AGENCIA de NOTICIAS LOCALES y CIUDADANAS de ANDALUCÍA

SARA COLLANTES-Unicef Comité Español

ONGs de infancia instan a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo a investigar delitos de odio contra menores migrantes solos.

Unicef, Save The Children, Fundación Raíces, la Plataforma de Infancia y el Consejo General de la Abogacía Española se han dirigido a la Fiscal General del Estado y al Defensor del Pueblo para mostrarles su profunda preocupación acerca del fenómeno de estigmatización creciente en torno a los niños migrantes que llegan solos a España (MENAS). Según refieren estas organizaciones, durante los últimos meses se han dado numerosos casos en los que se ha criminalizado a estos niños, y adolescentes a nivel social y político, a través de discursos que les tratan, de manera colectiva, como una amenaza social y un problema de orden público.

Sara Collantes, experta en migraciones de Unicef Comité Español, asegura que, a pesar del movimiento solidario generado entre la ciudadanía, se vive un momento delicado por la difusión de mensajes políticos cargados de odio que vulneran la presunción de inocencia y atentan contra los derechos de los menores de edad. Las organizaciones de infancia han constatado que la proliferación de estos mensajes de criminalización y de odio está calando en la sociedad. Manifestaciones o actos de naturaleza política, como las que se han llevado a cabo en El Masnou en Cataluña, en el barrio de la Macarena en Sevilla y delante de los Centros de Menores de Hortaleza en Madrid, vulneran los derechos fundamentales de estos niños y niñas, y provocan que algunos sectores de la sociedad les perciban como una amenaza a la seguridad ciudadana. Por ello, solicitan varias medidas urgentes para proteger la integridad y la vida de estos niños que, ahora más que nunca, se encuentran en grave peligro.

Peticiones

Estas entidades especializadas en infancia insisten en que en ningún caso se debe dar a entender a través de declaraciones o acciones que “niño migrante no acompañado” es sinónimo de delincuente o de problema de orden público. Recuerdan que una afirmación general sobre su criminalidad vulnera el principio de no discriminación y la presunción de inocencia, incluidos en el artículo 40 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por España.


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