AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

DE ESTE A OESTE – MARICARMEN JIMÉNEZ – Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén)

APDHA organiza unas jornadas para analizar los recortes en libertades y derechos que se están produciendo en los últimos tiempos. José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz hasta 2013, señala que es especialmente preocupante la criminalización de la solidaridad y de los defensores de DDHH. Isidoro Moreno, catedrático de Antropología Social y Cultural, afirma que normas como la conocida como ley mordaza pretenden desactivar la movilización y las protestas en las calles. El debate de hoy se enmarca en la celebración Día de la Libertad de Prensa, amparado por la libertad de expresión, un derecho humano consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.


DE ESTE A OESTE – RAÚL SOLÍS – Periodista

Las protestas tuvieron lugar hace un año y el periodista Raúl Solís recibió días después una carta con la notificación. Asegura en la Onda Local de Andalucía que esta Ley de Seguridad Ciudadana ha generado un clima de temor y autocensura muy fuerte dentro de la profesión periodística. Los datos dicen que desde que se aprobó esta Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, se han producido 14 millones de euros en sanciones.


DE ESTE A OESTE – FRANCISCO TERRÓN – Sindicato de Periodistas de Andalucía

El fotógrafo, que publica habitualmente en El País, se encontraba junto a dos senadores, que también han indicado que la versión policial es falsa y no se ajusta a la realidad. Francisco Terrón, secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, señala que esta norma está coaccionando la libertan de prensa. Denuncia que el hecho de que no se pueda grabar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado crea puntos ciegos en el Estado de derecho y recuerdan que esta norma convierten a los policías en juez y parte. En 2016 la Policía interpuso más de 19.000 multas por faltas de respeto con un valor superior a 3.006.000 euros.


DE ESTE A OESTE – CRISTÓBAL FÁBREGA – Amnistía Internacional

La organización calcula que la ley de seguridad ciudadana podría llevar alrededor de 34.000 sanciones sólo en 2016 por conductas amparadas por el derecho de reunión, expresión e información. Cristóbal Fábrega, portavoz de Amnistía Internacional, alerta de que estas multas tienen un carácter disuasorio y llevan aparejado una práctica contraria a una sociedad democrática: la autocensura. Esto, a su vez, perjudica a la libertad de expresión. Desde Amnistía Internacional señalan que, con esta ley, se criminaliza a quienes denuncian abusos relacionados con las instituciones públicas y a los que constatan esos hechos con material gráfico. Para el portavoz de la ONG, Cristóbal Fábrega, estas actuaciones tienen como objetivo maquillar la realidad y callar a quienes alzan la voz contra la vulneración de derechos fundamentales.


DE ESTE A OESTE – FRANCISCO TERRÓN – Sindicato de Periodistas de Andalucía

La precariedad en el periodismo ha empeorado con el tiempo y tienen efectos en la calidad y la credibilidad de la información. Así lo ha señalado esta mañana en la OLA, Francisco Terrón, secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía. Recuerda la importancia de defender el derecho a la comunicación como un elemento fundamental para la democracia y la ciudadanía. Advierte también de los graves riesgos de la concentración mediática. Y es que la mayoría de las concesiones de radio y televisión quedan en los grandes grupos mediáticos. Desde el sindicato denuncian que la legislación actual pone trabas para que la ciudadanía encuentre sus propios canales de comunicación. El Sindicato de Periodistas de Andalucía ha realizado un Congreso de donde ha salido una nueva ejecutiva y donde aprobado también varias resoluciones en cuanto a comunicación con perspectiva de género, la derogación de la Ley Mordaza, se ha pedido acabar con los bloques de información electoral y se reclamó la creación de plazas de estructura de periodistas en la administración.


DE ESTE A OESTE – RAÚL SOLÍS – Periodista víctima de la Ley Mordaza

150 euros es la multa que el Gobierno central ha puesto al periodista Raúl Solís en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza. La razón que se expone en la notificación es «poner en riesgo» la integridad de los agentes de la Policía Nacional durante  una protesta ciudadana en Sevilla contra el autobús Hazte Oír. La sanción se propone en virtud del artículo 37.4 de la ‘ley mordaza’. Raúl Solís asegura que va a recurrir y a presentar alegaciones a esta multa porque considera que es un ataque frontal al ejercicio del periodismo. El suceso se producía el pasado 29 de marzo con la visita del autobús de la organización ultraderechista Hazte Oír a la ciudad de Sevilla. El autobús viajó hasta el Palacio de San Telmo donde había una concentración ciudadana contra la transfobia.


DE ESTE A OESTE – FRANCISCO TERRÓN – Secretario de Acción Sindical de Sindicato de Periodistas de Andalucía

El Sindicato de Periodistas de Andalucía se concentra por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Se celebra hoy, 3 de mayo, motivo por el que el Sindicato ha llamado a los profesionales de la información y la comunicación de Andalucía a la concentración organizada esta mañana en Granada. Para Francisco Terrón, secretario de Acción Sindical de Sindicato de Periodistas de Andalucía, esta jornada es festiva a la vez que reivindicativa, ya que es más necesario que nunca defender el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz. Denuncian que la situación de la libertad de prensa en nuestro país ha empeorado en los últimos años. Señala como principales causas la reforma laboral y sus consecuencias en el empleo periodístico y las presiones a los trabajadores y trabajadores por parte de las empresas mediáticas.


DE ESTE A OESTE – MIGUEL MONTENEGRO – Secretario regional de CGT en Andalucía

Y mejores condiciones laborales como otra de las cinco reivindicaciones con que este año el sindicato CGT sale a conmemorar el 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo. Además reclaman la garantía de servicios públicos de calidad y la apuesta por la igualdad y el cuidado del medio ambiente. Miguel Montenegro, secretario general de CGT en Andalucía, asegura que a pesar de los discursos triunfalistas de los representantes políticos y económicos, la situación de la mayoría sigue siendo muy grave, sobre todo en Andalucía. Denuncia la desposesión de derechos y libertades como consecuencia de políticas económicas que estrangulan a la mayoría de la población con la excusa de la crisis.


DE ESTE A OESTE – FRANCISCO TERRÓN – Sindicato de Periodistas de Andalucía

La regulación del tercer sector de la comunicación en Andalucía podría crear 500 empleos directos. Por ello es una de las reivindicaciones principales para el próximo año 2017 que hacen desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía, el SPA. Su secretario de Acción Sindical, Francisco Terrón, espera también que el nuevo año traiga la aprobación definitiva de la Ley Audiovisual y la regulación de licencias de emisoras municipales para evitar los cierres y cesiones ilegales. A nivel general, desde el SPA califican este año que acaba 2016 como uno de los peores de la última década para la libertad de expresión y el derecho a la información. Francisco Terrón recuerda que se han producido las primeras multas a periodistas en aplicación de Ley de Seguridad Ciudadana, denominada por sus detractores como ‘Ley Mordaza’. Desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía lamentan también el recorte de derechos para la población en general que ha supuesto la ley mordaza porque, recuerda Francisco Terrón, limita del derecho de reunión pacífica y de expresión.


DE ESTE A OESTE – VALENTÍN AGUILAR – APDHA

La APDHA afirma que 2016 ha sido un mal año para los DDHH que han sufrido ataques desde muchos frentes y en muchas partes del mundo. Valentín Aguilar, coordinador de APDHA, asegura que en España la exclusión y la pobreza son realidades que se van extendiendo, sobre todo a través de la precariedad. Las protestas en varios CIEs han vuelto a poner el foco en estos centros, que las organizaciones sociales denuncian por ser una medida desproporcionada y por estar gestionados de forma opaca y de espaldas a la sociedad. En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, confía en que finalmente sea retirada con la presión de la oposición en el Congreso de los Diputados.


DE ESTE A OESTE – ESPECIAL LEY MORDAZA

El pleno del Congreso ha aprobado este martes, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, una moción del grupo socialista en la que reclama al Ejecutivo la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. Raúl Febrer, activista de movimientos sociales, señala que esta norma pretendía desactivar las movilizaciones y protestas en la calle. Desde Andalucía Acoge, su presidenta Sylvia Koniecki denuncia que la norma ha permitido legalizar las devoluciones en caliente, y por lo tanto dar cobertura legal a una vulneración flagrante de los derechos humanos. Los votos a favor de derogar han sumado 167, suficientes ante los 133 noes y las 32 abstenciones para que saliera adelante la iniciativa, que no implica directamente ningún cambio legal, pero reclama al Ejecutivo la marcha atrás en una de las normas más cuestionadas de las que impulsó en la primera legislatura de Mariano Rajoy.


DE ESTE A OESTE – FRANCISCO TERRÓN – Federación Española de Sindicatos de Periodistas

La Federación Española de Sindicatos de Periodistas vuelve a pedir la regulación del derecho a la comunicación a través  de una Ley General de la Comunicación, similar a las que existen en los países de la Unión Europea y otras zonas del mundo. Francisco Terrón, vicesecretario de la Federación asegura que esta probación es urgente. Señalan que la norma debe definir los deberes y derechos de los periodistas; los colaboradores y periodistas a la pieza; la reserva de una tercera parte del espacio radioeléctrico para radios y televisiones del tercer sector sin ánimo de lucro. La FeSP también pide a los partidos de la oposición que cumplan el compromiso que la mayoría de ellos adquirió antes de las elecciones generales y promuevan la derogación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.


DE ESTE A OESTE – CRISTINA SERVÁN – APDHA

La ley mordaza se está aplicando para limitar la libertad de expresión de la ciudadanía y eliminar cualquier opinión disidente. Así lo asevera Cristina Serván, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Destaca que desde su entrada en vigor el 30 de junio de 2015 se han abierto 30 mil expedientes de los que el 15% se han resuelto con sanciones lo que, lamenta, ha supuesto un retroceso de la libertad de la población en nuestro país. En ese sentido apunta que en la mayoría de los casos se trata de expedientes abiertos por los cuerpos y fuerzas de seguridad al considerar que se les ha faltado el respeto como autoridad. Además, alerta de que esta norma de Seguridad Ciudadana tiene consecuencias graves para una sociedad democrática, ya que ataca derechos fundamentales como el de información y expresión. En este sentido, resalta que uno de los objetivos de la represión son los profesionales del periodismo y esto conlleva, a su vez, autocensura a la hora de ejercer la labor. Por ello, desde la plataforma ‘Defender a quien defiende’ se ha creado «Malla», una herramienta web para registrar los casos de represión en toda España y visibilizar sus efectos.


DE ESTE A OESTE – ANDRÉS CARDENETE – candidato al Congreso por Málaga del partido animalista PACMA

El partido animalista PACMA propone un plan económico y de creación de empleo basado en un nuevo modelo energético que permita ampliar los nichos de trabajo vinculados a las energías renovables. Así lo ha señalado esta mañana en la OLA el candidato de PACMA al Congreso por la provincia de Málaga, Andrés Cardenete. Afirma que en su programa se recogen medidas concretas para mejorar las políticas sociales que tienen que ver con la dependencia y la igualdad de género. Destacan su apuesta por recuperar la protección de libertades y derechos civiles, por eso reclaman la derogación de la ley mordaza que, dicen, está hostigando a tantos colectivos, también ambientalistas y animalistas.


DE ESTE A OESTE – CARLOS ARCE- coordinador de Inmigración de APDHA

APDHA denuncia que las cuestiones sociales que tienen que ver con los colectivos más vulnerables no son atendidas por los partidos políticos que se presentan a las elecciones del próximo 26 de junio. Carlos Arce, coordinador de Inmigración de la APDHA señala que, entre las primeras medidas que deberían llevar a cabo el Gobierno que salga de las urnas el 26 de junio, destaca la ley de seguridad ciudadana, denominada ley mordaza, y la prisión permanente revisable, recogida en la reforma del Código Penal. Critican además las promesas vacías que hacen los partidos y recuerda que el Gobierno central no ha cumplido el compromiso de anular la restricción de acceso a la sanidad pública de las personas en situación irregular.


DE ESTE A OESTE – AGUSTÍN YANEL – Federación Española de Sindicatos de Periodistas

Así lo expone en la Onda Local de Andalucía Agustín Yanel, secretario general de la Federación Española de Sindicatos de Periodistas, quien recuerda que desde julio de 2015, con la entrada en vigor de esta norma y de la reforma del Código Penal, se ha limitado el derecho a la comunicación y la información reconocido para toda la ciudadanía por la Constitución. En este sentido,  apunta que las elevadas multas que se contemplan en la ley mordaza hacen que los propios periodistas pongan límites a sus informaciones. Una situación también provocada, según dice, por la precaria situación laboral que afecta al sector. Precisamente, la precariedad es otro de los problemas que denuncian desde este colectivo. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Federación de Sindicatos de Periodistas ha recordado la desigualdad que sufren las mujeres profesionales de este sector. Denuncia que, a pesar de ser mayoría las licenciadas en periodismo, son casi inexistentes los casos de mujeres en cargos importantes en los medios y, además, sufriendo la discriminación salarial.De todo esto se habla hoy en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, que acoge un congreso Internacional organizado por el Sindicato de Periodistas de Andalucía y la Federación estatal que incluye un Simposio y una mesa de debate bajo el título “El empoderamiento ciudadano como respuesta a los procesos de manipulación mediática”.

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DE ESTE A OESTE – BEATRIZ PERALES – responsable de Campañas de Amnistía Internacional España

Así lo advierte Beatriz Perales, responsable de Campañas de Amnistía Internacional España, organización que presenta su informe  2015/16, en el que analiza el asalto global a los derechos humanos por parte de 160 países de todo el mundo. De esta forma, el bautizado como «informe negro» por la propia Amnistía Internacional, analiza y denuncia las carencias existentes a nivel global en materia humanitaria. Sostiene que nuestro país ha sufrido un retroceso importante en esta materia, sobre todo tras la aprobación de ciertas medidas que están restringiendo derechos fundamentales. Cita como ejemplo la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Cree que se pretende criminalizar la protesta social y acallar las voces críticas a la gestión del Gobierno, dando para ello más poder a las fuerzas de seguridad y penalizando con multas desproporcionadas aspectos fundamentales para una democracia como las manifestaciones.

DE ESTE A OESTE – MARIAM PÉREZ – APDHA

La ciudadanía debe exigir a sus gobernantes el respeto escrupuloso a los derechos humanos. Así lo ha afirmado esta mañana en la OLA, Mariam Pérez integrante del área de Cárceles de APDHA. Insiste en que la ciudadanía no debe caer en la falsa dicotomía de libertad o seguridad. APDHA apoya el manifiesto ‘Por las libertades civiles en España y en Europa’. Afirman que las políticas represivas, que en España se han traducido en normas como la ley mordaza, también se están dando en Europa y el ejemplo es el trato a los demandantes de asilo. Desde APDHA piden a la ciudadanía a exigir a los representantes políticos la derogación de esas normas represivas y animan a que firmen el manifiesto en la web: porlaslibertadesciviles.org.

DE ESTE A OESTE – JUAN TORRES – Universidad de Sevilla

Por las libertades civiles en España y en Europa. Este es el título del manifiesto que decenas de ciudadanos y ciudadanas han firmado en los últimos días. Entre ellos, nombres muy reconocidos como Noam Chomsky, Toni Negri o Silvia Federici. Es un texto contra la deriva autoritaria de los gobiernos europeos y a favor de los derechos civiles. Otro de los firmantes es Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. Asegura que estas medidas de represión acompañan a políticas injustas que se toman contra los intereses de la mayoría. Ante estas políticas autoritarias y represivas que, según denuncia, se están extendiendo por toda Europa, cree que la ciudadana debe informarse y organizarse. La primera de las demandas es la derogación de la ley mordaza y todas leyes que violen derechos de libertad de expresión, manifestación, asociación y reunión. Además, reclaman la garantía plena del derecho de huelga, lo que implica la derogación de parte de la reforma del Código Penal. Por último, piden la independencia efectiva de la judicatura de intereses políticos y económicos, y la plena garantía del derecho a la Justicia.

DE ESTE A OESTE – MARÍA JESÚS DEL PILAR – Jueces para la Democracia

Desde Jueces para la Democracia respetan las decisiones judiciales en relación al caso de los titiriteros pero advierten que es un caso excepcional que puede supone un peligroso precedente. Así lo ha señalado María Jesús del Pilar, coordinadora de la sección territorial de Jueces para la Democracia en Andalucía OrientalReconoce que sorprende el cambio de decisión de la Fiscalía y el juez al decretar, primero, prisión preventiva sin finanza y, luego, dejarlos en libertad condicional. Creen que ese cambio ha sido fruto de la presión social. La petición de libertad provisional de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se basa en que, a su modo de ver, ya no existe riesgo de fuga de los acusados y en que, al haber sido incautados los materiales de los titiriteros, también ha desaparecido la posibilidad de que estos reincidan. Además, en las últimas horas se ha presentado una querella por prevaricación contra el juez y la fiscal.

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DE ESTE A OESTE – RAÚL FEBRER – Plataforma No somos delito

Al menos 44 ayuntamientos y tres diputaciones, entre ellas la de Sevilla, han aprobado en todo el Estado español mociones contra la llamada ley mordaza. La plataforma No Somos Delito promueve la creación de una red de ciudades libres de mordaza. La competencia en materia de seguridad corresponde al Gobierno central pero creen que estas mociones pueden ser importantes. Raúl Febrer, de la plataforma No Somos Delito.

DE ESTE A OESTE – LOLA FERNÁNDEZ – Sindicato de Periodistas de Andalucía

Lola Fernández, secretaria general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, rechaza las diferentes formas de censura con las que se encuentran los profesionales de la comunicación a la hora de ejercer su labor tras la entrada en vigor de la Ley de protección de seguridad ciudadana hace ya 7 meses. La secretaria general del sindicato andaluz de periodistas apunta que el caso concreto del periodista Raúl Capín, acusado de un delito de atentado contra la autoridad por «obstaculizar» presuntamente «la función policial» durante una manifestación, restringe los derechos fundamentales de este comunicador. El juicio contra el periodista y fotógrafo Raúl Capín ha quedado aplazado, según la Fiscalía, porque las imágenes aportadas en el sumario no son claras, por lo que ha solicitado que se incluyan las originales.  Le piden dos años de cárcel y lo acusan de un delito de atentado contra la autoridad durante una Marea Ciudadana. Él ha repetido en varias ocasiones que se trata de una forma de represión y criminalización por dar testimonio de los abusos policiales durante manifestaciones.

DE ESTE A OESTE – CARLOS ARCE – APDHA

Carlos Arce, responsable del Área de Inmigración de APDHA apunta que la reforma de la Constitución debe incluir un cambio en la consideración de los derechos sociales para que se garantice su efectividad. Desde APDHA apuntan como muy graves los recortes en materia de libertad de expresión y manifestación, pero destacan otros que se han tenido menos presentes.  Esta legislatura las calles se han llenado de protestas contra la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la ley mordaza y la reforma del código penal.  Desde el Gobierno se ha insistido en que no se han recortado derechos, así lo volvía a señalar el presidente del Gobierno en el único debate que ha mantenido en esta campaña.

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DE ESTE A OESTE – RAÚL FEBRER – Plataforma No Somos Delito

Es la denuncia de Raúl Febrer, integrante de la Plataforma No Somos Delito, que convoca para este domingo, 13 de diciembre, una manifestación para protestar contra la conocida como Ley Mordaza. Asegura que desde que la norma entrara en vigor en el mes de julio, se ha producido una merma en los derechos de manifestación. Argumenta que, ahora, por el miedo a ser sancionados, la ciudadanía no se atreve a manifestarse en ciertos ámbitos o a cuestionar la actuación de los poderes públicos y fuerzas de seguridad. Durante su año de existencia, han sido diversas las convocatorias que ha realizado contra la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. La plataforma considera que esta norma agrede principios democráticos de libertad de expresión, manifestación e información además de dejar a la ciudadanía sin otra intermediación ante la discrecionalidad administrativa.

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DE ESTE A OESTE – MARIA JOSÉ SERRANO – APDHA

Este miércoles se celebraba el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y Trata de Personas. Una realidad que se confunde en algunos casos con la prostitución. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía recuerdan que son dos conceptos diferentes que hay que diferenciar para poder atenderlos de manera efectiva. La coordinadora del Área de Prostitución de APDHA, María José Serrano, denuncia que la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, persigue y criminaliza a las trabajadoras del sexo, además, de que las multas dependen  del criterio y de la apreciación del policía que determinará si había ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución.

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“Meter la actividad de la prostitución en el PIB supondría apenas modificaciones en la recaudación ya que la mayoría ya está registrada con otras fórmulas como la de sauna o bares”, Lina Gálvez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas – UPO

“Las trabajadoras del sexo pedimos un lugar donde poder cumplir con la normativa y trabajar en condiciones de seguridad e higiene”, Tatiana García, presidenta de la Asociación AMTTSA en Málaga

“La regulación que proponen los inspectores de Hacienda para el trabajo sexual es una legalización que solo tiene en cuenta la vertiente economicista y no los derechos de las trabajadoras y trabajadores”, Mamen Briz, integrante del Colectivo Hetaira

DE ESTE A OESTE – ISABEL TOBEÑA – Jueces para la Democracia

La modificación del Código Penal y la Ley Seguridad Ciudadana están obligando a los juzgados a dedicar gran parte de su actividad a revisar los procesos de faltas y a archivar centenares de estos procedimientos. Así lo ha señalado esta mañana en la OLA, Isabel Tobeña, portavoz de Jueces para la Democracia en Andalucía. Desde el miércoles 1 de julio los jueces han dejado de tener potestad sobre tres millones de infracciones, Isabel Tobeña cree que en algunos aspectos esto supondrá menos garantías para los ciudadanos y ciudadanas.En marzo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó por unanimidad su informe sobre la ley de seguridad ciudadana, en el que se afirmaba que algunos puntos de la norma son inconstitucionales. En el mismo sentido se han pronunciado el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Isabel Tobeña cree que no había necesidad que justifique estás dos normas.

DE ESTE A OESTE – SALVADOR CUTIÑO – APDHA en Sevilla

La ley de Seguridad Ciudadana ha conseguido un efecto disuasorio desde el momento en que el Gobierno central anunciara su tramitación. Así lo cree Salvador Cutiño, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Sevilla y profesor de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide. Apunta en la Onda Local de Andalucía que la conocida como ley mordaza es en sí un recorte de derechos recogidos en la Constitución, como el de reunión o expresión. Por eso, incide en que los supuestos que pasan a ser delitos con altas sanciones económicas o cárcel son muy ambiguos, ya que, de otra forma, se estaría incurriendo en una norma inconstitucional.

DE ESTE A OESTE – LOLA FERNÁNDEZ – Sindicato de Periodistas de Andalucía

El Gobierno central ha actuado de espaldas a la ciudadanía y a sectores profesionales como el jurídico a la hora de aprobar la ley de Seguridad Ciudadana. Es la valoración de Lola Fernández, secretaria general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, quien denuncia en la Onda Local de Andalucía que la conocida ley mordaza es un auténtico ataque a derechos fundamentales. Destaca, sobre todo, el de la información y expresión, ya que, por ejemplo, a partir de ahora se prohíbe la toma de imágenes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Esto, según Lola Fernández, es un hecho muy grave que coarta la labor de los profesionales del periodismo y la comunicación. Apunta que estas restricciones a ejercicios fundamentales acaba por perseguir la protesta y hunde sus raíces en el miedo del Gobierno a la contestación social. La secretaria general del Sindicato de Periodistas de Andalucía sostiene que, con esta norma, muchas personas pueden ir a la cárcel por ejercer sus derechos. Ya este martes, miles de personas en toda Andalucía y el Estado español salían a las calles para protestar contra esta norma que, entre otras cosas, establece que la reunión en espacios públicos, manifestaciones frente a los Parlamentos autonómicos o los piquetes informativos en contra de la prohibición ordenada conllevan delitos sancionables entre los 300 y los 30.000 euros y penas de cárcel. El Sindicato de Periodistas de Andalucía recomienda visitar la Plataforma para la Libertad de Expresión.

DE ESTE A OESTE – MANUEL SOBRINO – Red Acoge

La comunicación necesita replantear cómo se cuentan las noticias sobre inmigración y personas asiladas. Así lo ha señalado esta mañana en la OLA, Manuel Sobrino, responsable de comunicación de Red Acoge, organización que acaba de publicar un nuevo informe sobre recomendaciones a los profesionales de los medios. Creen que la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, puede suponer una amenaza para el seguimiento informativo de determinados asuntos pero confían en la profesionalidad de los trabajadores y trabajadores de los medios.

DE ESTE A OESTE – MERCEDES GARCÍA – Plataforma No Somos Delito

Colectivos sociales y plataformas organizan estos días protestas para tratar de frenar la entrada en vigor de la Reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, que se producirá el 1 de julio. Así lo ha señalado esta mañana en la OLA Mercedes García que es integrante de la Plataforma No Somos Delito y trabajadora del sector de la comunicación. Asegura que las normas no responden a ninguna necesidad ni demanda social. El 30 de junio hay convocadas protestas y concentraciones en todo el Estado y Andalucía para rechazar estas normas y llamar a la desobediencia civil de la ciudadanía.

DE ESTE A OESTE – FRANCISCO TERRÓN – Secretario Acción Sindical SPA

La ley mordaza persigue el trabajo de los periodistas y comunicadores en su labor informativa y de denuncia social. Así lo denuncia Francisco Terrón, secretario de Acción Sindical del Sindicato de Periodistas de Andalucía en la Onda Local de Andalucía. Critica así la recién aprobada Ley de Seguridad Ciudadana que, dice, pretende silenciar al mensajero, en este caso a los profesionales de la comunicación y el periodismo. Francisco Terrón cree que estas cortapisas a la labor de los periodistas tendrán graves consecuencias para la ciudadanía, que no podrá conocer denuncias relativas, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad. Afirma que la ley mordaza es solo el último eslabón de una cadena de represión que incluye otros aspectos y que viene de tiempo atrás.

DE ESTE A OESTE – ISABEL TOBEÑA – Jueves para la Democracia

Las modificaciones en el Código Penal y el endurecimiento que recoge la ley de seguridad ciudadana no responden a una problemática social. Así lo ha señalado esta mañana en la Onda Local de Andalucía, Isabel Tobeña, portavoz de Jueces para la Democracia en Andalucía. Asegura que estas reformas no se han basado en estudios y que responde a intereses concretos de algunos sectores. La portavoz de Jueces para la Democracia coincide con las organizaciones sociales y organismos internacionales que han denunciado que la ley de seguridad ciudadana puede vulnerar derechos fundamentales como el de libertad de expresión o manifestación. Señala que estos cambios, junto con la ley antiterrorista y las tasas judiciales, han generado un panorama de la justicia en nuestro país menos garantista y equitativo para la ciudadanía.

DE ESTE A OESTE – VALENTÍN AGUILAR – Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía

La Junta de Andalucía tiene muchas competencias en la gestión de los derechos sociales y es responsable de que se cumplen o no con ellos en nuestra tierra. Así lo aclara Valentín Aguilar, coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Reconoce que gran parte de los recortes sociales han llegado por decisiones del Gobierno central como la ley mordaza, las mermas en el acceso universal de la sanidad, los desahucios, pero, insiste, eso no excusa la responsabilidad del Gobierno regional. Para APDHA la Junta se tiene que centrar en garantizar servicios básicos para la vida a los ciudadanos y ciudadanas que viven aquí, como vivienda, luz, agua. Materias que deben ser abordadas con planes de emergencias que den respuesta a la situación gravísima que estamos padeciendo. Desde APDHA recuerdan que la crisis ha empeorado una situación de desigualdad que venía de lejos. Recuerda que nuestra comunidad ha mantenido importantes bolsas de pobreza y exclusión también en tiempo de bonanzas, lo que demuestra, dicen, que la lucha contra estas injusticias es un asunto de voluntad política.

DE ESTE A OESTE – DIEGO BOZA – Delegado de APDHA en Cádiz

APDHA denuncia que la ley mordaza supone un recorte de derechos básicos justificado en el falso enfrentamiento entre libertad y seguridad. Asegura Diego Boza, delegado de APDHA en Cádiz, que con esta norma se rebaja la calidad democrática de nuestra sociedad y se pone en riesgo el sistema de bienestar. La norma ha contado que el apoyo de la mayoría absoluta del PP y con los votos contrarios de toda la oposición. El PSOE ya ha dicho que presentará un recuso ante el Tribunal Constitucional. Desde APDHA también confían en que haya pronunciamiento de tribunales exteriores como el europeo. Según los sondeos, más del 80 por ciento de los españoles pide cambiar o retirar la ley. Para este fin de semana hay convocadas protestas en distintos puntos del estado para mostrar la oposición a la llamada ley mordaza.

Todos los demás grupos parlamentarios consideran que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana limita los derechos fundamentales, por lo que han hecho un frente común para denunciar en la tribuna el contenido de la norma, con expresiones como «represión», «barra libre para la policía», «ataque a las libertades» o «aberración jurídica», entre otras. Y todos han prometido que si en la próxima legislatura hay una mayoría distinta a la absoluta del PP en esta promoverán el cambio o la derogación de la ley de seguridad ciudadana.

Para el socialista Antonio Trevín, la ley es una vuelta al estado policial y es innecesaria. Además, denuncia que con la coartada de la seguridad quieren cercenar derechos de los ciudadanos, imponiendo el derecho administrativo del enemigo y eliminando el control judicial. Las faltas que hasta ahora se incluían en el Código Penal, es decir, eran sancionadas con intervención judicial ahora pasan a ser castigadas con multas administrativas en las que solo hay intervención judicial a posteriori. Las faltas muy graves se sancionarán con entre 300.001 euros a 600.000 euros; las graves con entre 601 euros y 30.000 euros, y las leves con entre 100 y 600 euros.

Se considera falta grave la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal.

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