AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

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Hoy, el Día Internacional de las Migraciones, la Onda Local de Andalucía detiene la mirada en uno de los puntos más ocultos y criticados de la política migratoria de España y de Europa: los Centros de Internamiento de Extranjeros, los CIEs. Hoy hay convocada una protesta a las puertas de la antigua cárcel de Algeciras, ahora Centro de Internamiento de Extranjeros. Andrés de la Peña, delegado de Asociación de ProDerechos Humanos de Andalucía en el Campo de Gibraltar, recuerda que las personas privadas de libertad allí solo han cometido una falta administrativa. Tras el cierre del centro de Málaga las organizaciones sociales reclaman que se cierren el resto. Aclaran que se han producido mejoras en cuanto a la transparencia y el acceso a estos centros por parte de la sociedad civil. Pero denuncian que a pesar de que hay mayor acceso a la información, la impunidad sigue siendo uno de los grandes problemas dentro de estos CIEs. Además critican que cuando una persona internada denuncia inmediatamente se acelera su proceso de expulsión para obstaculizar la investigación.

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Elizabeth Donaire, coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer de Sevilla, expone que informar y dar seguridad a las mujeres inmigrantes para que conozcan y defiendas sus derechos son dos premisas con las que trabajan en los servicios del Instituto Andaluz de la Mujer con un colectivo especialmente vulnerable y que sienten un mayor temor e indefensión a la hora denunciar casos de abuso y violencia machista: las mujeres extranjeras. Por eso considera que es fundamental llegar a ellas y hacerlas conscientes de las garantías con las que cuentan una vez que denuncien.

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Es la apreciación de Mikel Araguás, secretario general de Andalucía Acoge. Asegura en la Onda Local de Andalucía que la escasa implicación de las personas en la toma de decisiones de la vida pública se debe al desconocimiento de herramientas tan de actualidad como las Iniciativas Legislativas Populares. Sostiene que esto sucede tanto con la población autóctona como la extranjera, pero que es en este último colectivo donde más difícil resulta participar. Uno de los motivos: los recortes de derechos sufridos en los últimos años, que hace que sitúen otras prioridades en primer lugar. Para Mikel Araguás, el grado máximo de participación en una sociedad corresponde al derecho al voto. En este sentido, denuncia que la personas inmigrantes extracomunitarias no pueden ejercerlo en un país como España para unas elecciones generales si no disponen de acuerdo de reciprocidad con sus países de origen. Así, denuncia que se margina al diez por ciento de la población que vive en nuestro país.

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Es el panorama que expone Mikel Mazkarian, secretario de la Federación Estatal de SOS Racismo. Asegura en la Onda Local de Andalucía que la población autóctona puede suscribir el discurso de parte de la política que culpa a las personas inmigrantes de copar los servicios públicos. Algo que, según Mikel Mazkarian, puede desembocar en un clima de competición, discriminación y racismo. Para el secretario de la Federación Estatal de SOS Racismo, los discursos xenófobos están aumentando desde la política y el ámbito institucional en los últimos años y están calando en la ciudadanía aunque de manera paulatina. Desde SOS Racismo aseguran que no debe cejarse en el empeño de hacer pedagogía política para erradicar los mensajes negativos contra la población inmigrante.

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Es la exigencia que traslada Pilar Luque, integrante de la junta directiva de la Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba, que han puesto sobre la mesa cuando se sigue debatiendo sobre este nuevo plan y sus medidas. Un argumento que comparte la portavoz de ‘Almería para todos’, Yadi Gonzales, que asegura que las personas inmigrantes son considerados ciudadanos de segunda a la hora de acceder a estos derechos básicos. Pese a todo, reconoce que la población de origen latino tiene más facilidades que otros colectivos de personas inmigrantes que llevan menos tiempo asentados en Andalucía. El II Plan Andaluz de Inmigración contó con un presupuesto de casi 1.200 millones y un periodo de vigencia desde 2006 hasta 2009.

 

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio para investigar la situación de menores en los asentamientos ilegales que se dan en la provincia de Huelva y en concreto, en la localidad de Moguer.

En los términos de la actuación, la oficina de esta institución señala que esta actuacion de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz ha sido dirigida al Ayuntamiento de Moguer, (Huelva) y a la Delegación de la Junta en Huelva. Así, recuerda que algunos medios de comunicación local se hicieron eco de «la proliferación de asentamientos ilegales en la localidad de Moguer», en la que se advierte de «la presencia de personas menores de edad». De este modo, señala que, según las señaladas fuentes informativas, tras organizar los operativos de seguridad para varias romerías, los miembros de la Junta de Seguridad analizaron el desarrollo de la campaña fresera de este año, y constataron «cómo pese a descender la producción, y por tanto la mano de obra necesaria para su recolección, se sigue detectando la proliferación de asentamientos ilegales».

Asimismo, indican que «al parecer, el Ayuntamiento de Moguer, desde el área municipal de Asuntos Sociales, ha elaborado varios informes sobre la problemática de los asentamientos ilegales, constatándose cómo no sólo se trata ya de individuos agrupados en chabolas, sino que en algunos casos hay familias enteras con niños y niñas a su cargo, lo que acentúa la necesidad de buscar una solución a esta problemática».

Se trata de personas provenientes de la zona del Magreb o de países subsaharianos, que eran los que «habitualmente» construían estas chabolas, a las que se han sumado este año varias familias enteras provenientes de países de Europa del Este.

Es lo que denuncia la Plataforma Multicultural por una Sanidad Universal. Con la retirada de la tarjeta sanitaria al colectivo, el Gobierno central pretendía ahorrar 240 millones de euros. Para Carlos Aines, integrante de Acción en Red y de la Plataforma Multicultural por una Sanidad Universal, esta es una medida excluyente que sitúa a la población inmigrante como causante de la crisis y, además, pone en peligro la salud pública.

La Plataforma Multicultural por una Sanidad Universal considera que el decreto de recortes en sanidad aprobado por el Gobierno central hace ahora un año, junto con otras medidas como el copago, suponen barreras de acceso a prestaciones sanitarias que perjudican más a quienes tienen menos recursos. Entre ello, pensionistas, empleadas de hogar, parados de larga duración y la población inmigrante.

Carlos Aines asegura que en Andalucía, por ejemplo, el gasto sanitario correspondiente a la población inmigrante no alcanza el 1 por ciento, por tanto, los recortes a ese colectivo están injustificados.

El coordinador del Área de Inmigración, Carlos Arce, denuncia en declaraciones recogidas por la Onda Local de Andalucía, que en las últimas semanas, algunos medios de difusión han resaltado una imagen violenta en varios intentos de llegada a nuestro país a través de la valla de Melilla. Asegura que mientras los medios difunden esa imagen, algunas personas que buscan una vida mejor mueren en el intento.

Además, denuncia malas prácticas de los profesionales de comunicación y de otros sectores institucionales en el uso del lenguaje para transmitir estas noticias. Carlos Arce sostiene que se utiliza terminología inadecuada, que incide en la imagen negativa de este colectivo y lo sitúa como una amenaza.

Para Carlos Arce, esta actitud alimenta discursos alejados de la realidad y con un objetivo de criminalización, y además omite la situación insostenible de acoso y violencia que viven diariamente cientos de personas en las zonas fronterizas que separan Marruecos de España.

El Ayuntamiento de Moguer, ha transmitido a la Subdelegación del Gobierno y la Junta de Andalucía su preocupación por la proliferación de asentamientos «ilegales» en la localidad, pese a la mala campaña fresera de este año, así como de la presencia de niños en los mismos.

Según ha informado el Consistorio en una nota, tras organizar los operativos de seguridad para las romerías del Carmen, que se celebra este fin de semana en Mazagón, y de Montemayor, que será la semana próxima en Moguer, los miembros de la Junta de Seguridad han analizado el desarrollo de la campaña fresera de este año, y constataron cómo pese a descender la producción, y por tanto la mano de obra necesaria para su recolección, «se siguen detectando la proliferación de asentamientos ilegales en los que malviven personas extranjeras, muchas de ellas indocumentadas».

El Ayuntamiento de Moguer, desde el área municipal de Asuntos Sociales, ha elaborado varios informes sobre «la problemática de los asentamientos ilegales», constatándose cómo «no sólo se trata ya de individuos agrupados en chabolas, sino que en algunos casos hay familias enteras con niños y niñas a su cargo, lo que acentúa la necesidad de buscar una solución a esta problemática».

A las personas provenientes de la zona del Magreb o de países subsaharianos, —que eran los que habitualmente construían estas chabolas—, se han sumado este año varias familias enteras provenientes de países del este de Europa, lo que ha sido reflejado en los informes elaborados por el personal técnico de Asuntos Sociales que trabaja en colaboración con distintas ONGs y asociaciones de inmigrantes.

Desde el Ayuntamiento de la localidad se ha transmitido tanto a la Subdelegación del Gobierno, representada por su secretario Manuel Jesús Iglesias, como a la Policía Autonómica, en la persona de su responsable provincial Juan León, la preocupación del equipo de gobierno por la proliferación en general de asentamientos ilegales en el término municipal moguereño, algo que sucede cada año, pero que en esta ocasión la voz de alarma viene motivada por «la presencia de niños y niñas en estas construcciones tercermundistas», que «no cuentan con ningún tipo de servicio, y constituyen por sí mismas un evidente riesgo para su salud».

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