AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

DE ESTE A OESTE – MIGUEL ÁNGEL SOTO – Greenpeace

Acabar con la pobreza energética, dejar de producir energías nocivas para la salud y el medio ambiente, cerrando las centrales nucleares y de carbón son algunas de las doce propuestas que organizaciones de consumo, medioambiente, energía y solidaridad han lanzado a Iberdrola durante su última junta de accionistas. En cuanto a la pobreza energética, Miguel Ángel Soto, responsable de Campaña de Bosques de Greenpeace Españaafirman las organizaciones que el presidente evadió una respuesta clara. Pide además un pronunciamiento de las empresas sobre el cierre de Garoña. Lo hacen después de que se haya publicado que el presidente de Iberdrola haya anunciado a los sindicatos que no se reabrirá esta central. Estas organizaciones también han planteado a Iberdrola que renuncie a la defensa del impuesto al Sol, a su posición oligopólica -que perjudica al usuario y al mercado- y a las puertas giratorias en su Consejo, además de implementar medidas de ahorro y eficiencia energética y una cultura energética a través de campañas de formación e información junto con organizaciones independientes.

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DE ESTE A OESTE – JORDI CASTILLA – Gabinete Jurídico de FACUA-Consumidores en Acción 

Así lo asegura en la Onda Local de Andalucía Jordi Castilla, integrante del Gabinete Jurídico de Facua, quien recuerda que han puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado esa manipulación y le solicita que investigue si la compañía ha cometido, con estas acciones, un delito contra el mercado y los consumidores. Estos hechos han supuesto una sanción de 25 millones de euros, impuesta por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Alerta de que la actuación de Iberdrola supuso un perjuicio para las personas consumidoras al subirse los precios de la electricidad de forma irregular. En este sentido, la asociación recuerda que el artículo 281 del Código Penal establece de forma expresa que el que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios o de perjudicar gravemente a los consumidores, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.

DE ESTE A OESTE – RUBÉN SÁNCHEZ – Facua-Consumidores en Acción

Rubén Sánchez, portavoz de Facua Consumidores en Accióndenuncia que las compañías eléctricas están cometiendo fraudes mandando comerciales de visita a los hogares de los usuarios para cambiar sus condiciones de contratación del suministro, normalmente para encarecer los contratos, o para cambiarlos de compañía sin el consentimiento de sus clientes. En este sentido, Rubén Sánchez alerta de que, en numerosas ocasiones, fotografían los datos que aparecen en las facturas mostradas por los afectados y falsifican sus firmas para efectuar los cambios en los contratos. Algo que desde Facua animan a denunciar, ya que es un fraude y un abuso por parte de las compañías de electricidad.

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