AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

DE ESTE A OESTE – RAÚL SOLÍS – Periodista

Las protestas tuvieron lugar hace un año y el periodista Raúl Solís recibió días después una carta con la notificación. Asegura en la Onda Local de Andalucía que esta Ley de Seguridad Ciudadana ha generado un clima de temor y autocensura muy fuerte dentro de la profesión periodística. Los datos dicen que desde que se aprobó esta Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, se han producido 14 millones de euros en sanciones.


DE ESTE A OESTE – MIGUEL ÁNGEL SERRANO – FACUA

Nuestro tiempo semanal sobre consumo tiene como protagonistas hoy a las entidades financieras. El Consejo de Gobierno ha acordado hoy dos nuevas sanciones, en este caso a Banco Sabadell y a Caja Rural de Granada como responsables de infracción administrativa en materia de consumo. La cuantía de las multas asciende a dos millones de euros en total por incumplimiento de la información de servicio y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. Miguel Ángel Serrano, portavoz de Facua Consumidores en Acciónconsidera que estas cuantías no se equiparan al nivel de fraude que cometen las entidades bancarias y el perjuicio ocasionado a la ciudadanía.


DE ESTE A OESTE – FRANCISCO TERRÓN – Sindicato de Periodistas de Andalucía

El fotógrafo, que publica habitualmente en El País, se encontraba junto a dos senadores, que también han indicado que la versión policial es falsa y no se ajusta a la realidad. Francisco Terrón, secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, señala que esta norma está coaccionando la libertan de prensa. Denuncia que el hecho de que no se pueda grabar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado crea puntos ciegos en el Estado de derecho y recuerdan que esta norma convierten a los policías en juez y parte. En 2016 la Policía interpuso más de 19.000 multas por faltas de respeto con un valor superior a 3.006.000 euros.


DE ESTE A OESTE – RUBÉN SÁNCHEZ – Facua Consumidores en Acción

Así lo define Rubén Sánchez, portavoz de Facua Consumidores en Acción, quien hace balance de estos últimos doce meses en la Onda Local de Andalucía. Sostiene que las administraciones permanecen impasibles ante las malas prácticas de grandes empresas de distribución eléctrica o de telecomunicaciones y ante los abusos bancarios. Denuncia que la Consejería andaluza de Salud, competente en materia de consumo, sea tan laxa frente a escándalos como las cláusulas suelo. Las multas a las que se refiere son las efectuadas por la Junta de Andalucía a Endesa por cobrar de forma irregular el alquiler de los nuevos contadores y la reciente sanción a Movistar por incrementar sus tarifas. Sin embargo, recuerda que son insuficientes y que hay muchos aspectos que siguen incidiendo de forma grave en la economía doméstica, como las continuas subidas de los suministros básicos. Ante esto, pide que el Gobierno intervenga y establezca una tarifa social regulada.


DE ESTE A OESTE – DAVID SOLÍS – UCA en Huelva

David Solís, secretario general de la Unión de Consumidores en Huelva, destaca en la Onda Local de Andalucía que la mayoría de clientes de la distribuidora eléctrica Endesa no se había percatado de lo cobrado de más de forma irregular. Argumenta que es difícil para las personas consumidoras descifrar las facturas y detectar si se ha cometido algún cobro injustificado. Además, señala que ha sido un fraude continuado a lo largo de varios años. Recomienda a los usuarios revisar la potencia contratada para intentar ahorrar en el consumo eléctrico, ya que, a veces, la demanda en el hogar es inferior a lo contratado y eso supone un coste innecesario.


DE ESTE A OESTE – RUBÉN SÁNCHEZ – FACUA

Rubén Sánchez, portavoz de FACUA-Consumidores en Accióndenuncia que las herramientas puestas en marcha por las administraciones para la protección de los derechos de las consumidoras y los consumidores funcionan muy mal. Asegura que los sistemas de mediación y de arbitraje son un fracaso y que dan impunidad a los abusos de las grandes empresas. Sostiene que las dificultades económicas que viven las familias con la crisis hacen que la ciudadanía sea más activa en las reclamaciones y defensa de sus derechos. Sin embargo, reseña que todavía queda mucho por hacer en otro asunto importante: el consumo responsable. Recuerda que las organizaciones de consumidores son el contrapoder frente a los abusos de las grandes corporaciones y entidades financieras. Además, anima a la ciudadanía a denunciar y hacer visibles los abusos.

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DE ESTE A OESTE – ANA SAN MARTÍN – Fundación de ayuda contra la drogadicción

Ana San Martín, coordinadora del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud adscrito a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, tras el informe presentado por la FAD y la Fundación Mapfre entre jóvenes menores de 30 años y en el que se deriva que el 60% de ellos reconocen que montan en coches con conductores que beben alcohol. Además, el 30% admiten haberlo hecho a sabiendas de que el conductor había tomado drogas. Ana San Martín asegura que la principal causa viene derivada de la falta de educación y formación para trasladar que las situaciones de riesgo se pueden vivir en primera persona.  El estudio también desvela que el 39% de los conductores jóvenes admiten haber conducido después de haber bebido, un 10% habiendo fumado porros y un 4,3% tras consumir cocaína o speed. De los 69.000 controles de consumo de drogas que hizo la DGT el año pasado entre los conductores, el 33% dio positivo. Un porcentaje que sube al 59% en el caso de los conductores que cometieron alguna infracción.

DE ESTE A OESTE – DOLORES MUÑOZ – Secretaria General de Consumo de la Junta de Andalucía

Dolores Muñoz, secretaria general de Consumo de la Junta de Andalucía, expone en la Onda Local de Andalucía las características del proyecto de ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecario sobre la vivienda. Asegura que el objetivo es garantizar los derechos de las personas consumidoras frente a las prácticas abusivas que puedan cometer las entidades bancarias. En este sentido, apunta que éstas deben aportar toda la información a sus usarios, con transparencia y claridad. También deben aportar unos índices de entrega de la documentación y ejemplos claros de cuánto va a costar la financiación de un crédito. Incide en que en el caso de detectar abusos u ocultación de información, se pondrán en marcha los mecanismos para abrir expediente sancionador si corresponde.

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