AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

El recurso ha sido redactado por Fernando Álvarez-Ossorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

El PSOE presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la conculcación de los derechos de los diputados al ejercer la Diputación Permanente la función parlamentaria de manera única durante los primeros momentos del estado de alarma. Así lo ha anunciado el portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Andalucía, José Fiscal, denunciando el «recorte democrático» durante ese periodo.

Fiscal ha señalado que el recurso será firmado por los diputados socialistas que no forman parte de la Diputación Permanente, cuyos derechos se han visto «limitado sin justificación» al igual que los del resto de parlamentarios que no forman parte de dicho órgano. El recurso se basa en tres argumentos principales: la convocatoria de la Diputación Permanente pese a no ser un periodo inhábil; la competencia de dicho órgano para convalidar decretos-leyes y la vulneración por ello del derecho de participación de la ciudadanía en las decisiones del Gobierno. Además, según José Fiscal, se utilizó un razonamiento «profundamente antidemocrático», pues «si se ordenaba el confinamiento de la población para preservar la salud era razonable y aconsejable que también los parlamentarios se mantuvieran confinados y que la Diputación Permanente fuera una especie de servicios mínimos parlamentarios».

Más frentes judiciales

Este recurso se suma al presentado por 50 senadores socialistas contra el decreto-ley de simplificación administrativa de la Junta.


El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por el Gobierno central en relación a los artículo número 28 y 13, relacionados con el sector audiovisual y la protección del Patrimonio Histórico de Andalucía.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra varios artículos del Decreto 2/20 de la Junta de Andalucía, llamado de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. Dicho decreto modificaba de una tacada 27 leyes y ha generado toda una corriente de protestas en diversos sectores de la sociedad andaluza al considerar que el decreto abre la puerta a provocar importantes daños medioambientales, territoriales, sociales, sanitarios y de patrimonio histórico, y a fomentar, entre otras cosas, la especulación urbanística y la privatización de servicios públicos.

El recurso presentado por el Consejo de Ministros va dirigido contra artículos como el número 28, entendiendo que vulnera la competencia estatal sobre telecomunicaciones y medios de comunicación social, al habilitar emisiones radiofónicas en cadena y suprimir la prohibición de inclusión o difusión de cualquier tipo de comunicación comercial audiovisual en emisiones de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual que carezcan del preceptivo título o que no hayan cumplido el deber de comunicación previo. Además con esta nueva regulación, la Ley Audiovisual de Andalucía (pionera y aprobada por unanimidad en la cámara andaluza) queda bastante afectada.

También queda señalado el artículo 13, que afecta al Patrimonio Histórico de Andalucía en tanto en cuanto exime de autorización previa administrativa y comunicación a la Consejería competente de posibles obras sobre bienes de interés cultural y su entorno. Esta regulación choca de pleno con la competencia estatal en defensa de los bienes culturales contra la exportación y expoliación prevista en el artículo 149.1.28 de la Constitución española.

Las emisoras municipales siguen en peligro de privatización

El Tribunal Constitucional ha suspendido, al menos durante los próximos cinco meses, varios de los preceptos de los artículos recurridos, declarándolos como nulos. No ocurre así con el 28.8 que permite la privatización de las emisoras municipales. Es importante recordar que el resto del Decreto sigue siendo aplicable, pese a afectar a más de veinte leyes y no contar con el consenso necesario para una normativa de estas características; facilitando trámites burocráticos que afecta a distintos ámbitos como el medio ambiente, el urbanismo o el comercio. Consenso que sí tenía la reciente Ley Audiovisual de Andalucía, aprobada en el Parlamento por unanimidad y que queda ahora desdibujada. El Gobierno andaluz ya declaró, por medio de su vicepresidente de y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, que acatará la decisión del órgano de justicia.


DE ESTE A OESTE – JOSÉ MANUEL ARANDA -Gerente del SAS

La Junta de Andalucía valora de forma muy positiva la sentencia del Tribunal Constitucional ha avalado el sistema por el que la Junta compra los medicamentos a través de  subasta. El alto tribunal rechaza así el recurso presentado por el Consejo de Ministros contra el artículo del decreto ley aprobado por la Junta en diciembre de 2011 que regulaba la selección pública de medicamentos en la comunidad autónoma. El Gobierno estatal había recurrido ese decreto ley por considerarlo contrario a la Constitución y fuera de las competencias de la Junta. José Manuel Aranda, gerente del SASlo niega en la OLA. También se ha referido a las diferentes polémicas que hay en algunas provincias andaluzas. Ha asegurado que no se dará ningún paso en la fusión hospitalaria en Granada y Huelva hasta que haya consenso con los profesionales, y el Málaga, asegura que se están introduciendo mejoras.


DE ESTE A OESTE – IGNACIO GONZÁLEZ – Jueces para la Democracia

Con esta afirmación valora el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las tasas judiciales del Gobierno del PP. Incide en la Onda Local de Andalucía en el perjuicio que han ocasionado estos gravámenes durante los cuatro años que han estado en vigor, aunque fuesen suprimidos el año pasado para las personas físicas. Ahora, el Constitucional anula las tasas para las personas jurídicas, como empresas, ONG o partidos políticos, al entender que impiden el acceso de estas a la Justicia por su elevada cuantía, de hasta 1.200 euros. El Constitucional afirma que la desproporcionalidad de la cuantía de las tasas hace que esta medida no sea idónea para acabar con los recursos abusivos ante la Justicia, una de las razones que el Gobierno declaró para su implantación. Sin embargo, la parte negativa de declarar inconstitucionales esas tasas, según Ignacio González, es que la decisión no implica devolver lo ya abonado por los usuarios.


DE ESTE A OESTE – LUIS_VILLAR – Portavoz de la Plataforma Torreperogil Libre de Fracking

En materia energética la administración central hasta ahora ha estado defendiendo los intereses de las empresas en contra de la salud de la ciudadanía. Así lo ha señalado esta mañana en la OLA, Luis Villar, portavoz de la Plataforma Torreperogil Libre de Fracking. Aunque señala que legislar contra el fracking es una estrategia positiva a medio o largo plazo, asegura que de forma inmediata hay que actuar prohibiendo los proyectos que ya hay con esta técnica de fractura hidráulica. Esta semana el Tribunal Constitucional ha anulado una nueva norma autonómica contra el fracking por motivos de competencias. En esta ocasión ha sido la de Catalunya; antes fueron la de Cantabria, La Rioja y Navarra.

DE ESTE A OESTE – MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS – Vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia y Administración Local

La Junta cree que la decisión del Tribunal Constitucional de suspender parte de la reforma de la administración local es una muy buena noticia que pone en evidencia la falta de lógica de una norma que va contra los municipios y las comunidades autónomas. Así lo ha señalado esta mañana en la OLA el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios. Asegura que ya advertían que era una norma inaplicable. Este es el primer pronunciamiento por los recursos que municipios y comunidades autónomas han interpuesto ante esa ley. El consejero cree que el resto de recursos se solventarán de la misma manera. También se ha pronunciado sobre el debate de las diputaciones. Afirma que la Junta defenderá la existencia de estas instituciones fundamentales para el equilibrio y la vertebración territorial. Aclara que el acuerdo entre el PSOE y C´s recoge una reformulación y modernización de las instituciones supramunicipales pero, asegura, en ningún caso su supresión.

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DE ESTE A OESTE – CARLOS MACÍAS – Portavoz de la PAH

Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca afirma que el Gobierno andaluz no está actuando en defensa de la ciudadanía frente a los abusos de la banca. Reconoce los esfuerzos del Ejecutivo autonómico en la legislatura anterior cuando se aprobaron dos normas que el Gobierno central recurrió al Tribunal Constitucional, pero creen que fueron insuficientes. Antes de las elecciones, la PAH hizo una propuesta de 5 medidas concretas para solucionar el problema de la vivienda en España. Señalan que si el nuevo Gobierno no se compromete a aplicarlas comenzaran una campaña por todo el Estado. Según datos del Banco de España, entre 2012 y junio de 2014 se produjeron casi 98.000 ejecuciones hipotecarias. Es decir, que cerca de 100.000 familias perdieron su lugar de residencia habitual. Tras la ley estatal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, la PAH denuncia que el panorama es muy parecido. Entre abril y junio de 2015 se produjeron casi 18.800. En concreto diez menos que en el mismo periodo de 2014, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial.

DE ESTE A OESTE – LOLA YLLESCAS – Ecologistas en Acción

La declaración de inconstitucionalidad de parte de la Ley de Costas va a proteger sobre todo al litoral occidental de nuestra comunidad. Así lo ha aclarado esta mañana en la OLA Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción en Andalucía. De este modo, no se podrán excluir del dominio público marítimo los terrenos destinados a cultivo marino o a salinas marítimas, terrenos que hayan sido inundados artificial o controladamente a consecuencia de las obras o instalaciones realizadas al efecto para estas actividades. El Tribunal Constitucional ha aceptado parcialmente el recurso contra la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, por lo que se declaran inconstitucionales y nulos un artículo y tres disposiciones. Para Ecologistas en Acción, aunque esto supone un avance con respecto a lo que había, sigue siendo insuficiente.

DE ESTE A OESTE – PILAR SEPÚLVEDA – Consejo General del Poder Judicial

La decisión del Tribunal Constitucional de avalar el derecho a la objeción de conciencia de un farmacéutico que no dispensó la píldora poscoital a una mujer se suma a los retrocesos en los derechos de las mujeres. Así lo ha señalado esta mañana en la OLA, Pilar Sepúlveda, jurista especializada en cuestiones de género y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El farmacéutico fue sancionado con una multa de 3.300 euros por negarse a dispensar en 2008 la llamada «píldora del día después». Pilar Sepúlveda que esa negativa atenta contra el derecho de la mujer a la salud sexual y reproductiva.

DE ESTE A OESTE – JOSÉ ANTONIO GARCÍA CEBRIÁN – Exviceconsejero de Fomento y Vivienda

Así lo cree José Antonio García Cebrián, quien era viceconsejero de Fomento y Vivienda de la Junta cuando el decreto se aprobó. El Tribunal Constitucional cree que el decreto andaluz antidesahucios invade competencias y obstaculiza las medidas estatales. Estima así parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra el decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda. La sentencia se basa en dos consideraciones. Una técnica, que la norma regula aspectos que están vedados al decreto ley. El TC considera que la expropiación de dichas viviendas invade la competencia exclusiva del Estado en materia de coordinación de la planificación general de la actividad económica. Explica que el Estado ha puesto en marcha unas medidas en esta materia y que es la institución que debe establecer el marco de actuación. Sin embargo el exviceconsejero de Fomento y Vivienda de la Junta asegura que la norma estatal no garantiza los derechos de la ciudadanía. La sentencia, que cuenta con tres votos particulares, entre ellos el de la vicepresidenta del Tribunal que señala que la norma no vulnera la Constitución y que las medidas que contiene podrían resultar aplicables cuando finalizara el periodo de suspensión.

DE ESTE A OESTE – DIEGO BOZA – Delegado de APDHA en Cádiz

APDHA denuncia que la ley mordaza supone un recorte de derechos básicos justificado en el falso enfrentamiento entre libertad y seguridad. Asegura Diego Boza, delegado de APDHA en Cádiz, que con esta norma se rebaja la calidad democrática de nuestra sociedad y se pone en riesgo el sistema de bienestar. La norma ha contado que el apoyo de la mayoría absoluta del PP y con los votos contrarios de toda la oposición. El PSOE ya ha dicho que presentará un recuso ante el Tribunal Constitucional. Desde APDHA también confían en que haya pronunciamiento de tribunales exteriores como el europeo. Según los sondeos, más del 80 por ciento de los españoles pide cambiar o retirar la ley. Para este fin de semana hay convocadas protestas en distintos puntos del estado para mostrar la oposición a la llamada ley mordaza.

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