AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por el Gobierno central en relación a los artículo número 28 y 13, relacionados con el sector audiovisual y la protección del Patrimonio Histórico de Andalucía.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra varios artículos del Decreto 2/20 de la Junta de Andalucía, llamado de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. Dicho decreto modificaba de una tacada 27 leyes y ha generado toda una corriente de protestas en diversos sectores de la sociedad andaluza al considerar que el decreto abre la puerta a provocar importantes daños medioambientales, territoriales, sociales, sanitarios y de patrimonio histórico, y a fomentar, entre otras cosas, la especulación urbanística y la privatización de servicios públicos.

El recurso presentado por el Consejo de Ministros va dirigido contra artículos como el número 28, entendiendo que vulnera la competencia estatal sobre telecomunicaciones y medios de comunicación social, al habilitar emisiones radiofónicas en cadena y suprimir la prohibición de inclusión o difusión de cualquier tipo de comunicación comercial audiovisual en emisiones de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual que carezcan del preceptivo título o que no hayan cumplido el deber de comunicación previo. Además con esta nueva regulación, la Ley Audiovisual de Andalucía (pionera y aprobada por unanimidad en la cámara andaluza) queda bastante afectada.

También queda señalado el artículo 13, que afecta al Patrimonio Histórico de Andalucía en tanto en cuanto exime de autorización previa administrativa y comunicación a la Consejería competente de posibles obras sobre bienes de interés cultural y su entorno. Esta regulación choca de pleno con la competencia estatal en defensa de los bienes culturales contra la exportación y expoliación prevista en el artículo 149.1.28 de la Constitución española.

Las emisoras municipales siguen en peligro de privatización

El Tribunal Constitucional ha suspendido, al menos durante los próximos cinco meses, varios de los preceptos de los artículos recurridos, declarándolos como nulos. No ocurre así con el 28.8 que permite la privatización de las emisoras municipales. Es importante recordar que el resto del Decreto sigue siendo aplicable, pese a afectar a más de veinte leyes y no contar con el consenso necesario para una normativa de estas características; facilitando trámites burocráticos que afecta a distintos ámbitos como el medio ambiente, el urbanismo o el comercio. Consenso que sí tenía la reciente Ley Audiovisual de Andalucía, aprobada en el Parlamento por unanimidad y que queda ahora desdibujada. El Gobierno andaluz ya declaró, por medio de su vicepresidente de y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, que acatará la decisión del órgano de justicia.


La modificación de la norma audiovisual andaluza tendría consecuencias como la privatización de los medios públicos locales, tanto de radio como de televisión, además de permitir que emisora ilegales puedan emitir publicidad o campañas institucionales derivadas por agencias de publicidad, sin que sean sancionadas. Esta norma garantiza impunidad a las emisiones piratas que merman la capacidad de ingresos por publicidad de las emisoras legales, tanto privadas como públicas, desregulando el sector, su transparencia y control fiscal.

La Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía solicita una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para iniciar el diálogo que permita al sector audiovisual posicionarse ante la modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía y alertar sobre las devastadoras consecuencias que tendrá para el empleo, la pluralidad informativa y la diversidad mediática. Además, la Plataforma quiere hacer entrega al presidente andaluz de una batería de propuestas que permita la participación del sector audiovisual en el próximo desarrollo de los reglamentos contemplados en la norma andaluza.

Aquí se puede consultar el texto íntegro de la solicitud:

Estimado Sr. Presidente.

Le escribimos desde la recién creada Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía (PDCPA), integrada por 23 entidades representativas del sector en Andalucía, algunas de ellas con representación en el conjunto del Estado. Plataforma que tiene como objetivo la defensa de la Ley Audiovisual de Andalucía (LAA, 2018), elaborada con el consenso de todo el sector. Desde la PDCPA consideramos en riesgo muchas conquistas básicas de la LAA tras la aprobación del Decreto Ley 2/2020 y su posterior validación por la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía.

Como usted sabe, el dictamen del Consejo de Estado del pasado 14 de abril encontró indicios de inconstitucionalidad en este decreto, tanto en la forma como en parte del contenido. A partir de este dictamen es posible que la aplicación del Decreto Ley 2/2020, quede en suspenso una vez que el Gobierno de la nación ha presentado recurso de inconstitucionalidad.

Por nuestra parte, los informes jurídicos que manejamos desde la PDCPA avalan la imposibilidad de privatizar los medios públicos locales, así como conectarse a medios privados, no tener instalaciones ni personal en el territorio de cobertura o emitir publicidad desde una emisora que no tenga título habilitante.

Ante la nueva situación creada, desde la PDCPA le solicitamos una reunión urgente para abrir un proceso de diálogo sobre el contenido del Decreto 2/2020 en las materias que afectan al sector audiovisual, con el ánimo de recuperar el consenso alcanzado en torno a LAA, que suscitó el apoyo unánime de todos los grupos políticos con representación parlamentaria, así como de medio centenar de entidades profesionales, sindicales, sociales, asociativas y empresariales del sector en Andalucía. Un consenso que, entendemos, no se debe romper en una materia de tanta trascendencia como es el sector audiovisual y la comunicación, esenciales en la vida de los andaluces.

Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía

Entidades integrantes

La Plataforma cuenta con las asociaciones de la prensa y periodistas de Almería, Jaén, Córdoba, Cádiz, Campo de Gibraltar, Jerez de la Frontera, Huelva y Sevilla; la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, el Colegio de Periodistas de Andalucía y la Red de Colegios de Periodistas de España; el Sindicato de Periodistas de Andalucía y la Federación de Sindicatos de Periodistas de España; la Red Estatal de Medios Comunitarios, la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Radio y Televisión de Andalucía, la Asamblea de Mujeres Periodistas de Sevilla, las Facultades de Ciencias de la Comunicación de Málaga y Sevilla, la Agrupación de Periodistas de UGT-A, la Asociación de Usuarios de la Comunicación de España, la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía, el Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía y la Plataforma Teledetod@s.


MANUEL CHAPARRO- catedrático de Periodismo UMA

Estos entes de control deben estar al margen del poder político y económico y deberían controlar, especialmente, a los medios audiovisuales porque el espectro de ondas es público y las licencias las otorga el Estado. Así lo afirma Manuel Chaparro, catedrático de Periodismo UMA, director de esta casa EMA-RTV y uno de los coordinadores de la publicación Transparencia mediática, oligopolios y Democracia ¿Quién nos cuenta el cuento?.

Alerta de que el monopolio actual provoca desinformación porque son los grandes grupos los que marcan la agenda para que el poder político que esté en cada momento no altere sus intereses. Esto, incide, está amparado por una legislación poco ambiciosa como la Ley Audiovisual de 2010 que, asegura, ampara el actual mapa concentrado de medios. Por ello, insiste Manuel Chaparro, deberían existir mecanismos de control independendientes que impidan los abusos de poder mediáticos y eviten cualquier interferencia política; especialmente en épocas de campaña electoral como en la que nos encontramos ahora.

Según Manuel Chaparro la radio comercial local ha dejado de existir porque la programación está supeditada a la de grandes cadenas, una práctica que está incumpliendo la ley. Además, pertenecen a tres grupos A3Media, Prisa y Cope que, alerta, son opacos y ofrecen un perfil bajo de contenidos a la población. Apuesta por controlar estas frecuencias que, recuerda, son públicas y deberían darse teniendo en cuenta aspectos como la rentabilidad social.

COM-Andalucía

Estos son los resultados de la última investigación realizada por COMAndalucía, un grupo de expertos que estudia el Indicador de Rentabilidad Social en Comunicación (IRSCOM). Hasta ahora ha estudiado las radios públicas locales, las privadas y se va a centrar, próximamente, en las televisiones comerciales.

 


EMA-RTV lamenta el retraso en la aprobación de la Ley Audiovisual de Andalucía que arreglaría muchos problemas del sector y situaría a la comunidad a la vanguardia en políticas públicas de comunicación.

En la producción legislativa de esta X Legislatura solo el Proyecto de Ley de garantías y sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía lleva más tiempo en tramitación parlamentaria que la Ley Audiovisual de Andalucía. El resto, 7 leyes de 2015, 6 de 2016 y 11 de 2017 ya han sido aprobadas o se encuentran más avanzadas en su tramitación.

La Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión (EMA-RTV) lamenta el retraso que está sufriendo el proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía en su tramitación parlamentaria y que, incluso, podría correr el riesgo de no aprobarse de manera definitiva.

Hoy jueves, al término de la sesión plenaria se constituirá la Diputación Permanente, el órgano que vela por los poderes de la Cámara cuando el Parlamento no tiene actividad. Esto provocará que hasta el próximo mes de septiembre no se retome la actividad parlamentaria y, por tanto, la Ley Audiovisual de Andalucía pueda continuar su tramitación.

En la producción legislativa de esta X Legislatura solo el Proyecto de Ley de garantías y sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, aparcada desde julio de 2017, lleva más tiempo en tramitación parlamentaria que la Ley Audiovisual de Andalucía. El resto, 7 leyes de 2015, 6 de 2016 y 11 de 2017 ya han sido aprobadas o se encuentran más avanzadas en su tramitación.

Para EMA-RTV el proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía establece una regulación integral de este sector estratégico para la cohesión social y la proyección cultural de la comunidad. Además, la futura norma arreglaría muchos problemas que padece el sector en la actualidad y situaría a Andalucía a la vanguardia en el diseño de políticas públicas de comunicación. También recoge aspectos insuficientemente desarrollados por la legislación estatal básica en vigor desde 2010 (la Ley General de la Comunicación Audiovisual), sobre todo en lo relativo a la seguridad jurídica de los medios comunitarios sin ánimo de lucro, el reparto más equitativo del espectro radioeléctrico, la ampliación de los derechos de las personas usuarias, la participación de la ciudadanía, el control de las emisiones ilegales y el reforzamiento de las sanciones.

EMA-RTV anima a los Grupos parlamentarios a que alcancen el consenso sobre la Ley antes de la finalización de la actual legislatura. Asociaciones y organizaciones profesionales y sindicales del sector de la comunicación han firmado un comunicado en el que expresan su preocupación porque el proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía esté retrasado. Las entidades firmantes, el Sindicato de Periodistas de Andalucía y la Federación de Sindicatos de Periodistas (SPA-FESP), la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía (EMA-RTV), el Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía, la Red de Medios Comunitarios (ReMC), la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) entienden que se podría perder una oportunidad histórica para la construcción del territorio andaluz.

El texto lleva elaborándose desde diciembre de 2013 cuando la Junta de Andalucía constituyó la Mesa de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual (MOISA). En ese órgano participaron más de 50 entidades del sector. Tras varias versiones del anteproyecto, el texto ingresó en el Parlamento en septiembre de 2017. En diciembre fue debatido en Pleno y en marzo de este año una veintena de grupos sociales y agentes interesados comparecieron en comisión y presentaron sus enmiendas a los Grupos parlamentarios. Más información en www.emartv.com


DE ESTE A OESTE – MANUEL CHAPARRO – EMA-RTV

Tras cinco años de preparación y de aportaciones por parte de entidades relacionadas con la comunicación, la Ley Audiovisual de Andalucía no termina de ver la luz. Solo el Proyecto de Ley de garantías y sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía lleva más tiempo de tramitación parlamentaria que esta ley, que comenzaba a gestarse en el año 2012, con la aprobación de una proposición no de ley relativa a abrir un debate sobre medidas para la ordenación e impulso del sector audiovisual de nuestra comunidad.

Desde entidades como esta casa, la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, EMA-RTV, defienden la necesidad de la aprobación final del proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía para establecer una regulación integral de un sector estratégico para la cohesión social y la proyección cultural de la comunidad. Además, considera que arreglaría muchos problemas que padece el sector en la actualidad y situaría a Andalucía a la vanguardia en el diseño de políticas públicas de comunicación.

Todo ello, porque la regulación estatal recoge de forma insuficiente aspectos relacionados con la seguridad jurídica de los medios comunitarios sin ánimo de lucro, el reparto más equitativo del espectro radioeléctrico, la ampliación de los derechos de las personas usuarias, la participación de la ciudadanía, el control de las emisiones ilegales y el reforzamiento de las sanciones. Manuel Chaparro, director de EMA-RTV y catedrático de Periodismo en la Universidad de Málaga, considera que una ley audiovisual que recoja el espectro de medios de difusión y entidades relacionadas con la comunicación es un elemento fundamental para la vertebración y cohesión del territorio andaluz y el fomento de una ciudadanía crítica.

Por este retraso en debate final y la aprobación del nuevo marco regulador, algunas entidades, tanto medios como sindicatos profesionales o entidades del III Sector han iniciado la campaña #LeyAudiovisualAndaluzaYa para reivindicar a la a los partidos políticos que lleguen a un acuerdo parlamentario que permita que este marco regulador vea la luz antes de que acabe esta legislatura.

DE ESTE A OESTE – FRANCISCO TERRÓN – Sindicato de Periodistas de Andalucía

Francisco Terrón, secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, destaca el consenso alcanzado gracias al trabajo que han realizado diferentes entidades para introducir mejoras a la futura Ley Audiovisual andaluza.

Desde 2013 esperando

En cuanto a estas aportaciones, llevan desarrollándose desde diciembre del año 2013 cuando la Junta de Andalucía constituyó la MOISA, la Mesa de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual. En ese órgano han participado más de 50 entidades del sector. Tras varias versiones del anteproyecto, el texto llegaba al debate parlamentario en septiembre de 2017.


DE ESTE A OESTE – GUILLERMO GARCÍA – PP Andaluz

Los populares aseguran que la externalización se produce ante una mala gestión de los recursos públicos que obliga a hacer uso de trabajos externos. Guillermo José García de Longoria, parlamentario del grupo popular, afirma que esta fórmula además ayuda a la industria audiovisual pero se debe vigilar las condiciones de trabajo. En cuanto a las emisoras comunitarias, aclara que el PP está a favor de que se apliquen autorizaciones temporales que eviten su vulnerabilidad y la posibilidad de sanciones por no estar reguladas.


EMISIÓN EN DIRECTO

Personas migrantes LGBTI en Andalucía

CONOCE NUESTROS PROYECTOS: