AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

DE ESTE A OESTE – CURRO MACHUCA – Sindicato de Inquilinos de Málaga

Los inquilinos dedican ya más del 40 por cierto de sus ingresos al pago del alquiler.  Así se desprende el Séptimo Perfil del Inquilino en España. En concreto, casi el 35% de los encuestados afirma dedicar este porcentaje al pago de la renta del alquiler, mientras que un 29% dedica casi la mitad de su sueldo a pagar el alquiler. Según Curro Machuca, integrante del Sindicato de Inquilinos de Málaga, piden que se pongan en marcha medidas concretas que generan alternativas habitacionales. Unos datos que se enlazan del Poder Judicial que señalan que durante 2017 se produjeron en España 100 desahucios al día por impago de alquiler. Todo esto cuando la Comisión de Justicia del Congreso aprobaba este martes para su remisión al Senado la proposición de ley que acelera los llamados desalojos exprés con el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos, el PDeCAT y el PNV.


DE ESTE A OESTE – Juan Alberto Barrios – CCOO-Andalucía

El acuerdo comercial entre la UE y Canadá ya está ratificado en todo el Estado. La sesión plenaria del Senado en la que se aprobaba la aplicación del artículo 155 de la Constitución retrasaba unas horas el debate sobre el acuerdo comercial entre la UE y Canadá. Se ha votado en un breve pleno posterior, donde se ha aprobado con 157 votos a favor de PP y PNV, las 60 abstenciones del PSOE y los votos en contra de Podemos. Juan Alberto Barrios, secretario de Comunicación de CCOO Andalucía, que forma parte de la Plataforma Andaluza contra el TTIP y el CETA. Aseguran que la desprotección también afectará a la ciudadanía como consumidores porque, aseguran, se relajarán las normas de seguridad y control.


Hoy se han confirmado los nueve nombres de las personas, propuestos por los diferentes partidos andaluces, para ocupar plaza en representación de Andalucía en el Senado para esta legislatura.

Estos nombramientos se confirmarán este miércoles, en el primer Pleno que celebra el Parlamento andaluz en esta X Legislatura, cuando se prevé en el orden del día la elección de los nueve senadores en representación de la comunidad autónoma, de los que cinco corresponden a PSOE, tres a PP, y uno a Podemos. Las otras dos formaciones con representación en la Cámara andaluza (CIUDADANOS e IULV) quedan finalmente sin representación.

En este sentido, el PSOE-A ha propuesto como los cinco senadores que le corresponden a Juan Cornejo (secretario de Organización del PSOE-A y diputado autonómico); José Caballos (exparlamentario andaluz); Mar Moreno (actual senadora); Elena Víboras (diputada autonómica y exconsejera de Agricultura) y a Francisco Menacho (exconsejero de Gobernación). Esta mañana , la Permanente de la Ejecutiva socialista ha abordado también la estructura, organigrama y funcionamiento del grupo parlamentario. A partir de ahora, Mario Jiménez ostenta las funciones de presidente y portavoz; José Muñoz, de secretario general y portavoz adjunto, y la exconsejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, será portavoz adjunta segunda.

Por su parte, el PP-A ha anunciado, en comparecencia de Juan Manuel Moreno, que él mismo, el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP y diputado en el Parlamento andaluz, Javier Arenas, y Rosario Soto, han sido designados por el Comité Electoral como los tres senadores autonómicos que le corresponden a la formación popular tras las elecciones.

Finalmente, María Isabel Mora, abogada vinculada a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ha sido la candidata designada por PODEMOS para ser la senadora autonómica. En rueda de prensa, la diputada autonómica Mercedes Barranco ha explicado que Mora, junto al profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez, habían sido los vencedores en las primarias convocadas para cubrir esa única. Al final, PODEMOS se ha decantado por la abogada andaluza, ya que le ha correspondido designar una mujer para ostentar el cargo. En estas primarias han sido 37 los candidatos –27 hombres y diez mujeres–, en una votación celebrada de manera telemática durante el pasado fin de semana.

La Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa ha convocado una audiencia pública para discutir el papel de la televisión comunitaria para el fortalecimiento de la comunicación como un derecho fundamental.

Durante la reunión se ha decidido trasladar tres de las demandas principales del sector al gobierno brasileño, como, por ejemplo, la creación de un fondo nacional de apoyo a los medios comunitarios. También la asignación de frecuencias y la revisión de la cantidad de publicidad institucional.

Para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Ana Rita, es necesario invertir en otra forma de comunicación para aumentar el derecho de opinión y de expresión. Así, insiste en que los medios de comunicación alternativos tienen un papel importante para la sociedad porque posibilitan otro tipo de comunicación, donde el foco está en el ser humano como productor de cultura y no sólo como un consumidor.

Por su parte, el presidente de la Asociación Brasileña de Canales Comunitarios, Paulo Miranda, recuerda que la inversión en canales comunitarios favorece la democratización de los medios y también la creación de nuevos puestos de trabajo. Incide en que, hoy en día, existen cerca de un centenar de radios comunitarias que operan en Brasil y el fortalecimiento de este sector podría generar alrededor de 200.000 puestos de trabajo.

Todos los demás grupos parlamentarios consideran que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana limita los derechos fundamentales, por lo que han hecho un frente común para denunciar en la tribuna el contenido de la norma, con expresiones como «represión», «barra libre para la policía», «ataque a las libertades» o «aberración jurídica», entre otras. Y todos han prometido que si en la próxima legislatura hay una mayoría distinta a la absoluta del PP en esta promoverán el cambio o la derogación de la ley de seguridad ciudadana.

Para el socialista Antonio Trevín, la ley es una vuelta al estado policial y es innecesaria. Además, denuncia que con la coartada de la seguridad quieren cercenar derechos de los ciudadanos, imponiendo el derecho administrativo del enemigo y eliminando el control judicial. Las faltas que hasta ahora se incluían en el Código Penal, es decir, eran sancionadas con intervención judicial ahora pasan a ser castigadas con multas administrativas en las que solo hay intervención judicial a posteriori. Las faltas muy graves se sancionarán con entre 300.001 euros a 600.000 euros; las graves con entre 601 euros y 30.000 euros, y las leves con entre 100 y 600 euros.

Se considera falta grave la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal.

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