, asegura que los gobiernos de los Estados integrantes no carecen solo de voluntad política para dar solución al drama de los refugiados, sino también de los medios necesarios para gestionar de forma correcta las peticiones de asilo. Es el caso de España, según Jaime Pons, al considerar que la planificación que se ha llevado hasta ahora demuestra ser insuficiente, dado el escaso número de personas acogidas. En este sentido, critica que la Unión Europea y, en este caso, España, respondan de forma deficiente en el momento que más urgencia hay. Señala la pasividad y demora del sistema de asilo que gestiona el Ministerio del Interior. Y sostiene esta afirmación con cifras. Según datos del Eurostat, hay en España más de 16.400 peticiones de protección internacional pendientes de resolución.


DE ESTE A OESTE – JUAN MANUEL FARAMIÑÁN – Greenpeace

Los principios de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad deberían imponerse sobre la inercia de los burócratas y los políticos europeos que no están dando la talla que se les reclama desde la ciudadanía europea. Así de tajante se ha mostrado esta mañana en la OLA, Juan Manuel Faramiñán, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén. Asegura que la llamada crisis de los refugiados está mostrando una gestión penosa desde la UE y alejada de los principios de solidaridad y derechos de sus fundamentos. Denuncia que estos dirigentes no solo están apostando por políticas inhumanas, también están engañando a la ciudadanía con discursos del miedo.

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Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, pone fin a las especulaciones de los últimos días sobre el futuro del ahora ex ministro y entrega la cartera de Educación al secretario de Estado de Asuntos Europeos. Tras comunicar a Felipe VI el decreto con el nombramiento de Íñigo Méndez de Vigo, ha agradecido a José Ignacio Wert su labor desempeñada al frente del departamento y su determinación en la elaboración de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE.

DE ESTE A OESTE – JUAN JOSÉ TRAVIESO – Red Antimilitarista y Noviolenta de Andalucía

Morón de la Frontera (Sevilla) se convierte en la principal base permanente del mando de Estados Unidos para África y todo a pesar de que no se ha podido formalizar ese acuerdo por un accidente de bicicleta del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry. Desde la Red Antimilitarista y Noviolenta de Andalucía, RANA, denuncian que esta base no cuenta con el protocolo necesario para poder hacer frente a un posible accidente. Juan José Travieso, integrante de esta plataforma, cree que la creación de empleo es una falacia que utilizan los interesados en mantener estas bases y denuncian que los perjuicios son muchos y los beneficios solo llegan a la industria militar y grandes capitales. La Red Antimilitarista y Noviolenta de Andalucía, RANA, pide que se convoque un referéndum donde los españoles y españolas pueden decidir si se hacen cesiones de soberanía a EEUU a través de estas ampliaciones.

El PP sería la fuerza más votada en 11 de las 13 comunidades autónomas donde hoy se celebran elecciones, pero no obtendrá mayoría absoluta en ninguna de las que logró en 2011, según el sondeo difundido por Antena 3 al cierre de los colegios.

Según este sondeo, el PSOE ganará en Asturias. Podemos entrará en todos los parlamentos autonómicos con la posible excepción del cántabro, y Ciudadanos también en todos salvo posiblemente en Navarra y Castilla-La Mancha.

En cuanto a las municipales, el sondeo vaticina que el PP habría ganado las elecciones municipales del día de hoy a nivel nacional, con un 27% de los votos, seguido del PSOE con el 25%. Por su parte, las listas vinculadas con Podemos habrían obtenido un 10% de los votos, Ciudadanos el 7%, IU el 5%, mientras los partidos nacionalistas y regionalistas sumarían el 15%. Finalmente los partidos locales habrían obtenido el 8%.

Según este sondeo, en Madrid, Cristina Cifuentes obtendría entre 45 y 47 escaños (desde los 72 que tiene ahora mismo el PP en la Asamblea de Madrid) mientras el socialista Ángel Gabilondo mantendría el segundo lugar, con entre 29 y 32 escaños (desde los 36 actuales). Podemos entra como tercera fuerza política con entre 25 y 26 diputados. Ciudadanos será cuarta con 19 o 20. La mayoría absoluta, fijada en 65 diputados. IU pasariá de los 13 actuales a 7 u 8 y UPyD desaparecería.

En la Comunidad Valenciana, el PP caería de los 55 escaños actuales a 33 o 35. Le seguiría el PSOE, que caería hasta 22-24 escaños. Ciudadanos irrumpe como tercera fuerza con entre 13 y 15 asientos, empatado con Compromís (que dobla los resultados actuales). Podemos sacaría entre 12 y 13 escaños e Izquierda Unida un máximo de 3.

En Extremadura, los ‘populares’ seguirían siendo la fuerza más votada pero lejos de la mayoría absoluta, con 29 escaños, frente a 26 o 27 del PSOE. Ciudadanos sería la tercera fuerza con 6 escaños (la mayoría absoluta está en 33) y Podemos lolgraría entre 4 y 5.

Por su parte, en Castilla-La Mancha, el PP se quedaría al borde de la mayoría absoluta con entre 15 y 16 escaños, mientras el PSOE se queda entre 13 y 14. Podemos entra con entre 2 y 3 y Ciudadanos podría no hacerlo, ya que el sondeo le da entre 0 y 3 escaños. La mayoría absoluta está en 17, y el PP no los alcanzaría en solitario.

La organización “Movimiento contra la Intolerancia” aprueba la puesta en marcha de este protocolo y solicita la creación de una Ley Integral contra los Delitos de Odio, ya que sólo durante el año pasado se registraron 1.172 delitos de este tipo en España.

De todos los delitos de este tipo perpetrados en nuestro país durante 2013, 472 fueron motivados por razones de orientación sexual, mientras que 381 fueron por motivos de raza y 290 por discapacidad. Sin embargo, según datos de la Unión Europea, sólo el 10% de las víctimas llega a denunciarlo a las autoridades.

Así, Boti García Rodrigo, presidenta de la Federación de Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) aprueba la creación de este protocolo de actuación, pues asegura que será muy útil para visibilizar a las víctimas de los delitos de odio.

El Consejo de Ministros prevé analizar este viernes, en su primera reunión sin Ana Mato como titular de Sanidad, algunos de los recursos contra la corrupción que avanzó el jueves ante el pleno del Congreso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Fue el propio Rajoy quien, en su comparecencia ante el pleno de la Cámara, explicaba este jueves que en el Consejo de este viernes se aprobará una dotación de recursos para el impulso de nuevas tecnologías que servirán para que la batería de iniciativas anticorrupción sean más eficaces.

Entre las medidas anunciadas por el presidente, destaca el anuncio de que los casos de corrupción más graves no prescribirán hasta pasados 15 años, cuando ahora son 10. Además, se incluye una modificación del proyecto de ley de actividad económica-financiera de los partidos, que ya incluía la prohibición de donaciones a por parte de empresas y de las operaciones bancarias de condonación o renegociación de deuda, así como la obligación de hacer públicas las cuentas anuales. Ahora se añadirá, vía enmienda, la reducción del límite anual de donaciones de particulares para que no superen los 50.000 euros anuales (ahora están en 100.000 al año).

Además, el Gabinete del Gobierno conocerá un informe del ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre el anteproyecto de ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Además, se aprobará la prórroga del plan PIVE6 para vehículos eficientes, que tendrá una dotación presupuestaria de 70 millones de euros y que mantendrá los requisitos actuales para acceder a esta ayuda.

 

El Boletín Oficial del Estado publica este jueves el Real Decreto de Presidencia del Gobierno por el que se cesa a Ana Mato como ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y otro que dispone la asunción temporal de sus funciones por la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

Ana Mato presentaba este miércoles su dimisión después de que el juez Pablo Ruz haya considerado que pudo beneficiarse de los regalos de la trama Gürtel que presuntamente recibió su exmarido y exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda.

El cese de Ana Mato coincide con el debate en el Congreso de los Diputados en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, planteará las medidas para luchar contra la corrupción política. En un segundo Real Decreto, se dispone que, como consecuencia de la vacante en el cargo de Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia asuma el despacho ordinario de los asuntos correspondientes al titular del citado Departamento.

Según el Gobierno, la toma de posesión del nuevo titular de Sanidad no se prevé hasta el próximo miércoles.

Así lo ha anunciado el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en la inauguración de la primera Convención de la Unidad de la Familia y Mujer (UFAM), en la que también ha participado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y los más altos responsables del cuerpo.

De la UFAM, la unidad que se creará para ofrecer una atención mejor a las mujeres víctimas de malos tratos, dependerán los efectivos y funciones que desempeñan actualmente los Servicios de Atención a la Familia (SAF) en materia judicial y las Unidades de prevención, atención y protección que trabajan en seguridad ciudadana.

Con la creación de esta nueva unidad, se van a revisar además todos los protocolos de actuación para hacer frente a una lacra que desde el año 2000 se ha cobrado la vida de 700 mujeres y, en lo que va de año, de casi 50.

Las novedades presentadas este lunes pretenden, según el máximo responsable de la Policía, reducir el número de víctimas que son asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, una lucha policial prioritaria en la que es necesario mejorar la coordinación y evitar la doble victimización de las mujeres.

El Gobierno anunció en abril, después de uno de los primeros trimestres de año más dramáticos en número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, un paquete de medidas que incluía un nuevo protocolo para medir mejor el riesgo de las maltratadas y protegerlas de sus agresores. Los ministerios de Sanidad, Interior y Justicia crearon un equipo multidisciplinar —con policías, juristas y expertos— para diseñar el nuevo cuestionario que siete meses después todavía no se aplica, según fuentes del Ministerio de Sanidad.

Mientras tanto, en ese periodo de tiempo, 21 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. En lo que llevamos de año, 44. En Sanidad se justifican explicando que la revisión del cuestionario no es un proceso sencillo, aseguran que todavía se está testando y hasta que no se demuestre que mejora su eficacia en la detección del riesgo no estará en disposición de aplicarse. Sin dar una fecha exacta, el Ministerio confía en ponerlo en marcha cuanto antes.

El protocolo sustituirá al actual, que entró en vigor en 2007. Es un formulario con una quincena de variables informativas sobre las víctimas y los acusados. Lo utiliza la policía para establecer el peligro que corre la integridad de la mujer que denuncia, si es un peligro muy bajo, bajo, medio o alto. El nuevo protocolo pretende calibrar mejor dicho riesgo, para lo que se introducirán nuevas medidas. De su resultado dependerán las medidas de protección más adecuadas para la protección de cada mujer. Hoy en día, las que están catalogadas como en máximo riesgo son permanentemente custodiadas por la Policía, mientras que las de «riesgo bajo» solamente son contactadas por teléfono.

 

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético cree que la Comisión Europea puede considerarlas ayudas de Estado ilegales y por tanto, no prescriben.

La Fiscalía Anticorrupción investiga por qué el Gobierno del PSOE perdonó 3.400 millones de euros a las compañías de electricidad.

La Plataforma, compuesta por ecologistas y consumidores recuerda que la posibilidad de cobrarlos prescribió en el año 2010, pero nunca fueron reclamados por parte de la Administración, pese a que un informe de la Abogacía del Estado de 2008 así lo avaló y dos informes de la Comisión Nacional de la Energía de la misma fecha recordaron al Gobierno que aún no se había procedido a la liquidación.

 

El precio del fármaco al margen de la financiación pública es de 60 mil euros. La plataforma de afectados no descarta ocupar hospitales como protesta.

El Ministerio de Sanidad ha hecho público el esperado Informe de Posicionamiento Terapéutico sobre los nuevos medicamentos contra la hepatitis C. Este informe contiene las bases que los médicos deben seguir a la hora de recetar los fármacos. La tasa de curación de esos medicamentos administrados de manera conjunta se muestra superior al 90 por ciento. Sin embargo, los casos para los que el Ministerio de Sanidad contempla este tipo de tratamiento dejan fuera a una gran parte de los enfermos de hepatitis C.

Sólo los pacientes más graves recibirán los nuevos fármacos. Eso implica que la mayoría de los 300.000 diagnosticados en España se quedan sin un medicamento que podría salvarles la vida y que fuera de la financiación pública cuesta 60.000 euros. El informe del Ministerio de Sanidad prioriza su uso para pacientes a la espera de recibir un trasplante de hígado, que ya hayan sido trasplantados o que tengan una cirrosis avanzada.

Este trabajo denuncia el abandono de las políticas sociales durante la crisis en España, con ejemplos como los escasos resultados del Fondo Social de Vivienda del Gobierno y la insuficiencia de la Renta Mínima de Inserción ante el aumento de personas sin recursos.

El informe también incluye dentro de jóvenes sin hogar a aquellos que viven en infraviviendas, en pisos masificados en los que sobreviven varias familias, en casas amenazadas por órdenes de desahucio, en albergues o en casas de acogida temporales.

Según el Informe de Cáritas 2014, al menos un millón y medio de familias en España viven en riesgo de exclusión severa. Por su parte, Unicef apunta que los hogares con hijos se han visto más afectados por la crisis.

Según las estadísticas de la agencia de la ONU, mientras que la tasa de pobreza en hogares con dos adultos sin hijos era de un 14,8% en 2013, la de familias con uno o más hijos ascendía hasta el 23,3%.

 

El Partido Popular ha matizado su enmienda para legalizar las llamadas «devoluciones en caliente» y ahora considera que el rechazo en frontera de las personas inmigrantes solo se llevará a cabo cuando intenten sobrepasar «en grupo» los elementos de contención o vallas. Los populares han aprobado este lunes esta enmienda, que modifica otra inicial de este grupo, en la reunión en la Comisión de Interior del Congreso de la ponencia que informa el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.

Por tanto, el nuevo texto, que a su vez supondría la modificación de la Ley de Extranjería, recoge que «Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España». De todos modos, los grupos de la oposición siguen rechazando la pretensión del PP, que, de hecho, supone modificar la Ley de Extranjería a través de la futura Ley de Seguridad Ciudadana.

Por todo ello, la Izquierda Plural ha pedido formalmente que se alargue el plazo de debate del proyecto de ley hasta que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie sobre esa enmienda, toda vez que el anteproyecto sobre el que el órgano de gobierno de los jueces emitió su informe no incluía la enmienda del PP.

 

Así lo ha anunciado durante la reunión del Consejo Político Federal, donde ha aseverado que es una decisión tomada y reflexionada hace tiempo. La formación va a celebrar el 8 de febrero de 2015 las primarias para elegir a su candidato de cara a las próximas elecciones generales. El Consejo Político Federal de IU se ha reunido este domingo para aprobar el proceso de primarias de la formación que se iniciará el 14 de diciembre, día en la que la organización fijará las condiciones y los avales necesarios que deberán reunir los potenciales candidatos.

El que fuera candidato a la presidencia del gobierno en las elecciones generales de 2011 ha asegurado que ningún poder financiero, económico o mediático va a quebrar a IU porque es una organización solidificada por su valor y esfuerzo en la lucha por una sociedad socialista en democracia y libertad.

Antes de anunciar que no luchará por liderar al partido en el camino a la Moncloa, Cayo Lara ha informado que IU presentará ocho nuevas iniciativas legislativas en el Parlamento cuyos objetivos son, entre otros, recuperar 150 millones de euros provenientes de la lucha contra el fraude fiscal o cortar el periodo de prescripción del fraude fiscal y la corrupción para que se pueda perseguir a los delincuentes. El resto de iniciativas irán orientadas a prestar un mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas, incrementar la cantidad de contratos indefinidos y a tiempo completo, reducir la aportación a la UE al 2% del PIB o conseguir que se realice una auditoría de la deuda y una reducción de los intereses.

 

Esta organización ha presentado este jueves en la Audiencia Nacional una demanda laboral pionera en la que exigen a la Audiencia que obligue al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial a que adecúen la plantilla judicial al nivel de litigiosidad. Denuncian que casi la mitad de los jueces soportan una carga de trabajo superior al 150% de la establecida como normal.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, ha advertido a las puertas de la Audiencia Nacional de que el colapso y la falta de medios de los juzgados afecta a causas complejas como los sumarios sobre corrupción. El colectivo Jueces para la Democracia denuncia que tres años después de aprobarse el reglamento de salud laboral de los magistrados, el CGPJ carece de las herramientas esenciales para una eficaz protección frente a los riesgos laborales, incluidos los psicosociales, del colectivo judicial: una evaluación de riesgos y la fijación de una carga de trabajo máxima a efectos de salud laboral. Esta situación pone a los jueces, según la demanda, en la más absoluta desprotección.

Jueces para la Democracia, que representa aproximadamente al 10% de los 5.018 jueces españoles, recuerda al Consejo General del Poder Judicial que tiene obligación de ofrecer un plan de evaluación de riesgos laborales y proteger la salud de los jueces. En su demanda, los jueces progresistas también reclaman que se declare que los magistrados que superan el 150% de la carga de trabajo idónea se encuentran en situación de grave riesgo para su salud y que la carga de trabajo soportada se adecúe a los módulos de productividad aprobados en enero de 2013.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pide a España que dé explicaciones sobre la devolución de inmigrantes en Ceuta y Melilla, la muerte de 15 personas frente a la playa ceutí de El Tarajal, la violencia policial en la represión de los saltos en las vallas fronterizas y las denuncias de malos tratos a inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros, entre otras cuestiones.

Así lo recoge un documento que enumera las cuestiones sobre las que España deberá informar a la ONU de cara al VI Examen Periódico del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que tendrá lugar en junio o julio de 2015 en Ginebra.

El Gobierno deberá ahora responder por escrito. Para este tipo de evaluaciones, los Estados envían un primer informe al Comité detallando las políticas que tienen en marcha para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones.

El reporte oficial se complementa con el que elaboran las ONG, como en este caso hizo Rights International Spain (RIS), aportando una perspectiva sobre la situación de los Derechos Humanos en el país que, según explica esta organización, el Gobierno habría silenciado. También pide cuentas sobre las medidas tomadas para poner fin a los controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos.

 

Tres días después de abrir la investigación, la Fiscalía ya tiene claro que hay indicios de delito por la organización del proceso de participación, la consulta alternativa del 9-N, que el domingo se cerró con más de dos millones 200.000 votos.

La previsión es que la querella se presente hoy. Día en el que también está prevista la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Moncloa.

La querella acusa a Mas y Ortega de, al menos, dos delitos, según fuentes de la investigación: desobediencia (por no acatar la resolución del Tribunal Constitucional que había suspendido la consulta) y por prevaricación; dictar una resolución a sabiendas de su injusticia.

 

El juez de la rama valenciana del caso Gürtel ha imputado al expresidente de Les Corts en la pieza separada que investiga la presunta prevaricación y cohecho en la contratación de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) para la cobertura de la visita del papa a Valencia en 2006.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el juez José Ceres ha citado a declarar a Juan Cotino -que dimitió como presidente del Parlamento valenciano el 13 de octubre y anunció que se retiraba de la política- el próximo 28 de noviembre, y también como imputados a los exdirectivos de RTVV Vicente Sanz, José Llorca y Juan Prefaci, para dos días antes.

La cuarta de las seis piezas sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular de la Comunitat Valenciana investiga la contratación de RTVV con la mercantil Teconsa para la cobertura de la visita del papa, en la que pudiera haber intervenido el «Grupo Correa». En concreto, se investiga el suministro en régimen de alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía relacionadas con el quinto Encuentro Mundial de las Familias, que clausuró Benedicto XVI, así como la posible percepción de dádivas relacionadas con esa contratación, supuestamente recibidas por el entonces director general del ente, Pedro García.

Un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (Udef) de la Policía consideró el pasado mes de julio que Cotino actuó, siendo conseller entonces del Gobierno valenciano, como «elemento nuclear» en las decisiones sobre las contrataciones con la trama Gürtel para la visita papal a Valencia en 2006.

El 80,72% de los votantes de la consulta catalana han votado sí a los dos preguntas propuestas, por tanto, quieren que Cataluña sea un Estado y que este sea independiente. El 10,11% han votado sí a un Estado, pero no a su independencia. El no a ambas cuestiones apenas ha alcanzado un 4,55%. Con el 88,44% de las mesas contabilizadas, del total de 6.700 mesas totales, la participación ha sido de dos 2.043.000 personas. Según la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, la participación definitiva supondría en torno a los 2.250.000.

Los partidos y entidades convocantes del llamado «proceso participativo» han manifestado su satisfacción, e incluso su sorpresa, por lo que, hasta el momento, consideran un éxito de convocatoria.

Por su parte, fuentes del Gobierno han tildado de inútil el ejercicio antidemocrático que se está desarrollando en Cataluña y estima que el comportamiento del presidente de la Generalitat durante la jornada dificulta mucho el futuro.

El director de Relaciones Laborales de la CEOE, Jordi García Viña, ha asegurado este jueves que el incremento salarial a recoger en el tercer acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva que la patronal está negociando con los sindicatos no debería ser muy diferente al que hay actualmente, -un 0,6%- porque la moderación salarial, dice, ha sido muy útil para que las empresas puedan ganar competitividad.

El representante de la CEOE ha recordado que a final de año vence el segundo Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva y que desde hace varios meses la patronal negocia con los sindicatos el tercero. Al respecto, García Viña ha subrayado que el segundo acuerdo está siendo clave para la salida de la crisis incipiente, sobre todo en el tema de control de salarios. Dice que dicho acuerdo se ha aplicado en todas las empresas y que ha sido el mejor mecanismo para que las empresas puedan ir sobreviviendo y para que no se hayan perdido tantos puestos de trabajo.

 

Un grupo de 21 personas inmigrantes en situación administrativa irregular ha pasado este miércoles casi cinco horas abandonados al sol en una playa de Maspalomas (Gran Canaria) esperando a que las autoridades decidieran si activaban o no el protocolo para casos de ébola.

La embarcación había llegado poco antes de las nueve de la mañana al corazón turístico de la isla. Los primeros en llegar para atenderlos fueron los voluntarios de Cruz Roja, alertados por el personal de limpieza de las playas. Al tomarles la temperatura detectaron que seis de ellos tenían la fiebre muy alta.

El personal de la ONG decidió aplicar su protocolo para casos de ébola y pidió la intervención de la Consejería de Sanidad. Sus médicos tardaron en llegar cuatro horas. Durante la espera, los voluntarios depositaron sobre el suelo mascarillas, bocadillos y botellas de agua para que el grupo pudiera alimentarse. Agentes de la Policía Local Canaria trazaron un cordón imaginario, separados unos veinte metros de las personas inmigrantes para que nadie se acercase.

Cuando llegaron, los médicos se cercioraron de que ninguno de los subsaharianos había estado en las últimas tres semanas en Liberia, Sierra Leona o Guinea Conakry, los países afectados por el virus del ébola, y descartaron cualquier posibilidad de infección. Y comenzó el traslado. Los cuatro que presentaban un estado de salud más delicado fueron transportados en camilla por un jeep de la Cruz Roja. Al resto se les subió al remolque de un camión de la empresa Urbaser, de los que se utilizan habitualmente para transportar los residuos de las playas, pese a la oposición del coordinador de Cruz Roja, José Antonio Rodríguez, quien alertó varias veces de que ese no es modo de tratar a seres humanos.

 

La auxiliar de enfermería que ha superado el ébola saldrá hoy del hospital. A su salida recibirá un homenaje de sus compañeros del centro sanitario, familiares y amigos, que han organizado un cordón humano abrazando el centro.

Previamente, está previsto que los integrantes del equipo asistencial del Carlos III que han atendido a la auxiliar de enfermería durante su tratamiento comparezcan ante los medios informativos en una rueda de prensa.

La familia prepara acciones legales por el sacrificio de su perro y por deficiencias en el protocolo de actuación ante el contagio del virus.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó al finalizar octubre en cuatro millones 526.800 personas, tras subir en 79.154 desempleados respecto al mes anterior.

Con el aumento de octubre, el paro encadena tres meses consecutivos de incrementos. Octubre es un mes en el que siempre se ha incrementado el paro por el fin de la campaña de verano.

Desde el comienzo de la serie, en 1996, el paro ha crecido en todos los meses de octubre, siendo los mayores ascensos los de 2008 y 2011. El año pasado, el paro subió en octubre en 87.028 personas.

 

El Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Congreso de los Diputados con los votos del Grupo Popular, ha sido criticado por la mayoría de sectores e instituciones de afectados, y se encuentra sometido a cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Asociación de Usuarios de la Comunicación valora los aspectos positivos recogidos en el Proyecto de Ley de modificación de la actual normativa sobre propiedad intelectual, pero considera inaceptable que pretenda reducir, hasta casi eliminar, la posibilidad de que la ciudadanía pueda beneficiarse de la realización de copias privadas de obras a las que acceden legítimamente, acabando así con una práctica que en la actualidad se realiza de forma legal.

Para AUC, con esa restricción de la copia privada se estarían creando nuevos ilícitos que afectan directamente a los usuarios finales, y que tarde o temprano deberán ser perseguidos tal y como ha recordado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Previsiblemente, las entidades de gestión exigirán la persecución de estos ilícitos en defensa de los derechos de sus asociados, y el Gobierno se verá en la obligación de asegurar la correcta aplicación del nuevo límite que ahora pretende imponer.

La Asociación recuerda que el modelo de compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, prevista en este Proyecto, no se compadece con los existentes en los países de nuestro entorno, y ha generado reticencias en instancias como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Europea, los titulares de derechos o los consumidores y usuarios; además se encuentra en estos momentos sometido a cuestión prejudicial ante el mencionado Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Se trata de la campaña ‘Quiero pagar menos luz.org’, cuyo plazo de inscripción ha terminado este jueves. Permite a los consumidores que se encuentran dentro del denominado precio voluntario al pequeño consumidor valorar una alternativa a las variaciones de precio que presenta el sistema. Por su parte, a los consumidores que están ya en el mercado libre comprobar si su tarifa es competitiva o puede mejorarse con un buen ahorro.

Según la OCU, a partir de hoy las comercializadoras pujarán en una subasta para ofrecer el mejor precio, de manera que puede haber un ganador diferente en cada una de las tres categorías: electricidad, gas o para obtener una oferta conjunta de gas y electricidad. La iniciativa tiene como fin generar una competencia real que beneficie al consumidor a través de mejores precios y condiciones. Una vez celebrada la subasta, la OCU comunicará a los consumidores inscritos la oferta ganadora y estos decidirán libremente si aceptan las condiciones y acceden al cambio de comercializador.

La OCU subraya que, para el éxito de esta iniciativa, es fundamental contar con la colaboración de los consumidores, ya que, cuantos más estén interesados en pagar menos por la energía, mayor probabilidad hay de tener mejores ofertas de las compañías.

 

De los casi dos millones de personas de 45 a 64 años en el paro en España a finales de 2013, más de 900.000 llevaban dos años o más buscando un nuevo empleo. El dato es parte de un informe del Consejo Económico y Social (CES) que advierte de las consecuencias inasumibles para el futuro de la sociedad si no se presta atención a un colectivo alejado de la jubilación, empobrecido por la crisis y sobre el que todavía recae la responsabilidad de sus hogares, incluyendo el sustento y cuidado de los hijos, así como el cuidado de sus mayores.

En su informe ‘Situación Sociolaboral de las personas de 45 a 64 años de edad’ , el CES pone en alerta a las Administraciones Públicas y denuncia que las políticas de empleo no cumplen de manera adecuada sus funciones en lo referente a las personas en esta franja de edad, fruto de lo cual padecen más paro de larga duración. El desempleo se multiplicó por 4,5 entre 2007 y 2013 en los trabajadores mayores, y casi uno de cada dos parados en esas edades permanece dos años o más en paro, mientras en el resto de las edades el porcentaje está en el 34%. A diferencia de los parados más jóvenes, que salen de los trabajos fruto de una finalización de la vigencia de su contrato, en el caso de los mayores la inmensa mayoría son despedidos, cuando no individualmente dentro de expedientes de regulación de empleo.

El informe traza un perfil de los desempleados mayores como un grupo con menor nivel educativo que las edades menores, y con una baja empleabilidad que las atrapa en un paro crónico con efectos especialmente nocivos, según denuncia el CES. Entre los mayores, los de 55 a 59 años la situación es especialmente preocupante y llama la atención del CES la proporción alta de salidas anticipadas de este colectivo de la actividad laboral. De hecho, en el análisis de riesgo de pobreza, el colectivo de los parados entre 55 y 59 años es la población en edad laboral con mayor riesgo de pobreza, un tipo de pobreza asociado además a hogares cuyos integrantes también sufren desempleo o subempleo.

 

El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, tiene previsto hoy comenzar a tomar declaración al medio centenar de acusados en la Operación Púnica, una trama de corrupción municipal y regional que cobraba comisiones a cambio de la adjudicación de obras y servicios. Son 17, entre ellos el presidente de la diputación de León y José Martínez Nicolás responsable de la agencia informática de la comunidad madrileña. Este jueves lo harán los presuntos cerebros, Francisco Granados, exnúmero dos de Esperanza Aguirre, y su socio el empresario Marjaliza.

La red de corrupción en la que supuestamente está implicado el exdirigente del PP Francisco Granados tejió parte de su trama de adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones con el ahorro energético de municipios, principalmente de la Comunidad de Madrid, donde han sido detenidos seis alcaldes. Fue la multinacional francesa Cofely, dedicada a dar soluciones energéticas en edificios e instalaciones, la principal adjudicataria de los contratos de los ayuntamientos para actuaciones de ahorro del consumo de luz y de emisiones de dióxido de carbono en el alumbrado público.

La trama de corrupción municipal y regional desmantelada en la Operación Púnica, en la que han sido acusados medio centenar de personas, entre ellas una decena de políticos, cobraba en torno a un 3% de comisión por cada uno de los contratos de adjudicación, cuyo montante ascendió a los 250 millones de euros sólo en los dos últimos años.

Además del exconsejero Granados y de los alcaldes madrileños de Parla, Collado Villalba, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarru-buelos y de Serranillos del Valle, así como del presidente de la Diputación de León, en la operación han sido detenidos jefes de gabinete de corporaciones locales, arquitectos, abogados, técnicos municipales y ejecutivos de las empresas implicadas.

El magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, interroga este martes como imputado al ex secretario general del PP y le preguntará si permitió el uso de dinero de la supuesta contabilidad B del partido para comprar acciones de un medio de comunicación. Ruz ha citado a Acebes, el primer secretario general del PP imputado en el caso de los papeles de Bárcenas, a raíz de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía que analiza la operación de compra de acciones de Libertad Digital en 2004 por unos 400.000 euros con fondos que pudieron provenir de la caja B que manejaba el extesorero Luis Bárcenas.

Fue precisamente Bárcenas, en prisión desde hace más de un año, quien relató al juez Ruz que Acebes autorizó el uso de este dinero al también extesorero Álvaro Lapuerta, que debe comparecer también este martes como imputado para aclarar este aspecto de la investigación. Los otros citados, en unas declaraciones que se celebrarán desde las 10 de la mañana en la sede de la Audiencia Nacional, son Antonio Vilela, de la constructora Rubau, y, como testigos, el expresidente de LD Alberto Recarte y los accionistas Alberto Dorrego y Borja García Nieto.

Esta vertiente de la investigación de la caja B del PP ha pasado a engrosar el sumario del caso Gürtel y dejará de estar, por tanto, enmarcada en la pieza denominada caso Bárcenas, según decidió el juez hace unos días, por lo que a las comparecencias podrán acudir los abogados y fiscales de ambas. Ante Ruz han desfilado por esta causa, aunque como testigos, otros secretarios generales del PP en distintas épocas, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, si bien hasta el momento el juez no había acusado directamente a ningún integrante de la dirección nacional de haber conocido la existencia de la supuesta contabilidad opaca del partido.

Una novedad que se incluirá en la reforma del Reglamento de la Cámara que los grupos parlamentarios han negociado desde hace meses y cuyo primer bloque, centrado en la tramitación legislativa, confían en poder cerrar en su reunión de este lunes. Desde el inicio de los trabajos, los grupos han defendido la necesidad de acercar el Parlamento a los ciudadanos y, para ello, se propone que, nada más llegar un proyecto de ley al Congreso, la Cámara lo publicará en su portal de Internet para que los ciudadanos puedan participar en el procedimiento legislativo remitiendo sus comentarios y observaciones.

Por esta misma vía también se podrá tener acceso a toda la documentación relativa a los proyectos legislativos que el Gobierno de turno deberá remitir al Congreso para que los ciudadanos que así lo deseen puedan consultarla. Entre las novedades que se deberían rematar este lunes, el PP incluye una de sus propuestas, que ha contado con el respaldo de la oposición, que pretende que cada año el Gobierno envíe un informe al Congreso sobre la ejecución de las leyes aprobadas por la Cámara.

Respecto a la tramitación de los proyectos, se piensa crear la figura del diputado relator, que asumirá la dirección de los trabajos de la ponencia y que defenderá el texto que se presentará en la correspondiente comisión. También se permitirá la posibilidad de que, a instancias de un solo grupo, se pueda pedir la comparecencia de expertos en comisión antes de que concluya el plazo de presentación de enmiendas a los proyectos legislativos.

Tras varios meses alejado de los focos mediáticos, el colectivo 22-M —que se estrenó en las calles el pasado mes de marzo para reclamar al Ejecutivo «trabajo y techo para todos y todas» —vuelve a salir a las calles para protestar durante la entrega de premios Príncipe de Asturias que tendrá lugar en Oviedo este viernes. De esta manera, la ciudad asturiana recibirá a más de 3.000 personas provenientes de toda España, según cálculos de los organizadores.

Desde las siete de esta mañana, cinco cabeceras asturianas procedentes de Avilés, Gijón, Mieres, Langreo y Pola de Siero han empezado a una media de 22 kilómetros hasta Oviedo. La hora de llegada se prevé hacia las dos de la tarde, de manera que hacia las cinco se reunirán frente al edificio Campoamor, donde protestarán con proclamas como «los parados somos reales», «los estudiantes somos reales» o «las mujeres que abortamos somos reales».

Los representantes del colectivo han recalcado que ‘Marchas de la Dignidad’ no se quedó en aquel 22 de marzo, un día en el que miles de personas decidieron salir a las calles. De hecho, resaltan que se lleva trabajando desde entonces y como resultado se realizarán una ‘Semana de lucha’, que será convocada a nivel nacional y tendrá lugar desde hoy y hasta el 29 de noviembre.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF quieren evitar que se hurte a toda la sociedad su patrimonio natural en beneficio de unos pocos. Toman esta postura después de que el Grupo Parlamentario Popular presentara esta semana en el Senado sus enmiendas al proyecto de Ley de Parques Nacionales. La prohibición de actividades como la caza, la pesca o las actividades de explotación forestal masiva quedan supeditadas a la voluntad de los propietarios o a la indemnización, de forma que la protección de los parques se ve gravemente amenazada.

Estas asociaciones advierten de que la Red constituida por 15 Parques Nacionales en España va a perder su estatus de máxima protección si se aprueban las enmiendas populares. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que el proyecto de Ley debilita la cohesión y fortaleza de la red y destruye las herramientas de conservación de cada espacio.

Las cinco organizaciones destacan la gravedad de la enmienda 278 que, dicen, plantea la no entrada en vigor del régimen jurídico de protección de un parque nacional hasta que el propietario titular de los terrenos no lo decida. Por ello, piden al PP la retirada de esta ley y solicitan al resto de partidos la repulsa absoluta a esta propuesta. En defensa del bien común, aseguran que van a movilizar a la ciudadanía para evitar que el patrimonio de todos sea puesto en manos del interés privado de unos pocos.

La Plataforma de Afectados por las Becas (PAB) y el Sindicato de Estudiantes han convocado esta semana, los días 21, 22 y 23 de octubre, una huelga de 72 horas en todas las etapas de enseñanza, desde Infantil hasta la Universidad. De este modo, hacen un llamamiento a participar en esta acción a estudiantes, becarios, padres, profesores y a todos aquellos que se han visto afectados por los recortes en educación, y en la que pedirán la dimisión del ministro del ramo, José Ignacio Wert. La Federación de Enseñanza de CCOO ya ha manifestado su apoyo a la convocatoria, tras conocer los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015 en materia de Educación.

Sin embargo, el resto de las organizaciones que componen la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, como CEAPA o UGT no se han mostrado de momento partidarios de esta nueva convocatoria. Respecto al programa, según los organizadores, hoy se organizarán piquetes en los puntos neurálgicos de las ciudades; el miércoles 22 por la mañana se celebrarán cien manifestaciones en todo el Estado,y el jueves 23 por la tarde se están preparando manifestaciones de estudiantes junto a profesores, padres y trabajadores.

Según la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, la situación del inicio de curso es caótica, con clases que no pueden empezar porque no hay profesores, centros que se cierran y con más de 45.000 estudiantes expulsados de la Universidad por no tener dinero. A esta situación, según precisa, se suman los tres decretos que el Gobierno quiere aprobar por los que se sustituirán las becas por préstamos bancarios, se reducirán a tres años los grados, devaluando el título y la formación y se aumentarán a dos años los máster de pago. Para el Sindicato de Estudiantes, se están provocando desahucios educativos forzosos y se está intentando acabar con la universidad pública.

 

 
DE ESTE A OESTE – MIKEL ARAGUÁS – Red Andaluz de Lucha contra la Pobreza

La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza apuesta por la inversión en educación y la creación de empleo para frenar el aumento de la exclusión social. Desde la organización califican como fracaso las políticas actuales de España donde, según el último estudio de la fundación Bertelsman Stifing, se ha situado en los últimos puestos de justicia social desde 2007. Alerta de que ha aumentado en cuatro puntos la población en riesgo de pobreza y exclusión social. Mikel Araguás, vicepresidente de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza, también denuncia la brecha interna en cuanto a niveles de pobreza, tanto en cuanto a los territorios como a los colectivos donde más incide la desigualdad. El vicepresidente de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza destaca que, antes de la crisis, en Andalucía había niveles de pobreza muy superiores que en el resto del Estado y que colectivos como la población gitana, las personas inmigrantes o los mayores eran los más vulnerables ya a esa situación.

 

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