AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

La organización humanitaria alerta de la continua lucha violenta para controlar el territorio por motivos económicos, militares y políticos. Esto, recuerdan desde Amnistía Internacional, se suma a los altos niveles de pobreza y a la elevada concentración de la propiedad de la tierra como una de las causas fundamentales del conflicto armado que desde hace 50 años azota Colombia.

En su denuncia aseguran que el campo colombiano es objeto de deseo para guerrillas, paramilitares y fuerzas de seguridad por su gran valor estratégico en el contexto de una guerra interna, pero también para los poderes políticos y económicos, que ven en las tierras colombianas una fuente de riqueza para la industria agraria y los macroproyectos de infraestructuras.

La constante pugna por el territorio ha dejado a lo largo de los años un trágico balance: seis millones de desplazados, el 93 por ciento de zonas rurales. El conflicto armado ha dejado seis millones de víctimas, incluidos 220 mil homicidios y 35 mil desapariciones forzadas, solo entre 1985 y 2012, cuando comenzó el diálogo de paz.

Además, Amnistía Internacional incide en que uno de los grupos más vulnerables son las mujeres quienes tienen un riesgo mucho mayor de sufrir abusos como esclavitud y explotación sexual y prácticas forzosas de esterilización, aborto, embarazo y desnudez. Además, alerta la ONG, tras abandonar sus hogares se enfrentan a un estigma social por el que pueden verse obligadas a prostituirse. Las comunidades indígenas y afrodescendientes son otros de los grandes damnificados porque para ellos la tierra es el recurso más importante a la hora de hacer realidad sus derechos económicos, sociales y culturales.

 

El Comité Internacional de la Cruz Roja lidera este operativo de entrega, pactado por el Gobierno y las FARC a raíz de la crisis generada por el secuestro del general Rubén Darío Alzate y de otras dos personas en el departamento colombiano de Chocó y que derivó en la suspensión de las conversaciones de paz de La Habana.

Las FARC han informado en un comunicado de que los soldados liberados Paulo César Rivera y Jonathan Andrés Díaz están sanos y salvos en las llanuras del Arauca. Fueron entregados sin novedad a la misión humanitaria, en la que además del Comité Internacional de la Cruz Roja también participan Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz.

La guerrilla ha dado por cumplido su compromiso en la primera fase del acuerdo con el Ejecutivo de Juan Manuel Santos y ha adelantado que, a partir de ahora, se centrará en la liberación del general Rubén Darío Alzate y de sus dos acompañantes.

En este contexto, los países garantes de los diálogos de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano, trabajan para reanudar las conversaciones en La Habana, Cuba.

El Gobierno de Colombia ya ha anunciado que sus negociadores de paz regresarán a La Habana para reanudar los diálogos con la guerrilla de las FARC. El diálogo se reanudará una vez que se liberen a todas las personas secuestradas.

Cuba y Noruega, los países garantes, han manifestado que continuarán contribuyendo en todo lo posible para lograr un acuerdo final que termine con el conflicto y de paso a una paz estable y duradera en Colombia.

Por su parte, las FARC califican a los militares como prisioneros de guerra y su entrega como un gesto de paz. Aseguran que se mantendrán en la mesa de negociaciones hasta que se logre la firma de un acuerdo con el gobierno colombiano. Pese al diálogo de paz en La Habana, el conflicto continúa y son frecuentes los ataques, los bombardeos y los combates.

 

 
DE ESTE A OESTE – JAIME CEDANO – PERIODISTA COLOMBIANO

Así lo destaca en la Onda Local de Andalucía el periodista colombiano y compañero del programa ‘Suenan Timbres’, Jaime Cedano. Recuerda que este nuevo bloque de diálogos de paz en La Habana, Cuba, tiene como protagonistas a las víctimas del conflicto armado que dura ya más de medio siglo en el país. Incide en que se deberían perfilar las formas de reparación del daño a estas personas y también dirimir las responsabilidades políticas de todos los organismos, oficiales o no, que hayan intervenido en el conflicto. Cree que es en esas negociaciones donde se tienen que decidir qué justicia se les va a aplicar a los responsables, incluidos los diferentes jefes de Estado de Colombia de las últimas décadas.

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