AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

DE ESTE A OESTE – JOSÉ MANUEL CANSINO – Universidad de Sevilla

El conflicto catalán no debe afectar al sistema de financiación autonómico pero debe servir para repensar la distribución de competencias. Es por lo que apuesta José Manuel Cansino, profesor de Economía Universidad de Sevilla. Experto en Administraciones Públicas. Defiende la equidad del actual modelo de financiación porque, recuerda, está basado en la solidaridad entre territorios de manera que las regiones más ricas aportan más, un criterio similar al de otros países. En este sentido, niega que Cataluña sea la comunidad que más aporta, uno de los argumentos de la Generalitat para justificar el referéndum. Recuerda que según los datos de las balanzas fiscales, Cataluña aporta 8.500 millones de euros más de los que recibe mientras que Madrid, por ejemplo, aporta el doble: 16.700 millones. También niega que Andalucía sea una de las regiones peor financiadas tal y como denuncia la Junta. José Manuel Cansino defiende que el criterio de la población no lo es todo en el reparto de fondos estatales porque, insiste, debe estar ponderado por la situación geográfica o la edad entre otros factores. Cree que el centro del debate debe estar en reformar el actual mapa de distribución de competencias y a partir de ahí estudiar el reparto del presupuesto para dotarlo de la financiación que le corresponda.


DE ESTE A OESTE – MARÍA JESÚS MONTERO – Consejera de Hacienda y Administración Pública

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, asegura que nuestra comunidad ha perdido 4 mil 156 millones de euros durante los cinco años de vigencia del modelo de financiación autonómica. Todo ello se produce tras el anuncio del Gobierno central de abordar una revisión de este modelo en septiembre. Desde Andalucía critican la rigidez del sistema actual por no adaptarse a la situación de crisis económica de los últimos años. Señalan la necesidad de cambiarlo, para priorizar los derechos de las personas ante cualquier otro indicador político o económico. Como solución, la Administración andaluza defiende el criterio de población, para garantizar la igualdad entre la ciudadanía de las distintas autonomías.

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