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DE ESTE A OESTE – LUIS BABIANO – Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento

El agua es un servicio público vital que debe garantizarse jurídicamente. Es uno de los aspectos en los que coincide Luis Babiano, gerente la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, con el Defensor del Pueblo Andaluz, que presentaba esta semana un informe sobre «Servicios de suministro de agua. Garantías y Derechos». Luis Babiano apunta que de ese estudio se deriva la necesidad de consensuar acerca de cómo y quién debe garantizar y asumir ese derecho. Además, el gerente de AEOPAS destaca como importantes otras cuestiones del informe. Por ejemplo, se refiere a la opacidad que denuncia el Defensor del Pueblo en cuanto al establecimiento de tarifas en función del territorio. Además, Luis Babiano alerta de que falta una regulación para determinar si ese derecho humano se cumple. En este sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz recuerda en su informe que el acceso al agua no se recoge expresamente como derecho de toda la ciudadanía, ni en la Constitución española ni en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, pero sí puede entenderse indirectamente a través de los artículos que se refieren a la salud, la vivienda digna y a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Por ello, Jesús Maeztu asegura que siendo este un bien básico debería tener mayor peso en las garantías de todo ser humano.


DE ESTE A OESTE – LUIS BABIANO – Asociación de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento

Organizaciones, mareas y la Asociación de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento están presentando en los ayuntamientos un modelo de moción en la que se pide que se adhieran al Pacto Social por el Agua en defensa de la gestión pública. El pacto está suscrito por unas 300 organizaciones y pretende la gestión pública del agua y el establecimiento de una cantidad mínima (entre 60 y 100 litros por persona y día) garantizada incluso en caso de impago. Recuerda el gerente de la Asociación de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento, Luis Babiano, que introducir este criterio solo supondría el 0,8 por ciento del total de la facturación. AEOPAS calcula que se producen unos 500.000 avisos de corte por impago cada año, el 30% más que hace cuatro años. Las cifras habrían empeorado en paralelo a la privatización del servicio, acentuada por los problemas de financiación de las entidades locales, que han obtenido generosos ingresos a cambio de la concesión de la gestión del ciclo urbano del agua y el saneamiento.

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