CARLOS GAVIRA – Plataforma Social del Campo de Gibraltar
Reclaman inversión para reforzar los servicios públicos con el propósito de reducir la incidencia de las redes de tráfico en la comarca.
Los organizaciones sociales y colectivos de los municipios de Tarifa, Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo, Castellar de la Frontera, San Roque, Los Barrios, La Línea de la Concepción y Algeciras en la provincia de Cádiz valoran positivamente los dos primeros años de implementación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, y llaman a las administraciones a coordinarse para invertir en los servicios públicos con el objetivo de reducir la incidencia de las redes de narcotráfico en la comarca.
Apuntan al problema de desempleo, que ronda el 28 y 30% de manera estable cuando no hay crisis, y se dispara en momentos de incertidumbre como la última crisis de 2008, o en el momento actual por el impacto del parón de la actividad económica por el coronavirus. En declaraciones a la Onda Local de Andalucía, Carlos Gavira, portavoz de la Plataforma Social del Campo de Gibraltar, detalla que la falta de oportunidades laborales es uno de los factores por los que afloran las redes de tráfico en la comarca.
Por ello desde la Plataforma Social del Campo de Gibraltar reclaman planes específicos para la empleabilidad y la formación de las personas jóvenes con el reto de protegerlas desde edad temprana de las influencias que ejercen las redes de tráfico de drogas. Y llaman a la administración a atender a la dotación de servicios públicos que suman, aseguran, años de abandono en los municipios de esta zona.
Plan Integral
En los últimos 2 años los agentes sociales trabajan junto a las autoridades en esbozar un Plan Integral para los ocho municipios de la comarca de abajo a arriba con la participación de los colectivos del Campo de Gibraltar. El Ministerio de Interior rindió cuentas del impacto de este Plan Especial que prevé extender a las provincias de Huelva, Málaga y parte de Sevilla, y ejecutar hasta diciembre de 2021 con una inversión de 48,2 millones de euros.
EDUARDO MARTÍN (Afectado) y FERNANDO CARNERERO (PAH)
3.292, esta es la cifra total de ejecuciones hipotecarias realizadas en Andalucía durante 2019.
Datos que sitúan a la comunidad como la segunda del país con más desahucios detrás de Cataluña. Este balance, hecho público hace un par de meses por el Consejo General del Poder Judicial, supone una bajada del nueve y medio por ciento respecto al año anterior. Durante el estado de alarma se anunció la paralización de los desahucios para no perjudicar aún más a las familias más vulnerables.
Lo cierto es que el cese de la actividad procesal paralizó esos lanzamientos, pero el primer trimestre de 2020 ha dejado tras de sí los peores datos de desahucios en cinco años: los lanzamientos hipotecarios de vivienda habitual han crecido un 9,3% solo hasta marzo después de un lustro de caídas, según el Instituto Nacional de Estadística. Una cifra que las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda estiman que puede multiplicarse por los efectos de la crisis económica provocada por el covid-19. Hablamos con Eduardo Martín, afectado por el problema de la vivienda y Fernando Carnerero, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Axarquía de Málaga.
Vulnerabilidad
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) señalan que la suspensión de desahucios de seis meses para familias afectadas por el covid-19 anunciada por el Gobierno no basta para hacer frente a la crisis habitacional. Esta suspensión, precisan, “solo afecta a algunos desahucios en los cuales se acredite antes los juzgados vulnerabilidad producida por el covid-19”, según la definición del Decreto Ley 11/2020. El resto de desahucios no estaban paralizados por esta medida, recuerdan desde la PAH, sino por la suspensión de los plazos procesales decretada el 14 de marzo. Con la reanudación de los trámites judiciales, el pasado 4 de junio, miles de familias vulnerables han vuelto a quedar expuestas a perder su hogar.
ALEJANDRO CORTINA- Portavoz de la Agrupación de Personas Sin Hogar de Málaga
La Mesa de Acción Social de Málaga ha reclamado a la Junta que implemente el ‘Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables’ tal y como contempla el Plan Estatal de Vivienda del Gobierno de España.
La crisis de la COVID-19 ha incrementado la brecha social por la desigualdad e impacta especialmente entre las personas sin hogar. Aseguran que en los últimos meses se ha agravado la emergencia habitacional que ya padecían algunos colectivos incrementando hasta en un 200% el número de personas que viven en la calle de las ciudades andaluzas.
DERECHO A LA VIVIENDA
Por último, la Mesa de Acción Social de Málaga asegura que es imprescindible que en Andalucía se resuelva prioritariamente el derecho de acceso a la vivienda para las personas y colectivos más vulnerables.
HONORIO AGUILAR – Doctor en Arquitectura
El confinamiento ha aumentado la consciencia en la necesidad de unas viviendas más adaptadas a las necesidades humanas y a su entorno.
Honorio Aguilar, doctor en Arquitectura, dirige un estudio arquitectónico y está especializado en el ámbito mudéjar. Considera que los usos de la arquitectura popular no han perdido relevancia y que es necesario recuperarlos. En el caso del mudéjar, destaca elementos como la orientación de las viviendas según la luz solar y las dirección de los viento predominantes, para optimizar su adaptación al entorno en el que se sitúan y que sean espacios más habitables para sus moradores. Destaca que la industrialización también tuvo su consecuencia en la arquitectura, con la «fabricación de viviendas en serie» en las que las necesidades de habitabilidad y acondicionamiento pasaban a un segundo plano.
Recuperar materiales tradicionales y cercanos
La apuesta de Honorio Aguilar pasa por una mayor integración de la vegetación en los hogares, así como de la utilización de materiales naturales en lugar de los derivados del plástico, incluso por una cuestión sanitaria. En este sentido, apunta a la recuperación del uso de la cal para el revestimiento de fachadas como un elemento muy útil desde un punto de vista higiénico y sanitario -además, de cercanía- e incluso reclama la aplicación de políticas urbanísticas municipales orientadas al encalamiento de fachadas, en lugar del uso de pinturas plásticas.
ÓSCAR MITILLO Y CURRO MACHUCA- APDHA y Sindicato de Inquilinos Málaga
Esto perjudica especialmente a la población más vulnerable y empobrecida.
Así lo afirma en la Onda Local de Andalucía Óscar Mitillo, coordinador del Área de Marginación de APDHA. Hace esta apreciación al conocer los datos del segundo trimestre de 2019 que acaban de ser publicados por el Consejo General del Poder Judicial y que ponen de manifiesto que el 60 por ciento de los desahucios en Andalucía son por impago de alquiler. Para Óscar Mitillo es imprescindible aumentar el parque público de viviendas en alquiler social, con los que hacer frente a la demanda de las familias más necesitadas, así como un modelo fiscal más beligerante contra la vivienda especulativa y sus precios desorbitados. Destaca que es posible y que hay ejemplos de estas medidas en otros países.
Desde la APDHA, la situación de emergencia habitacional existente exige que todos los poderes públicos se pongan ya del lado de las personas que han perdido sus residencias y carecen de vivienda digna. Además, advierten, es necesario que cese la política represiva contra las familias que, ante lo desesperado de su situación, se han visto obligadas a ocupar pisos vacíos, en su gran mayoría propiedad de grandes especuladores. Curro Machuca, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga.
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes a un decreto ley que pretende resolver el problema de las más de 300.000 viviendas irregulares que existen en la actualidad en Andalucía. Para la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, no se trata de llevar a cabo una amnistía, sino que se quiere poner fin a años de caos jurídico y urbanístico.
MARIFRÁN CARAZO – consejera de Fomento
Según la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, este decreto se basa en la protección ambiental y la simplificación de trámites. Marifrán Carazo señala que el objetivo principal es mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de las agrupaciones de viviendas irregulares.
MARIFRÁN CARAZO- consejera de Fomento
Por otro lado, la aprobación del decreto ley permitirá derogar dos leyes, un decreto y una orden, de marzo de 2013. Además, este mismo decreto ley será derogado una vez que se apruebe la nueva Ley del Suelo, que incluirá todo su contenido. Se trata, por tanto, de un decreto ley de urgencia, aunque posteriormente será la Ley del Suelo la que regule esta materia.
CURRO MACHUCA – Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga
El alquiler se ha disparado en muchas localidades andaluzas, en especial en el medio urbano. Esto no es una noticia, sí las cifras concretas que ha publicado el portal idealista.com.
En los últimos años, lo que nos toca pagar por un alquiler ha aumentado un 25% como media. Hay ciudades donde el aumento es aún mayor. Málaga es la localidad andaluza donde más han aumentado: un 41 por ciento. Se trata del segundo incremento más elevado del conjunto del Estado. Entre las causas, muchas entidades señalan la compra de inmuebles por parte de fondos de inversión que cambian el uso de las viviendas de residencial a turístico, reduciendo la oferta de pisos en alquiler y, por tanto, aumentando su precio.
El mercado ofrece herramientas para evitarlo
El portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga, Curro Machuca, reconoce que el margen de maniobra de las instituciones en materia de regulación del mercado del alquiler no es muy amplio. Aunque sí tienen algunas herramientas que, según Machuca, el consistorio malagueño ha aplicado de forma muy reducida en los últimos años.
MARIA HERNANDEZ – APDHA Huelva
El incendio, que ha dejado a 3 personas heridas y más de 40 infraviviendas arrasadas por el fuego, es un ejemplo de la inseguridad y de insalubridad en las que se vive en estos asentamientos, según la organización. María Hernández, integrante de APDHA en Huelva, explica las numerosas causas de estos sucesos a lo que hay que sumar la dejadez de la administración pública.
Desde APDHA consideran que es de vital importancia que se arbitren medidas de fondo para la erradicación del chabolismo y que se presten soluciones efectivas y duraderas como el empadronamiento de todas estas personas en las localidades en las que viven y que los espacios de participación, como el Foro provincial de la inmigración, estén dotadas de presupuesto y evaluadas en su ejecución, María Hernández también pide un programa de sensibilización con la población local para concienciar y eliminar estigmas, entre otras medidas.
Atención mental
La integrante de APDHA en Huelva también reclama para estas personas una atención sanitaria primaria digna donde no sólo reciban atención física, sino también mental.
DE ESTE A OESTE – CURRO MACHUCA – Sindicato de Inquilinos de Málaga
Los desahucios por impago de alquiler afectan cada vez más a personas que tienen trabajos precarios.
Es la afirmación que traslada en la Onda Local de Andalucía Curro Machuca, integrante del Sindicato de Inquilinos de Málaga. Asegura que las dificultades económicas que sufren miles de familias se traducen en la imposibilidad de pagar el alquiler para poder sufragar otros gastos imprescindibles, como el de alimentación o suministros. Una realidad que está llegando a personas que, aun teniendo empleo, no pueden vivir dignamente por la precariedad laboral.
Esta realidad se suma a que, en poco más de un mes de vida, el decreto de vivienda que la semana pasada rechazó el Congreso provocó el alza de los alquileres de vivienda libre. En ese tiempo en el que el decreto estuvo en vigor, organizaciones defensoras del alquiler digno pusieron el acento en las subidas de las rentas por contratos más largos y en resquicios por los que los propietarios se negaron a pagar los gastos como les correspondía. Para Curro Machuca, este decreto no ha servido para establecer una regulación de los precios.
Nuevo desahucio
En este contexto, un nuevo desahucio por impago de alquiler amenaza a una familia malagueña, con dos menores y una mujer embarazada. Tienen 20 días para encontrar una casa; si no, se verán en la calle. El 19 de febrero deberán abandonar la casa en la que llevan viviendo cuatro años, por no poder afrontar la subida del alquiler. Este es uno de los muchos casos que se viven en nuestra tierra y en todo el país derivados de las políticas de vivienda que, según denuncian colectivos sociales, no han servido para dar una solución habitacional a las familias vulnerables
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, aseguraba anoche en una entrevista a La Sexta que pretende vender suelo público para compensar la falta de ingresos que supondrá reducir los impuestos.
Para Esteban de Manuel, portavoz de Equo Andalucía y profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, esta decisión es un error desde el punto de vista económico y social. Asegura, en la Onda Local de Andalucía, que vender suelo público es una medida insostenible en el tiempo.
DE ESTE A OESTE – Esteban de Manuel – EQUO Andalucía
Desde Equo señalan que esta medida inflará la burbuja de la vivienda y afirman que el suelo público se debería servir para garantizar la función social de la propiedad y el derecho a la vivienda. Esteban de Manuel señala que el suelo público es una oportunidad para realizar políticas sociales que nos acerquen a países europeos donde el derecho a la vivienda está más protegido.
DE ESTE A OESTE – Esteban de Manuel – EQUO Andalucía
Denuncia que esta liberalización de suelo público trata de paliar el agujero que se va abrir en las arcas públicas por reducir los impuestos sobre todo a los grandes capitales, lo que supone beneficiar a unos pocos a costa de perjudicar lo público.
La Junta de Andalucía acuerda bonificar al 99% el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Así, nuestra comunidad se sitúa entre las cinco que suprimen, en la práctica, este impuesto que, tras el acuerdo PSOE – Ciudadanos de la pasada legislatura, solo afectaba a las transmisiones patrimoniales de más de un millón de euros para cada heredero.
DE ESTE A OESTE – Juan Manuel Moreno – Presidente de la Junta de Andalucía
En la modalidad de Sucesiones, se bonificará el 99% de la cuota del impuesto para adquisiciones por cónyuges y parientes directos (Grupos I y II). En el Grupo I se benefician los descendientes y adoptados menores de 21 años; mientras que en el Grupo II, podrán acogerse a la bonificación los descencientes y adoptados de 21 años o más, los conyuges, los ascendientes y los adoptados.
Esta cifra es similar a la de los peores años de la crisis.
Desde la Plataforma lamentan que PP y Ciudadanos estén»bloqueando» el trámite de la Ley de Vivienda presentada por ella y reclama una «gran movilización» ante la «falta de voluntad política» para resolver la «situación de emergencia habitacional» en el país. Manuel Garrido, portavoz de la coordinadora andaluza de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios, ha pasado por los micrófonos de la Onda Local de Andalucía.
DE ESTE A OESTE – MANUEL GARRIDO – Plataforma de Afectados por la Hipoteca
También alerta de que una «burbuja de los precios de alquiler, que está llevando a expulsar mucha gente de las viviendas porque no hay rentas suficientes para los nuevos alquileres» y ha resaltado que los precios de compra de vivienda «están cada vez más cercanos a los que se daban en la época de la burbuja inmobiliaria».
DE ESTE A OESTE – MANUEL GARRIDO – Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Andalucía, dónde más desahucios se producen
Andalucía es, junto a Cataluña y la Comunidad Valenciana, el territorio donde más desahucios se continúan produciendo.
DE ESTE A OESTE – JAVIER CUENTA – Save the Children Andalucía
Save the Children pide agilidad parlamentaria para sacar adelante cuanto antes la Ley de vivienda y pobreza energética aprobada en el Congreso. La ONG de protección de la infancia valora la admisión a trámite de la proposición de Ley de emergencia habitacional y de pobreza energética presentada por Unidos Podemos, pero pide agilidad parlamentaria para que este Ley sea una realidad cuanto antes. Javier Cuenca es delegado de Save the Children en Andalucía, asegura que es una norma importante.
Desde Save the Children recuerdan que esta norma se suma a otras que ya están en marcha y que tratan de fijar un contexto de garantía para la infancia en el Estado español.
Garantizar el derecho a una vivienda digna es
Save the Children pide a todos los grupos políticos que agilicen el período de enmiendas para que el proceso de tramitación no se alargue en el tiempo y que en ellas se considere la urgencia de garantizar el derecho a una vivienda digna a las familias con hijos en riesgo de pobreza o exclusión social.
DE ESTE A OESTE – ÓSCAR MARTÍN – UGT Andalucía
UGT Andalucía pide el fortalecimiento de la política regional de vivienda para poder satisfacer las necesidades reales de los andaluces y andaluzas. Óskar Martín, secretario de Formación y Empleo de UGT Andalucía, destaca que, «aunque los datos son levemente positivos, no son lo suficiente como para que comiencen a traducirse en la solución de los problemas que, en materia de vivienda, tiene la clase trabajadora andaluza». Señala que se debe reforzar la Vivienda de Protección Oficial y el control del mercado para que no se produzcan abusos y precios descontrolados. Óskar Martín. Hacen estas peticiones tras analizar los datos provisionales sobre la evolución de las hipotecas concedidas a lo largo del pasado mes de junio, que reflejan un aumento del 2,6% en Andalucía.
DE ESTE A OESTE – MARÍA JOSÉ BEJARANO – Secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía
El Gobierno andaluz blindará sus viviendas públicas para que no caigan en manos de fondos buitre como ha pasado en otras comunidades. Así lo ha señalado esta mañana en la OLA María José Bejarano, secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía. El texto prohíbe expresamente la venta de una vivienda propiedad de administración pública a personas jurídicas, con una excepción. Colectivos sociales como la Plataforma Afectados por la Hipoteca aplauden que la Junta Andalucía ‘blinde’ las viviendas públicas y prohíba su venta a empresas y ‘fondos buitre’, una medida que llevan reclamando años. Pero recuerdan que los bancos sí venden a estos fondos, lo que introduce en el mercado inmobiliario un desajuste por la especulación. La secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía recuerda que la Junta trató de poner coto a esas prácticas pero el Gobierno central lo llevó al Tribunal Constitucional. El decreto refuerza la obligación de que el inmueble sea para las familias autorizadas y no para terceras personas, y así evitar la burbuja del alquiler turístico. Eso sí, el decreto permitirá realizar en la vivienda alguna actividad económica, siempre que sea la residencia habitual y permanente de quien la ejerza.
DE ESTE A OESTE – MIGUEL ÁNGEL SERRANO – FACUA
El caso de la mujer de Bormujos condenada a prisión por estafa tras subarrendar de forma continuada una vivienda que había sido alquilada sirve como advertencia sobre las recomendaciones que deben seguir los futuros arrendatarios a la hora de alquilar una vivienda. Es precisamente en esta época de final de verano y principio del otoño cuando se firman un mayor volumen de contratos de alquiler. Miguel Ángel Serrano, integrante del Equipo Jurídico de FACUA, ofrece una serie de recomendaciones para quienes se planteen alquilar una vivienda
DE ESTE A OESTE – RUTH DE FRUTOS – Sindicato de Inquilinos de Málaga
Las organizaciones por el derecho a la vivienda y los sindicatos de inquilinos aplauden que el problema del alquiler sea abordado por el Gobierno central pero advierten de que los anuncios hechos hasta ahora son insuficientes. Señalan que ampliar el tiempo mínimo de contrato de tres a cinco años es un ejemplo, ya que solo retrasa la expulsión de los vecinos y vecinas. Ruth de Frutos, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Málaga, afirma que hace falta regular los precios y establecer sanciones. Desde los sindicatos de inquilinos señalan que la regulación de precios mediante ayudas fiscales, como propone el Gobierno de Pedro Sánchez, no es la mejor opción. También recuerdan que quienes más están padeciendo las consecuencias de la especulación y la burbuja del alquiler son mujeres mayores.
Vivienda pública
Otra de las medidas estrellas que ha dibujado Sánchez ha sido el anuncio de 20.000 viviendas pública en los próximos años para aumentar el parque público de alquiler. Este aumento en la oferta de viviendas públicas podrá enfriar la subida de precios, según indican desde el PSOE. Algunas organizaciones señalan que estas cifras son insignificantes si se comparan con las necesidades habitacionales actuales o con la capacidad que debería tener el Gobierno.
FOTO: Reuters
DE ESTE A OESTE – ALFREDO RUBIO – Universidad de Málaga
El modelo de urbanismo que solo piensa en la rentabilidad económica inmediata expulsa a sus vecinos y vecinas y rompe el concepto de comunidad. Así lo ha señalado esta mañana en la OLA Alfredo Rubio, profesor de Geografía Humana en la UMA. Asegura que este modelo de especulación vacía de vida real las ciudades y degrada los espacios públicos. Asegura que se vive un proceso de privatización de los lugares comunes que pasan a manos privadas en nombre de los beneficios económicos. Señala que este modelo sigue creciendo pero es muy importante la resistencia social y vecinal.
Polémica en Málaga
La última polémica en la ciudad de Málaga es la construcción de un hotel y 35 viviendas de protección oficial en el lugar donde fusilaron en 1831 el general Torrijos, junto a sus 48 compañeros, en la arena de la playa malagueña.
Las personas interesadas en participar podrán hacerlo en el taller participativo que se celebrará el próximo miércoles 20 de junio en el Salón de Plenos.
La localidad sevillana de El Cuervo quiere contar con la colaboración de sus habitantes para la redacción de su Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Para ello ha organizado un taller participativo para dar la oportunidad a sus vecino y vecinas a opinar.
Preguntas para los vecinos y vecinas
La cita es el próximo miércoles 20 de junio, a las 19.00 horas, en el Salón de Plenos (sita en Plaza de la Constitución, 2). Allí se les pedirá a los y las asistentes que respondan a las preguntas: ¿Crees que hay viviendas para todos? ¿que las calles y plazas de la localidad son buenas? ¿cómo es tu casa? y la más importante ¿qué se puede mejorar?.
Documento que estudia las necesidades del municipio de Guillena en materia de vivienda. Los vecinos y vecinas pueden participar rellenando una encuesta en http://w2.guillena.org/wp-content/uploads/2018/05/Plan-de-Vivienda-y-Suelo.pdf
El Área Urbanismo del Ayuntamiento de Guillena, en Sevilla, ha iniciado la elaboración de un nuevo Plan Municipal de Vivienda y Suelo, y para ello quiere conocer la opinión de los vecinos y vecinas mediante unas encuestas telefónicas y presenciales. Todos los interesados en participar pueden descargarse el formulario a través de la página web del Ayuntamiento.
Este documento tiene como objeto estudiar las necesidades de vivienda en el municipio de Guillena, identificando y detallando la política de vivienda a desarrollar para atender esta demanda. El fin del estudio es detectar las carencias, disponibilidad y necesidades de rehabilitación. Garantizar una vivienda digna y de calidad a todos los habitantes del municipio en función de sus necesidades familiares, sociales y económicas.
Inquietudes y demandas
El Área de Vivienda resalta la necesidad de conocer las inquietudes y demandas de los ciudadanos, haciéndoles partícipes de las decisiones que se tomen en esta materia, aportando propuestas que se recojan en el Plan Municipal de Vivienda. Para más información en la página web (www.guillena.org), llamando al 955785005 o escribiendo a vivienda@guillena.org, o personándose en las oficinas del Ayuntamiento, delegación de Vivienda y Urbanismo.
DE ESTE A OESTE – RUBÉN SÁNCHEZ – Facua
En nuestro espacio semanal sobre consumo hablamos de uno de las principales preocupaciones de la ciudadanía: la vivienda. Lo hacemos después de que el Gobierno central haya aprobado el pasado viernes el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Su principal medida es una subvención de hasta 390 euros a los menores de 35 años que vivan en régimen de alquiler y cobren menos de 19.000 euros al año. Ya ha habido valoraciones sobre estas iniciativas. Desde la Asociación Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, su portavoz, critica que se sigue fomentando la especulación y que el acceso a las ayudas está demasiado restringido porque el umbral para acceder es demasiado bajo. Considera que las medidas son insuficientes y lamenta que el Ejecutivo no haya planteado un cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que limita a tres años la duración de los contratos. Esto, dice, impide el acceso a un piso para vivir a medio y largo plazo y fomenta la especulación de los arrendadores.
- La construcción supondrá el abaratamiento del suelo en Arahal, de manera que la adquisición de una parcela costará hasta la mitad que actualmente.
El pasado mes de enero se aprobó un convenio para la promoción de 300 viviendas en terrenos situados en el municipio sevillano de Arahal. El solar era parte de un convenio entre el ayuntamiento de Arahal y la Junta de Andalucía. En 2007, se vio afectado por la crisis en plena ejecución, cuando la Junta había pagado ya la mitad de su valor, y quedó parado.
Con este acuerdo entre el Ayuntamiento y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), se ha resuelto que la mitad de los terrenos puedan ser construidos y se destinen a la promoción pública de viviendas. Se trataría de unos 40.000 metros cuadrados, que el ayuntamiento solicita que estén lo más cerca posible de la Vereda de Sevilla.
Se pretende que el total del terreno asignado a la construcción de viviendas se gestione desde el ayuntamiento. La intervención supondrá que el suelo de Arahal se abarate, de modo que una parcela que hoy cuesta hasta 40 mil euros, podrá comprarse por 20 mil.
Aprobado un Plan Especial de Inspección Urbanística
En la misma sesión plenaria se aprobó por unanimidad un Plan Especial de Inspección Urbanística. En este Plan se definen los procedimientos para evitar los delitos de construcción en suelo no urbanizable, así como las tareas del inspector de la policía.
DE ESTE A OESTE – ESPECIAL LEY DE LA JUVENTUD DE ANDALUCÍA
El Consejo Económico y Social cree que la futura Ley de la Juventud de Andalucía es una buena norma que atiende las necesidades del colectivo en Andalucía. Así lo ha dicho esta mañana en la OLA Ángel Gallego, presidente del Consejo Económico y Social. Lo ha hecho después de que en los últimos días saliese el dictamen del consejo a esta futura norma donde se señalaba faltaban medidas de prevención de adicciones y drogodependencia o el empleo de calidad y la iniciativa empresarial juvenil. Rafael Álvarez, vicepresidente Consejo de la Juventud de Andalucía, afirma que el empleo y la vivienda siguen siendo los principales problemas de la juventud andaluza. Afirma que esta norma da solución a estos problemas. Según los datos que ha publicado el Consejo de la Juventud de España, alrededor del 19 por ciento de los jóvenes menores de 30 años ha logrado emanciparse. El coste de acceso a la vivienda en propiedad supone casi un 61 por ciento de su salario, mientras que para un alquiler en solitario aumenta hasta superar el 85 por ciento del sueldo.
Se busca hacer efectivo el acceso a una vivienda digna. Las familias que habiten en viviendas en ruinas o inadecuadas a sus necesidades, podrán llevar a cabo una permuta.
El municipio malagueño de Manilva está llevando a cabo la elaboración de su Plan Municipal de la Vivienda y Suelo. El documento recogerá las necesidades reales de la localidad en materia de vivienda y habitabilidad. En su diseño se está contando con las opiniones y propuestas de la ciudadanía. El Ayuntamiento manilveño ha abierto la vía telemática para posibilitar esta consulta popular en su portal web. El objetivo es definir las necesidades de vivienda en el municipio, subsanar las viviendas en estado ruinoso o facilitar el acceso a una vivienda digna a las personas sin techo y otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
En virtud del artículo 13 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, los Ayuntamientos deben elaborar y aprobar un Plan Municipal de Vivienda y Suelo. La operativa es partir del análisis de la situación de la vivienda en cada localidad y de las condiciones de contexto (socioeconómicas, urbanísticas, etc.) donde esta situación se produce, definir las estrategias y concretar las actuaciones a promover.
La ley 1/2010 de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, establece que los diferentes Ayuntamientos elaborarán su Plan Municipal de Vivienda y Suelo.
El Ayuntamiento de la localidad de Almargen ha iniciado la elaboración de su Plan Municipal de Vivienda y Suelo, junto con el servicio de arquitectura de la Diputación de Málaga. El objetivo es desarrollar un documento que reúna las necesidades de vivienda existentes en la población y establezca las medidas a nivel de política de vivienda para hacerles frente.
El Plan debe garantizar el acceso a una vivienda digna y de calidad a toda la ciudadanía, en función de las diferentes necesidades familiares, sociales y económicas. También se deben detectar las necesidades de rehabilitación en las viviendas que cuenten con deficiencias en sus condiciones básicas.
La ciudadanía almargeña está llamada pues a participar en la realización del Plan, respondiendo a una breve encuesta que se puede encontrar en el Ayuntamiento.
Las ayudas están dirigidas a personas titulares de contratos de arrendamiento de vivienda habitual y permanente e ingresos limitados. Aquellas familias interesadas en acogerse a ellas pueden recoger las solicitudes en los Servicios Sociales Municipales del ayuntamiento onubense.
La convocatoria de este año trata sobre la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual y permanente del interesado que estén ubicadas en Andalucía, subvencionándose el 40% de la renta a inquilinos con ingresos limitados en el supuesto previsto en la norma aplicable, un complemento de hasta el 80% a los que además se encuentren en situación de vulnerabilidad. El alquiler en cualquier caso, no superará los 500 euros al mes.
El Ayuntamiento de San Juan del Puerto recuerda a sus vecinos y vecinas que el plazo de apertura de la convocatoria relativa al alquiler de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados permanecerá abierto hasta el próximo lunes 7 de agosto. Las personas interesadas en acogerse a dichas ayudas, deberán recoger las solicitudes en el departamento de los Servicios Sociales, en el Ayuntamiento con acceso por la calle Dos Plazas en horario de 10 a 13 horas.
DE ESTE A OESTE – ROCÍO VÁZQUEZ – Consejo de la Juventud de Andalucía
El 55 por ciento de los jóvenes andaluces está en riesgo de pobreza. Es la principal conclusión del segundo informe del Observatorio de Emancipación de Andalucía elaborado por el Consejo de la Juventud de Andalucía. En él se reflejan los datos de situación tanto de empleo juvenil como del acceso a la vivienda en las personas entre 16 y 29 años residentes en la comunidad autónoma. Rocío Vázquez, vocal de la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de Andalucía, insiste en que el origen de estos problemas está en la precariedad laboral que sufre el colectivo de personas jóvenes. Por ello se muestran contrarias a propuestas como la del Fondo Monetario Internacional de retrasar la edad de jubilación porque creen que eso dificultaría aún más el acceso de la juventud al mercado laboral.
DE ESTE A OESTE – DAVID HURTADO – CECU
La Confederación de Consumidores y Usuarios recuerda en estas fechas que guardar el recibo es esencial para reclamar en caso de que se tenga cualquier inconveniente con el hospedaje que se quiera reservar. En este sentido, el portavoz de la organización, David Hurtado, subraya la importancia de que en el resguardo figuren todos los datos referentes al establecimiento, como su localización y su categoría, así como el régimen contratado y las fechas. De este modo, apunta, la persona consumidora tendrá más garantías para reclamar, ya sea en una agencia física o por internet. En el caso del alquiler de una vivienda, el portavoz de CECU recomienda concretar todos los puntos sobre el inmueble, como saber si está amueblado, y dejar claro cuántas semanas va a habitarse. Por otro lado, si va a hacerse con un particular, alerta de que las personas consumidoras deben tener especial precaución. Desde CECU señalan que, en caso de que se incumpla el contrato por parte del dueño del inmueble, habría que denunciar a esta persona y llevar a cabo un procedimiento judicial. El procedimiento sería el mismo en el caso de que las dos partes se hayan puesto en contacto a través de un intermediario, como puede ser una plataforma web.
La Junta licita por 137.980 euros los trabajos de mejora en estas viviendas jerezanas
Estas viviendas, que están ocupadas por familias con bajos ingresos económicos y por personas con necesidades especiales, se distribuyen en tres bloques, con bajo y tres plantas, locales comerciales y una planta sótano para garajes y trasteros vinculados a las viviendas. Las reparaciones cuentan con un tiempo de ejecución de tres meses, cuyo plazo de presentación de ofertas finaliza el 27 de julio. Además del trabajo técnico, también se contará con la labor de intervención social entre las comunidades y los residentes
La Consejería de Fomento y Vivienda ha subastado por 137.980 euros las obras de renovación y conservación de estos 112 domicilios afectados, gestionados por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
DE ESTE A OESTE – RUBÉN SÁNCHEZ – Plataforma Vivienda Digna
La situación para las personas inquilinas de vivienda se ha vuelto más precaria debido a la ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2013. Así lo ha señalado esta mañana en la OLA, Rubén Sánchez, presidente de la Plataforma por una Vivienda Digna. Al igual que la PAH, esta plataforma recalca que esta situación se debe a la precariedad en el empleo y la subida de precios. Denuncia que las normas tras las burbuja inmobiliaria solo ha servido para que las entidades financieras y las sociedades económica puedan seguir especulando. El Consejo General del Poder Judicial ha hecho público el Informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que recoge un ascenso del número de desahucios y lanzamientos practicados en todo el Estado. Ha habido un crecimiento respecto al primer trimestre de 2016, concretamente de un 2 por ciento. Y los ejecutados en virtud de la Ley de Arrendamientos Urbanos casi un 6 por ciento, hasta los casi 10.000
La Consejería de Fomento y Vivienda no descarta convocar otra orden de ayudas para rescatar a los municipios que se quedaron fuera
El problema de la vivienda en las localidades de la provincia de Jaén requiere una profunda intervención según denuncian 75 Ayuntamientos que han solicitado a la Junta de Andalucía ayudas a la redacción, revisión y adecuación de los planes de vivienda. Los objetivos básicos de estas estrategias son garantizar a la ciudadanía de cada localidad su derecho a una vivienda digna, acabar con las ocupaciones y asentamientos chabolistas, y por último, establecer una oferta de viviendas de protección oficial.
Los 75 municipios solicitantes son Albanchez de Mágina, Alcalá la Real, Aldeaquemada, Arjona, Arjonilla, Arquillos, Arroyo del Ojanco, Baeza, Bailén, Baños de la Encina, Beas de Segura, Bedmar y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Benatae, Cabra del Santo Cristo, Cambil, Campillo de Arenas, Canena, Carboneros, La Carolina, Castillo de Locubín, Cazorla, Chiclana de Segura, Chilluévar, Escañuela, Fuerte del Rey, Génave, La Guardia, Hornos, Huelma, Huesa, Ibros, La Iruela, Iznatoraf, Jabalquinto, Jaén, Jimena, Jódar, La Puerta de Segura, Lahiguera, Larva, Lopera, Lupión, Marmolejo, Martos, Mengíbar, Montizón, Navas de San Juan, Orcera, Peal de Becerro, Porcuna, Puente de Génave, Quesada, Rus, Sabiote, Santa Elena, Santiago de Calatrava, Santiago-Pontones, Santisteban del Puerto, Santo Tomé, Segura de la Sierra, Siles, Sorihuela del Guadalimar, Torreblascopedro, Torredelcampo, Torredonjimeno, Torreperogil, Torres de Albanchez, Vilches, Villacarrillo, Villatorres, Villanueva del Arzobispo, Villanueva de la Reina, Andújar y Mancha Real.
La iniciativa será posible gracias a los beneficios obtenidos por la Empresa Municipal de Vivienda Emroque.
El Ayuntamiento gaditano de San Roque estudia la creación de nuevas viviendas públicas tras comprobar que Emroque está obteniendo buenos resultados económicos. Las nuevas viviendas vendrían a solucionar la situación de los más de 600 vecinos y vecinas que actualmente están inscritos en la lista de espera del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas.
El objetivo que se fija el Ayuntamiento es trabajar por la integración de estas personas en las zonas donde ya se encuentran asentados. Por ello se va a optar por la construcción de pocas viviendas en diferentes zonas, y no una gran oferta concentrada. La empresa municipal Emroque recoge unos beneficios de 340.000 euros, cuando en 2015 obtuvo 114.000 euros. La entidad está centrada en la gestión de las casi 500 viviendas de alquiler social del municipio.
El servicio de información sobre cláusulas suelo del Ayuntamiento de Osuna es totalmente gratuito
Un servicio pionero en la comarca que se puso en marcha en la localidad sevillana de Osuna a principios del mes de febrero para informar y resolver acerca de la problemática de las clausulas suelo. Han sido ya más de 150 solicitudes las que han llegado al servicio municipal de Osuna para ser revisadas. Dicho servicio está destinado a ofrecer asesoramiento gratuito para que los vecinos y vecinas de Osuna puedan reclamar la devolución de lo que le pueda corresponder por sentencia judicial.
En la Casa de la Cultura de Osuna técnicos de la Diputación de Sevilla han celebrado unas jornadas informativas llamadas ‘Medidas urgentes. Protección a los consumidores en materia de cláusula suelo’ para informar, formar y aportar las herramientas necesarias a los ayuntamientos de los alrededores de este municipio para que puedan ofrecerle un servicio óptimo a los ciudadanos acerca de esta problemática.
DE ESTE A OESTE – ROSA BERGES – Plataforma Compromiso Social para el Progreso
La Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía lamentaba que la Junta de Andalucía no apueste por unos presupuestos que garantice los derechos sociales de la ciudadanía. Rosa Berges, integrante de la Plataforma Compromiso Social para el Progreso, cree que el Gobierno andaluz no se ha comprometido con la Renta Básica de Inclusión, de la que tanto se ha hablado en el último tiempo y que está recogida en el Estatuto de Autonomía. Añade que la vivienda debería ser otra de las prioridades. Señala que el Gobierno central es responsable de los pasos atrás que se han dado en políticas sociales pero recuerdan que la Junta de Andalucía debería ser más beligerante defendiendo los intereses de la región.
Las familias beneficiarias deben contar con personas con discapacidad o mayores entre sus miembros. En total son 34 las familias de La Iruela que han podido realizar obras en sus viviendas como mantener las instalaciones eléctricas y de gas, reformas de cuartos de baños, anchura de las puertas y colocación de pasamanos.
A La Iruela, se suman otras familias de las localidades de Baeza y Cazorla. Se trata de unas ayudas de la Consejería de Fomento y Vivienda a través del Programa de Adecuación Funcional Básica para reformar las viviendas que no son accesibles. Por este motivo, las ayudas que se han entregado han sido dirigidas a familias con personas mayores o con personas con capacidades diversas. Esta medida también beneficia al sector de la construcción que gracias a estas reformas adquiere carga de trabajo.
Las ayudas entregadas ascienden a un importe de 26.000 euros por familia. Esta cantidad no podrá pasar del 70% del presupuesto subvencionable que incluye el precio de la obra con las licencias y tasas incluidas. Además tiene un límite máximo de 2.000 euros a efectos de cálculo de la subvención.
Para estos tres municipios se han destinado un total de 376.000 euros con el objetivo de modernizar la instalación eléctrica y de gas, se adapte la anchura de las puertas, colocación de pasamanos o reforma de los cuartos de baño. Desde que comenzase esta iniciativa se han actuado en 9.486 viviendas de la provincia jiennense lo que suma más de 11 millones de inversión. En La Iruela se ha actuado en 34 familias con un desembolso mayor a los 40.000 euros.
DE ESTE A OESTE – CHARI MANZORRO – PAH Málaga
Es lo que han hecho este fin de semana cientos de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ante la sede del Tribunal Supremo en Madrid para desmontar los argumentos de este órgano que derriban el derecho a la vivienda. Por ejemplo, en una sentencia de mayo de 2013, el alto tribunal admitía que las cláusulas suelo son abusivas, pero apuntaba que devolver todo el dinero a los afectados sería peligroso para el sistema financiero. Frente a esto, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncia que las entidades financieras han expulsado por la fuerza a 200.000 personas de sus hogares. Además, Chari Manzorro, integrante de la PAH en Málaga, recuerda que tras años de crisis sigue habiendo familias que no disponen de una vivienda digna. Recuerda que llevan más de siete años luchando en la calle para cambiar leyes injustas y luchar por los derechos de la ciudadanía.
Esta iniciativa, surgida de un convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y la institución provincial, podrá gestionar las bonificaciones al pago de las mensualidades del alquiler de su vivienda habitual o permanente.
La Diputación Provincial de Almería va a poner en marcha un programa de ayudas al alquiler. Está destinado a personas en situación de especial vulnerabilidad o con ingresos limitados para contribuir al pago de las mensualidades del alquiler de su vivienda habitual y permanente.
La iniciativa se enmarca en un convenio de colaboración firmado con la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y que tiene como fin que la institución provincial gestione las ayudas a través de la plataforma telemática habilitada para ello (ALQUILA).
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas aquellas personas titulares de un contrato de arrendamiento, empadronados en esa vivienda y que dispongan de un informe social en el que se refleje su situación de especial vulnerabilidad en relación con su composición familiar, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos así como otras especiales circunstancias que deban tenerse en cuenta.
La inversión llevada a cabo por el consistorio sanjuanero rondará los 250.000 euros, de los cuales algo más de 70.000 saldrán de los fondos propios municipales.
La barriada de Santa Isabel, en San Juan de Aznalfarache, y sus calles adyacentes participarán en el Programa de Zonas con Necesidad de Transformación Social de la Junta de Andalucía. Algunas de las acciones que se realizarán serán: ampliación del programa de “Formación a la carta” y prácticas profesionales en empresas; asesoramiento general para la formación y el empleo; intervención socioeducativa familiar junto a las UTS,s; seguimiento de la escolarización; promoción de la Barriada Santa Isabel en el conjunto de San Juan de Aznalfarache; ayudas a personas con discapacidad, drogodependientes, personas sin hogar y población gitana; dinamización con entidades sociales; seguimiento de viviendas sociales y de propiedad municipal en la barriada; y, campañas con la población en materia de Salud.
El proyecto de San Juan de Aznalfarache ha quedado en tercer lugar de toda Andalucía en la concesión de estas ayudas.
El último suceso al respecto ha sido el expediente abierto a dos viviendas ilegales a nombre de las cónyuges de dos policías locales, que debe conducir a sendas multas y derribos de las viviendas, además de un posible expediente disciplinario para los agentes.
El problema de la edificación ilegal en la zona de El Palmar continúa creciendo, así como el desencuentro entre el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y la Junta de Andalucía. Para este año está previsto el derribo de diez de estas viviendas, siendo solo tres las que se derribaron el año pasado.
El consistorio vejeriego señala que desde que se levanta un acta de infracción urbanística hasta que se tramita todo el expediente y llega el derribo pueden pasar varios años. Por ello asegura sentirse desbordado ante la situación y lamenta no disponer de medios suficientes para parar el problema y que la normativa sea compleja.
Por otra parte, la Junta de Andalucía considera que si hay zonas más problemáticas en relación a la construcción ilegal, es tarea del ayuntamiento priorizar esfuerzos en esa cuestión. Tras la petición del Ayuntamiento de Vejer de auxilio a la Junta y a la Fiscalía, el gobierno andaluz comenta que quizás debería llegarse a un acuerdo con el gobierno central para que las competencias urbanísticas pasasen a la tutela de la Junta de Andalucía.
DE ESTE A OESTE – FERNANDO CARNERERO – Plataforma de Afectados por la Hipoteca
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca acoge con satisfacción las nuevas ayudas al alquiler para personas con bajos ingresos, pero no cejan en sus reivindicaciones. Fernando Carnerero, uno de los integrantes de la PAH, recuerda en la Onda Local de Andalucía que nuestra comunidad es de las que menos nivel de renta tiene de todo el país, por lo que es una medida necesaria. También por el número de desahucios que se producen y las tasas de exclusión social que azotan a la región. Por ello, cree que hacen falta acciones más ambiciosas y reclama a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que dé un paso al frente para presionar a los bancos en cuanto a las viviendas en manos de la SAREB. Con el objetivo de paliar la emergencia habitacional y social que se vive en Andalucía, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca inciden en las cinco medidas que ya propusieron en su día al Gobierno central. Entre ellas, recuerda la dación en pago retroactiva y el acceso al parque público de viviendas en alquiler social.
Las subvenciones se enmarcan dentro de la convocatoria realizada por la Consejería de Fomento y Vivienda mediante el Decreto 233/2013 del 5 de abril.
Las personas y familias en riesgo de exclusión del municipio de El Carpio tienen hasta el 4 de agosto para solicitar una línea de ayudas destinadas al alquiler de vivienda. Entre los requisitos se encuentran los de destinar la vivienda objeto del arrendamiento a residencia habitual y empadronarse en la misma, el importe de la renta mensual no debe ser superior a 500 euros y no puede haber relación de parentesco ni consanguinidad con la persona arrendadora.
Además, no puede haber titularidad de otra vivienda por parte de ningún miembro de la familia y la persona solicitante tiene que tener residencia legal en territorio nacional.
DE ESTE A OESTE – FRAN JIMÉNEZ – Fundación Secretariado Gitano
La Comisión Europea ha pedido a los Estados más compromiso para la integración de la población gitana. Ha pedido que promuevan su acceso a la educación, al empleo, a la asistencia sanitaria y a la vivienda. Recuerda también la importancia de que los Estados adopten las medidas de la Recomendación del Consejo de 2013 que declaró que los Estados deben mostrar una mayor determinación política, haciendo uso de los instrumentos políticos, jurídicos y financieros pertinentes, para cumplir sus compromisos de integrar a las comunidades gitanas de Europa. Para Fran Jiménez, coordinador de la Fundación Secretariado Gitano en Córdoba, esta llamada de atención demuestra que aún queda mucho por hacer por la integración de la población gitana. Los principales retos por alcanzar según Fran Jiménez son reducir el abandono escolar, mejorar el empleo y el acceso a la salud, especialmente entre la infancia gitana. Destaca que en Andalucía vive el 50 por ciento de la población gitana de todo el país por lo que considera que, a pesar de los avances alcanzados, hay que mejorar las políticas de integración y la calidad de las viviendas para eliminar los focos chabolistas que aún existen en nuestra región.
- “Incluir la historia y la cultura gitanas en el currículum educativo debería ser obligatorio en Andalucía como ya proponen otras regiones”, Juan Reyes, director de la Fundación Secretariado Gitano en Andalucía
- “Las barreras en el acceso a la formación y cualificación es lo que distancia a personas vulnerables, como los jóvenes gitanos, del mercado laboral”, Silvia Fernández, Fundación Secretariado Gitano Andalucía
- “Cuando pensamos en gitanos pensamos en vendedores ambulantes, en barrios conflictivos pero no en los gitanos invisibles, en aquellos que son profesionales”, Francisco Ahumada, antropólogo e investigador
DE ESTE A OESTE – FERNANDO CARNERERO – Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Desde esta semana se activa un protocolo que va a permitir a los jueces y a los servicios sociales de los ayuntamientos comunicarse y advertirse que entre los posibles desahuciados hay familias de especial vulnerabilidad. La comunicación tiene un doble objetivo: los servicios sociales autonómicos y municipales tendrán acceso rápido a la información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios y pueden buscar una solución; al mismo tiempo, cuando el juez detecte situaciones de riesgo, lo comunicará a los servicios sociales, pudiendo incluso suspender el lanzamiento, de conformidad con las leyes procesales. Para Fernando Carnerero, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se trata de una buena noticia pero llega tarde. Recuerda que sus cinco reclamaciones aún no se han visto cumplidas y que hay medidas que se podrían aplicar de forma inmediata en todos los niveles de la administración. Denuncia que los abusos de la banca siguen dándose diariamente y aseguran que lo que se ha producido es una leve mejoría a través de algunas medidas y, sobre todo, un lavado de cara.
El ente provincial está manteniendo una ronda de contactos con alcaldes, alcaldesas y responsables de Urbanismo de los municipios con menos de 20.000 habitantes al objeto de exponer las nuevas directrices de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo.
En la reunión han estado presentes el responsable de Vivienda y Ordenación del Territorio de Diputación gaditana, Fran González, y la alcaldesa alcalareña, Dolores Caballero. En la misma se ha solicitado la reactivación de dos promociones de vivienda proyectadas hace años en Alcalá del Valle pero no ejecutadas, una de 16 y otra de 18 inmuebles que se ofrecerían en principio en régimen de alquiler.
La Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Diputación también pretende reactivar el segmento de la rehabilitación, e incluso alcanzar acuerdos con particulares para que viviendas vacías puedan habitarse mediante alquileres a precios reducidos.
Además, también se ha analizado la situación del parque industrial sito en la periferia de la localidad y la necesidad de iniciativas para revitalizarlo.
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DE ESTE A OESTE – CARLOS MACÍAS – Portavoz de la PAH
Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca afirma que el Gobierno andaluz no está actuando en defensa de la ciudadanía frente a los abusos de la banca. Reconoce los esfuerzos del Ejecutivo autonómico en la legislatura anterior cuando se aprobaron dos normas que el Gobierno central recurrió al Tribunal Constitucional, pero creen que fueron insuficientes. Antes de las elecciones, la PAH hizo una propuesta de 5 medidas concretas para solucionar el problema de la vivienda en España. Señalan que si el nuevo Gobierno no se compromete a aplicarlas comenzaran una campaña por todo el Estado. Según datos del Banco de España, entre 2012 y junio de 2014 se produjeron casi 98.000 ejecuciones hipotecarias. Es decir, que cerca de 100.000 familias perdieron su lugar de residencia habitual. Tras la ley estatal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, la PAH denuncia que el panorama es muy parecido. Entre abril y junio de 2015 se produjeron casi 18.800. En concreto diez menos que en el mismo periodo de 2014, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial.
DE ESTE A OESTE – LORENA PRADAS – RESPONSABLE DEL PROGRAMA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA VULNERABILIDAD DE CRUZ ROJA
El 41,4 por ciento de las familias españolas atendidas por Cruz Roja sufre pobreza energética y no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de invierno, según el Boletín sobre la Vulnerabilidad Social de la ONG. En concreto, el 22 por ciento de las personas a las que ayuda tiene problemas para sufragar gastos de la vivienda, un 42 por ciento no puede pagar el alquiler, y el 14,8 por ciento no hace frente al pago de la hipoteca desde hace algún tiempo. Lorena Pradas, responsable del Programa Personas en Situación de Extrema Vulnerabilidad de Cruz Roja señala que en general son personas que hasta la crisis hacían frente a sus pagos. Además señala que a pesar de la recuperación en la macroeconomía, la situación de las personas que llegan a Cruz Roja sigue siendo igual de grave y temen que si no se toman medidas la pobreza se cronifique en estos nuevos sectores.
DE ESTE A OESTE – ELADIO GARCÍA – APDHA Cádiz
La APDHA en Cádiz denuncia el incumplimiento del Plan Estatal de Viviendas 2013/2016 y en el convenio suscrito entre la Junta y el Ministerio sobre el destino dado a las ayudas al alquiler de viviendas a personas con ingresos reducidos. Exigen que se explique a dónde ha ido a parar la asignación para estas ayudas en 2014 y lo que no se ha convocado de 2015. Eladio García, integrante de APDHA Cádiz, critica que, pese a que las ayudas se destinaban al pago mensual de las rentas durante 2015, “aún no se ha resuelto definitivamente su concesión”. Por otra parte, valoran como muy positivo que el Defensor del Pueblo pida que las viviendas del Sareb y el Fondo Social se destine a alquiler social.
DE ESTE A OESTE – ISABEL FERNÁNDEZ – Plataforma de Afectados por la Hipoteca
En Andalucía varios ayuntamientos están protegiendo el derecho a la vivienda gracias a las propuestas y reivindicaciones de las organizaciones sociales. Así lo creen desde la PAH que han acogido con satisfacción las medidas acordadas en el Ayuntamiento de Sevilla. Isabel Fernández, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sevilla-Este/Amate, señala que este es un nuevo ejemplo de que la acción social ha conseguido visibilizar y dar notoriedad a este problema y sumar la adhesión social y comprometer a las administraciones. Las mociones aprobadas en el Ayuntamiento de Sevilla, presentadas de forma conjunta entre PSOE, Participa Sevilla e IU, apuestan por reactivar el Plan Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación, revitalizar la empresa pública Emvisesa, la defensa del derecho a la vivienda digna, medidas fiscales, la puesta en marcha del Consejo Municipal de la Vivienda y acciones en materia de relaciones con las entidades financieras.
Las acciones previstas, una vez construida la oficina, son el estudio personalizado del caso de cada familia, la elaboración de una estrategia a seguir frente al banco en el caso de desahucio hipotecario y el asesoramiento jurídico.
Los habitantes de Maracena podrán solicitar ayuda en los casos de riesgo de cortes en los suministros básicos como el agua. La colaboración de Stop Desahucios es importante en la toma de decisiones, ya que promueven medidas que garantizan los recursos vitales.
La atención socio-psicológica llevada a cabo por profesionales del entorno y los contactos con las ONG’s también son un apuesta fuerte para ayudar a todas aquellas personas que lo necesiten.
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DE ESTE A OESTE – JOSÉ ARANDA – Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Málaga
La PAH asegura que las oficinas de la Junta están ayudando a frenar desahucios pero que no es suficiente y que los bancos siguen dejando en la calle a muchas familias. José Aranda, portavoz de la PAH en Málaga advierte de que uno de los problemas es que esta práctica se ha normalizado. Denuncian desde la PAH que las leyes aprobadas no han cambiado lo esencial y que han sido un simple lavado de cara para evitar las sanciones y acusaciones de la UE. Desde la PAH reclaman medidas concretas. La Consejería de Fomento y Vivienda señala que las oficinas de prevención, intermediación y protección contra los desahucios acogidas al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda han evitado un total de 7.877 desalojos en tres años.
La concentración tendrá lugar en la puerta de la sede de Caja Rural en El Cuervo, esta mañana a las 11 horas.
A lo largo de la mañana de hoy tendrá lugar una manifestación pacífica en la localidad sevillana de El Cuervo para protestar contra la situación de desatención que denuncian sufrir dos familias del municipio por parte de la entidad bancaria. Las familias piden una reestructuración de su deuda hipotecaria o la dación en pago con derecho a un alquiler social, aunque de momento no ha recibido ninguna solución.
Han confirmado su participación en la manifestación el alcalde y los concejales del Ayuntamiento de El Cuervo, miembros de la Plataforma Stop Desahucios de El Cuervo y Las Cabezas de San Juan, el parlamentario andaluz de Podemos por Cádiz, Jesús Rodríguez González, y el concejal de Sanlúcar de Barrameda de Sanlúcar Sí Se Puede, David Alhambra.
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