AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

DE ESTE A OESTE – MARICARMEN JIMÉNEZ – Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén)

APDHA organiza unas jornadas para analizar los recortes en libertades y derechos que se están produciendo en los últimos tiempos. José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz hasta 2013, señala que es especialmente preocupante la criminalización de la solidaridad y de los defensores de DDHH. Isidoro Moreno, catedrático de Antropología Social y Cultural, afirma que normas como la conocida como ley mordaza pretenden desactivar la movilización y las protestas en las calles. El debate de hoy se enmarca en la celebración Día de la Libertad de Prensa, amparado por la libertad de expresión, un derecho humano consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.


DE ESTE A OESTE – ROCÍO BALLESTA – Imputada en el caso del Coño Insumiso

Carnaval Solidario con el Coño Insumiso. Este es el nombre de la jornada de solidaridad convocada para este sábado con las imputadas del 1 de mayo de 2014, día en el que sacaron en procesión la recreación de una vulva vestida como una virgen. Rocío Ballesta, una de las imputadas, recuerda que la causa comenzó por la denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos, que apoya a organizaciones ultracatólicas, y que se ampara en un delito contra los sentimientos religiosos, recogido en el Código Penal. Todos coinciden en señalar que se está viviendo un proceso de criminalización y persecución de las personas defensoras de derechos humanos y activistas.

Por la libertad de expresión

El Carnaval Solidario con el Coño Insumiso se celebra este próximo sábado 14 de abril en el Patio de la Casa del Pumarejo, en Sevilla. La iniciativa se desarrolla de 12:00 a 23:00 y cuenta con las actuaciones de agrupaciones carnavalescas ilegales de Cádiz y Sevilla. La recaudación se destinará al apoyo de las imputadas por la procesión del Coño Insumiso.


DE ESTE A OESTE – RAÚL SOLÍS – Periodista

Las protestas tuvieron lugar hace un año y el periodista Raúl Solís recibió días después una carta con la notificación. Asegura en la Onda Local de Andalucía que esta Ley de Seguridad Ciudadana ha generado un clima de temor y autocensura muy fuerte dentro de la profesión periodística. Los datos dicen que desde que se aprobó esta Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, se han producido 14 millones de euros en sanciones.


DE ESTE A OESTE – FRANCISCO TERRÓN – Sindicato de Periodistas de Andalucía

El fotógrafo, que publica habitualmente en El País, se encontraba junto a dos senadores, que también han indicado que la versión policial es falsa y no se ajusta a la realidad. Francisco Terrón, secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, señala que esta norma está coaccionando la libertan de prensa. Denuncia que el hecho de que no se pueda grabar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado crea puntos ciegos en el Estado de derecho y recuerdan que esta norma convierten a los policías en juez y parte. En 2016 la Policía interpuso más de 19.000 multas por faltas de respeto con un valor superior a 3.006.000 euros.


Nuestros compañeros y compañeras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC ALC solicitan la solidaridad de todos los comunicadores y comunicadoras ciudadanas. Hemos recibido el siguiente comunicado:

Desde AMARC ALC Repudiamos el accionar represivo del Estado Argentino en el marco de la manifestación popular llevada a cabo el 1 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el medio de la manifestación pacífica que reclamaba la aparición con vida de Santiago Maldonado, víctima de desaparición forzada, distintas fuerzas armadas comenzaron a reprimir la manifestación que había comenzado a desconcentrarse, llevándose detenidas de manera arbitraria a varias personas, entre las que se encontraban los comunicadores populares miembros de la Red Nacional de Medios Alternativos, Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Hugo Medone, quienes se encontraba cumpliendo con la cobertura periodística de lo que allí acontecía(*).

Entendemos, que no es la primera vez que, la comunicación popular, alternativa y comunitaria es atacada de esta manera en este País.

Como Asociación exigimos la inmediata liberación de los compañeros periodistas y de lxs civiles detenidos arbitrariamente. Al mismo tiempo exigimos la aparición con vida ya, de Santiago Maldonado.

No queremos presxs por comunicar.
El Estado es responsable.

(*)Los compañeros detenidos fueron liberados la pasada madrugada. Aún queda por conocer el paradero de Santiago Maldonado.

Año tras año, EMA-RTV sigue poniendo en marcha proyectos de comunicación ciudadana en el espacio latinoamericano para dar voz a la ciudadania y recuperar espacios de comunicación, información y encuentro desde el común. En Argentina, la entidad lleva más de 10 años, trabajando de la mano con la asociación La Tribu FM, en la construcción de una red de emisoras campesinas en el Departamento de Santiago del Estero, al norte del país. Con 5 radios emitiendo a diario para más de 10.000 oyentes, esta red ofrece información local de primera mano y contribuye a la vertebración y la defensa de un territorio codiciado por las grandes empresas agrícolas extranjeras. En 2012, las tensiones existentes entre los campesinos y los terratenientes desembocaron en asesinatos de 2 representantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).

EMA-RTV también mantiene un estrecho vínculo con la Red de Radios Mapuches y El Bolsón. En 2008 nuestra asociación apoyó con fondos de cooperación la creación de la Red.

DE ESTE A OESTE – CRISTÓBAL FÁBREGA – Amnistía Internacional

La organización calcula que la ley de seguridad ciudadana podría llevar alrededor de 34.000 sanciones sólo en 2016 por conductas amparadas por el derecho de reunión, expresión e información. Cristóbal Fábrega, portavoz de Amnistía Internacional, alerta de que estas multas tienen un carácter disuasorio y llevan aparejado una práctica contraria a una sociedad democrática: la autocensura. Esto, a su vez, perjudica a la libertad de expresión. Desde Amnistía Internacional señalan que, con esta ley, se criminaliza a quienes denuncian abusos relacionados con las instituciones públicas y a los que constatan esos hechos con material gráfico. Para el portavoz de la ONG, Cristóbal Fábrega, estas actuaciones tienen como objetivo maquillar la realidad y callar a quienes alzan la voz contra la vulneración de derechos fundamentales.


DE ESTE A OESTE – RAÚL SOLÍS – Periodista víctima de la Ley Mordaza

150 euros es la multa que el Gobierno central ha puesto al periodista Raúl Solís en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza. La razón que se expone en la notificación es «poner en riesgo» la integridad de los agentes de la Policía Nacional durante  una protesta ciudadana en Sevilla contra el autobús Hazte Oír. La sanción se propone en virtud del artículo 37.4 de la ‘ley mordaza’. Raúl Solís asegura que va a recurrir y a presentar alegaciones a esta multa porque considera que es un ataque frontal al ejercicio del periodismo. El suceso se producía el pasado 29 de marzo con la visita del autobús de la organización ultraderechista Hazte Oír a la ciudad de Sevilla. El autobús viajó hasta el Palacio de San Telmo donde había una concentración ciudadana contra la transfobia.


DE ESTE A OESTE – FRANCISCO TERRÓN – Sindicato de Periodistas de Andalucía

La regulación del tercer sector de la comunicación en Andalucía podría crear 500 empleos directos. Por ello es una de las reivindicaciones principales para el próximo año 2017 que hacen desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía, el SPA. Su secretario de Acción Sindical, Francisco Terrón, espera también que el nuevo año traiga la aprobación definitiva de la Ley Audiovisual y la regulación de licencias de emisoras municipales para evitar los cierres y cesiones ilegales. A nivel general, desde el SPA califican este año que acaba 2016 como uno de los peores de la última década para la libertad de expresión y el derecho a la información. Francisco Terrón recuerda que se han producido las primeras multas a periodistas en aplicación de Ley de Seguridad Ciudadana, denominada por sus detractores como ‘Ley Mordaza’. Desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía lamentan también el recorte de derechos para la población en general que ha supuesto la ley mordaza porque, recuerda Francisco Terrón, limita del derecho de reunión pacífica y de expresión.


DE ESTE A OESTE – ESPECIAL LEY MORDAZA

El pleno del Congreso ha aprobado este martes, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, una moción del grupo socialista en la que reclama al Ejecutivo la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. Raúl Febrer, activista de movimientos sociales, señala que esta norma pretendía desactivar las movilizaciones y protestas en la calle. Desde Andalucía Acoge, su presidenta Sylvia Koniecki denuncia que la norma ha permitido legalizar las devoluciones en caliente, y por lo tanto dar cobertura legal a una vulneración flagrante de los derechos humanos. Los votos a favor de derogar han sumado 167, suficientes ante los 133 noes y las 32 abstenciones para que saliera adelante la iniciativa, que no implica directamente ningún cambio legal, pero reclama al Ejecutivo la marcha atrás en una de las normas más cuestionadas de las que impulsó en la primera legislatura de Mariano Rajoy.


DE ESTE A OESTE – AGUSTÍN YANEL – Federación española de Sindicatos de Periodistas

La reforma que plantea el PP para proteger el derecho al honor afecta al ejercicio del periodismo y a las libertades ciudadanas. Así lo traslada en la Onda Local de Andalucía Agustín Yanel, secretario general de la Federación española de Sindicatos de Periodistas. Sostiene que presentar una reforma como esta es innecesaria al existir una ley ya vigente que se aplica de cuando se produce un daño a la imagen o al honor. La FeSP considera que la actual ley es lo suficientemente amplia como para contemplar las posibles vulneraciones de este derecho que se produzcan a través de cualquier canal, incluidas las redes virtuales. Agustín Yanel considera que plantear esta modificación tendrá consecuencias en la profesión periodística y también en la ciudadanía.


DE ESTE A OESTE – FRANCISCO TERRÓN – Federación Española de Sindicatos de Periodistas

La Federación Española de Sindicatos de Periodistas vuelve a pedir la regulación del derecho a la comunicación a través  de una Ley General de la Comunicación, similar a las que existen en los países de la Unión Europea y otras zonas del mundo. Francisco Terrón, vicesecretario de la Federación asegura que esta probación es urgente. Señalan que la norma debe definir los deberes y derechos de los periodistas; los colaboradores y periodistas a la pieza; la reserva de una tercera parte del espacio radioeléctrico para radios y televisiones del tercer sector sin ánimo de lucro. La FeSP también pide a los partidos de la oposición que cumplan el compromiso que la mayoría de ellos adquirió antes de las elecciones generales y promuevan la derogación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.


DE ESTE A OESTE – CRISTINA SERVÁN – APDHA

La ley mordaza se está aplicando para limitar la libertad de expresión de la ciudadanía y eliminar cualquier opinión disidente. Así lo asevera Cristina Serván, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Destaca que desde su entrada en vigor el 30 de junio de 2015 se han abierto 30 mil expedientes de los que el 15% se han resuelto con sanciones lo que, lamenta, ha supuesto un retroceso de la libertad de la población en nuestro país. En ese sentido apunta que en la mayoría de los casos se trata de expedientes abiertos por los cuerpos y fuerzas de seguridad al considerar que se les ha faltado el respeto como autoridad. Además, alerta de que esta norma de Seguridad Ciudadana tiene consecuencias graves para una sociedad democrática, ya que ataca derechos fundamentales como el de información y expresión. En este sentido, resalta que uno de los objetivos de la represión son los profesionales del periodismo y esto conlleva, a su vez, autocensura a la hora de ejercer la labor. Por ello, desde la plataforma ‘Defender a quien defiende’ se ha creado «Malla», una herramienta web para registrar los casos de represión en toda España y visibilizar sus efectos.


DE ESTE A OESTE – CARMEN BASCARÁN – Centro de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de Brasil

Carmen Bascarán, fundadora del Centro de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos en Brasil y la primera ganadora del Premio de Derechos Humanos de Brasil, denuncia en la Onda Local de Andalucía la situación política y social de ese país latinoamericano tras la interinidad de Michel Temer en el Gobierno. Cree que en el gabinete formado por el líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño obvia al 60 por ciento de la población brasileña al no contemplar ninguna mujer ni ninguna persona negra. Sin embargo, alerta de que sí representa a los lobbies que manejan el poder del país. En este sentido, advierte de que las elecciones en Brasil están secuestradas por las empresas. Por otro lado, denuncia que una de las primeras acciones de Temer ha sido exterminar el Ministerio de Cultura. Cree que la cultura brasileña, la danza, la música o el teatro, es la fórmula más potente de expresión en ese país, por eso ha querido fulminarla.


DE ESTE A OESTE – MALALAI JOYA – Activista y exparlamentaria afgana

Estos días la activista Malalai Joya ha estado de visita por Andalucía para denunciar la falta de democracia de Afganistán, así como los ataques continuados a la libertad de expresión, afectiva y sexual de las mujeres afganas. En la OLA nos ha explicado la situación que viven diariamente en su país. La activista y exparlamentaria Malalai Joya insiste en que la única salida esperanzadora para Afganistán es el apoyo a las fuerzas progresistas, son, asegura, la única opción para impulsar la defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la democracia. Fue elegida parlamentaria pero en mayo de 2007 fue expulsada del Parlamento acusada de haber insultado a otros parlamentarios en una entrevista en televisión, lo que generó un movimiento internacional para reclamar su readmisión.


DE ESTE A OESTE – LOLA FERNÁNDEZ- Sindicato de Periodistas de Andalucía

El ataque a los y las periodistas es un ataque a la democracia. Así lo ha señalado esta mañana en la OLA, Lola Fernández, secretaria general del Sindicato de Periodistas de Andalucía. Lo ha señalado después de que el jueves se celebraba el juicio contra Ana García, operadora de cámara de La Sexta, acusada de desobediencia a la autoridad porque se negó a entregar su cámara el 24 de noviembre de 2012 cuando grababa una manifestación contra los desahucios en Sevilla. Ante la convocatoria de elecciones generales para el 26 de junio de 2016, la Federación de Sindicatos de Periodistas reclama que se tomen en serio el derecho constitucional y humano de la ciudadanía a la información y la comunicación. Consideran urgente que promuevan las leyes necesarias y reformen algunas vigentes para garantizar el cumplimiento pleno de ese derecho. 


DE ESTE A OESTE – JAVIER BAULUZ – director Periodismo Humano

Las condiciones de vida entre Grecia y Macedonia son pésimas. Así de categórico se ha pronunciado hoy en la OLA Javier Bauluz, director y fundador de periodismohumano.com y premio Pulitzer. Todo, mientras Europa activa el acuerdo de expulsión masiva de refugiados y las condiciones de vida de estas personas siguen empeorando. Javier Bauluz es uno de las decenas de periodistas que fue detenido por el ejército macedonio mientras cubrían el desplazamiento de estas personas. Tras 13 horas retenidos, fueron puestos en libertad después del pago de una multa de 260 euros y la prohibición de pisar Macedonia en seis meses. Asegura que estas personas están viviendo una situación de desesperación, de necesidad absoluta, abandonados por Europa y las instituciones, atrapados y en condiciones penosas bajo la lluvia.

DE ESTE A OESTE – AGUSTÍN YANEL – Federación Española de Sindicatos de Periodistas

Así lo expone en la Onda Local de Andalucía Agustín Yanel, secretario general de la Federación Española de Sindicatos de Periodistas, quien recuerda que desde julio de 2015, con la entrada en vigor de esta norma y de la reforma del Código Penal, se ha limitado el derecho a la comunicación y la información reconocido para toda la ciudadanía por la Constitución. En este sentido,  apunta que las elevadas multas que se contemplan en la ley mordaza hacen que los propios periodistas pongan límites a sus informaciones. Una situación también provocada, según dice, por la precaria situación laboral que afecta al sector. Precisamente, la precariedad es otro de los problemas que denuncian desde este colectivo. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Federación de Sindicatos de Periodistas ha recordado la desigualdad que sufren las mujeres profesionales de este sector. Denuncia que, a pesar de ser mayoría las licenciadas en periodismo, son casi inexistentes los casos de mujeres en cargos importantes en los medios y, además, sufriendo la discriminación salarial.De todo esto se habla hoy en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, que acoge un congreso Internacional organizado por el Sindicato de Periodistas de Andalucía y la Federación estatal que incluye un Simposio y una mesa de debate bajo el título “El empoderamiento ciudadano como respuesta a los procesos de manipulación mediática”.

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DE ESTE A OESTE – BEATRIZ PERALES – responsable de Campañas de Amnistía Internacional España

Así lo advierte Beatriz Perales, responsable de Campañas de Amnistía Internacional España, organización que presenta su informe  2015/16, en el que analiza el asalto global a los derechos humanos por parte de 160 países de todo el mundo. De esta forma, el bautizado como «informe negro» por la propia Amnistía Internacional, analiza y denuncia las carencias existentes a nivel global en materia humanitaria. Sostiene que nuestro país ha sufrido un retroceso importante en esta materia, sobre todo tras la aprobación de ciertas medidas que están restringiendo derechos fundamentales. Cita como ejemplo la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Cree que se pretende criminalizar la protesta social y acallar las voces críticas a la gestión del Gobierno, dando para ello más poder a las fuerzas de seguridad y penalizando con multas desproporcionadas aspectos fundamentales para una democracia como las manifestaciones.

DE ESTE A OESTE – MARIAM PÉREZ – APDHA

La ciudadanía debe exigir a sus gobernantes el respeto escrupuloso a los derechos humanos. Así lo ha afirmado esta mañana en la OLA, Mariam Pérez integrante del área de Cárceles de APDHA. Insiste en que la ciudadanía no debe caer en la falsa dicotomía de libertad o seguridad. APDHA apoya el manifiesto ‘Por las libertades civiles en España y en Europa’. Afirman que las políticas represivas, que en España se han traducido en normas como la ley mordaza, también se están dando en Europa y el ejemplo es el trato a los demandantes de asilo. Desde APDHA piden a la ciudadanía a exigir a los representantes políticos la derogación de esas normas represivas y animan a que firmen el manifiesto en la web: porlaslibertadesciviles.org.

DE ESTE A OESTE – JUAN TORRES – Universidad de Sevilla

Por las libertades civiles en España y en Europa. Este es el título del manifiesto que decenas de ciudadanos y ciudadanas han firmado en los últimos días. Entre ellos, nombres muy reconocidos como Noam Chomsky, Toni Negri o Silvia Federici. Es un texto contra la deriva autoritaria de los gobiernos europeos y a favor de los derechos civiles. Otro de los firmantes es Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. Asegura que estas medidas de represión acompañan a políticas injustas que se toman contra los intereses de la mayoría. Ante estas políticas autoritarias y represivas que, según denuncia, se están extendiendo por toda Europa, cree que la ciudadana debe informarse y organizarse. La primera de las demandas es la derogación de la ley mordaza y todas leyes que violen derechos de libertad de expresión, manifestación, asociación y reunión. Además, reclaman la garantía plena del derecho de huelga, lo que implica la derogación de parte de la reforma del Código Penal. Por último, piden la independencia efectiva de la judicatura de intereses políticos y económicos, y la plena garantía del derecho a la Justicia.

DE ESTE A OESTE – MARÍA JESÚS DEL PILAR – Jueces para la Democracia

Desde Jueces para la Democracia respetan las decisiones judiciales en relación al caso de los titiriteros pero advierten que es un caso excepcional que puede supone un peligroso precedente. Así lo ha señalado María Jesús del Pilar, coordinadora de la sección territorial de Jueces para la Democracia en Andalucía OrientalReconoce que sorprende el cambio de decisión de la Fiscalía y el juez al decretar, primero, prisión preventiva sin finanza y, luego, dejarlos en libertad condicional. Creen que ese cambio ha sido fruto de la presión social. La petición de libertad provisional de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se basa en que, a su modo de ver, ya no existe riesgo de fuga de los acusados y en que, al haber sido incautados los materiales de los titiriteros, también ha desaparecido la posibilidad de que estos reincidan. Además, en las últimas horas se ha presentado una querella por prevaricación contra el juez y la fiscal.

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DE ESTE A OESTE – LOLA FERNÁNDEZ – Sindicato de Periodistas de Andalucía

Lola Fernández, secretaria general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, rechaza las diferentes formas de censura con las que se encuentran los profesionales de la comunicación a la hora de ejercer su labor tras la entrada en vigor de la Ley de protección de seguridad ciudadana hace ya 7 meses. La secretaria general del sindicato andaluz de periodistas apunta que el caso concreto del periodista Raúl Capín, acusado de un delito de atentado contra la autoridad por «obstaculizar» presuntamente «la función policial» durante una manifestación, restringe los derechos fundamentales de este comunicador. El juicio contra el periodista y fotógrafo Raúl Capín ha quedado aplazado, según la Fiscalía, porque las imágenes aportadas en el sumario no son claras, por lo que ha solicitado que se incluyan las originales.  Le piden dos años de cárcel y lo acusan de un delito de atentado contra la autoridad durante una Marea Ciudadana. Él ha repetido en varias ocasiones que se trata de una forma de represión y criminalización por dar testimonio de los abusos policiales durante manifestaciones.

DE ESTE A OESTE – CARLOS ARCE – APDHA

Carlos Arce, responsable del Área de Inmigración de APDHA apunta que la reforma de la Constitución debe incluir un cambio en la consideración de los derechos sociales para que se garantice su efectividad. Desde APDHA apuntan como muy graves los recortes en materia de libertad de expresión y manifestación, pero destacan otros que se han tenido menos presentes.  Esta legislatura las calles se han llenado de protestas contra la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la ley mordaza y la reforma del código penal.  Desde el Gobierno se ha insistido en que no se han recortado derechos, así lo volvía a señalar el presidente del Gobierno en el único debate que ha mantenido en esta campaña.

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DE ESTE A OESTE – MIGUEL SEVILLANO – CGT Andalucía

Hasta tres años de cárcel por convocar la procesión feminista más reivindicativa y llamativa de CGT con una escultura de los órganos sexuales femeninos y el Santo Entierro de los Derechos Sociolaborales. Es la pena a la que piden para integrantes del CGT, entre ellos el secretario general de CGT en Sevilla, Miguel Sevillano,  quien pide que se deroguen las leyes que ponen obstáculos a la libertad de expresión y que impiden el desarrollo de un estado aconfesional. La Asociación de Abogados Cristianos planteó la demanda porque recreaban procesiones de Semana Santa. La defensa considera que este asunto no tiene nada que ver con la religión y que se intenta, a través del Código Penal, criminalizar la libertad sindical y la de expresión.

DE ESTE A OESTE – FABIOLA LEÓN – Reporteros Sin Fronteras en Colombia

Fabiola León, representante de Reporteros sin Fronteras en Colombia, espera que las autoridades den con los responsables del asesinato de la reportera colombiana Flor Alba Núñez, un a periodista comunitaria que hacía denuncias de muchos hechos que ocurrían en su región, por ejemplo, sobre información electoral o bandas de sicarios. Asegura que, en Colombia, desde 1977 se han producido 180 asesinatos de profesionales de la información. En los últimos 15 años, 56 casos, de los cuales, solo uno se encuentra en investigación. Por ello, se muestra pesimista en cuanto a la Justicia porque, dice, faltan medios materiales y también falta voluntad política.

 

DE ESTE A OESTE – LOLA FERNÁNDEZ – Sindicato de Periodistas de Andalucía

El Gobierno central ha actuado de espaldas a la ciudadanía y a sectores profesionales como el jurídico a la hora de aprobar la ley de Seguridad Ciudadana. Es la valoración de Lola Fernández, secretaria general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, quien denuncia en la Onda Local de Andalucía que la conocida ley mordaza es un auténtico ataque a derechos fundamentales. Destaca, sobre todo, el de la información y expresión, ya que, por ejemplo, a partir de ahora se prohíbe la toma de imágenes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Esto, según Lola Fernández, es un hecho muy grave que coarta la labor de los profesionales del periodismo y la comunicación. Apunta que estas restricciones a ejercicios fundamentales acaba por perseguir la protesta y hunde sus raíces en el miedo del Gobierno a la contestación social. La secretaria general del Sindicato de Periodistas de Andalucía sostiene que, con esta norma, muchas personas pueden ir a la cárcel por ejercer sus derechos. Ya este martes, miles de personas en toda Andalucía y el Estado español salían a las calles para protestar contra esta norma que, entre otras cosas, establece que la reunión en espacios públicos, manifestaciones frente a los Parlamentos autonómicos o los piquetes informativos en contra de la prohibición ordenada conllevan delitos sancionables entre los 300 y los 30.000 euros y penas de cárcel. El Sindicato de Periodistas de Andalucía recomienda visitar la Plataforma para la Libertad de Expresión.

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