AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

DE ESTE A OESTE – ESPECIAL PROCÉS

Agustín Ruiz Robledo, profesor de Derecho Constitucional de la UGR, asegura que en este tiempo de diálogo, lo primero es definir qué se quiere negociar, si es una reforma constitucional o el proceso de independencia. Rafael Naranjo, profesor de Derecho Constitucional de la UMA, recuerda que el marco legítimo donde se puede negociar la situación de Catalunya es la Constitución pero hay que tener en cuenta también otros aspectos. La profesora en Derecho Constitucional Concepción Pérez Villalobos insiste en que el proceso de modificación constitucional sería a largo plazo porque debería hacerse a través del procedimiento que requiere más tiempo. Mariano Rajoy ha respondido esta mañana a la declaración de independencia de Cataluña a plazos que este martes promulgó el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Tras el Consejo de Ministros extraordinario, Rajoy ha comparecido para anunciar el envío de un «requerimiento» a la Generalitat para que aclare si ha declarado o no la independencia y evitar así «la confusión generada».


DE ESTE A OESTE – JOSÉ MANUEL CANSINO – Universidad de Sevilla

Sigue el debate sobre la reforma de la financiación autonómica. Desde hace años, la Junta denuncia que el sistema actual perjudica a Andalucía y que nuestra comunidad ha perdido 5.500 millones de euros desde el año 2009. José Manuel Cansino, profesor de Economía de la Universidad de Sevilla, asegura que cada comunidad está defendiendo unos criterios de financiación particulares que beneficien a su territorio. La comisión de expertos para la reforma entregó su dictamen tras una fuerte división y un 40 por ciento de votos particulares. En ese trabajo propusieron un fondo básico con la recaudación propia y otro de nivelación con fondos del Estado y de las autonomías.


DE ESTE A OESTE – JOSÉ MANUEL CANSINO – Universidad de Sevilla

El nivel de deuda pública actual en nuestro país, situada en un billón de euros, se ha generado tras la crisis. Sin embargo, según José Manuel Cansino, profesor de Economía de la Universidad de Sevilla, el Gobierno no tiene que devolver esa cantidad cada año, sino un parte por los intereses generados al endeudarse más. En este sentido, añade que, en estos años posteriores a 2008, las administraciones públicas han podido pagar servicios y pensiones por un endeudamiento creciente. O lo que es lo mismo, incrementar el déficit público. Cuando se incumplen los objetivos de déficit, como es el caso del pasado ejercicio tanto por parte del Estado como de las comunidades autónomas, plantea un esfuerzo en el ajuste de los gastos. Por tanto, asegura que debería recaudarse más y gastar menos. En relación a esto, sostiene que España es uno de los estados más caros del mundo, refiriéndose a que tiene descentralizadas determinadas competencias, como la educación o la salud, y eso incrementa los costes y los enfrentamientos entre regiones.Por otro lado, este experto destaca que las comunidades autónomas y otras administraciones tienen ventajas a la hora de gestionar su deuda y el déficit, ya que cuentan con mecanismos de financiación privilegiada como el FLA que no conlleva el pago de intereses de ningún tipo.

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DE ESTE A OESTE – AGUSTÍN RUIZ – Universidad de Granada

Esta es la visión de Agustín Ruiz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada cuando se ha cumplido el 37 aniversario de la Carta Magna y cuando está sobre la mesa el debate sobre su reforma por parte de algunos partidos políticos. El profesor asegura que nuestra Constitución tendría algunos asuntos susceptibles de modificar, como la inclusión de una declaración sobre la pertenencia de España a la Unión Europea o la definición de las iniciativas ciudadanas en el Parlamento. Asegura que el debate sobre si reformar la Constitución o no es algo subjetivo que depende de la voluntad de cada Gobierno en función del modelo de Estado que se quiera para España. Así, si se apuesta por un modelo federal, habría que modificarla, al igual que si se quisiera pasar a una república en vez de al régimen monárquico-parlamentario actual. Por otro lado, sobre la necesidad de modificar artículos relativos a los derechos sociales para hacerlos derechos fundamentales, como piden muchas plataformas ciudadanas, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, sostiene que, de ser así, eso no garantizaría que todas las personas tuvieran, por ejemplo, una vivienda.

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En 1994, el movimiento por el 0,7 con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y a los representantes políticos de la necesidad de destinar ese porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado, tomaba fuerza. Ese año las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo recogían medio millón de firmas reclamando el 0,7. En septiembre de ese año se producía la primera acampada en la Castellana, delante del Ministerio de Economía y Hacienda. Esta movilización se extiende, originando acampadas de protesta en casi todo el Estado, bajo esta reivindicación se aunaban estudiantes, sindicalistas, cristianos de base, organizaciones pro derechos humanos. Una suma que atravesaba a toda la sociedad y que sorprendía a los propios convocantes. Comentamos estos 20 años con Ángeles Mazorra, una de las participantes de aquellas protestas y con el director de la Coordinadora Andaluza de ONGs, José María Ruibérriz.  

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