AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

DE ESTE A OESTE – FRANCISCO TERRÓN – Sindicato de Periodistas de Andalucía

El fotógrafo, que publica habitualmente en El País, se encontraba junto a dos senadores, que también han indicado que la versión policial es falsa y no se ajusta a la realidad. Francisco Terrón, secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, señala que esta norma está coaccionando la libertan de prensa. Denuncia que el hecho de que no se pueda grabar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado crea puntos ciegos en el Estado de derecho y recuerdan que esta norma convierten a los policías en juez y parte. En 2016 la Policía interpuso más de 19.000 multas por faltas de respeto con un valor superior a 3.006.000 euros.


DE ESTE A OESTE – CRISTÓBAL FÁBREGA – Amnistía Internacional

La organización calcula que la ley de seguridad ciudadana podría llevar alrededor de 34.000 sanciones sólo en 2016 por conductas amparadas por el derecho de reunión, expresión e información. Cristóbal Fábrega, portavoz de Amnistía Internacional, alerta de que estas multas tienen un carácter disuasorio y llevan aparejado una práctica contraria a una sociedad democrática: la autocensura. Esto, a su vez, perjudica a la libertad de expresión. Desde Amnistía Internacional señalan que, con esta ley, se criminaliza a quienes denuncian abusos relacionados con las instituciones públicas y a los que constatan esos hechos con material gráfico. Para el portavoz de la ONG, Cristóbal Fábrega, estas actuaciones tienen como objetivo maquillar la realidad y callar a quienes alzan la voz contra la vulneración de derechos fundamentales.


DE ESTE A OESTE – RAÚL SOLÍS – Periodista víctima de la Ley Mordaza

150 euros es la multa que el Gobierno central ha puesto al periodista Raúl Solís en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza. La razón que se expone en la notificación es «poner en riesgo» la integridad de los agentes de la Policía Nacional durante  una protesta ciudadana en Sevilla contra el autobús Hazte Oír. La sanción se propone en virtud del artículo 37.4 de la ‘ley mordaza’. Raúl Solís asegura que va a recurrir y a presentar alegaciones a esta multa porque considera que es un ataque frontal al ejercicio del periodismo. El suceso se producía el pasado 29 de marzo con la visita del autobús de la organización ultraderechista Hazte Oír a la ciudad de Sevilla. El autobús viajó hasta el Palacio de San Telmo donde había una concentración ciudadana contra la transfobia.


DE ESTE A OESTE – ESPECIAL LEY MORDAZA

El pleno del Congreso ha aprobado este martes, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, una moción del grupo socialista en la que reclama al Ejecutivo la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. Raúl Febrer, activista de movimientos sociales, señala que esta norma pretendía desactivar las movilizaciones y protestas en la calle. Desde Andalucía Acoge, su presidenta Sylvia Koniecki denuncia que la norma ha permitido legalizar las devoluciones en caliente, y por lo tanto dar cobertura legal a una vulneración flagrante de los derechos humanos. Los votos a favor de derogar han sumado 167, suficientes ante los 133 noes y las 32 abstenciones para que saliera adelante la iniciativa, que no implica directamente ningún cambio legal, pero reclama al Ejecutivo la marcha atrás en una de las normas más cuestionadas de las que impulsó en la primera legislatura de Mariano Rajoy.


DE ESTE A OESTE – CRISTINA SERVÁN – APDHA

La ley mordaza se está aplicando para limitar la libertad de expresión de la ciudadanía y eliminar cualquier opinión disidente. Así lo asevera Cristina Serván, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Destaca que desde su entrada en vigor el 30 de junio de 2015 se han abierto 30 mil expedientes de los que el 15% se han resuelto con sanciones lo que, lamenta, ha supuesto un retroceso de la libertad de la población en nuestro país. En ese sentido apunta que en la mayoría de los casos se trata de expedientes abiertos por los cuerpos y fuerzas de seguridad al considerar que se les ha faltado el respeto como autoridad. Además, alerta de que esta norma de Seguridad Ciudadana tiene consecuencias graves para una sociedad democrática, ya que ataca derechos fundamentales como el de información y expresión. En este sentido, resalta que uno de los objetivos de la represión son los profesionales del periodismo y esto conlleva, a su vez, autocensura a la hora de ejercer la labor. Por ello, desde la plataforma ‘Defender a quien defiende’ se ha creado «Malla», una herramienta web para registrar los casos de represión en toda España y visibilizar sus efectos.


DE ESTE A OESTE – LUIS PERNÍA – Plataforma de Solidaridad con las Personas Inmigrantes

La Plataforma de Solidaridad con las personas inmigrantes de Málaga ha presentado un decálogo que según la red de entidades malagueñas, son las exigencias mínimas que el nuevo Gobierno debería asumir. Entre ellas su presidente, Luis Pernía, destaca tres por considerarlas de especial urgencia. Exige la eliminación de la Ley de Seguridad Ciudadana porque ampara las devoluciones en caliente, acabar con la irregularidad sobrevenida y devolver al sistema sanitario a las miles de personas inmigrantes excluidas que han sido excluidas. Luis Pernía lamenta que los gobiernos trabajen en levantar fronteras y en convertir en gendarmes a países que tradicionalmente han sido integradores mientras que la ciudadanía mantiene una posición favorable a la acogida. La Plataforma de Solidaridad con las personas inmigrantes de Málaga exige también al próximo Gobierno de España un papel más humanitario ante la crisis de los refugiados que está viviendo Europa. Piden que se restablezca el derecho de asilo y los derechos que amparan las personas refugiadas según la Convención de Ginebra.


DE ESTE A OESTE – BEATRIZ PERALES – responsable de Campañas de Amnistía Internacional España

Así lo advierte Beatriz Perales, responsable de Campañas de Amnistía Internacional España, organización que presenta su informe  2015/16, en el que analiza el asalto global a los derechos humanos por parte de 160 países de todo el mundo. De esta forma, el bautizado como «informe negro» por la propia Amnistía Internacional, analiza y denuncia las carencias existentes a nivel global en materia humanitaria. Sostiene que nuestro país ha sufrido un retroceso importante en esta materia, sobre todo tras la aprobación de ciertas medidas que están restringiendo derechos fundamentales. Cita como ejemplo la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Cree que se pretende criminalizar la protesta social y acallar las voces críticas a la gestión del Gobierno, dando para ello más poder a las fuerzas de seguridad y penalizando con multas desproporcionadas aspectos fundamentales para una democracia como las manifestaciones.

DE ESTE A OESTE – RAÚL FEBRER – Plataforma No Somos Delito

Es la denuncia de Raúl Febrer, integrante de la Plataforma No Somos Delito, que convoca para este domingo, 13 de diciembre, una manifestación para protestar contra la conocida como Ley Mordaza. Asegura que desde que la norma entrara en vigor en el mes de julio, se ha producido una merma en los derechos de manifestación. Argumenta que, ahora, por el miedo a ser sancionados, la ciudadanía no se atreve a manifestarse en ciertos ámbitos o a cuestionar la actuación de los poderes públicos y fuerzas de seguridad. Durante su año de existencia, han sido diversas las convocatorias que ha realizado contra la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. La plataforma considera que esta norma agrede principios democráticos de libertad de expresión, manifestación e información además de dejar a la ciudadanía sin otra intermediación ante la discrecionalidad administrativa.

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DE ESTE A OESTE – MARIA JOSÉ SERRANO – APDHA

Este miércoles se celebraba el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y Trata de Personas. Una realidad que se confunde en algunos casos con la prostitución. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía recuerdan que son dos conceptos diferentes que hay que diferenciar para poder atenderlos de manera efectiva. La coordinadora del Área de Prostitución de APDHA, María José Serrano, denuncia que la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, persigue y criminaliza a las trabajadoras del sexo, además, de que las multas dependen  del criterio y de la apreciación del policía que determinará si había ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución.

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“Meter la actividad de la prostitución en el PIB supondría apenas modificaciones en la recaudación ya que la mayoría ya está registrada con otras fórmulas como la de sauna o bares”, Lina Gálvez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas – UPO

“Las trabajadoras del sexo pedimos un lugar donde poder cumplir con la normativa y trabajar en condiciones de seguridad e higiene”, Tatiana García, presidenta de la Asociación AMTTSA en Málaga

“La regulación que proponen los inspectores de Hacienda para el trabajo sexual es una legalización que solo tiene en cuenta la vertiente economicista y no los derechos de las trabajadoras y trabajadores”, Mamen Briz, integrante del Colectivo Hetaira

DE ESTE A OESTE – MERCEDES GARCÍA – Plataforma No Somos Delito

Colectivos sociales y plataformas organizan estos días protestas para tratar de frenar la entrada en vigor de la Reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, que se producirá el 1 de julio. Así lo ha señalado esta mañana en la OLA Mercedes García que es integrante de la Plataforma No Somos Delito y trabajadora del sector de la comunicación. Asegura que las normas no responden a ninguna necesidad ni demanda social. El 30 de junio hay convocadas protestas y concentraciones en todo el Estado y Andalucía para rechazar estas normas y llamar a la desobediencia civil de la ciudadanía.

DE ESTE A OESTE – DIEGO BOZA – Delegado de APDHA en Cádiz

APDHA denuncia que la ley mordaza supone un recorte de derechos básicos justificado en el falso enfrentamiento entre libertad y seguridad. Asegura Diego Boza, delegado de APDHA en Cádiz, que con esta norma se rebaja la calidad democrática de nuestra sociedad y se pone en riesgo el sistema de bienestar. La norma ha contado que el apoyo de la mayoría absoluta del PP y con los votos contrarios de toda la oposición. El PSOE ya ha dicho que presentará un recuso ante el Tribunal Constitucional. Desde APDHA también confían en que haya pronunciamiento de tribunales exteriores como el europeo. Según los sondeos, más del 80 por ciento de los españoles pide cambiar o retirar la ley. Para este fin de semana hay convocadas protestas en distintos puntos del estado para mostrar la oposición a la llamada ley mordaza.

En las últimas semanas, el debate sobre la norma se ha centrado en la intención del Gobierno de legalizar las devoluciones en caliente de personas inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, ha asegurado al respecto, ante las críticas de la oposición, que no va a retirar la regulación del rechazo en frontera porque es, según apunta, obligación de España defender su frontera.

Sin embargo, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiz-Nieks, ha advertido a España de que legalizar las devoluciones de personas inmigrantes a pie de valla en Ceuta y Melilla contradice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas. Este mismo miércoles organizaciones como Avaaz, No Somos Delito, la PAH, Greenpeace y SOS Racismo escenificaron ante el Congreso un cortejo fúnebre para rechazar la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, que califican como «ley mordaza» y que la oposición se ha comprometido a derogar cuando cambien las mayorías.

Tras su paso por los órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo General de la Abogacía y tras el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados se han introducido numerosos cambios al texto, que afectan a las conductas susceptibles de sanción con multas que van desde los 100 euros hasta los 600.000 euros. Además se han introducido seis nuevas faltas por lo que finalmente la Ley tendrá 45 infracciones. Habrá infracciones leves (multa de 100 a 1.000 euros), graves (multa de 1.001 a 30.000 euros) y muy graves (multa de 30.001 a 600.000 euros).

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