AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

El Plan para la Comunidad Gitana, que se desarrolla en los municipios de Atarfe, Santa Fe, Fuente Vaqueros, Colomera, Pinos Puente e Íllora, dedica fondos a la tramitación de ayudas, la gestión de becas, el reforzamiento escolar o el acceso a nuevas tecnologías.

El Consorcio Vega Sierra Elvira y la Junta de Andalucía prorrogan y reeditan el Plan Integral para la Comunidad Gitana, que a través de profesionales cualificados, se encarga de corregir desequilibrios y realizar estrategias contra la discriminación y por la integración y acceso a los servicios.

En los municipios integrantes del consorcio, Atarfe, Santa Fe, Fuente Vaqueros, Colomera y Pinos Puente, con la incorporación este año de Íllora, la población gitana supone entre el 18% y el 37% del total. El objetivo del plan es aumentar el bienestar de la población y su calidad de vida, y la integración desde el respeto a las diferencias culturales, trabajando en las áreas de educación, salud, vivienda, apoyo a la mujer y políticas sociales.

También ha condenado a cuatro concejales del Ayuntamiento por prevaricación al adjudicar a la empresa privada Silviana Producciones S.L, la gestión de la radio municipal, Radio Parapanda, y la edición del periódico local. Todo ello sumado a que cualquier privatización de medios públicos municipales es ilegal tal y como se recoge en la legislación autonómica.

Juan Cobo, coordinador de la gestión de medios públicos del PP, considera que la adjudicación estaba pactada, ya que el alcalde tenía la opción de gestionar la empresa pública a coste cero pero en su lugar se decidió por esta empresa cuyo coste asciende a 140.000 euros por intereses particulares.

Según la sentencia, la intención del alcalde era la de favorecer a Francisco Izquierdo, socio único de Silviana Producciones, ya que la adjudicación se realizó sin expediente administrativo previo, sin pliego de condiciones y sin plazo de convocatoria pública. Juan Cobo, ante esta sentencia, exige al alcalde que asuma responsabilidades y dimita en lugar de poner en cuestión la labor de juez y del proceso legal.

Durante el juicio del pasado 4 de julio, el alcalde de Íllora, Francisco Domene defendió la legalidad del proceso de adjudicación y manifestó su intención de recurrir la sentencia.

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